El MAYOR PELIGRO ES EL CANSANCIO

Hola Mundo.

El nuevo plan consiste en enfrentar Mar Menor y Trasvase del Tajo. Emiliano García Page y su intención de elevar el caudal ecológico del Tajo ha venido a los populares murcianos como anillo al dedo. Nada como una buena dosis de "Agua para Todos" para activar el nacionalismo hídrico que Valcárcel implantó en el cerebelo de los murcianos. Se trata de contar que con la excusa del Mar Menor una conspiración de socialistas y comunistas quiere cerrar el trasvase de Tajo y que por eso quieren prohibir el riego en buena parte del campo de Cartagena. Tan retorcido como efectivo en  la región de los Santos Inocentes, versión siglo XXI. Y así evitan molestar al sector agroindustrial que todavía tiene la cara de decir que se siente  "cabeza de turco" de  la crisis medioambiental del Mar Menor y "a las puertas del ensañamiento" en la futura ley ley de protección integral.

Un rápido vistazo a las medidas del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor que se han filtrado a modo de globo sonda permite entrever que el gobierno regional no tiene intención de solucionar el problema del Mar Menor. Redacta esa ley a regañadientes. Ya lo ha dicho López Miras "la culpa es de la sociedad en su conjunto" y "el decreto ley no va a buscar culpables". Fin de la cita. Como si todo fuese una cuestión de malas prácticas agrícolas de unos pocos. Como si bastase con prohibir los fertilizantes  en una franja de 500 metros. Ridículo. Un refrito de normas. Las medidas propuestas son tan suaves como inútiles dada la envergadura del problema. La degradación ambiental del Mar Menor es tan profunda que no basta con pomadas. No quieren entender que agricultura intensiva y recuperación del Mar Menor son incompatibles.
 
Vean sino lo que ha ocurrido con la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor contra la que bramaron populares y agricultores  porque decían que iba  a ser "la sentencia de muerte del campo de Cartagena" y "solo se podrían plantar algarrobos". Esa Ley de Medidas Urgentes, pese a ser de mínimos, se está incumpliendo con ayuda del propio Ejecutivo murciano que editó una guía de interpretación.  Muchas de sus "terribles" medidas vuelven a ser incluidas en el nuevo decreto ley de protección integral. Sin embargo, se sigue cultivando a favor de pendiente, se riega incluso por aspersión, los setos vegetales brillan por su ausencia, se sigue abonando con fertilizantes nitrogenados. De las 1600 hectáreas de regadío ilegal expedientadas por la CHS hasta la fecha, la consejería de Agricultura no ha restituido a su condición original de secano ni un solo metro porque, según argumenta, la CHS no ha aportado información completa sobre la ubicación de las parcelas expedientadas. Tampoco consta que ninguno de los propietarios sancionados haya devuelto las ayudas europeas que recibieron  y la consejería de Agricultura calcula que un 30% de los sancionados tendrá que devolver el dinero. Desde 2016 que estalló la sopa verde no se ha hecho prácticamente nada. Al contrario, la inacción persiste. Ecologistas en Acción y agentes medioambientales de la propia consejería de Agricultura llevan semanas denunciando la roturación ilegal de 100 hectáreas en Fuente Álamo por parte de una empresa hortofrutícola y como si oyesen llover en la consejería de Antonio Luengo. Ningún departamento ha ordenado su paralización por carecer de Evaluación de Impacto Ambiental. Y ahora, con absoluta nocturnidad, están construyendo hasta el embalse de agua.

Foto de Ecologistas en Acción

Los investigadores insisten en que es necesario articular medias basadas en la naturaleza para prevenir en origen la entrada de nutrientes y eso pasa por recuperar las superficies naturales de humedales periféricos a la laguna y la construcción de humedales artificiales u otros sistemas  capaces  de retener y depurar las aguas  de escorrentías y efluentes generados en la zona. Los humedales son además los únicos sistemas capaces de retener y eliminar  buena parte de los nutrientes acumulados en caso de avenidas, las cuales serán cada vez más frecuentes debido al cambio climático. Pues ni una palabra de humedales en el borrador de proyecto de ley que ha filtrado el gobierno regional. Probablemente porque eso implicaría necesariamente expropiar terreno agrícola. Algo que el PSRM-PSOE  asegura haber incluido en la proposición de ley de protección del Mar Menor que está redactando. También quiere obligar a los propietarios de cada parcela a articular mecanismos de recogida del agua que impidan que corra hacia el Mar Menor. "Cultivar regadío como si fuese secano" dice Diego Conesa que cree que con desmontar las 10.000 hectáreas de regadío ilegal que estima el Ministerio de Transición Ecológica que hay en el el campo de Cartagena sería suficiente para quitar presión a la laguna salada.

La degradación ambiental del Mar Menor ha llegado hasta la ONU. El Comité de Cumplimiento del Convenio de Barcelona de Naciones Unidas ha admitido una denuncia de Ecologistas en Acción por la degradación ambiental del Mar Menor. Lo más importante es que el ponente designado por el citado comité internacional, Orr Karassin consideró en un informe fechado en junio de 2019 que "el gobierno regional de Murcia parecía reticente a implementar las acciones necesarias para proteger el área del Mar Menor". Otro guantazo con la mano abierta al gobierno regional de López Miras que sigue empeñado en eludir su responsabilidad arropado por colectivos como el Colegio Oficial de Arquitectos que, como no, también culpa a la sociedad murciana en su conjunto del desastre ambiental del Mar Menor "porque no hubo un levantamiento de la sociedad ante las advertencias" dicen.  Al menos, han tenido la decencia de exigir que se cumpla la legalidad vigente que no se está cumpliendo y es el origen de gran parte de los problemas. Al Mar Menor le sobran figuras de protección nacional e internacional que, sin embargo, no han impedido el desastre.

