Pedro Antonio Sánchez no va dimitir ni por el caso Púnica ni por el caso auditorio si finalmente es citado como investigado (lo que antes era imputado). Que habrá que ver si eso ocurre: con la justicia nunca se sabe. El archivo, aunque improbable, no debe ser descartado.
En el caso auditorio, si la juez de Lorca aprecia indicios de delito en su actuación, dada su condición de aforado, deberá elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y en función de lo descubierto tras año y medio de investigación, la Sala dictaminará si lo archiva o procede a investigar al presidente. Si decide investigarle será la segunda vez que Pedro Antonio Sánchez es imputado por la justicia. En su día no pudo suceder a Valcárcel precisamente por estar imputado y éste optó por designar "provisionalmente" a Alberto Garre.
En cuanto la juez y nueva magistrada, Consuelo Andreu eleve el caso al TSJ de Murcia -eso no significa imputación directa- el presidente Pedro Antonio Sánchez solicitará ir a declarar voluntariamente y defenderá que estamos, como mucho, ante un error administrativo que nadie detectó a lo largo del proceso y del que nadie le advirtió/informó siendo alcalde de Puerto Lumbreras. Si no sabía que se estaba cometiendo una irregularidad administrativa difícilmente pudo haber cometido un delito a sabiendas. Y se preguntará cómo es posible que ni interventora, ni secretario general, ni arquitecto técnico...etc...pusieran reparo alguno al procedimiento seguido en el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras con el concurso, licitación, adjudicación y contratación de las obras del teatro auditorio ¿Cómo pudo ponerse de acuerdo tanta gente -22 personas- para delinquir a sabiendas? Será la base de su defensa. Esa y que ningún informe, ni la propia Intervención del Estado, ha detectado infracción penal o desviación de dinero público para fines inconfesables. Como mucho irregularidades administrativas. Aunque también es cierto que la Intervención del Estado solo analiza procedimientos administrativos. No está para delimitar infracciones penales. Eso es cometido de jueces y fiscales.
En el caso púnica, no está claro si el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco troceará las piezas o si las mantendrá unidas. Si las trocea, puede que la parte murciana del caso que afecta al presidente Pedro Antonio Sánchez la remita al TSJ de Murcia o puede que la eleve al Tribunal Supremo dado que también afecta a la senadora del PP, Pilar Barreiro. Sea cual sea el dstino final del caso, la estrategia del presidente será la misma. Solicitará ir a declarar voluntariamente para aclarar y convencer al tribunal de que "no se puede demostrar lo que no existe porque nunca se contrató nada con la Púnica" y "no basta con las intenciones de terceros". De su asesor David Conesa, imputado por el juez de la Audiencia Nacional por un presunto delito de fraude, reiterará que tan solo era un asesor de comunicación (29.001 de salario durante su etapa en Educación y 43.400 euros ahora en Presidencia) y sin poder de decisión ya que por encima de él estaba el jefe de gabinete y un responsable de prensa a los que nunca informó de sus conversaciones con líderes de la Púnica. Que Conesa sea quien acompaña al presidente a los viajes más importantes como Cuba y Chile o fuese candidato del PP a la Asamblea Regional en 2015, no lo consideran indicativo del papel que realmente desempeña el joven asesor. Pedro Antonio Sánchez intentará convencer al TSJ o al Supremo de que, a pesar de lo que sostiene la UCO de la Guardia Civil, nunca hubo intención de contratar nada con la Púnica para mejorar su reputación on line y, por tanto, no hay delito en grado de tentativa.
En cualquiera de los casos el presidente, que lo debe estar pasando mal, celebrará la posibilidad de que, por fin, se le dé la oportunidad de ir a declarar y de aportar todo el material de que dispone para demostrar su inocencia. Y cuando los periodistas, cumpliendo con nuestra obligación, le interpelemos queriendo saber si va a dejar el cargo en el caso de que finalmente le imputen como se comprometió voluntariamente en un pacto de investidura con C's, lo más probable es que diga que no dejará de insistir en su inocencia convencido de que la justicia siempre lo aclara todo y, una vez más, acabará dándole la razón.
Hemos tenido un avance de lo que se avecina tras desvelar Onda Cero que el fiscal ha pedido su imputación en el caso auditorio. El propio Pedro Antonio Sánchez se ha limitado a decir que "nadie tiene que juzgar antes que la justicia" y que "acudirá voluntariamente a declarar como ha hecho siempre".
El presidente está siendo tan previsible como la Fiscalía pidiendo su imputación. Lo más sorprendente de la semana ha sido ver a la consejera Noelia Arroyo perdiendo esa calma de la que siempre hace gala cuando un periodista le preguntó si el presidente iba a dimitir en el caso de ser imputado o esperaría a que haya sentencia y Arroyo le espetó "¿Usted quiere la cabeza del presidente o que la justicia lo aclare todo? Si hablamos de la cabeza del presidente, no tenemos nada más de que hablar..."
