Hola Mundo.
Barrio
Sésamo se estrenó el 10 de noviembre de 1969 en la televisión
estadounidense. Desde entonces, esta producción de Jim
Henson
nos ha enseñado a muchos a contar, a diferenciar entre arriba y
abajo y a cómo no comer galletas, entre otros conocimientos básicos.
He llegado a la terrible conclusión de que Fernando
Martínez Maillo
se perdió las lecciones de Coco
porque
SEIS es más que UNO.
Sí
señor Maíllo,
sí. SEIS y no UNO son los delitos que dos jueces (cuatro si contamos
a Consuelo
Andreo y Eloy Velasco)
nada sospechosos de simpatizar con la izquierda atribuyen a Pedro
Antonio Sánchez:
cohecho, fraude a ente público, revelación de información
reservada, prevaricación, fraude de subvenciones y fraude de
contratos por las causas Púnica y Auditorio; y los seis castigados
con penas de cárcel o inhabilitación; y los seis, según el Consejo
General del Poder Judicial, delitos de corrupción política. Una
lección de derecho básico que también debió perderse el
coordinador general del PP que, a estas alturas de la película,
vuelve con la cantinela de que la prevaricación no es corrupción
política sino una irregularidad administrativa. Exactamente la misma
e impresentable cantinela que sostiene la ex jueza y alcaldesa de
Podemos,
Manuela Carmena
que tampoco considera delito la prevaricación y no cesará a dos de
sus concejales imputados; o la alcaldesa socialista de Cartagena, Ana
Belén Castejón
que por el bastón de mando municipal se ha cargado el discurso
anticorrupción del PSRM-PSOE al mantener de vicealcalde y concejal
de urbanismo a un bravucón, maleducado y pendenciero José
López
que, tras declarar ante el juez, sigue imputado por cuatro delitos de
corrupción en relación a la compra del hotel Peninsular.
Ciudadanos también tiene lo suyo con un concejal imputado en
Calasparra.
Coco,
que ha enseñado a contar a varias generaciones de españoles, diría
que la situación es grave y preocupante para los populares murcianos
que sí desean pasar página después de que Maíllo
haya
descartado proceder contra Pedro
Antonio Sánchez
al entender que no se le juzga por un delito de corrupción y porque,
según dice, ya asumió responsabilidades políticas al dimitir como
presidente de la comunidad de Murcia, aunque en realidad fue obligado
a dimitir ante el riesgo cierto de que prosperara una moción de
censura.
Génova,
por ahora, decide cerrar los ojos y dejar el asunto en manos de la
dirección regional del PP de la región de Murcia lo que significa
que PAS decidirá lo que suceda con PAS cuando PAS estime conveniente
que será cuando haya sentencia firme (no se sabe si en Estrasburgo)
como ya ha anunciado la secretaria general del partido, Maruja
Pelegrín,
aunque el propio Maíllo
aseguró en su día que si se le abría juicio oral se le aplicarían
los estatutos del PP y tendría que dejar la presidencia del partido
y su escaño en la Asamblea Regional. Pues ha hecho con sus palabras
como el monstruo Triki con las galletas: triturarlas, como ha
triturado los estatutos. Da la impresión de que algunos dirigentes
nacionales del PP se han implicado tanto en la defensa del ex alcalde
de Puerto Lumbreras que ahora les cuesta dar su brazo a torcer.
Recuerden que Maíllo
avaló
con su presencia la elección de Sánchez
como presidente regional del PP en un congreso que se celebró a los
pocos días de que declarara como imputado en el caso auditorio. En
ese congreso Maillo
le
dijo “¡Aguanta, aguanta y aguanta que el PP es un partido a prueba
de golpes!” Lo que nadie parece haber calibrado es hasta qué punto
el partido está preparado para aguantar los golpes de ver a su
presidente sentado en el banquillo a las puertas de unas elecciones
autonómicas y municipales. Lo fían todo al efecto indulto que creen
que tendrá la llegada del AVE a Murcia en superficie y la apertura
del aeropuerto.
“Es
un hombre injustamente perseguido que solo quería hacer un auditorio
para su pueblo y se quedó sin dinero porque hizo otras cosas. De eso
le acusan: de querer mejorar su pueblo y eso no es corrupción”
dice un destacado pedroantoniano
que no cree que la situación sea tan grave. Ese es el relato
resumido -más bien historieta- que llega a Génova desde Murcia
después de que el juez Pérez
Templado
haya desmontado el “efecto sanador” de la sentencia del juzgado
número 2 de lo contencioso administrativo de 30 de mayo de 2012 que
avaló la tramitación administrativa del concurso de ideas que
finalmente ganó el arquitecto Martín
Lejárraga
(también procesado) y que en su día sirvió a
Sánchez
para convencer a la dirección nacional de su partido de que todo se
acabaría archivando.
