Hola Mundo.
El
primer paso para cualquier propósito de Año Nuevo se llama
voluntad, que es precisamente de lo que ha carecido y carece el
Partido Popular de Rajoy
para atajar, por ejemplo, la corrupción; una lacra de la que “se
esconde” o “esconde” según dice el presidente de Ciudadanos,
Albert
Rivera,
que a cuenta de presuntos corruptos murcianos y del lío catalán
está sacando un importante rédito electoral que ya reflejan
encuestas de periódicos nacionales e incluso los sondeos regionales
de intención de voto; sepultados bajo siete llaves porque, por
ejemplo, dan al partido Ciudadanos entre 6 y 8 escaños en la
Asamblea Regional a costa fundamentalmente de los populares que
bajarían bastante. Hay diputados naranjas que ya se ven dentro del
coche oficial y eso que hace poco más de dos años daban tumbos en
el troncomóvil buscando acomodo en el partido que parecía con más
posibilidades de pillar sillón y sueldo público.
Rivera
exige
la cabeza política de Barreiro
y
amenaza con congelar todos los acuerdos con Rajoy
si la senadora no dimite. Muestra de coherencia ante sus potenciales
votantes y de simple oportunidad política a año y medio de las
elecciones autonómicas y europeas, tras haber forzado de manera muy
rentable la dimisión del presidente autonómico Pedro
Antonio Sánchez.
Mientras PAS espera la llamada de los jueces se entretiene con una
empresa llamada 'Nosce te ipsum 2017 Sociedad Limitada', con sede en
Puerto Lumbreras, que tiene como objeto social la consultoría y
asesoramiento de empresas y personas físicas "en su más amplia
acepción". Quien no ha dejado de asesorar a insignes personas
físicas desde que fue forzado a dimitir, que al menos contribuya a
la lista de nuevas empresas creadas en la región de Murcia en 2017,
de las que luego hará tantos balances como semanas tiene el año el
consejero de Empresa Juan
Hernández,
a quien los periodistas ya han bautizado cariñosamente “el
cansino”, aunque parece más bien “pitufo optimista” repasando
y valorando datos de empleo y economía. Repasas sus declaraciones un
día de bajón y te dan ganas de salir a la Gran Vía de Murcia a
cantar y bailar La
La Land,
hasta que te topas con algún barómetro o informe de la Unión
Europea, Funcas o de la Autoridad Fiscal Independiente y te chafan la
fiesta.
El
Supremo investiga a Barreiro
por nada menos que cinco delitos: fraude, malversación de caudales
públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de
información reservada de los que será interrogada el próximo lunes
en el marco del caso Púnica. Supuestamente contrató y pagó con
dinero público a uno de los cabecillas de la trama, Alejandro
de Pedro,
para que mejorara su imagen personal y su reputación en redes
sociales. La gravedad de los delitos que se le imputan es
incuestionable tras una larga y sesuda investigación por parte de un
juez de la Audiencia Nacional y, pese a ello, el presidente López
Miras
no considera que Barreiro
deba
dimitir. “No ha cambiado nada, nosotros respetamos la presunción
de inocencia” dijo el pasado mes de octubre tras presidir su primer
comité ejecutivo del PP de la región de Murcia perdiendo con ello
una oportunidad única de marcar distancias con la corrupción y con
su mentor político. Lo único que ha conseguido es dar alas a
Ciudadanos y, de paso, ceder esa bandera a Alberto
Garre
cuyo partido político se presenta como de centro, reformista,
regeneracionista y social intentando abarcarlo todo. López
Miras
ha intentado arreglarlo esta semana advirtiendo muy seriamente de que
echará "a patadas" a cualquier miembro de su equipo "si
hay la más mínima sospecha" de corrupción, solo que lo
fastidió al añadir al final de su alocución que para ser prudente,
justo y equitativo “prefiere que esa decisión la tome un juez”.
Luego, quien echaría a patadas al corrupto no es él, sino la
justicia. A vueltas nuevamente con la dichosa línea roja y volviendo
a confundir responsabilidad política con responsabilidad judicial.
Me
atrevería a aventurar que a Barreiro
le quedan dos telediarios, pero no porque el PP de Rajoy
haya decidido ser expeditivo contra la corrupción, como evidencia
que Andrés
Ayala
sea el responsable de la oficina anticorrupción del PP, sino para
evitar el debate en el Pleno del Senado del suplicatorio, en el caso
de que el Supremo decida procesarla que es lo que la cartagenera ha
evitado solicitando ir a declarar voluntariamente ante este tribunal.
Lo malo es que se le acumula la faena porque la juez de Lugo que
instruye el caso Pokémon también quiere hablar con ella por su
viajes a Nueva York regalados por la empresa Hidrogea, antes
Aquagest. Si no sale limpia de polvo y paja el próximo lunes, intuyo
que acabará renunciando al acta de senadora por indicación de
Génova o, de manera pactada, irá al grupo mixto como como sucedió
con Rita
Barberá,
solo que ya será tarde y Albert
Rivera
podrá grabarse otra muesca en su cinturón, en un momento en el que
el partido naranja está en la cresta de la ola demoscopia. Rivera
cae
simpático, es guapetón, no se le cae la palabra España de la boca
y no asusta a los pensionistas y jubilados que son los que
mayoritariamente votan al PP.
