Hola Mundo.
Con la respiración contenida de buena parte del público asistente, deseando que el árbitro pitase el final del partido, la mayoría parlamentaria ha aprobado la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor en un pleno tenso y bronco que el grupo parlamentario popular, hasta el último momento, intentó suspender. Un pleno en el que PP y Ciudadanos quedaron retratados porque, aunque ya hay una ponencia en la Asamblea trabajando en una ley integral, impidieron con su voto una transaccional de Podemos y PSOE que instaba al gobierno regional a aprobar en seis meses el plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y a que en un año remitiera a la Asamblea un Proyecto de Ley Integral de Protección del Mar Menor; la ley que agricultores y regantes demandan desde tiempo porque no quieren ser los únicos que paguen por la contaminación del Mar Menor.
Ya
se nos ha olvidado, pero en febrero de 2017, la Asamblea Regional,
con los votos de PSOE, PODEMOS y Ciudadanos, aprobó una moratoria
urbanística en el entorno de la laguna salada mientras no se apruebe
una ley integral. La moción instaba “al Consejo de Gobierno a que,
mediante el instrumento legal que se considere oportuno, suspendiera
cautelarmente todos los desarrollos urbanísticos que afecten directa
o indirectamente al Mar Menor, con la excepción de la ampliación
natural de los cascos urbanos consolidados, hasta tanto se conozcan
los efectos medioambientales, económicos y sociales que en su
conjunto tendrán sobre la laguna”. Un mandato del Parlamento que
el Ejecutivo ha ignorado. Confiemos en que no suceda lo mismo con la
ley que se acaba de aprobar y la consejería de Agricultura vigile que se cumple porque a cada fotografía que salga de un Mar Menor verde, turbio o lleno de espuma, la gente no mirará a la oposición ni al "demonio de Urralburu", la gente exigirá saber qué está haciendo o dejando de hacer el gobierno regional de López Miras.
Aquella
moratoria urbanística que logró sacar adelante la oposición,
también contó con el rechazo del Partido Popular con los mismos
argumentos que ahora han empleado para oponerse las enmiendas al proyecto
de ley de medidas urgentes para la sostenibilidad ambiental del Mar
Menor. Que si era “un disparate”, “una ocurrencia”, “frenaría
el desarrollo económico”. Nada nuevo. La misma cantinela de
siempre, solo que en aquella ocasión contaron con el inestimable
apoyo de los municipios ribereños que deben todolo que son al Mar Menor, pero no dudaron en aprobar mociones en sus
plenos en contra de esa moratoria urbanística que recomendaba el
sentido común. Los promotores también se opusieron frontalmente a
la moratoria con el argumento de que “ahuyentaría a los
inversores”. Nadie quiere que le toquen el bolsillo.
Cuesta
entender que el gobierno regional lleve
semanas apelando a la aprobación de una
ley integral que regule todos los usos y criticando a la oposición que no haya consultado con todas las partes y desde junio no
convoque al Comité de Participación
social del Mar Menor (creado en febrero de 2017 por orden de la
consejería de agricultura y agua) donde están representados todos
los afectados: vecinos, agricultores, regantes, ecologistas,
científicos, pescadores, administración, ayuntamientos,
empresarios, hosteleros… En ese comité están todos los que pueden y deben decir
algo sobre el Mar Menor porque está en juego la economía de toda la zona. En total, 32 personas a las que el Ejecutivo
murciano no ha consultado por el contenido de las 7 “terribles”
enmiendas de la oposición a la Ley del Mar Menor. Es el segundo
comité que crea y al que ignora deliberadamente porque al comité de
asesoramiento científico no le va mejor. Sus recomendaciones, al
parecer, carecen de rigor científico y técnico para los representantes del PP.
Claro
que los agricultores no son los únicos responsables del maltrecho
estado del Mar Menor. Faltaría más. Tiene derecho a exigir las
infraestructuras que les permitan deshacerse limpiamente de los
vertidos una vez desmantelado el salmueroducto. Claro que hay que
regular todos los usos. Solo que el gobierno regional lleva años sin
hacer nada al respecto porque supone remover muchos avisperos.
Prefiere que el legislativo supla su
inacción para que sean los grupos en la oposición los que carguen
con el mochuelo y las protestas. La oposición tuvo que aprobar la moratoria urbanística y la oposición ha tenido que aprobar la ley de medidas urgentes para el Mar Menor.
Los
populares, que han convertido el Mar Menor en un campo de batalla
electoral hablando de dianas, tiros,
listas negras, deben haber calculado que
ganan más que pierden oponiéndose a aplicar medidas urgentes para
la recuperación ambiental del Mar Menor porque su nicho de votos
está en el campo y no en las organizaciones ecologistas y
ambientalistas. Sinceramente, no sé hasta qué punto han calibrado
bien los populares. La falta de agua es el principal problema y los
regantes y agricultores saben señalar perfectamente al responsable.
Por eso precisamente se manifestarán en Madrid el próximo 7 de marzo. Por otra parte, el voto
agrícola ya no es exclusivamente cautivo del PP porque en 2019 tendrán otras opciones como el
partido de Alberto Garre
que no les infunde ningún temor.
Pero lo más importante de todo es que el Mar Menor toca la fibra sensible de
mucha gente que también vota. El Mar Menor no es solo un ecosistema
ambiental a recuperar sino que se trata de salvar recuerdos de
infancia y juventud. Se trata de salvar vivencias pasadas, presentes
y futuras asociadas a los sentimientos de miles de personas. Se trata de
emociones y el voto emocional no es fácilmente calibrado por los
sondeos demoscópicos, por eso es impredecible.