La cuestión es que el Mar Menor logró el mínimo de puntuación necesario para seguir siendo ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de Interés para el Mediterráneo) tras una auditoría de inspectores internacionales y nacionales designados por el Convenio de Barcelona de Naciones Unidas. Era lo previsible. El Mar Menor es un vertedero de desechos y contaminantes y no hay visos de solución. A estas alturas de la película, el Ministerio de Transición Ecológica no ha tenido más remedio que abrir expediente sancionador a los ayuntamientos de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares  por no haber atendido el requerimiento  de retirada o legalización de las ocupaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre por tuberías que vierten al Mar Menor y no cuentan con titulo habilitante. San Javier ha sido sancionado por nada menos que 34 tuberías de vertido  y la multa no la pagará el alcalde José Miguel Luengo, saldrá del bolsillo de todos los habitantes de San Javier. El mismo Luengo que luego se manifiesta en defensa del Mar Menor. 


Desde San Esteban exigen al Ministerio de Transición Ecológica de forma vehemente que adopte medidas para salvar el Mar Menor como si fuese competencia exclusiva del Estado. Es el primer punto del argumentario de los populares que, sin embargo,  no son capaces ni de limpiar los kilos y kilos de desechos agrícolas que el mar ha escupido tras las últimas lluvias torrenciales. El espacio natural La Marina de El Carmolí cuya limpieza compete al gobierno regional se ha convertido en un vertedero. Ni rastro de operarios de limpieza en la zona protegida pero ya saben que la culpa de lo que ocurre es de la sociedad en su conjunto. 

Fotografía Pedro García ANSE

¿Cuántas de las ocurrentes medidas urgentes, por importe global de 8,2 millones de euros, que aprobó el Consejo de Gobierno del 8 de noviembre para preservar el Mar Menor y revertir su estado se han ejecutado? Al parecer, ninguna. Lo importante era anunciar algo dos días antes de las elecciones generales y, sobre todo, dar 1,3 millones de euros a un asociación agraria vinculada a COAG para potenciar el respeto al medio ambiente en las explotaciones agrarias. Ahí tienen el dato, suyas son las conclusiones.  Anunciaron incluso  "un proyecto de rehabilitación de las salinas de Marchamalo con la finalidad de que sirvan de refugio para especies singulares clave del Mar Menor, como para poder usarlas para su oxigenación en caso de ser preciso" rezaba la nota de prensa oficial de San Esteban. Lo vendieron como medida urgente y nada se sabe. No han hablado ni con los dueños de los terrenos que es la empresa Portmán Golf ni con ANSE ni con el Ministerio de Transición Ecológica aunque quieren que el proyecto lo pague el Estado. Y así todo. Anuncia que algo queda. ANSE aún está esperando que desde la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente les llamen aunque solo sea para peguntar en qué consiste su proyecto para recuperar la actividad salinera en las Salinas de Marchamalo tras adquirir la concesión de parte del dominio público. 


Culpando al Ministerio de Transición Ecológica o a la sociedad en su conjunto, depende de cómo sople el viento ese día, López Miras pretende que olvidemos que el partido que preside ha gobernado la región durante los últimos 25 años y se ha cargado el Mar Menor con su inacción y su permisividad con el sector agroindustrial cuya avaricia no conoce límites. Puede bloquear  a Murcia entera en Twitter para no escuchar las quejas de los ciudadanos, pero por el despacho del juez Garrote que instruye el casto topillo no está pasando la sociedad en su conjunto sino dirigentes políticos de la CARM y de la CHS y casi un centenar de responsables de explotaciones agrarias que niegan la mayor pese a las evidencias policiales que les incriminan. Por cierto, todos los investigados niegan haber recibido ayudas europeas, aunque la documentación en manos del juzgado les contradice y una vez analizada formará parte una denuncia ante la Unión Europea. No es fácil dar con las subvenciones y ayudas públicas concedidas por la consejería de Agricultura a empresas agrícolas de la región de Murcia. 


El fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera advirtió no hace mucho de que los políticos responsables del desastre del Mar Menor podrían ir unos años a la cárcel. Manzanera dice que se están investigando las conductas de determinados poderes públicos "que podrían haber incidido de manera activa u omisiva en la situación que atraviesa el Mar Menor". Habrá por tanto que confiar en la acción de la justicia que, en parte, también es responsable del desastre ambiental por no haber actuado de oficio ante los flagrantes incumplimientos de la legalidad vigente.


El mayor peligro ahora es el cansancio de la sociedad civil (vecinos, ecologistas, pescadores...) ante la narrativa fake institucional con la que intentan desviar la atención sobre las causas reales del mayor desastre ambiental al que se enfrenta España. El gobierno regional del PP, con la complicidad de Cs, sigue sin entender que debe cambiar el modelo de desarrollo o, como advierten ahora los constructores tras haber enladrillado la costa, la crisis será devastadora en una región donde los trabajadores pobres se cuentan por decenas de miles sin que a nadie parezca importarle. 273.000 personas de la región de Murcia permanecen estancadas en el pantano de la exclusión social. El 9% de la población, unas 128.000 personas, han tenido que dejar de comprar medicinas o abandonar tratamientos médicos porque no pueden pagarlas. El trabajo en la región no te saca de pobre. Y a pesar de la cruda realidad, el gasto en prestaciones sociales en Murcia es notablemente inferior al del Estado. Datos que deberían avergonzar a nuestros dirigentes políticos y empresariales pero para eso deberían tener vergüenza.