El
gobierno de López Miras, del que forma parte Ciudadanos, ha
decidido declarar la guerra al ministerio de Transición Ecológica
en un momento crítico para el Mar Menor. Y todo por un puñado de
votos. El Mar Menor, me temo, le importa una puñeta. En una
muestra de deslealtad supina ha amenazado con emprender
acciones judiciales contra la CHS si no frena los vertidos de
nitratos al Mar Menor que origina, fundamentalmente, la agricultura intensiva que es competencia exclusiva de la CARM. Y lo hace además en un momento crítico para la
laguna por los elevados niveles de clorofila, y a las pocas horas de
una declaración institucional donde con gesto compungido apelaba a
la unidad de todos para salvar el Mar Menor. A lo Jekyll y Hyde.
El trilerismo como estrategia política.
Dicen
desde el PP que "la amenaza de acciones judiciales ha sido
necesaria para que el Ministerio empiece a cumplir con el Mar Menor".
Oiga, que revertir la degradación del Mar Menor es competencia principalmente de la CARM a quien el Estatuto de Autonomía encomienda la ordenación del suelo y la protección del medio ambiente. El Mar Menor es un espacio marino cuya protección y gestión compete a la CARM. ¿Quién sino autoriza los puertos deportivos o ha aprobado con años de retraso el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor? Plan de Gestión que el Consejo de Gobierno aprobó a mediados de octubre y aún no ha publicado en el BORM. Pero es que según el artículo 17.2 de 29 de diciembre, de protección del medio marino, el gobierno de España solo podrá adoptar medidas de urgencia previo acuerdo con las Comunidades Autónomas cuando se trate de un espacio marino protegido, cuya declaración y gestión sea de competencia autonómica. El consejero Antonio Luengo ha olvidado mencionar ese apartado del artículo en su carta de urgencia a la ministra Ribera donde exige al gobierno de España que actúe ante el estado crítico del Mar Menor. Curiosa forma de trabajar en equipo. Por cierto, la consejería de Luengo está tramitando la declaración de impacto de otro puerto deportivo en San Javier con 200 puntos de amarre y cuyo promotor es el Club de Regatas de Santiago de la Ribera. El puerto ocuparía, según denuncia Ecologistas en Acción, 2,5 hectáreas, aunque en el examen de alternativas se habla de 3,6 hectáreas. Más presión para el Mar Menor.
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| Foto ANSE |
"Qué
cesen inmediatamente los vertidos de agua con nutrientes del Campo de
Cartagena al Mar Menor" dicen desde San Esteban y señalan al
acuífero como si fuese un ente vivo y autónomo, una especie de
monstruo, que se ha empeñado en destruir la laguna. Con ese relato
lo único que persigue el gobierno regional es distraer
nuestra atención. Que no pongamos el foco en el verdadero
origen del problema que no es otro que el regadío intensivo del Campo de Cartagena y alguien se dé cuenta de lo callado que está el SCRTS. Como si el Mar Menor no fuese con ellos.
Es
verdad que el nivel del acuífero está en máximos históricos,
quizá por la DANA, y por eso está drenando de manera natural en
algunos puntos. Pero no es menos cierto que se siguen
regando y abonando miles de hectáreas legales e ilegales en el campo
de Cartagena. Ahora están plantando los cultivos de hoja de
otoño-invierno. Y toda esa agua de riego con nitratos acaba en el Mar Menor a través de una tupida red de drenajes, a dos metros de
profundidad, construida y pagada en su día con el dinero de todos para evitar el
encharcamiento de las parcelas en pleno boom agrícola. El campo de Cartagena es una gran red
desagües de aguas contaminadas con nitratos y el Mar Menor es el contendedor. De nada ha servido que el campo de Cartagena sea una zona declarada vulnerable a la contaminación por nitratos desde 2001 por imposición de la UE. Y todavía hay
quien, sin respaldo científico, propone bombear agua desde el Mediterráneo para diluir la mierda que asfixia la fauna y la flora. El nitrato
acumulado durante décadas en el acuífero supera las 300.000
toneladas, un valor medio de 244 mg/l muy lejos de los 50 mg/l que
fija la directiva europea de nitratos. Resulta evidente que el control de los
fertilizantes empleados ha sido inexistente por parte de la CARM.
Miles
y miles de hectáreas se siguen abonando y regando en este momento con agua
procedente del Trasvase Tajo-Segura, las desaladoras, las depuradoras
y los pozos legales e ilegales que sigue habiendo. Y como la tierra tiene una capacidad
limitada de absorción, lo que no se filtra al acuífero, drena hacia el Mar Menor. Eso es lo que está
sucediendo. Es rotundamente FALSA la premisa de que "aunque
desmonten toda la agricultura del Campo de Cartagena, el acuífero
seguirá contaminando el Mar Menor" como dijo en Onda
Cero el secretario general de UPA, Marcos Alarcón. No, el
acuífero no contamina, contaminan ustedes. Insisten con el acuífero sin haber cuantificado la descarga de agua subterránea porque el estudio
piezométrico que la Confederación Hidrográfica del Segura encargó a
Tragsa
está inconcluso. No conocemos qué cantidad de agua se filtra, ni qué
cantidad de nutrientes llegan al Mar Menor por el subsuelo.
