La
Universidad Católica carece de licencia de actividad para ocho de sus edificios del campus en los que, sin embargo, está operando duante el curso. No la han podido obtener porque fueron construidos sin licencia de obras en suelo de huerta protegido al sur
del monasterio de los Jerónimos, entorno declarado Bien de Interés Cultural. El grupo municipal Ahora Murcia ha pedido el cese inmediato de la actividad de la UCAM y el precinto cautelar de los edificios porque consideran que "se está poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas".
Según
el documento al que ha tenido acceso Onda Cero, el concejal de
urbanismo, Antonio Navarro Corchón decretó el pasado 16 de abril de
2018 la apertura de un expediente sancionador a la UCAM por carecer de licencia de actividad y considerar que los
hechos imputados pueden ser constitutivos de infracción según la
Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
Entre
los edificios de la UCAM que no tienen licencia de actividad, se
encuentran dos aularios, una cafetería, un laboratorio, una librería
copistería, un centro de atención al alumnado y una jefatura de
estudios que diariamente utilizan cientos de alumnos y profesores.
Lo más llamativo y sorprendente es que tras una denuncia del fiscal en abril de 2016 por la edificación sin licencia y un procedimeinto judicial abierto, el Ayuntamiento de Murcia haya tardado dos años en darse cuenta de que la UCAM está operando en ocho edificios sin la obligatoria licencia de actividad con lo expeditivo que suele ser con pequeños negocios. Tampoco vieron que estaban levantanto edificios sin licencia en suelo de huerta protegida por el PGOU pese a que el mismo Navarro Corchón estuvo vinculado como profesor a la universidad privada. El Ayuntamiento de Murcia no movió ficha hasta que no denunció Ahora Murcia que ahora pide el precinto de la actividad.
Desde el grupo de Alicia Morales y Ángeles Micol adiverten de la gravedad de la situación y señalan que el campus de la UCAM no puede estar abierto al público si no se le ha otorgado la correspondiente licencia de actividad, necesaria en cualquier negocio, empresa o actividad de cualquier tipo.
Además solicitan el precinto cautelar de los edificios del campus que no cuentan con licencia de actividad "no dudando en solicitar, llegado el caso, la intervención de la policía municipal para que se ejecute el correspondiente precinto de las instalaciones sin licencia". Al carecer los ocho edificios de licencia de actividad, recuerdan en Ahora Murcia, no disponen de las comprobaciones oficiales necesarias y garantías para tener abierto un negocio público, como por ejemplo los obligatorios informes de bomberos, incendios...etc....
LOS ARQUITECTOS TEMEN HACER LA PERICIAL. Las contrucciones ilegales de la UCAM que investiga el juzgado de instrucción número 5 de Murcia es un tema tan espinoso que cinco arquitectos designados por el juez para que hagan una pericial y valoren si se trata de instalaciones desmontables o de edificios de hormigón y ladrillo que habrían requerido de proyecto y visado, han rechazado el encargo con excusas de lo más variopinto: "no tengo tiempo", "complejidad del trabajo". Como si no quisieran señalarse en contra la UCAM o de Mendoza. Si el juez no encuentra perito en la región de Murcia no tendrá más remedio que buscarlo en otras comunidades. La pericial es importante porque e propio concejal Navarro Corchón ha declarado que "los aularios situados al sur del campus son prefabricados".
En mayo de 2016, el presidente de la universidad privada, José Luis Mendoza acudió al juzgado como imputado por la supuestas obras ilegales realizadas en el campus de los Jerónimos y se negó a declarar. A los pocos días el concejal Navarro Corchón anunció en
un Pleno que obligaría a la UCAM a tirar los edificios construidos
ilegalmente en suelo protegido. "Por supuesto que esas obras son
ilegales, lo puedo decir más alto, pero no más claro" aseguró Navarro Corchón durante el Pleno celebrado el 31 de mayo de 2016 donde los grupos políticos en la oposición reiteraron su negativa a que le dieran la autorización excepcional por interés público que había solicitado la UCAM a princpios de ese año. Autorización que casi consigue alegando "interés social" solo que en la Comunidad Autónoma, el jefe de los servicios jurídicos de Ordenacion del Territorio, Pérez Almansa se asustó con la denuncia del fiscal y no firmó la autorización excepcional pese a la insistencia del edil Navarro Corchón y de que la patronal murciana CROEM terció en defensa de la UCAM de la que alabó su labor académica y
social. Además, los miembros de la Junta
Directiva la señalaron como un referente en la creación de riqueza y
empleo.
La denuncia partió de Fiscalía al apreciar indicios contra la ordenación del territorio y se dirigió contra los legales representantes de dos sociedades directamente vinculadas a este campus: la Fundación San Antonio y el Centro de Estudios Universidad San Antonio, como supuestos responsables de esas irregularidades urbanísticas. La denuncia del fiscal se basó en la documentación aportada por la gerencia de Urbanismo pero, sobre todo, por las ediles de Ahora Murcia, Alicia Morales y Ángeles Micol que alertaron de las irregularidades en diciembre de 2015.
En total, según el expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento de Murcia tras la denuncia del grupo Ahora Murcia, todos los edificios construidos de forma irregular ocupan una superficie global de 3.479m2, casi el 28% de toda la superficie construida en el campus universitario. Al fiscal no le pasó desapercibido que en su día fue la Fundación San Antonio la que pidió licencia para levantar un pequeño edificio dados los fines sociales de esa entidad, aunque luego se constató que los terrenos están a nombre de la sociedad denominada Centro de Estudios Universidad San Antonio encabezada por los hermans José Luis y Vicente Manuel Mendoza que no se dedica a fines sociales.
El juez citó a declarar al concejal Navarro Corchón como testigo para intentar aclarar porqué el Ayuntamiento de Murcia no promovió actuación alguna durante varios años ante algo tan evidente.
El juez citó a declarar al concejal Navarro Corchón como testigo para intentar aclarar porqué el Ayuntamiento de Murcia no promovió actuación alguna durante varios años ante algo tan evidente.