Una semana para olvidar. En eso se ha convertido esta semana que acaba para el gobierno de la región de Murcia.
ANSE comenzó informando del desastre ambiental y ecológico que sufre el Mar Menor. Una laguna salada que en solo dos años ha perdido el 85% de las praderas marinas porque la contaminación impide que llegue la luz solar que requiere la fotosíntesis. A cinco metros de profundidad es necesaria una linterna. Más de 13.500 hectáreas de pradera muertas, sin vida. De pertenecer el Mar Menor a cualquier otra región de de España ya sería cuestión de Estado y habría sido portada de telediarios y periódicos de tirada nacional. Pero está ubicado en la región de Murcia y, por poner un ejemplo, en la desconexión territorial de TVE apenas mereció 25 segundos la noticia de los ecologistas. Alguien debe pensar que cuanto menos se hable del tema, mejor.
De no haber sido por ANSE y el Instituo Español de Oceanografía, la muerte de las praderas marinas del Mar Menor seguiría siendo top secret. La propia consejera Adela Martínez Cachá ha reconocido que ya sabían de la regresión de praderas marinas (nunca informó de ello) para añadir a continuación que "sigue habiendo semillas en el suelo de esa pradera que se expandirá en cuanto mejore el agua gracias al cese de los vertidos y a las medidas adoptadas por la administración regional porque el mar menor está vivo".
Aunque el mar menor parece más muerto que vivo, los científicos creen que "no se ha llegado a un punto de no retorno". El presidente del comité científico para el seguimiento del mar menor, Ángel Pérez Ruzafa, no pierde la esperanza de recuperación de una laguna que "sigue en estado crítico y dentro de la UCI" pero para eso "es asolutamente necesario conseguir el vertido cero de nutrientes" que, por mucho que se anuncie, no se ha conseguido. Según ANSE, los vertidos agrícolas continúan en la rambla del Albujón a razón de 100 litros por segundo. Han disminuido pero no han cesado.
"El Mar Menor ha tenido un problema histórico de mala gestión" sentenció Pérez Ruzafa ante los diputados de la comisión parlamentaria. Se puede decir más alto pero no más claro. Basta con repasar la hemeroteca para saber que hace solo seis años el entonces consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Cerdá hizo caso omiso de las advertencias de la Confederación Hidrográfica del Segura porque los agricultores mandan mucha romana y porque, en ese momento, al frente del organismo de cuenca estaba el socialista José Fuentes Zorita. Así de mezquina y retorcida es la política. Cerdá rechazó reducir regadíos en el campo de Cartagena y negó que se estuvieran vertiendo entre 2.500 y 3.000 toneladas anuales de nitratos al Mer Menor.
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Claro que hay responsables del desastre ambiental en el Mar Menor que no pagarán por su irresponsabilidad. Negaron la realidad como la están negando ahora, por eso el director general de Turismo, Manuel Fernández Delgado ha anunciado que "Caravaca Jubilar y el Mar Menor y su turismo náutico serán los dos productos estrella en la próxima edición de FITUR". Como si no pasara nada. Puede que ya hayan encargado el vídeo promocional que solucionará la papeleta sacando imágenes del Mar Menor a lo lejos. Que no se vea de cerca. Por otra parte habrá que ver qué prometen en los folletos no vaya a ser que algún turista les plante una demanda por publicidad engañosa. Aunque también es verdad que la credibilidad de lo que vende el pabellón de Murcia en FITUR se perdió cuando Pedro Alberto Cruz, en la edición de 2014, convirtió el stand en una especie de parque temático Paramount. Si somos capaces de vender en ferias parques temáticos imaginarios, trenes AVE que están por llegar o aeropuertos sin aviones ¿Por qué no vamos a vender en FITUR un mar que sí es real aunque esté verde? No dejes que la realidad te arruine una feria. Ya veremos a ver qué pasa con las reservas el próximo verano. Los hosteleros del Mar Menor están muy preocupados porque clientes de toda la vida ya han dicho que no repiten.
La semana empeoraba con la ley de incompatibilidad para los jefes de servicio del Servicio Murciano de Salud. Tras una semana de advertencias y alarmas por parte de dirigientes del PP y del gobierno regional, la ley se aprueba por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. El PP también vota a favor aunque con dudas. Se ve perfectamente en el vídeo de la Asamblea Regional. Los diputados de la bancada popular se miran entre ellos buscando a quién seguir porque no saben si levantar el brazo o encogerlo. De hecho no aplauden al finalizar el pleno. Hasta la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver tuvo que preguntar porque no terminaba de creer que el PP, tras una larga campaña en contra de la incompatibilidad, estuviera votando a favor de la incompatibilidad. Realmente han dejado solo al presidente Pedro Antonio Sánchez defendiendo a los jefes de servicio que a partir de ahora tendrán que elegir entre sanidad pública o privada. Tampoco podrán ejercer la docencia.
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Le sigue la reunión del consejero de Fomento, Pedro Rivera con el presidente de RENFE que horas antes había dimitido. Cualquier cosa que prometiera Pablo Vázquez a Rivera en ese encuentro era papel mojado. Una metáfora de lo que, en realidad, importa la región de Murcia en Madrid. Gila habría sacado petróleo de la visita del consejero al dimitido. La cuestión es que Pedro Rivera, que debería hablar seriamente con su jefe de gabinete, tendrá que volver pronto a Madrid para reunirse con el nuevo presidente de RENFE, Juan Álfaro porque nadie ha aclarado aún que va a pasar con el AVE, las mercancías y cercanías en el cuello de botella en el que se va a convertir la ciudad de Murcia. Hasta el pie de foto del tuit que pone la consejería de Fomento es erróneo ¿Quién es José A. Fernández?
