EL TITULAR IMPOSIBLE

Hola Mundo.

Les propongo un ejercicio: cierren los ojos e imaginen que los jueces que instruyen los casos púnica y auditorio acaban de achivar las causas al considerar que los imputados no cometieron ningún delito... ¿Entienden ahora por qué hay titulares imposibles? 

Mi artículo para el periódico La Opinión del sábado 8 julio 2017.
 

Dos jueces, supuestamente simpatizantes del PP y de ideas conservadoras, han decidido procesar al ex presidente regional Pedro Antonio Sánchez dando al traste con dos relatos: el de los populares que decían que todo se iba a archivar inmediatamente y el de todos aquellos que, alentados por ese interesado discurso político, no han dudado en cuestionar la profesionalidad e independencia de ambos magistrados.

El juez Quiñonero a las dos horas de escuchar en sede judicial a Pedro Antonio Sánchez dictó auto de procesamiento contra él por cohecho, fraude y revelación de información reservada en relación al caso púnica. Y Julián Pérez Templado ha hecho lo propio en relación al caso auditorio por los delitos de prevaricación continuada, fraude de subvenciones públicas y fraude de fondos públicos. Un auto con el que Pérez Templado da un duro varapalo a Pedro Antonio Sánchez al exculpar a técnicos y funcionarios tras los que se intentó parapetar durante su declaración en sede judicial con el argumento de que él no sabía nada y se limitaba a firmar lo que le ponían en el portafolios. El juez no le creyó y por eso son dos los autos de procesamiento por un total de seis delitos los que ya suma el todavía presidente regional del PP y presidente del grupo parlamentario popular en la Asamblea Regional, donde ocupa un escaño con la bendición de Ciudadanos que regaló a López Miras la investidura como presidente de la comunidad.

Hasta llegar aquí el juez Enrique Quiñonero ha leído y escuchado que era un infiltrado del PP porque consiguió la plaza de magistrado por el denominado cuarto turno a propuesta de Ramón Luis Valcárcel aunque lo designó la Asamblea Regional por unanimidad de los tres grupos parlamentarios: PP, PSOE e IU. Y al magistrado Julián Pérez Templado, excesivamente impetuoso en sus autos hasta el punto de hacer sospechar a cualquiera, se le ha llegado a cuestionar e incluso intentar recusar porque se le vio tomando cañas con un vocal de la directiva del PP en plena fase de instrucción del caso auditorio con quien se las lleva tomando desde hace más de veinte años en el mismo lugar y a la misma hora porque son amigos. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pascual del Riquelme fue uno de los tres jueces contra los que PODEMOS presentó una querella de presunta prevaricación por avalar con su voto el envío de la causa auditorio a un juzgado de Lorca al considerar que los hechos delictivos expresados por la fiscalía en su querella contra un total de 22 personas no estaban suficientemente individualizados contra el único aforado. Y lo hizo porque debió considerar que el juzgado de Lorca era el órgano judicial predeterminado por la Ley, aunque sabía que aquello le acarrearía duras críticas puesto que con su decisión facilitó que Sánchez fuese designado candidato en mayo de 2015. Lo sencillo para Pascual del Riquelme estando recién aterrizado al frente del TSJ tras una elección polémica, habría sido hacer lo contrario. Eso habría acallado muchas bocas que en ese momento cuestionaban su nombramiento por parte del CGPJ, pero probablemente su decisión habría sido contraria a derecho y a la ética que debe imperar en cualquier servidor público. El Supremo acabó archivando aquella querella al considerar que en la fase embrionaria de la instrucción contra aforados es conveniente que sean los jueces ordinarios los que investiguen a los imputados “cuando los indicios se muestre débiles o inconsistentes” o si existe un número elevado de acusados. Por analogía, la denuncia de la fiscalía contra el el diputado del PP, José Soria por el teatro de Cehegín debería haberla presentado en el TSJ, pero lo ha hecho ante un juzgado de Mula aunque José Soria es diputado y también está aforado. Además es un caso prácticamente calcado al del auditorio de Puerto Lumbreras: también está implicado el arquitecto Martín Lejárraga, la comunidad autónoma concedió una subvención de 9 millones de euros, el dinero se ha gastado y sólo está acabada la segunda fase de la obra ¿A qué obedece esa disparidad de criterio por parte de la fiscalía a la hora de elegir mostrador en el que registrar querellas? ¿Es cuestión de proyección mediática?

Ni Quiñonero ni Pérez Templado se han convertido ahora en unos abanderados de la independencia judicial por haber dictado autos de procesamiento contra Pedro Antonio Sánchez aún siendo de ideología conservadora y tener amigos peperos, pero sí que habrían sido tildados de villanos vendidos a la derecha de haber archivado las causas judiciales. Puede que solo hayan sido dos profesionales de la judicatura haciendo su trabajo, pero ese relato sería demasiado simplista en un país dado a etiquetarlo todo según la supuesta ideología política de los concursantes: jueces, periodistas....