Un
relato, el de un alcalde que solo quería un auditorio de 900 butacas
para su pueblo pero se quedó sin dinero por la crisis, con el que
cualquiera podría empatizar si no fuese por dos demoledores autos
judiciales de procesamiento que, entre otras cosas, muestran una
manera de gestionar lo público por parte de Pedro
Antonio Sánchez
inaceptable en un Estado de Derecho en el que no se puede retorcer o
incumplir la legalidad vigente por muy loable que sea el fin, a no
ser que queramos convertirnos en una especie de Barrio Sésamo
europeo. Que un juez emplee los términos “designio criminal”
para referirse a la actuación de un dirigente político, sea quien
sea, debería bastar en cualquier Democracia avanzada, pero vivimos
en el sur de Europa donde nos estudiamos las leyes para ver la manera
de incumplirlas y seguimos instalados en el “para que roben los
tuyos, que roben los míos”.
“Al
Alcalde de Puerto de Puerto Lumbreras le dan 6 millones de euros de
dinero público para construir un Auditorio y menos cumplir esa
finalidad hace lo que le place, con grave daños a todos los
españoles que de una y otra forma venimos años pagando estos
desvaríos”. Así resume el juez lo sucedido en Puerto Lumbreras:
un desvarío, como el que parece estar sufriendo el PP donde “nadie
va a mover un dedo contra PAS porque casi todos tienen pesebre”
dice un histórico militante que sigue esperando que Ramón
Luis Valcárcel le
coja el teléfono o, al menos, responda a los SMS que le ha mandado
al considerar que es el único con fuerza moral para poner orden.
Todavía
recuerdo el desmedido empeño con el que dirigentes populares
intentaron convencernos a todos de que el auditorio sí estaba
terminado. Se lanzaron a difundir imágenes de uno de los edificios
del complejo cultural donde se podía ver a gente contemplando una
exposición. Aquello duró lo que duró porque las mentiras tienen
las patas muy cortas y pronto se vio que el edificio del auditorio es
un esqueleto en obras al que le faltan dos millones de euros para su
finalización. El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras llegó incluso a
organizar fiestas infantiles a sus puertas con el riesgo que aquello
tenía para los niños. Han tenido que ser dos jueces los que
desmonten una mentira absurda, como absurdo resulta mantener que todo
fue un error administrativo que es como los dirigentes políticos
edulcoran ahora el delito continuado de prevaricación.
Desmontado
el mantra del error administrativo, llega a sus pantallas el capítulo
“todo el dinero está metido en la obra” que repiten populares y
algunos miembros del gobierno regional alentados por el juez
Templado
que
en varios pasajes de su auto repite que “todo el dinero está
invertido –mejor o peor- en la obra” como queriendo sentenciar
antes de tiempo sobre un aspecto que está investigando la juez de
Lorca que abrió una pieza separada para averiguar el destino final
que se le dio a los seis millones de euros de la subvención y cuyas
diligencias ha declarado secretas. A priori resulta arriesgado por
parte del magistrado aventurarse a tal aseveración cuando hay un
informe técnico que habla de un sobrecoste de 1.240.000 euros en lo
que respecta exclusivamente al movimiento de tierras, cimentación y
estructura, es decir, desde el principio mismo de la obra.
Los
populares contaban con el archivo de la causa
auditorio
–nunca sabremos en qué se basaban- o, como mucho, que el juez lo
hubiese reducido todo a un delito de prevaricación. Y contaban con
el archivo de la causa púnica por parte del juez Quiñonero
tras las maniobras del fiscal general Maza.
Tampoco sabremos nunca hasta qué punto ha influido la presión
mediática en la decisión final de los dos magistrados que han
sorprendido a propios y extraños con su decisión final de
procesarles,
aunque
en el caso
auditorio,
Templado
ha hecho una
poda de acusados más drástica que la del ficus de Santo Domingo.
Pedro
Antonio Sánchez
está dentro y arriba que diría Coco,
que es lo opuesto a estar fuera y abajo del partido porque Génova,
por lo que sea, así lo ha decidido. Y como él, están dentro y
arriba sus más fieles seguidores aunque apenas se prodigan ya en
redes sociales con el hashtag #yoconpedroantonio, mientras López
Miras sigue
representando el papel que le encomendaron rodeado y vigilado de los
más fieles escuderos de su mentor político como David
Conesa
que, de facto, está ejerciendo como su jefe de gabinete en San
Esteban aunque está procesado por la púnica. Conesa
ha recurrido el auto de procesamiento advirtiendo al juez de que “en
este asunto se está juzgando a un representante de los tres poderes
del Estado” en referencia a Pedro
Antonio Sánchez”
y que “la sola sospecha que el mantenimiento del proceso judicial
produce conlleva un alto perjuicio no solo para las personas
investigadas, sino para el propio sistema democrático”.
Bien
mirado, Rajoy
tiene mucho de Coco
de Barrio de Sésamo con sus obviedades. Lo último que ha dicho a
unos niños en Moncloa a los que sí ha tenido tiempo de recibir es
que “lo importante es caerle bien a más que a menos”. Los
populares murcianos deberían tomar nota no vaya a ser que en mayo de
2019 descubran que no caen bien a más sino a muchos menos que en
2015 y entonces se acuerden del ¡aguanta, aguanta que el partido
está hecho a prueba de golpes!