Pedro Antonio Sánchez domina como nadie el discurso calimero. Se ha valido de eso y lo ha demostrado de manera sobresaliente con el relato de que es víctima de una persecución política y no sé cuantas querellas presentadas contra él. Ciudadanos lo sabe y ha decidido no darle munición exigiéndole durante otro par de meses el acta de diputado que no está dispuesto a entregar porque debe intuir lo que la juez Andreo de Lorca y Velasco de la Audiencia Nacional harían con él inmediatamente. Creen los de Rivera que eso supondría para Ciudadanos mucho desgaste porque podrían ser vistos por parte de la población murciana como auténticos justicieros que no dejan en paz al pobre hombre que ya ha hecho el sacrificio de dimitir como presidente regional.
La formación naranja ha optado por intentar conseguir lo mismo supeditando la investidura de Fernando López Miras -FER- a la eliminación de los aforamientos de los diputados regionales y miembros del Consejo de Gobierno para lo que basta con reformar el Estatuto de Autonomía. En contra de lo que apuntan algunos sesudos tertulianos nacionales, solo es necesario reformar la Constitución Epañola para eliminar los aforamientos del presidente del gobierno de la Nación, ministros, senadores y diputados en el Congreso.
"Aunque sea cinco minutos antes del pleno de investidura, el PP deberá retratarse y votar a favor de suprimir los aforamientos con carácter general" dicen los naranjas que están encantados de investir al joven Fernado López Miras porque les llega, como a todos, que la decisión de Pedro Antonio Sánchez de designarle sucesor para que le guarde la silla, no ha sentado bien entre votantes populares. El partido Ciudadanos cree que eso les puede reportar votos porque pescan en caladeros del PP y hay mar de fondo. Temían que el designafo fuese Marcos Ortuño de Yecla del que dicen en privado "es guapo, alto y simpático. Nos habría perjudicado".
El PP, que ya debería saber que hay pulsos que no se pueden ganar, se muestra partidario de eliminar los aforamientos pero con excepciones aunque Ciudadanos quiere la supresión con carácter general. Consideran los negociadores del PP que el presidente autonómico y los consejeros están demasiado expuestos a cualquier denuncia de un partido político y deberían seguir aforados, no así los diputados. El aforamiento de sus señorías les preocupa menos aunque afecte a Sánchez porque la reforma del Estatuto de Autonomía deberá ser refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y el Senado y eso no ocurrirá antes de 2018. Para entonces las dos causas judiciales que afectan a Pedro Antonio Sánchez deben estar resueltas en un sentido o en otro.
Está claro que en el país de los 10.000 aforados, los aforamientos se han convertido en una perversión del propio sisema judicial porque supone reconocer implicitamente que hay tribunales duros y tribunales blandos aunque todos deberían ser igualmente ciegos e imparciales. Ningún tribunal de justicia debería suponer ventaja o desventaja para los altos cargos políticos pero, a tenor de cómo algunos se aferran al aforamiento, parece que los tribunales cuanto más altos en el escalafón, más benévolos que un juzgado de instrucción ordinario donde hay jueces tan válidos o más solo que menos manoseados por la política.
Está claro que si a lo largo de 40 años de Democracia en España no se han suprimido los aforamientos es poque a los políticos no les ha ido mal teniendo tribunales específicos que les puedan rescatar en un momento dado.
Debemos recordar que en España los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados a propuesta del Parlamento -poder político- que a su vez nombra a las cúpulas de los diferentes tribunales superiores de justicia. Y hay tribunales superiores de justicia con magistrados nombrados a propuesta de los parlamentos regionales como sucedió con el magistrado Enrique Quiñonero que consgiuió la plaza por el denominado cuarto turno a propuesta del PP de Ramón Luis Valcárcel aunque por unanimidad de toda la Asamblea Regional. La oposición que ahora se queja de las decisiones de Quiñonero, votó a favor. Una aberración si se piensa bien en un país donde supuestamente existe la separación de poderes y el poder judicial es independiente. Ningún parlamento debería proponer el nombramiento del ningún juez en España, pero esa necesaria reforma de la justicia sigue detenida porque al poder político no le conviene que haya jueces completamente libres e independientes de impartir justicia.
