domingo, 16 de febrero de 2020

ABONADOS AL CINISMO

Hola Mundo.


Un desastre ambiental, económico y social, eso es ya el Mar Menor. De joya a ciénaga delante de nuestras narices. El Mar Menor está medio muerto. Da tanto asco como pena y todos los murcianos somos responsables. Lo somos porque los políticos solo temen a las urnas capaces de descabalgarles de sus confortables poltronas y abultadas nóminas. Se han dado cuenta de que el Mar Menor, en realidad, no importa tanto ni a tanta gente como creyeron al ver al gran manifestación de Cartagena. Al contrario, los murcianos votaron mayoritariamente a VOX en noviembre, un partido de extrema derecha que considera el cambio climático una milonga, lamentan públicamente que el acceso al agua sea reconocido como un derecho humano y de buena gana alicatarían el Mar Menor. En palabras de Víctor Hugo: "Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha". 

Febrero 2020
"Una crisis de paisaje" dice el consejero de Fomento, Díez de Revenga, que sufre el Mar Menor, pero una crisis de paisaje mental. El panorama es tan desolador que la propuesta más sensata de cuantas se han puesto encima de la mesa es la del abogado murciano Diego de Ramón que ha solicitado al Ministerio de Agricultura "la aplicación del artículo 155 de la Constitución española" para que asuma las competencias en materia ambiental en la Región de Murcia "por la total negligencia, dejación e ineficacia" del Ejecutivo autonómico respecto al Mar Menor.

El gobierno de López Miras no ha hecho ni hará nada que perturbe al sector agroindustrial, su tradicional granero de votos. Un sector que, por otra parte, ha empezado a comprar tierras en otras regiones, incluso en otros países, a donde llevarse las producciones y pagar aún menos por la mano de obra. Se marcharán más pronto que tarde dejando atrás solo ruina y fangos. Que en 2019 se haya batido la cifra récord de 2800 millones de euros en exportaciones de frutas y hortalizas evidencia que el Campo de Cartagena ha permanecido a plena producción agrícola, mientras el Mar Menor agoniza cada vez más verde. Y como agoniza, las competencias son del ministerio. Cuando clareaba las competencias eran de la Comunidad Autónoma. En agosto de 2018, López Miras parecía haber obrado el milagro de los peces cuando solo era un espejismo, una ilusión.



El Gobierno murciano amenaza con llevar a los tribunales de justicia al Ministerio de Transición Ecológica si en el plazo de un mes no elimina  los aportes de agua dulce al Mar Menor a través de la rambla del Albujón y el acuífero. Cualquier cosa con tal de no adoptar medidas en origen que competen exclusivamente a la Comunidad Autónoma. De nada sirve rebajar el acuífero que efectivamente está muy alto si se sigue rellenando y contaminando. Pero qué se puede esperar de un  gobierno que permite a FECOAM amenazar desde el mismo palacio de San Esteban al partido Ciudadanos, su socio de gobierno, para que no se modifique ni una coma del Decreto Ley de Protección integral. Un decreto ley tan inútil para el Mar Menor como útil para la agroindustria que no quiere ceder ni un metro de lechugas. Si alguien tenía alguna duda de quién manda realmente en esta región, Santiago Martínez de FECOAM las ha despejado todas. NO es NO ha debido decir el agro al gobierno murciano que sumiso agacha la cabeza y endeudado y sin rumbo pretende gastarse 3,5 millones de euros en promocionar un mar verde como destino turístico. Sí, al mismo tiempo que televisiones de Francia, Bélgica, Alemania y Austria disuaden a sus ciudadanos de viajar al Mar Menor a no ser que quieran comprobar en directo cómo se destruye un ecosistema único en Europa.  Y a eso lo llaman gestión eficiente del dinero público.

Biorreactores
Y no solo eso. La directora general del Mar Menor, Miriám Pérez, va contando risueña que dispone de 11,7 millones de euros para la cría de bivalvos que filtren el agua, la construcción de balnearios en Los Urrutias, la retirada de embarcaciones varadas, la limpieza de algas que vuelven a salir a los dos días, la creación de un banco de especies y el uso de biorreactores con astillas de cítricos en las ramblas del Albujón y Miranda que, advierten  las asociaciones ecologistas, se las llevará el agua en cuanto llueva con fuerza al tratarse de zonas inundables. Un millón de euros pretenden gastar en biorreactores para impedir la entrada de toneladas de nutrientes en el Mar Menor. Unas instalaciones que pagaremos todos porque las explotaciones agrícolas, aunque son industrias, no pagan la descontaminación a la que están obligadas. En la región de Murcia quien contamina, no paga. Por no hablar de otros 430.000 euros para boyas inteligentes, bombeos y tuberías microperforadas con las que pretenden meter oxígeno en el Mar Menor en caso de un nuevo episodio de anoxia como si la laguna salada fuese una pecera.  Y, como no, otros 6 millones de euros para nuevos tanques de tormentas pese a su demostrada ineficacia y otros tantos para equipos de investigación universitarios que a cuenta del desastre ambiental en el Mar Menor también están haciendo su agosto.

Ni rastro de humedales y filtros verdes. Adiós a un gran cinturón verde alrededor del Mar Menor. Ni rastro de desmontar las 10.000 hectáreas de regadío ilegal que siguen produciendo y abonando y,  por tanto, contaminando el acuífero y el Mar Menor.  Ni rastro de medidas realmente eficaces. Ni rastro de colaboración con el ministerio con quien están condenados a entenderse para salvar el Mar Menor. Ocurrencia tras ocurrencia de un gobierno regional que se mueve como pollo sin cabeza y cuyo cinismo no conoce límites. Lo ha demostrado el senado popular, Francisco Bernabé, el mismo que se gastó 2,2 millones de euros en el dispositivo policial que ordenó para las vías de Santiago el Mayor. 