¿Y qué decir de PODEMOS y PSOE? Tan previsibles como el presidente y el fiscal. No estiman necesario esperar a que el caso llegue al TSJ o al Supremo para pedir cabezas. La ansiedad les pierde. C's, al menos, ha dicho que respetará los tiempos judiciales pero, dada la gravedad de los delitos, anuncia que exigirá que cumpla el pacto de investidura y dimita si finalmente es imputado. Eso ha dicho el portavoz, Miguel Sánchez aunque con C's nunca se sabe. La decisión final llegará desde Barcelona o Madrid y es un misterio. Ciudadanos es como una caja de bombones que decía Forest Gump "nunca se sabe lo que te va a tocar". Villegas ya ha dicho que exigirán su dimisión solo si, tras declarar ante el juez, sigue imputado. No descarten que Albert Rivera se descuelgue con un "no es lo mismo meter la pata que meter la mano" aunque no hace muchos meses se mostraba inflexible y decía: "si el presidente murciano es imputado tendrá que irse porque la sospecha no puede estar encima de un gobierno".
Pero Rivera dijo lo que dijo antes del pacto de investidura con el PP de Rajoy que limita las causas de dimisión por corrupción y contempla que solo se apartará a los imputados por casos de enriquecimiento personal o financiación ilegal. Ni en el caso auditorio, ni en el caso Púnica se habla de cohecho ni de financiación ilegal del partido.
Además Rivera es ahora aliado de Rajoy; quien, según cuentan, apoya sin fisuras a Pedro Antonio Sánchez. "Se han caído bien, hay buen rollo entre ambos" dicen los cercanos al de Puerto Lumbreras. Deben ser los selfies. Otros opinan que si el presidente murciano es imputado por el caso Púnica, Rajoy no soportará la presión y acabara pidiéndole que se marche como hizo con Rita Barberá que sí era un peso pesado dentro del PP. Pero Rajoy, bragado en aguantar presiones y afectado por la inesperada muerte de la valenciana, puede que opte por resistir la presión y esperar a que la justicia llegue hasta el final para tomar una decisión sobre Pedro Antonio Sánchez. Rajoy ya es presidente. Tampoco se ve a Rivera proclive a apoyar mociones de censura en Murcia junto a PODEMOS en el caso de que Sánchez se enroque arropado por su partido en Madrid que ya está planteando la revisión del pacto con C's en materia de corrupción. El portavoz en el Congreso, Rafael Hernando (el verborreico domador de hienas) ya anda poniendo a Pedro Antonio Sánchez como ejemplo de político injustamente perseguido aunque no sea verdad lo de las 15 denucias contra el presidente de las que hablan como un mantra. Me salen tres denuncias penales. Pero es lo que tiene que los políticos no estén obligados legalmente a decir la verdad. El grupo parlamentario socialista, harto del tole tole, ya exigió en la Asamblea Regional la dimisión del entonces consejero de Educación por mentir en sede parlamentaria con lo de las 15 denuncias y ahora está estudiando la forma legal de obligarle a retractarse.
La cuestión es que la muerte de Barberá ha reabierto el debate sobre la presunción de inocencia. Jesús Posada ha dicho que "hay que defender la presunción de inocencia siempre hasta que se pronuncie la justcia con una sentencia". Y eso es exactametne lo que creo que va a pasar. Génova, apelando a la presunción de inocencia y a que la línea roja está en el juicio oral, apoyará a Pedro Antonio Sánchez mientras recuerdan al PSOE que tiene notables cadáveres en el armario.
Y mientras el presidente alega que no ha cometido ningún delito de corrupción política, el apellido es importante porque para el PP solo es corrupción el cohecho, por redes sociales y whatsapp circulará el vídeo en el que se comprometió públicamente a dimitir si era imputado por el caso auditorio.
Además Rivera es ahora aliado de Rajoy; quien, según cuentan, apoya sin fisuras a Pedro Antonio Sánchez. "Se han caído bien, hay buen rollo entre ambos" dicen los cercanos al de Puerto Lumbreras. Deben ser los selfies. Otros opinan que si el presidente murciano es imputado por el caso Púnica, Rajoy no soportará la presión y acabara pidiéndole que se marche como hizo con Rita Barberá que sí era un peso pesado dentro del PP. Pero Rajoy, bragado en aguantar presiones y afectado por la inesperada muerte de la valenciana, puede que opte por resistir la presión y esperar a que la justicia llegue hasta el final para tomar una decisión sobre Pedro Antonio Sánchez. Rajoy ya es presidente. Tampoco se ve a Rivera proclive a apoyar mociones de censura en Murcia junto a PODEMOS en el caso de que Sánchez se enroque arropado por su partido en Madrid que ya está planteando la revisión del pacto con C's en materia de corrupción. El portavoz en el Congreso, Rafael Hernando (el verborreico domador de hienas) ya anda poniendo a Pedro Antonio Sánchez como ejemplo de político injustamente perseguido aunque no sea verdad lo de las 15 denucias contra el presidente de las que hablan como un mantra. Me salen tres denuncias penales. Pero es lo que tiene que los políticos no estén obligados legalmente a decir la verdad. El grupo parlamentario socialista, harto del tole tole, ya exigió en la Asamblea Regional la dimisión del entonces consejero de Educación por mentir en sede parlamentaria con lo de las 15 denuncias y ahora está estudiando la forma legal de obligarle a retractarse.
