Hola
Mundo.
“Podemos
dar ya por perdido el Mar Menor” sentencia el catedrático de
ecología, Ángel Pérez
Ruzafa tras toparse de
bruces con la cruda realidad y es que la política contamina más que
los nitratos. Desde 2016 que estalló la sopa verde “no se ha hecho
nada concreto por revertir la situación" reconocía
el científico a finales de 2019.
Y no se ha hecho nada porque ni
el gobierno regional ni el potente sector hortofrutícola quieren. Da
igual las leyes que aprueben
mientras no haya voluntad de acción y de sacrificio. Nadie quiere asumir ningún coste: ni político ni económico y así es francamente imposible.
Pérez
Ruzafa, que ahora culpa al ministerio de Transición Ecológica de
falta de colaboración con el Mar Menor, participó de la gran
mentira popular sobre una mejoría irreal de la laguna. En mayo de 2019, a
las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales, se subió a un barco junto a los candidatos del PP, José
Miguel Luengo y Antonio Luengo para atribuir “catastrofismo y
desinformación” a los que empezaban a advertir de que el Mar Menor volvía
a ponerse verde. “En primavera todo florece” dijo Pérez Ruzafa cuando el plenario del Comité Científico llevaba meses sin reunirse.
“No hay ningún tipo de vertido agrícola a la laguna” añadió Antonio
Luengo. Mentiras y más mentiras por un puñado de votos. Varios investigadores del Comité Científico dimitieron hartos de la manipulación de la crisis del Mar Menor.
Pérez Ruzafa sabe mejor que nadie, porque así se lo dijo al juez Garrote que instruye el caso topillo, quién le ordenó hace 20 años dejar de monitorizar el Mar Menor porque había empezado a detectar altas concentraciones de nitratos en la desembocadura de la rambla del Albujón y eso "va en contra de la agricultura" le dijo el consejero de agricultura de turno. En febrero de 2020, el consejero de Fomento, Díez de Revenga, insiste en que el asunto de los nitratos no va con ellos pese a tener las competencias en agricultura y la obligación de controlar que se aplica el código de buenas prácticas. Se niegan a entender que no basta con drenar el acuífero para volver a llenarlo con agua cargada de abonos. Se niegan a entender que el entorno del Mar Menor requiere de una reconversión tan profunda como valiente. En primavera todo florece y los caballones de tierra computan como setos vegetales.
Los economistas advierten de que la situación del Mar Menor puede lastrar la economía regional. Un mazazo para una comunidad endeudada hasta las cejas y con una de las mayores tasas de pobreza de España. Pobreza que es especialmente preocupante en la zona del Mar Menor. Antes del colapso de la laguna, era una comarca con índices de pobreza del 36,3% muy por encima de la media regional. Tras el impacto de la DANA, esos niveles se han incrementado sustancialmente advierten desde EAPN-RM. Y lo más grave es que en el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor del que tanto presume el gobierno de López Miras no existe una estrategia clara de lucha contra las situaciones de pobreza y exclusión. Al al fin y al cabo, el Decreto Ley solo tenía un objetivo y era derogar la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor de febrero de 2018 que tanto indignó a las organizaciones agrarias.
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| 500 escolares de San Pedro del Pinatar y La Asomada (Cartagena) piden ayuda para el Mar Menor |
El Mar Menor no entiende de argumentarios políticos pero es lo único que fabrica San Esteban mientras sigue cayendo el turismo. Propaganda, solo propaganda. En 2019 el turismo cayó casi un 7% mientras que España batió récord de turistas extranjeros por séptimo año consecutivo. "El aeropuerto de Corvera será la puerta de entrada en Europa de millones de turistas" dijo el presidente López Miras hace poco más de un año. Un aeropuerto de nombre Corvera y apellido
'Internacional' que no termina de despegar, pero se sabía. En 2013, la propia AENA concluyó en un informe que "Corvera no
sería rentable aunque cerrase San Javier dado que la previsión de
pasajeros del nuevo aeropuerto es irreal porque se basó en el boom
urbanístico". El aeropuerto de Corvera se planeó pensando en la
Paramount, Novo Carthago, Marina de Cope y Polaris, todos proyectos
fallidos de la era Valcárcel. Un aeropuerto que en 2001
se justificó, según consta en el plan director, con el argumento de que "en 2015 llegarían a Murcia diez millones de turistas, lo que
implicaría para la Región de Murcia la creación de 23.000 puestos de
trabajo y unos ingresos directos de 7.200 millones de euros". La realidad de los datos en 2020 no hace sino abofetearnos sin que espabilemos. El cierre del aeropuerto de San Javier fue un error, un terrible error amasado a partes iguales por el gobierno de la región de Murcia y por un nutrido grupo de empresarios palmeros que querían un aeropuerto en Corvera a toda costa. Los mismos empresarios a los que nunca les importó si el AVE en superficie del PP arramblaba con cientos de vecinos dividiendo en dos una ciudad. Los mismos empresarios que no consideran una catástrofe tener sin convenio digno a más de 35.000 trabajadores del sector hostelero de la región de Murcia. Los mismos
empresarios que creen que con millonarias campañas publicitarias o
parques acuáticos se arregla un Mar Menor verde y con baba.