"Es cuestión de semanas que el Mar Menor vuelva a ser una sopa verde" advierte López Miras. Y por eso lleva semanas abonando el terreno mental de los murcianos. Para que llegado el caso culpen al Ministerio de Transición Ecológica. Que nadie señale la inacción de un gobierno regional que ha consentido que 300.000 toneladas de nitratos contaminen el acuífero cuaternario y consiente los vertidos de agua con nitratos que siguen escurriendo por todo el campo de Cartagena hacia las ramblas que desembocan en el Mar Menor. Vertidos tierra-mar que son competencia exclusiva de la CARM. Solo una vez dentro de la rambla (dominio público hidráulico) se convierten en competencia de la CHS. Por eso el organismo de cuenca se está ocupando de poner en marcha la estación de bombeo del Albujón y por eso es necesario un permiso de vertido tierra-mar de la Consejería de Agricultura. Sin esa autorización regional para trasladar el agua desde la rambla hasta la planta de El Mojón, no se puede bombear nada ya que en caso de rotura de la larga tubería, que la habrá porque está vieja y las juntas suelen reventar, el vertido sería ilegal y punible. 

Desembocadura rambla Albujón. Febrero 2020

Una estación de bombeo cuya explotación y mantenimiento pagaremos todos nuevamente. Los regantes han rechazado hacerse cargo de la instalación pese a ser los  beneficiarios del agua que van a recibir al módico precio de 13 céntimos el metro cúbico. La Comisaría de Aguas se ha visto obligada a encomendar el mantenimiento del bombeo a la empresa TRAGSA y no es precisamente barata. En definitiva, vamos a asumir el coste de elevar agua con nitratos procedente tanto de regadíos legales como ilegales del Campo de Cartagena, que luego vamos prácticamente a regalar a los agricultores para que sigan regando.  Y todavía dice la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena que es "agua cara y mala". Mala porque está llena de nitratos. ¿Para cuándo una manifestación de los regantes legales contra los ilegales? ¿Por qué no asumen  los agricultores el coste de la descontaminación como cualquier sector industrial privado? ¿Por qué siguen cultivando a favor de pendiente? ¿Por qué no se ven setos vegetales en el campo de Cartagena? Fin de la cita.

El consejero Antonio Luengo sigue culpando a la DANA. Incluso responsabiliza de la mala imagen que proyecta el Mar Menor a quienes, tras la terrible visión de miles de peces agonizando, exigieron responsabilidades políticas, mostraron informes científicos, analizaron causas y consecuencias, recogieron firmas, hablaron con la prensa nacional y europea. Las imágenes causaron tanto dolor, pena y rabia que muchas personas solo encontraban consuelo gritando en redes sociales, hablando con los medios de comunicación que les interpelaban. Pues para el consejero Luengo resulta que "montaron campañas de desprestigio, se dedicaron a difamar y a generar noticias alarmantes que han hecho un daño irreparable y generado cuantiosas pérdidas". El gobierno regional se vuelve a lavar las manos como Poncio Pilatos.



Desde noviembre de 2018 no convoca el gobierno regional al Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente y el reglamento dice que debe reunirse cuatro veces al año. Aprobó el Decreto Ley del Mar Menor sin consultar al consejo asesor. El desprecio al medio ambiente es absoluto en esta región. Pero es que la mata política no da para más. Al presidente López Miras, como a Torra en Cataluña, ya no hay quien lo baje del burro de la confrontación. Se siente cómodo con esa actitud aunque causa verdadero hartazgo en la sociedad. El nuevo Sancho Panza de Abascal es murciano y se llama Fernando. "Empiezo a pensar que al gobierno de Pedro Sánchez le interesa que reviente el Mar Menor" ha llegado a decir. El ahora consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo, aseguró hace pocos meses que el ambiental era el menor de los problemas del Mar Menor. Que el  problema del Mar Menor era  "sociopolítico y económico". El consejero de Fomento, Díez de Revenga, sale con que lo del Mar Menor "es una crisis de paisaje". PP y Ciudadanos colocan al frente de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente a un partido de extrema derecha que aborrece el ecologismo. Pascual Salvador (VOX) considera que "la región de Murcia está en manos de un cuerpo biólogos ecologistas radicales que frenan cualquier actividad económica aplicando las normas a su capricho". Tanto despropósito junto disculpa incluso a la edil de VOX en Alhama y "la libertad de cátedra es para los catedráticos, evidentemente". 

Como dice Jerónimo Tristante, no hace ninguna gracia que seamos una región de chiste, "el nuevo Lepe, pero un Lepe facha". Pero es lo que hay amigo y nadie puede decir que votó engañado. Los murcianos sabían lo que votaban porque lo vieron y lo escucharon antes de acudir a las urnas en mayo de 2019.



Una  ciénaga, eso parece el Mar Menor. Y todavía se permite Santiago Martínez de FECOAM lanzar amenazas. Pestilente y no son las algas filamentosas que cubren las playas del Mar Menor, es el tufo mafioso que desprenden determinadas declaraciones. En fin. Siempre nos quedará Manchester United a donde volar desde Corvera, un aeropuerto gafado que todos los murcianos avalamos con 182 millones de euros. Dinero que en absoluto hemos recuperado por mucho que el gobierno regional muestre la sentencia del Tribunal Supremo que condena a AEROMUR a pagar. Nada que celebrar. La concesionaria está en fase de liquidación y se ha declarado insolvente. Tan insolvente como este gobierno regional  de PP y Cs para salvar el Mar Menor.