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Y para rematar la semana el auto de 54 folios de la juez de Lorca, Consuelo Andreo que pide la imputación del presidente Pedro Antonio Sánchez por el caso auditorio y le atribuye los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. Excepto la prevaricación que conlleva penas de inhabilitación, el resto de delitos son castigados con penas de cárcel.
El presidente Pedro Antonio Sánchez, que puede que no esperara un auto tan duro, ya ha dicho que "no es corrupción política" y que "está por demostrar si hubo error administrativo", defiende que toda la actuación fue legal, que todo el dinero de la subvención está metido en la obra y justificado hasta el último euro y, como era previsible, ha vuelto a pedir respeto y prudencia "porque nadie puede juzgar antes que un juez" cuando le han preguntado si dimitirá en el caso de ser imputado. El presidente se ha mostrado convencido de que la justicia acabará dándole la razón como, según dice, ha hecho en 15 denuncias anteriores del PSOE. Un argumento incierto pero que, de tanto repetirlo, hay gente que se lo ha creído. VÍDEO
Desde el entorno del presidente insisten en que la juez instructora solicitó a la Intervención General del Estado un informe sobre la situación de esta obra, y ese informe solo identifica posibles errores administrativos que están por demostrar. Y dicen también que el perito principal de la fiscalía indicó en las diligencias que los seis millones de la subvención están en la obra y que hasta tres informes del prestigioso catedrático de derecho administrativo Santiago González-Varas avalan la inexistencia de ilícitos penales.
No lo debe tener tan claro la magistrada que ha abierto una pieza separada para tratar de conocer qué destino, "público o privado", se le dieron a seis millones de euros procedentes de una subvención de la Consejería de Cultura para construir ese edificio, pues la investigación ha permitido constatar que esos fondos prácticamente habían desaparecido de la cuenta municipal cuando ni siquiera se había puesto un ladrillo en la obra.
El presidente Pedro Antonio Sánchez, que puede que no esperara un auto tan duro, ya ha dicho que "no es corrupción política" y que "está por demostrar si hubo error administrativo", defiende que toda la actuación fue legal, que todo el dinero de la subvención está metido en la obra y justificado hasta el último euro y, como era previsible, ha vuelto a pedir respeto y prudencia "porque nadie puede juzgar antes que un juez" cuando le han preguntado si dimitirá en el caso de ser imputado. El presidente se ha mostrado convencido de que la justicia acabará dándole la razón como, según dice, ha hecho en 15 denuncias anteriores del PSOE. Un argumento incierto pero que, de tanto repetirlo, hay gente que se lo ha creído. VÍDEO
Desde el entorno del presidente insisten en que la juez instructora solicitó a la Intervención General del Estado un informe sobre la situación de esta obra, y ese informe solo identifica posibles errores administrativos que están por demostrar. Y dicen también que el perito principal de la fiscalía indicó en las diligencias que los seis millones de la subvención están en la obra y que hasta tres informes del prestigioso catedrático de derecho administrativo Santiago González-Varas avalan la inexistencia de ilícitos penales.
No lo debe tener tan claro la magistrada que ha abierto una pieza separada para tratar de conocer qué destino, "público o privado", se le dieron a seis millones de euros procedentes de una subvención de la Consejería de Cultura para construir ese edificio, pues la investigación ha permitido constatar que esos fondos prácticamente habían desaparecido de la cuenta municipal cuando ni siquiera se había puesto un ladrillo en la obra.
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| Imagen del interior auditorio de Puerto Lumbreras |
A pesar de la aparente calma exterior, Pedro Antonio Sánchez parecía algo nervioso en la rueda de prensa que ofreció en San Esteban nada más conocer la noticia del auto de la juez de Lorca ¿Y quién no en su lugar? Se le notaba en la respiración que le temblaba entre pausa y pausa para tomar aire en una comparecencia estudiada al milímetro en la que el presidente midió todas y cada una de sus palabras.
Lo más trágico del asunto, y él lo sabe, es que si no estuviese aforado
por su cargo como presidente ya habría sido imputado por la juez de
Lorca y posiblemente estaría a la espera de juicio oral.
La pelota está en el tejado del TSJ. No es la primera vez. Ya lo estuvo cuando la fiscalía presentó querella por el caso auditorio y remitió el caso al juzgado de Lorca facilitando que Pedro Antonio Sánchez fuese desginado por Valcárcel presidente de la comunidad autónoma. Seguro que Pascual del Riquelme es consciente de que se examinará con lupa cualquier dictamen de la Sala de lo Civil y Penal y de que de su decisión depende el fúturo personal y político de una persona y hasta de un gobierno que no se sabe si tiene plan B ¿Hay alguien calentando banquillo en el PP de la región de Murcia por si tiene que saltar el terreno de juego? Menuda papeleta tienen entre manos pero son jueces y, como tales, ciegos para impartir justicia ¿O no?
Inisto en que hasta el rabo todo es toro. El archivo, aunque improbable tras el auto de la juez y el de la fiscalía, no debe descartarse por lo que en momentos así se hace más necesario que nunca el respeto a la presunción de inocencia. El TSJ aún tardará semanas en tomar una decisión.
Una semana horribilis ¿O no?
Inisto en que hasta el rabo todo es toro. El archivo, aunque improbable tras el auto de la juez y el de la fiscalía, no debe descartarse por lo que en momentos así se hace más necesario que nunca el respeto a la presunción de inocencia. El TSJ aún tardará semanas en tomar una decisión.
Una semana horribilis ¿O no?