Hola Mundo. (REVISADO)
No
tenemos arreglo. La región de Murcia se ha convertido en una
caricatura grotesca de sí misma. Solo así se puede entender que una
de las firmas agrícolas señaladas por el fiscal en su denuncia por
contaminación al Mar Menor, haya recibido recientemente un premio
regional al DESARROLLO SOSTENIBLE. ¿Y quién formaba parte del jurado? Pues, entre otros, el director
general del IMIDA dependiente de la Consejería de Agricultura, Luis
Navarro.
La empresa en cuestión, según el fiscal, habría vertido al Mar
Menor, a través de la rambla del Albujón, el equivalente a 316
piscinas olímpicas de agua con salmuera y nitratos sin tratamiento
de ningún tipo. Todas las empresas del grupo premiado por su
contribución al desarrollo sostenible, habrían vertido durante
cinco años el equivalente a 1.400 piscinas olímpicas de agua
contaminada al Mar Menor donde, lamentablemente, ha dejado de nadar
el caballito de mar, aunque el Delegado del Gobierno, Francisco
Bernabé
va diciendo que “a efectos de la vida biológica, el Mar Menor está
sano”.
El
Mar Menor no tiene espera, pero tendrá que esperar al 1 de febrero
de 2018 para disponer de una Ley Integral de Medidas Urgentes cuyo
trámite parlamentario se presenta arduo, pese a la dura denuncia del
fiscal, porque sus señorías andan enredados con los matices. Y es
así porque los populares ya han advertido de que “no van a
facilitar que prosperen iniciativas que aumenten el riesgo de romper
el equilibrio entre la agricultura, el turismo y el ecosistema de la
laguna", como si el equilibrio no se hubiese ido al traste hace
años precisamente por la inacción de unos y la voracidad de otros.
Basta
con hacer un recorrido por determinadas zonas de la región de Murcia
para comprobar que muchas áreas que antes de 1998 eran secano se
han transformado en regadío y que donde había faldas de monte,
mediante roturación y aterrazado, hay ahora grandes extensiones de
regadío, especialmente en el campo de Cartagena. Y ha sido así pese a que legalmente no
está permitido. Ya en 1986, el Real Decreto Ley 3/86 sobre
Medidas Urgentes para la ordenación de aprovechamientos hidráulicos
en la cuenca del Segura, alertaba en su preámbulo de la “existencia
de una grave sobreexplotación en numerosos acuíferos hidráulicos
en la cuenca del Segura” y de “un déficit muy importante en
muchas zonas regables”. La filosofía de ese Real Decreto Ley era,
y sigue siendo, no dar nuevas concesiones de agua a nadie salvo
excepciones mínimas relacionadas con acuíferos aislados.
En
el campo de Cartagena se ha pasado en los últimos años de un
cultivo de secano típico del Mediterráneo, cereales o algunos
árboles frutales, a los cultivos de regadío que, obviamente,
necesitan mucha más agua como son los árboles frutales y las hortalizas.
Subraya el fiscal en su denuncia “la desmesurada e incontrolada
roturación del campo de Cartagena para fines agrícolas y la
consecuente ampliación de regadíos ha supuesto un aumento de más
de 20.000 hectáreas sobre las inicialmente previstas, considerándose
al menos ese número en situación de ilegalidad”.
Una aseveración
rápidamente contestada por el consejero de Agricultura, Francisco
Jodar, que no sabe de dónde saca esa cifra el fiscal. Dice que “es
imposible que haya tal número de hectáreas de regadío ilegal”. Y
es “imposible” porque Jodar
conoce
el truco
del almendruco
y sabe que a cuenta de los sucesivos planes de cuenca del Segura se
han venido amnistiando con carácter retroactivo prácticamente todos
los regadíos ilegales, aunque la ley no permite la creación de
nuevos regadíos o ampliación de los ya existentes, ni siquiera a
cuenta del agua desalada. La versión oficial que ofrece la CHS es
que “no ha habido amnistía, sólo una normativa que permite la
posibilidad de regularizar regadíos no inscritos creados antes del
plan de cuenca 2009-2015. Y antes del año 1998, dependiendo de si son
regados con aguas desaladas o con recursos propios”. “Regadíos
no inscritos”, curioso eufemismo para regadío ilegal.
Supuestamente,
el regadío neto en la cuenca del Segura debería haberse mantenido
prácticamente inalterable, pero no ha dejado de aumentar a cuenta de
las denominadas UDAS o Unidades de Demanda Agraria que delimitan las
zonas brutas regables de la cuenca del Segura creadas en 1998. Así
es cómo el organismo de cuenca justifica que donde ayer había
olivar, hoy haya naranjos o alcachofas y, por tanto, no se
pueda hablar de regadío ilegal. “Basta con esté dentro del
perímetro de la UDA y que no suponga aumento de la demanda de agua”
dicen desde el organismo de cuenca. Por eso afirman desde confederación y desde la Consejería de Agricultura que no hay
regadíos ilegales, aunque realmente no han dejado de aumentar como
asevera el fiscal en su denuncia. Todo regadío sin concesión de agua es
ilegal esté dentro o fuera de una UDA y perjudica gravemente al que
sí riega y produce legalmente, sobre todo, a los pequeños
agricultores.