Los aforamientos, que deberían ser residuales en España como sucede en democracias avanzadas, también son utilizados en sentico inverso. Hay quien ha dimitido renunciando al aforamiento para que la causa volviese a un juzgado de instrucción con el único objetivo de ralentizarla en el tiempo. En la región de Murcia tenemos el ejemplo de la operación "Salvar al soldado Ramón Luis" en la que el consejero Antonio Cerdá fue obligado a dimitir -estaba aforado- para arrebatar de las manos del juez Abadía del TSJ el caso de corrupción Novo Carthago que amenazaba al ahora diputado Ramón Luis Valcárcel. Aquella causa está ahora en manos del juzgado de instrucción número 5 de Murcia que se lo está tomando con calma, demasiada calma.
A finales de 2016, el Consejo de Europa criticó con dureza la falta de independencia judicial en España y la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Algo que el Consejo de Estado viene solicitando desde 2014 sin que el gobierno español haya atendido ni una sola de sus reivindicaciones.
"Mientras que la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales a nivel individual han sido indiscutibles hasta la fecha, una gran controversia rodea la cuestión de la independencia estructural de los órganos de gobierno del poder judicial y de la Fiscalía" decía el texto. En cuanto a la Fiscalía General del Estado, el informe pedía reconsiderar el método de selección y consideraba conveniente desvincular esta institución del Ministerio de Justicia.
Lamentablemente hemos asistido recientemente a un episodio de descarada injerencia política en la justicia en relación al caso Púnica que afecta a Pedro Antonio Sánchez. Catalá busca a Pedro Antonio a quien luego se le escapa que hasta cuatro fiscales de Sala piden no acusarle auque esa información no era de domino público. No constaba en la nota de prensa que horas antes había emitido la Fiscalía Anticorrupción informando de que no hay motivos para acusar a Sánchez porque no firmó ningún contrato con la trama Púnica y, por tanto, no hubo perjuicio para las arcas públicas. Con solo 12 líneas se cargó la fiscal anticorrupción en funciones el trabajo de casi dos años de dos fiscales de la Audiencia Nacional. Es para sospechar.
La Comisión de Peticiones del Congreso ha dado traslado a la Comisión de Justicia de la solicitud del abogado murciano Diego de Ramón para que se abra una comisión de investigación sobre la acusación de la fiscalía al entender que, según nuestro código penal, "la tentativa es punitiva" aunque "todavía" no se haya producido daños al erario público.
"Cuando un policía detiene a tres atracadores en la puerta de un Banco, con pasamontañas, armas, y sin entrar en la sucursal bancaria, son apresados sin ni siquiera haber abierto la puerta de entrada del banco y serán acusados de tentativa de atraco aunque no se hayan llevado ningún dinero de la entidad" dice Diego de Ramón y añade "cualquier estudiante de Derecho "normal" es capaz de apreciarlo.
"Aunque sea cinco minutos antes del pleno de investidura, el PP deberá retratarse y votar a favor de suprimir los aforamientos con carácter general" dicen los naranjas que están encantados de investir al joven Fernado López Miras porque les llega, como a todos, que la decisión de Pedro Antonio Sánchez de designarle sucesor para que le guarde la silla, no ha sentado bien entre votantes populares. El partido Ciudadanos cree que eso les puede reportar votos porque pescan en caladeros del PP y hay mar de fondo. Temían que el designafo fuese Marcos Ortuño de Yecla del que dicen en privado "es guapo, alto y simpático. Nos habría perjudicado".
El PP, que ya debería saber que hay pulsos que no se pueden ganar, se muestra partidario de eliminar los aforamientos pero con excepciones aunque Ciudadanos quiere la supresión con carácter general. Consideran los negociadores del PP que el presidente autonómico y los consejeros están demasiado expuestos a cualquier denuncia de un partido político y deberían seguir aforados, no así los diputados. El aforamiento de sus señorías les preocupa menos aunque afecte a Sánchez porque la reforma del Estatuto de Autonomía deberá ser refrendada por mayoría absoluta en el Congreso y el Senado y eso no ocurrirá antes de 2018. Para entonces las dos causas judiciales que afectan a Pedro Antonio Sánchez deben estar resueltas en un sentido o en otro.