España, lamentablemente, sufre unos bajos niveles de satisfacción con las instituciones judiciales. Es uno de los países europeos que más desconfía de la justicia debido, en buena parte, a los intentos de injerencia de los políticos y a discursos como el que durante meses han mantenido los dirigentes del PP de la región de Murcia, que con una seguridad inusual, aseveraban que todo se archivaría. “Julián no le puede hacer algo así a Pedro Antonio” me dijo un destacado dirigente popular cuyo familiar lenguaje me dio qué pensar. Lo de “¿Pedro Antonio dónde estás? Del ministro Catalá y las maniobras del fiscal general Maza tampoco ayudan.

España está en el grupo de cabeza de los países europeos con peor percepción de la independencia judicial. Los datos ofrecidos el pasado mes de abril por la Comisión Europea reflejan que el 60% de los españoles consideran como mala o muy mala la independencia de la justicia, lo que supone que sólo tres de los 28 países están peor: Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. Ciertamente se trata de una percepción subjetiva que contrasta con otros indicadores como el de Linzer y Staton (2011) que concluye que la judicatura española goza de una independencia por encima de la media europea lo que evidencia una clara disociación entre opinión pública y realidad que puede deberse a la recurrente referencia a la politización de la justicia que hacen los partidos políticos en los medios de comunicación y que lleva a los ciudadanos a tener una percepción mucho más pesimista sobre la influencia política de los jueces que la que se da efectivamente. En el primer trimestre de 2017 los jueces procesaron por delitos de corrupción a 97 personas en España y el 77,8% de las sentencias fueron condenatorias según datos del CGPJ que desde 2016 publica los datos relativos a corrupción para intentar combatir la idea de que los políticos son impunes y los jueces no son independientes del poder político.

Una democracia avanzada debe mostrar altos niveles de calidad de la justicia y, por ende, mayor confianza en la misma y para eso hay que garantizar el acceso igualitario a los tribunales por medio de la eliminación de barreras legales y económicas, la aplicación imparcial de las leyes, la independencia judicial y la eficiencia judicial, es decir, la aplicación del derecho sin incurrir en errores legales ni en dilaciones indebidas de los procesos. Pero para una justicia eficiente se necesitan recursos tanto humanos como económicos. La región de Murcia, por ejemplo, tiene 110 juzgados y son necesarios 33 más. Murcia es la región de España con más necesidades judiciales ¿Creen que les preocupa a los diez diputados por Murcia en el Congreso? Hubo un intento del presidente del TSJ, Pascual del Riquelme de convocarles a una reunión privada para analizar la precaria situación de la justicia para que, llegado el caso, pudieran defender mejor los intereses de su región y ninguno acudió al encuentro. Las excusas fueron tan diversas como ridículas.

La ausencia de seguridad jurídica y los procesos judiciales eternos en el tiempo por falta de medios también ahuyenta las inversiones económicas. Las grandes corporaciones analizan esa variable antes de decidir en que país o región invierten, algo que han detectado regiones como el País Vasco, pero que a los dirigentes políticos de Murcia les suena a chino. Tienen tantos frentes abiertos que en lo último que piensan es en un pacto regional por la justicia. Se estima que en los depósitos de los tribunales españoles hay retenidos 3.000 millones de euros debido a la lentitud de la Justicia. Un disparate para la economía de cualquier país.

Tras el titular “imposible” que dos jueces conservadores nos acaban de brindar para sorpresa de muchos, la cuestión es si dimite o no Pedro Antonio Sánchez como presidente del partido o apela a la presunción de inocencia y a que no metió la mano para aguantar hasta que haya sentencia firme. Todo es posible mientras cunde la preocupación en sus filas y los de Garre se frotan las manos. Los pedroantonianos creen que, llegado el caso, debe sustituirle  López Miras  por ser el presidente y actual coordinador regional. Piensan que es lo más sensato y estable para el partido aunque admiten que todavía debe ganarse los galones para ser el candidato. Hay quien cruza los dedos cuando le da por improvisar y no leer las notas que le escriben en San Esteban. Los autodenominados mayores (al parecer encabezados por Cámara) creen que hay que dar carpetazo a la breve y fallida era PAS, subsanar los erres del pasado y colocar al frente del partido a alguien de más calado capaz de evitar un batacazo electoral y de enfrentarse a miuras como Urralburu o Garre. Cámara no olvida que fue obligado a dimitir para que C's le invistiera presidente de la comunidad.

Y ahí andan unos y otros: midiendo sus fuerzas en la Junta Directiva del partido que, como máximo órgano de representación entre congresos, puede designar al nuevo presidente del partido popular sin ir a un congreso extraordinario. El principal objetivo de ambos bandos es controlar la elaboración de las listas electorales o, dicho de otra forma, repartir garbanzos. Una competencia que supo amarrar bien Valcárcel y por eso nadie le tosió cuando se empeñó en designar candidato a Pedro Antonio Sánchez sabiendo la que se avecinaba aunque ahora vaya diciendo que no fue cosa suya.