Por otra parte, cómo nos vamos a creer que no aumenta
la superficie en producción si el propio Ministerio de Agricultura
reconoce que las necesidades de agua para riego han crecido en 105
hectómetros en los últimos años. Por otra parte, las UDAS, como el
camarote de los hermanos Marx, han ido engullendo la mayoría de
roturaciones ilegales que se han producido de tal forma que muchos
regadíos
de hecho se
han transformado en regadíos
de derecho,
aunque no dispongan de concesión de agua. Ha bastado con que se encuentran en una
zona delimitada como regable en el mapa. Solo han tenido que comprar el agua
porque siempre ha habido gente dispuesta a venderla en la cuenca del Segura y tuberías
enterradas para transportarla. Es esclarecedor comprobar cómo han
ido cambiando los perímetros de las UDAS a cada vuelo de avioneta ordenado por el organismo de cuenca y
todo el terreno dentro de ellas que se ha transformado en regadío en los últimos años.
Y
luego está la cota 120 del campo de Cartagena que según admiten los
lugareños “ha sido el coladero de muchos regadíos”; y admito
que se ha convertido en una especie de sudoku porque cuánto más
pregunto por ella, menos entiendo ya que las respuestas que recibo
son contradictorias.
La CHS dice que la cota 120 “se creó antes de
la llegada de las aguas del trasvase y posteriormente se incluyó en
la zona regable del acueducto mediante resolución del organismo del
cuenca”. Sin embargo, desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena
aseguran que la cota 120 “no riega del trasvase sino de recursos de
la cuenca y la reutilización porque no tiene concesión de agua del
trasvase”. Eso dicen, pero los lugareños con parcela en esa cota dicen que
riegan con agua del acueducto del Tajo.
La cota 120 es una franja
gigantesca de regadío (más de 11.000 hectáreas) junto al Mar Menor
que seguro resulta muy interesante al fiscal jefe Díaz
Manzanera
porque se creó mediante una resolución de agosto de 1986 (varios
años después del trasvase) firmada por el entonces presiente de la
CHS, Emilio
Pérez Pérez
por la que autorizaba “en precario y de manera provisional” a la
comunidad de regantes de Cartagena a plantar hortalizas (nunca
árboles frutales) en esa franja de terreno.
Una gran extensión de
terreno donde se plantan árboles frutales desde 2004 gracias a otra
resolución del entonces presidente de confederación, Fuentes
Zorita
que levantó la prohibición de plantar cultivos permanentes aunque
estos generen inmediatamente derechos de agua y tienen prioridad en
caso de sequía. Esa autorización en precario que ampliaba la zona
regable del trasvase del campo de Cartagena no se publicó en ningún
Boletín Oficial del Estado. No consta orden ministerial. Bastó una
autorización firmada por un presidente de confederación. Tampoco
aparece la cota 120 en el mapa de regadíos del trasvase que el
Sindicato Central de Regantes tiene colgado en su página web. Esa
resolución de agosto de 1986, en su punto cuarto, dice textualmente
“dado su carácter de provisional y en precario, la presente
autorización podrá ser revocada y dejada sin efecto por esta
Confederación Hidrográfica cuando estime que existen causas para
ello”. Una duda: ¿La falta de agua y la contaminación del Mar
Menor no son razones suficientes?
Las
asociaciones ecologistas no dejan de denunciar roturaciones ilegales
de secano en regadío que la consejería de Agricultura
reiteradamente minimiza. Las últimas denuncias registradas este año
2017, advierten de grandes roturaciones en La Murta, Marina de Cope y
Sucina y algunas de ellas afectan a zona ZEPA, motivo por el que una
de ellas ha sido puesta en manos del fiscal por parte del
Ayuntamiento de Murcia. Entre todas suman alrededor de 400 hectáreas
de secano roturadas para plantar y regar cítricos y hortalizas con
la tranquilidad de quien sabe que, como mucho, pagará una multa y,
posiblemente, podrá alegar que está dentro del perímetro de una
UDA. En los últimos cinco años, la CHS ha abierto un millar de
expedientes por regadío ilegal, más de la mitad en el campo de
Cartagena ¿En cuántos ha impuesto sanciones realmente coercitivas?
¿Cuántos han acabado en manos del fiscal por usurpación de
caudales públicos? ¿Cuántos de esos expedientados han sido
obligados a devolver el terreno a su estado original?
Los
agricultores esperan como agua de mayo la apertura de 200 pozos de
sequía en el campo de Cartagena. Les adelanto que el ministerio no
está por la labor porque no hay donde verter la salmuera y los
nitratos y menos ahora que la fiscalía está exigiendo medidas
cautelares. Por eso las declaraciones de impacto ambiental de esos
pozos están en manos del ministerio desde hace cuatro o cinco meses
pendientes de la autorización definitiva. No es que el presidente de
la CHS, Miguel
Ángel Ródenas,
tenga manía a los agricultores y quiera fastidiarles la vida.
La
decisión compete al Ministerio cuya Secretaria de Estado de Medio
Ambiente,
María García,
en la última reunión del Consejo Nacional del Agua, recibió a
Ródenas
con
un afectuoso abrazo del que debieron tomar buena nota los
representantes de los regantes que horas antes habían exigido su
cese con una manifestación por las calles de Murcia en defensa del
agua que prometió Rajoy.
Una manifestación que, como muchas otras, no va a servir para nada
porque como ha dicho el presidente del SCRATS,
Lucas Jiménez
“lo único que hoy en España se puede consensuar en materia
hídrica es que el agua es H2O”.
ANOTACIÓN: La CHS, en respuesta al artículo, niega que el organismo de cuenca haya amnistaido los regadíos ilegales y dice que "los regadíos creados antes de 2009 están en trámite de regularización porque así lo permite el plan de cuenca, lo que no quiere decir que finalmente sean regularizados". Sobre la cota 120 en el campo de Cartagena, también dice que "es perfectamente legal" y que "se creo así en un momento en el que había agua de sobra".