Está claro que en el país de los 10.000 aforados, los aforamientos se han convertido en una perversión del propio sisema judicial porque supone reconocer implicitamente que hay tribunales duros y tribunales blandos aunque todos deberían ser igualmente ciegos e imparciales. Ningún tribunal de justicia debería suponer ventaja o desventaja para los altos cargos políticos pero, a tenor de cómo algunos se aferran al aforamiento, parece que los tribunales cuanto más altos en el escalafón, más benévolos que un juzgado de instrucción ordinario donde hay jueces tan válidos o más solo que menos manoseados por la política.
Está claro que si a lo largo de 40 años de Democracia en España no se han suprimido los aforamientos es poque a los políticos no les ha ido mal teniendo tribunales específicos que les puedan rescatar en un momento dado.
Debemos recordar que en España los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados a propuesta del Parlamento -poder político- que a su vez nombra a las cúpulas de los diferentes tribunales superiores de justicia. Y hay tribunales superiores de justicia con magistrados nombrados a propuesta de los parlamentos regionales como sucedió con el magistrado Enrique Quiñonero que consgiuió la plaza por el denominado cuarto turno a propuesta del PP de Ramón Luis Valcárcel aunque por unanimidad de toda la Asamblea Regional. La oposición que ahora se queja de las decisiones de Quiñonero, votó a favor. Una aberración si se piensa bien en un país donde supuestamente existe la separación de poderes y el poder judicial es independiente. Ningún parlamento debería proponer el nombramiento del ningún juez en España, pero esa necesaria reforma de la justicia sigue detenida porque al poder político no le conviene que haya jueces completamente libres e independientes de impartir justicia.
Los aforamientos, que deberían ser residuales en España como sucede en democracias avanzadas, también son utilizados en sentico inverso. Hay quien ha dimitido renunciando al aforamiento para que la causa volviese a un juzgado de instrucción con el único objetivo de ralentizarla en el tiempo. En la región de Murcia tenemos el ejemplo de la operación "Salvar al soldado Ramón Luis" en la que el consejero Antonio Cerdá fue obligado a dimitir -estaba aforado- para arrebatar de las manos del juez Abadía del TSJ el caso de corrupción Novo Carthago que amenazaba al ahora diputado Ramón Luis Valcárcel. Aquella causa está ahora en manos del juzgado de instrucción número 5 de Murcia que se lo está tomando con calma, demasiada calma.
A finales de 2016, el Consejo de Europa criticó con dureza la falta de independencia judicial en España y la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Algo que el Consejo de Estado viene solicitando desde 2014 sin que el gobierno español haya atendido ni una sola de sus reivindicaciones.
"Mientras que la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales a nivel individual han sido indiscutibles hasta la fecha, una gran controversia rodea la cuestión de la independencia estructural de los órganos de gobierno del poder judicial y de la Fiscalía" decía el texto. En cuanto a la Fiscalía General del Estado, el informe pedía reconsiderar el método de selección y consideraba conveniente desvincular esta institución del Ministerio de Justicia.
Lamentablemente hemos asistido recientemente a un episodio de descarada injerencia política en la justicia en relación al caso Púnica que afecta a Pedro Antonio Sánchez. Catalá busca a Pedro Antonio a quien luego se le escapa que hasta cuatro fiscales de Sala piden no acusarle auque esa información no era de domino público. No constaba en la nota de prensa que horas antes había emitido la Fiscalía Anticorrupción informando de que no hay motivos para acusar a Sánchez porque no firmó ningún contrato con la trama Púnica y, por tanto, no hubo perjuicio para las arcas públicas. Con solo 12 líneas se cargó la fiscal anticorrupción en funciones el trabajo de casi dos años de dos fiscales de la Audiencia Nacional. Es para sospechar.
La Comisión de Peticiones del Congreso ha dado traslado a la Comisión de Justicia de la solicitud del abogado murciano Diego de Ramón para que se abra una comisión de investigación sobre la acusación de la fiscalía al entender que, según nuestro código penal, "la tentativa es punitiva" aunque "todavía" no se haya producido daños al erario público.
"Cuando un policía detiene a tres atracadores en la puerta de un Banco, con pasamontañas, armas, y sin entrar en la sucursal bancaria, son apresados sin ni siquiera haber abierto la puerta de entrada del banco y serán acusados de tentativa de atraco aunque no se hayan llevado ningún dinero de la entidad" dice Diego de Ramón y añade "cualquier estudiante de Derecho "normal" es capaz de apreciarlo.