La cuestión es que la muerte de Barberá ha reabierto el debate sobre la presunción de inocencia. Jesús Posada ha dicho que "hay que defender la presunción de inocencia siempre hasta que se pronuncie la justcia con una sentencia". Y eso es exactametne lo que creo que va a pasar. Génova, apelando a la presunción de inocencia y a que la línea roja está en el juicio oral, apoyará a Pedro Antonio Sánchez mientras recuerdan al PSOE que tiene notables cadáveres en el armario.
Y mientras el presidente alega que no ha cometido ningún delito de corrupción política, el apellido es importante porque para el PP solo es corrupción el cohecho, por redes sociales y whatsapp circulará el vídeo en el que se comprometió públicamente a dimitir si era imputado por el caso auditorio.
Es verdad que le faltó jurar por Snoopy que dimitiría en el caso de ser imputado sabiendo como sabía que no se investiga cohecho. Pero ahora hagan un ejercicio de instrospección sincera y digan cuántos de ustedes, a un paso de la presidencia regional y a un solo escaño de la mayoría absoluta, se habrían hecho el harakiri admitiendo públicamente que no pensaban dimitir en el caso de ser imputados imposibilitando así su propia investidura. Tic, tac, tic, tac.. Posiblemente todos, de estar en su piel, habrían firmado ese pacto de investidura y jurado en arameo lo que hiciera falta. El debate era otro pero se cerró cuando Valcárcel decidió designarle candidato a pesar de sus especiales circunstancias personales con la justicia.
No tiene intención de dimitir. Esa es la impresión mayoritaria. Dejen de hacer apuestas. Otra cosa es si debe hacerlo una vez que ha empeñado su palabra aunque no será el primer alto cargo político en España que promete una cosa y hace la contraria (Rajoy y la subida de impuestos) y tampoco sería el primero al que imputan y no dimite. El PP no tiene obligación de hacer dimitir a sus cargos imputados hasta el juicio oral y no olvidan que Pedro Antonio Sánchez ya estuvo imputado siendo consejero de Educación y salió limpio de polvo y paja con lo de la compra de su dúplex en Puerto Lumbreras.
Aunque hay quien está deseando verle en la cola del paro (la política te granjea más enemigos que amigos) Pedro Antonio Sánchez tiene derecho a defender la presunción de inocencia de la que gozamos todos ante la ley y de la que tanto se habla en las últimas horas tras la muerte de Rita Barberá. Lo más prudente, para evitar injusticias, sería esperar a que la justicia se pronuncie ya sea archivando el caso o hasta que decrete apertura de juicio oral. El problema del presidente es que firmó voluntariamente un pacto de investidura con C's que debe cumplir si no quiere ser señalado como un hombre sin palabra. Si no cumple va a tener que dar muchas explicaciones y su credibilidad arruinada.
Aunque hay quien está deseando verle en la cola del paro (la política te granjea más enemigos que amigos) Pedro Antonio Sánchez tiene derecho a defender la presunción de inocencia de la que gozamos todos ante la ley y de la que tanto se habla en las últimas horas tras la muerte de Rita Barberá. Lo más prudente, para evitar injusticias, sería esperar a que la justicia se pronuncie ya sea archivando el caso o hasta que decrete apertura de juicio oral. El problema del presidente es que firmó voluntariamente un pacto de investidura con C's que debe cumplir si no quiere ser señalado como un hombre sin palabra. Si no cumple va a tener que dar muchas explicaciones y su credibilidad arruinada.
En la España del doble rasero político se sigue confundiendo responsabilidad judicial con responsabilidad política. La responsabilidad política es personal, depende de la moral y de la ética de cada uno, puede ser inmediata y requiere de valentía. Cuando se trata de responsabilidad política, la presunción de inocencia no existe y, por supuesto, no se depura en las urnas por mucho que lo diga el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Sin embargo la responsabilidad judicial depende de lo que dictaminen terceros que suelen tardar mucho tiempo en tomar decisiones lo que no deja de ser una ventaja política en un país con memoria de pez.
Dimita o no Pedro Antonio Sánchez, de lo que no cabe ninguna duda es de que se invirtieron 6 millones de euros de dinero público en la construcción de un teatro auditorio inacabado (falta por hacer un 38% de la obra y son necesarios otros dos millones de euros) que sí genera serias dudas sobre la capacidad de gestión del entonces alcalde de Puerto Lumbreras que durante aquellos años recibió mucho dinero, quizá demasiado, de la comunidad autónoma dirigida por Valcárcel. Pero no terminar de gestionar bien el dinero público desde una alcaldía tampoco le convierte en rara avis ¿Cuántos millones de dinero público se han invertido en edificios inacabados o inservibles en España sin que nadie haya asumido ningún tipo de responsabilidad?
Para desgracia del PP murciano y del presidente estamos ante "una obra" que aún tardará mucho en bajar el telón porque nadie sabe dónde está el telón del teatro de Puerto Lumbreras.