Millones de fragmentos de mucílagos de fitoplancton o moco (así lo llaman los pescadores) se extiende por el Mar Menor y no augura nada bueno. Otro síntoma inequívoco de la eutrofización que padece la laguna y anticipo lo que puede explosionar en primavera debido a la entrada constante de agua con nitratos. Algo que, en absoluto, va a solucionar el bombeo del Albujón que con tanta vehemencia exige el gobierno regional. Un bombeo cuya explotación y mantenimiento la Confederación Hidrográfica del Segura ha tenido que encomendar a la empresa TRAGSA ante la negativa de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena a hacerse cargo. Unos regantes que aún no han aceptado la última tarifa del agua propuesta de 13 céntimos el metro cúbico. No obstante, el bombeo del Albujón es un solución parcial que en el mejor de los casos detraerá 3 hm3 al año. Eso si no revienta la tubería que es lo más probable que ocurra en cuanto le metan presión según advierten los técnicos. Se trata de una tubería de más de 28 km de fibrocemento en la que el Ministerio de Transición Ecológica detectó una patología de envejecimiento prematuro anormal que provoca la rotura de las juntas de unión entre los tubos. El ministerio cuenta con que cuando entre en funcionamiento deberán realizar cambios de juntas cada mes. Y mientras tanto, el Mar Menor soportando la presión de 10.000 hectáreas de regadío ilegales que tendrían que desaparecer de inmediato, pero ahí siguen a plena producción como si el Mar Menor fuese una balsa más de riego. Regadíos ilegales alentados por una gestión nefasta de la Confederación Hidrográfica del Segura que durante muchos años también miró para otro lado.
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| Mar Menor. Febrero 2020. Foto: José Frutos Lorca |
A la falta de un plan de futuro para la región que acabe con la desastrosa gestión ambiental y ponga coto a la pobreza creciente y al aumento de trabajadores pobres, tenemos unos consejeros que, mal asesorados, se han echado al monte de twitter a repartir estopa contra el gobierno de España solo porque no es del PP; y lo han hecho a las puertas de una reforma del sistema de financiación autonómica que, miren por donde, ha logrado Joan Baldoví de Compromís y no la llantina permanente de López Miras. Como si la estrategia de la confrontación reportase algo bueno a la región de Murcia convertida ya en el hazmerreír del resto de España. Con Baldoví cuenta el socialista Diego Conesa como aliado para conseguir la financiación que necesita la región de Murcia ante la falta de respuesta del presidente murciano negándose a recibirle pese a las reiteradas peticiones para tratar asuntos clave como justicia, cambio climático y transición energética, infraestructuras, medio ambiente, cohesión territorial y financiación.
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| Conesa y Baldoví |
Dice López Miras que en la Convención Regional del PP del próximo 28 de marzo definirán la Región de Murcia del futuro sin reconocer que es lo que llevan haciendo los últimos 25 años sin que haya avances significativos. Cada vez más alejados del progreso y más atenazados por la desigualdad: medio millón de murcianos en riesgo de pobreza y exclusión según el último informe de Foessa. Y no parece que haya visos de solución a corto plazo para una región con consejeros sin funcionarios o directores generales que hacen de la política un auténtico ascensor económico como Josefa Ros Oliva, la nueva directora general de Innovación Empresarial y Defensa del Autónomo y la Pyme, de Ciudadanos, que en 2018 declaró a Hacienda unas retribuciones dinerarias totales de 180 euros pese a ser arquitecta de profesión. Por no hablar de la directora de la Agencia Tributaria de la región de Murcia a Sonia Carrillo Marmol que desde 1996 que ingresó en Nuevas Generaciones del PP no ha hecho otra cosa que ser concejal del ayuntamiento de Molina de Segura y, además, no puede acreditar estudios universitarios terminados. Quizá por eso los funcionarios del servicio se llevan las manos a la cabeza al comprobar que no se entera de nada. Y a nadie parece importarle. Cómo no van a llamar centro de ocio gastronómico a lo que en realidad es un megacasino (el Odiseo) pese a que en 2019 los problemas de ludopatía en la región se han disparado un 26% respecto a 2018. Por eso los presupuestos de 2020 mantienen beneficios fiscales de 7,5 millones de euros para las casas de apuestas de la región de Murcia aunque el centro de salud de Patiño se quede sin pediatra. Si es que tragamos con todo, la destrucción a sabiendas de la mayor laguna salda de Europa es buena prueba de ello.