Sí,
la todopoderosa alcaldesa de Cartagena durante 20 años, declarará
el próximo lunes ante el Tribunal Supremo por el caso Púnica, el
mismo caso que dio la puntilla a Pedro
Antonio Sánchez,
aunque no a su asesor David
Conesa
que también está procesado por ese caso y sigue dando órdenes en
San Esteban. Debe ser que no suscita la más mínima duda al
presidente autonómico que lo mantiene. Y dado que tiene visos de
permanecer adjunto a Presidencia, aconsejo encarecidamente al señor
Conesa
que
haga un curso de protocolo para dummies, aunque sea en la UCAM donde
aprueba seguro. Primera lección: la primera autoridad en la región
es el presidente de la Comunidad Autónoma como representante del
Jefe del Estado por lo que, cuando vuelva un ministro a misa en
Caravaca buscando el perdón de los pecados o a cualquier acto
oficial en la región, es Fernando
López Miras
y no el ministro de turno quien debe ocupar el lugar que el
protocolo reserva a la primera autoridad política, a no ser que el
ministro venga representando al presidente del Gobierno o a su
Majestad el Rey.
Si
el protocolo es la estética del poder, López
Miras
no está contribuyendo a construir esa estética de la que tan
necesitado está con un Francisco
Bernabé que
no pierde ripio ni foto oficial y cuya agenda como Delegado del
Gobierno es propia de un candidato a la presidencia de la comunidad
porque nos anunció hasta de su asistencia a la Cabalgata de Reyes
como si eso fuese relevante. Non son pocos los que aseguran que
Bernabé
es,
en realidad, el plan B de Génova en el caso de que las encuestas
vaticinen un descalabro electoral en la región de Murcia para el PP.
Insisto en que López
Miras,
que da por hecho que este año será confirmado como candidato del PP
a la presidencia autonómica, ya debería haber pasado por un
congreso político cuya patina necesita para despejar dudas. Mientras
eso no suceda, seguirá siendo el fruto de la decisión unipersonal
de un hombre que lleva camino de batir el récord de imputaciones
judiciales porque está afectado por tres casos: Auditorio, Púnica y
Pasarelas.
Por este último está citado a declarar el próximo 2 de febrero en
un juzgado de Lorca.
El
año 2018 promete, y no solo porque haya arrancado políticamente en
la región con grades esquelas mortuorias en prensa anunciado el
deceso del impuesto de sucesiones que la oposición quiere saber
quién ha pagado. Unas esquelas tan impactantes como de mal gusto
porque las esquelas nunca anuncian nada bueno. En 2007, el PSOE de
Cartagena invitó
con esquelas a enterrar “la política llevada a cabo por el PP de
Pilar
Barreiro”
y los enterrados acabaron siendo los socialistas del entonces
candidato Ignacio
Segado.
Por cierto, los socialistas que prometían mucho con Diego
Conesa
como nuevo secretario general, no terminan de arrancar en la región
de Murcia y el tiempo se agota. A veces dan ganas de llamar y
preguntar ¿Hay alguien ahí?
Se
trata de un año preelectoral en el que, lamentablemente, PP y
grandes productores agrícolas quieren rebajar las medidas de
protección de un Mar Menor que sigue verde y no admite rebajas de
ningún tipo. Un año para el que, como en el
cuento de la lechera,
se anuncian turistas a miles
gracias al aeropuerto de Corvera y el AVE; un tren que aún no está
ni en pruebas pero se venderá en FITUR como reclamo turístico para
congresistas, dando con ello nuevos argumentos a los vecinos para
desconfiar porque ven que la cuchara bivalva no avanza excavando el
soterramiento al ritmo prometido. La oposición ha calificado de
“disparate” que vendan un tren que aún no existe. Evidentemente
han olvidado que el gobierno regional de Valcárcel
dedicó
toda una edición de FITUR al parque Paramount del que solo hay una
primera piedra enterrada en medio de un secarral de Alhama. Y si se
pudo vender el cuento Paramount en FITUR, cómo no se va poder
anunciar una rebaja del IRPF autonómico en 2018 sin concretar en qué
cuantía, a qué rentas, ni con qué apoyos políticos, pese a que
Murcia lleva camino de ser la única comunidad española que incumpla
el objetivo de déficit en 2017. Y eso que no es la única región de
España maltratada por el modelo de financiación autonómica. Una
rebaja del IRPF “para salvar a las clases medias” anuncia el
gobierno regional a año y medio de elecciones que, por supuesto,
cuenta con la bendición de la patronal CROEM que luego alertará en
su boletín de coyuntura de la desbocada deuda regional, del déficit
autonómico y exigirá contención del gasto en sanidad y educación.
Una rebaja de impuestos que según expertos en economía aplicada,
apenas notarían los bolsillos de los murcianos, pero mermaría mucho
la recaudación de ingresos que es lo que necesitan las arcas
regionales. A ver qué dice Montoro
de la inoportuna, sorprendente y electoralista propuesta impositiva
cuando desde Murcia llamen a su puerta pidiendo más dinero para
servicios básicos.