¿Quieren medidas expeditivas para frenar una segunda SOPA VERDE? PAREN MÁQUINAS. Ordenen que cese el riego aunque solo sea en las miles de hectáreas de regadío ilegales. Revisen con que autorización en precario se están regando miles y miles de hectáreas en la denominada cota 120. Decreten una moratoria agrícola. Ya verán como se reduce la entrada de nutrientes al Mar Menor. La salvación del Mar Menor está en tierra. Hay que actuar en la cuenca, pero el gobierno regional, que tiene las competencias de ordenación del suelo, es rehén de un sector agrícola-regante muy poderoso, que aporta muchos votos y que se está poniendo muy nervioso. Ordenar el cese inmediato de los riegos para evitar que siga entrando agua en el acuífero y en el Mar Menor a través de los drenajes y prohibir los fertilizantes nitrogenados sería tan impopular como efectivo. El único organismo competente que puede llevar esto a cabo, tratándose de una situación de emergencia, es la CARM pero no lo hará. Demasiados intereses.
El gobierno regional de López Miras dice que está adoptando medidas, pero realmente está haciendo poco y menos. ¿Qué hizo tras la primera SOPA VERDE en 2016? Campañas de propaganda para ocultar una realidad incómoda, paseos en barca, selfies con el Mar Menor al atardecer que luego ponían en Twitter, costosos tanques de tormentas que colapsan a las primeras de cambio y conectan con las redes de pluviales del alcantarillado y rampas para embarcaciones. Fin de la cita. El PP de López Miras votó en contra de la moratoria urbanística en 2017, votó en contra de la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor en 2018 como le ordenaban las organizaciones agrarias. Sistemáticamente ha votado en contra de todo lo que pudiese ayudar a salvar el Mar Menor. En noviembre de 2019, el secretario general del PP, Teodoro García Egea sigue negando que ellos sean los responsables del ecocidio en el Mar Menor.
López
Miras repite sin cesar que en dos meses tendrá redactada una Ley
Integral de Protección del Mar Menor, pero para entonces puede que
sea tarde. Su máxima preocupación ahora es imponer un relato
basado en culpar al Ministerio de Transición Ecológica de una
segunda SOPA VERDE. Y para eso exige la reparación inmediata de
la estación de bombeo de la rambla del Albujón que solo podrá
recoger parte de los vertidos contaminantes. El agua contaminada
no solo llega por el Albujón.
Lo que con tanta vehemencia exige
López Miras al ministerio es una medida parcial y
coyuntural y el Mar Menor requiere de medidas estructurales que debe acometer la Comunidad Autónoma. Pero es
que una vez reparada esa estación de bombeo (previsto para la semana
que viene), la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
deberá emitir un permiso de vertido tierra-mar. Y como la planta
desalobradora de El Mojón no dispone de desnitrificadora (a cuya
construcción se había comprometido la CARM con el ministerio en una
reunión celebrada el 24 octubre de 2019) no se pueden verter
los residuos al Mar Mediterráneo para no eutrofizar las salinas.
Solución: deberán desalobrar y reinyectar el agua en el canal del
postrasvase donde será mezclada con agua de la desaladora de
Torrevieja y puesta a disposición nuevamente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (deberá solicitar la oportuna
concesión de agua) con la que se seguirá cultivando y abonando las
tierras y, por tanto, inyectando nuevamente agua con nitratos en el
acuífero y drenando hacia el Mar Menor. Un círculo
diabólico.
El gobierno regional edita guías para incumplir la Ley 1/2018 de
Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor al mismo tiempo que envía cartas a la ministra Ribera exigiéndole que actúe de urgencia con el Mar Menor. Una locura. La CHS sí que parece haberse puesto las pilas tras años de permisividad con el regadío a cuenta de las UDAS y sus elásticos perímetros. Ya iba siendo hora. Comentan que la
visita de la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera
al Mar Menor ha marcado un antes y un después. Aunque podría haberlo hecho antes, el Ministerio ha reforzado esta semana las labores de vigilancia con 20 inspectores más. 207 expedientes abiertos este año, el doble que en 2018, por uso privativo de aguas
sin autorización, modificación del perímetro de riego, construcción
de pozos e incumplimiento de la orden de clausura. 147 expedientes en
el campo de Cartagena por regar fuera de la superficie de riego
que se corresponden con aproximadamente 1600 hectáreas. 93
desalobradoras ilegales descubiertas este año, el doble que el año
pasado, con inspecciones al menos dos días por semana con el Seprona
de la Guardia Civil. 18 expedientes abiertos y notificados por vertidos urbanos al Mar Menor por parte de municipios ribereños y 135 expedientes sancionadores abiertos por
vertidos contaminantes de agua residual al Dominio Público
Hidráulico.
