"El papel actual del ente RTRM es, simplemente, el de una pantalla decorativa que oculta el hecho de que la televisión pública autonómica está directa y exclusivamente controlada por el Gobierno autonómico, contrariamente a los presupuestos de la Ley General de Comunicación Audiovisual". Eso concluye el informe de seguimiento del contrato programa 2014-2016 correspondiente al año 2018 que el ente ha remitido a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional. EL INFORME.
El ente RTRM no es más que un sereno porque un policía sin porra solo es eso, un sereno que de vez en cuando toca el silbato. Y lo ha tocado varias veces a lo largo de 2018 por "incidencias" por parte de CBM-Secuoya (adjudicatario de 7RM) sin que el responsable del contrato de gestión indirecta de la televisión autonómica, la consejería de Hacienda que dirige Fernando de la Cierva, haya hecho nada al respecto. "Como sucede con los niños consentidos" dicen desde el consejo de administración de RTRM.
El ente RTRM no cuestiona el modelo de gestión indirecta elegido para La 7, pero advierte en su informe de 2018 de que "en ese modelo de gestión, la capacidad de supervisión y control de la Asamblea Regional sobre los medios públicos audiovisuales, incluida la gestión indirecta de la televisión pública, sólo se puede garantizar si RTRM es el órgano de contratación de Gestión indirecta, dando con ello poderes efectivos al Consejo de Administración del ente, como ocurre en todos los demás ordenamientos autonómicos del sistema audiovisual público".
La consejería de Hacienda, responsable del contrato, ha desestimado sistemáticamente los informes remitidos por el ente RTRM que advierten sobre incidencias en 7RM. El contrato programa firmado en 2014 que fija los objetivos de control y planificación del servicio público sigue prorrogado y era para tres años Y, no menos importante, "RTRM ha sido excluido de cualquier forma de participación o colaboración en el nuevo contrato de Gestión Indirecta que, al parecer, está elaborando la consejería de Hacienda "pese a la experiencia acumulada y el buen criterio de los profesionales que integran el ente". Conviene recordar que el contrato de gestión indirecta de la televisión autonómica finaliza el 31 de marzo de 2020 y que un concurso de esa magnitud y complejidad no se prepara en dos meses.
Los choques y enfrentamientos entre CBM-Secuoya (adjudicataria de la televisión) y RTRM (organismo encargado de su control y supervisión) han sido continuos y a cara de perro. Hasta el punto de incluir CBM en un documento de alegaciones "serias acusaciones, injurias y juicios de valor sobre el Director General de RTRM, Juan Miguel Aguado y sobre la actividad de control del Departamento correspondiente de RTRM" que, subraya el informe "resultan del todo improcedentes en un escrito emitido por un contratista de la administración pública". Conviene recordar que en 2016, Aguado fue elegido por unanimidad de la Asamblea Regional para dirigir el ente y supervisar que la empresa adjudicataria de la televisión cumple escrupulosamente el contrato programa dado que recibe más de 10 millones de euros al año de dinero público. Era la primera vez que el Parlamento murciando decidía el nombre del director general de RTRM. Hasta entonces, lo había designado el gobierno regional a su imagen y semejanza. Quizá por eso no hay nuevo contrato programa. Aguado, que lamenta que la Comisión de Seguimiento del Contrato Programa lleve dos años sin reunirse, se ha negado a firmar un nuevo contrato programa que dé más dinero a la televisión sin justificación alguna como pretendía el anterior consejero de Hacienda, Andrés Carrillo.
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| Juan Miguel Aguado, director RTRM |
El extenso y contundente informe remitido a los grupos parlamentarios señala varias incidencias que debieran ser subsanadas referentes, por ejemplo, a si la publicidad debe computar como emisión pública, las unidades móviles dispuestas o el contrato de transporte de la señal TDT que debería haberse convocado y adjudicado meses antes del 30 de junio de 2018 y que se encuentra contratado por "emergencia" porque a alguien se le pasó el plazo de convocatoria. Pero hay una deficiencia especialmente clamorosa y es la accesibilidad para espectadores con discapacidad auditiva a la que obliga la Ley General de Comunidad Audiovisual. El ente ha advertido de que la subtitulación que realiza 7RM "es ininteligible". También lo ha cuestionado el Centro Español de Subtitulado y la Accesibilidad CESyA. El ente ha comunicado que da igual que se subtitule el 100% de la programación como alega CBM en su defensa si hay retardos o, por ejemplo, el sistema automático que han implementado traduce "ésta" como "ETA" dado el acento murciano tendente a obviar las eses de las palabras. Pues la consejería de Hacienda, como responsable del contrato, ha respondido al ente mediante correo electrónico remitido el 28 de diciembre de 2018 que "la accesibilidad no se considera una obligación de servicio público". Fin de la cita.
En el ente no entienden tampoco que la consejería de Hacienda, responsable del contrato, dé más credibilidad a las auditorías externas que contrata la televisión que a los informes de RTRM y advierte a los grupos parlamentarios de que "la auditorías externas promovidas y sufragadas por el adjudicatario, realizadas de parte interesada -como la publicada a finales de febrero de 2019- no constituyen un procedimiento legítimo de rendición de cuentas ante los organismos públicos de control encargados de ello, sino más bien un mecanismo de publicidad". RTRM critica la asistencia de autoridades regionales a actos publicitarios de tal calibre cuando está a punto de sacarse a licitación el nuevo Contrato de Gestión Indirecta y lo mínimo que se espera del licitador es neutralidad.
El grupo parlamentario Ciudadanos ya ha expresado su respaldo la informe del ente RTRM que revela "el bloqueo del Gobierno Regional a la supervisión del servicio público de televisión".
En el ente no entienden tampoco que la consejería de Hacienda, responsable del contrato, dé más credibilidad a las auditorías externas que contrata la televisión que a los informes de RTRM y advierte a los grupos parlamentarios de que "la auditorías externas promovidas y sufragadas por el adjudicatario, realizadas de parte interesada -como la publicada a finales de febrero de 2019- no constituyen un procedimiento legítimo de rendición de cuentas ante los organismos públicos de control encargados de ello, sino más bien un mecanismo de publicidad". RTRM critica la asistencia de autoridades regionales a actos publicitarios de tal calibre cuando está a punto de sacarse a licitación el nuevo Contrato de Gestión Indirecta y lo mínimo que se espera del licitador es neutralidad.
El grupo parlamentario Ciudadanos ya ha expresado su respaldo la informe del ente RTRM que revela "el bloqueo del Gobierno Regional a la supervisión del servicio público de televisión".
Al contrato de gestión indirecta de la televisión le queda un año y es improrrogable. CBM-Secuoya quiere volver a ganar el concurso cuyos pliegos ya deberían estar redactándose porque el tiempo apremia y más en año electoral. Ignoro si hay otros grupos empresariales interesados en concursar por la televisión autonómica. Hablan de grupo Zambudio que, además, ha comprado las magníficas instalaciones de GTM. Lo que nadie puede obviar y así lo recuerdan desde un grupo parlamentario especialmente critico con televisión es que "el actual director de la televisión autonómica 7RM es el marido de la jefa de gabinete del presidente autonómico López Miras que en 2014, como secretario general de la consejería de Hacienda, presidió la Mesa de Contratación que adjudicó el contrato a CBM-Secuoya bajo la atenta mirada de Vicente Martínez Pujalte, el comisionado económico que nombró y cesó Alberto Garre y cobraba 5000 euros al mes por dos cafés". Lo lógico -comentan- es que se vuelva a presentar y vuelva a ganar, o no.