Pero
lo más IMPORTANTE es que
ya hay 65 expedientes sancionadores terminados que afectan a 989
hectáreas de superficie de regadío denunciadas que se han
comunicado a la CARM puesto que se corresponden con
infracciones en el ámbito de influencia del Mar Menor. El
gobierno regional en cumplimiento del artículo 8 de la Ley 1/2018 de
7 febrero de Medidas Urgentes debe restituir esas 989 hectáreas de
regadío a sus condiciones originales (secano o vegetación natural)
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder. El gobierno
de López Miras ya puede desmontar casi 1000 hectáreas de regadío
ilegal y quitar presión al Mar Menor. Algo de lo que el consejero
Antonio Luengo olvidó informar el pasado jueves al Consejo de
Gobierno y esos 65 expedientes llegaron a la Dirección General de
Agricultura de la consejería el miércoles. Luengo habría ocultado
información al Consejo de Gobierno y permitió
que la consejera portavoz Ana
Martínez Vidal (CS)
saliera ante la prensa exigiendo a la CHS que delimitará
las parcelas del Campo de Cartagena que no tienen derecho a agua para
regadío para poder intervenir. Menudo papelón el de los consejeros de Ciudadanos dentro del
Consejo de Gobierno. Los populares hacen con ellos lo que les da la gana.
Pues
ale, ya tienen los expedientes para intervenir. A desmontar regadío ilegal por
primera vez en la historia de la región de Murcia. ¿Ejecutarán? Me temo que no. El gobierno murciano está empeñado en meter agua desde el Mediterráneo para diluir la suciedad y por eso ha pedido al ministerio que recupere el calado de las encañizadas y del Canal de Marchamalo. Una medida que no avala ningún Comité Científico. El propio Ángel Pérez Ruzafa se opuso en su día al dragado de las golas. No es la primera vez que el gobierno regional plantea esa polémica medida. Cualquier cosa con tal de no intervenir en origen que es el campo de Cartagena. Pero lo más curioso es que la Declaración Ambiental de la Estrategia de Gestión Integrada del Mar Menor y su entorno que acaba de publicarse en el BORM descarta claramente el incremento de forma masiva de entrada de agua del Mediterráneo en la laguna. Considera el carácter la laguna como aguas de transición, con un funcionamiento ecológico bien diferenciado de los ecosistemas marinos propiamente dichos. Es decir, que el consejero Luengo plantea a la ministra Ribera medidas que desaconseja la propia Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agua y Agricultura.
Los
demostrados efectos negativos sobre el Mar Menor de los drenajes y
vertidos de la agricultura intensiva no han impedido la ampliación
de nuevos regadíos intensivos, ni siquiera en zonas próximas a la
laguna, a pesar de no contar con el trámite obligatorio de
Evaluación de Impacto Ambiental que compete a la CARM. Las
administraciones competentes se han mostrado incapaces de controlar,
primero, y han ayudado a consolidar, después, grandes superficies de
regadío ilegales, adaptando para ello la normativa vigente. El agua de las grandes desaladoras públicas también ha ayudado a crear y consolidar regadío ilegal en el campo de Cartagena. Es el caso de la planta de Valdelentisco.
No
se entiende que a estas alturas, tres años después de la primera SOPA VERDE, la consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en
colaboración con la CHS, no haya iniciado ya el deslinde y la
recuperación del Dominio Público y labores de restauración
ambiental en las zonas más cercanas a la laguna salada con fines de
mejora del paisaje, biodiversidad y mejora de los ecosistemas. Hay que desmontar regadío en una franja de protección. El gobierno regional no necesita esperar a que esté aprobada la Ley Integral del Mar
Menor. La situación crítica de la laguna requiere de medidas
expeditivas.
No podemos seguir en manos de quienes en nombre de la ciencia ordenaron que motos acuáticas removieran el agua en plena mortandad de peces levantando lodos y fangos, sugieren tuberías microperforadas para meter oxígeno en el agua en caso de un nuevo episodio de anoxia en el Mar Menor o plantean bombear agua desde el Mediterráneo. Por favor, nombren de una vez un COMITÉ DE EXPERTOS INDEPENDIENTE, sin militancia política, que diga lo que hay que hacer con criterio científico que es el único que debe imperar con el Mar Menor. Un comité de expertos cualificado que no esté coordinado por el gobierno regional. Ya ha demostrado el Ejecutivo murciano lo que sucede con los comités que crea: los científicos dimiten desesperados.
La
magnitud de la faena es de tal envergadura que requiere de una altura
de miras de la que carece el gobierno regional que
sigue anteponiendo los intereses partidistas y personales a los
intereses generales de la región de Murcia y del Mar Menor.
Cómo pretende generar confianza y certidumbre quien ha necesitado
que salgan a la calle más de 55.000 personas en manifestación para
reconocer que los gobiernos del PP que le precedieron no
hicieron lo suficiente para protegerlo.
"Enzarzarnos
en disputas políticas solo nos aleja del objetivo que no es otro que
sumar voluntades y trabajar en equipo para la recuperación de tan
valioso espacio natural" declaró López Miras la noche
del 30 de octubre tras una histórica y multitudinaria manifestación
en Cartagena en defensa del Mar Menor. Al día siguiente ya se le
había olvidado. Y así todo.