“La
Ley de Aceleración sigue vulnerando el nivel mínimo de protección
ambiental”. “La norma invade competencias estatales y
municipales, y genera inseguridad jurídica”. “La Ley de
Aceleración Empresarial incluiría una pseudo amnistía
urbanística". “Las letradas de la Asamblea consideran la Ley
de Aceleración un traje a medida para regularizar actividades y
construcciones ilegales”. Son titulares de prensa que obedecen a
consideraciones y observaciones recogidas en duros y valientes
informes elaborados por los Servicios Jurídicos a la Ley de
Aceleración Empresarial que PP y Ciudadanos han pactado en solitario
con CROEM que, en este caso, es quien mece la cuna. Y la mece con
brío porque tienen al "bisoño" de Miguel
Sánchez (Ciudadanos)
totalmente entregado a la causa de convertir en legal lo ilegal.
Se
trata de graves advertencias que no subsanaron las enmiendas
parciales aprobadas por PP y Ciudadanos en la Comisión de
Economía. Es más, remataron la faena con una enmienda sorpresa de
adición, que no estaba en el texto original de la proposición de
ley, para que las normas transitorias no sean consideradas
instrumentos de planeamiento a efectos urbanísticos y ambientales y,
por tanto, los proyectos afectados por normas transitorias
eludan la evaluación estratégica ambiental. Es decir, que las
Normas Transitorias puedan decidir los usos del suelo sin la correspondiente evaluación de impacto ambiental como si en el valle de Escombreras, por ejemplo, solo fuesen a instalarse quioscos de chuches.
Un "disparate" que los Servicios Jurídicos de la Asamblea
Regional se han apresurado a tildar de “ilegal”. De
nada ha servido que las letradas de la Asamblea Regional adviertan de
que el Tribunal Constitucional “solo permite excluir de evaluación
de impacto ambiental estratégica los planes y programas que tengan
como único objeto la defensa nacional o la protección civil en
casos de emergencia”. Pero todo encaja. Ya lo avisó en Onda Cero
el propio presidente López Miras: “..por desgracia debemos
seguir una serie de normativas medioambientales....”
Los
populares han utilizado a Cartagena como parapeto para introducir en
la Ley de Aceleración las normas transitorias, aunque ese asunto iba
por otro camino. De hecho, a finales de agosto, la Consejería de
Fomento encargó al Consejo Jurídico que elaborara un dictamen sobre
el desbloqueo de las normas transitorias en Cartagena que,
sorprendentemente, éste órgano ha paralizado con el argumento de que "se
habría quedado obsoleto el dictamen" al conocer que la Ley de Aceleración iba a incluir una enmienda relativa a normas transitorias. En el PSOE sospechan que
desde San Esteban han ordenado al presidente del Consejo Jurídico,
Antonio Gómez Fayren que paralice el dictamen porque
“posiblemente es negativo y coincide con los postulados de las
letradas de la Asamblea Regional” dicen en el PSOE.
¿Saben
cuál fue la primera cuestión sobre la que solicitó el Consejero de
Fomento, Patricio Valverde que se pronunciara el Consejo Jurídico?
Pues consultó sobre "la necesidad o no de evaluación de impacto
ambiental estratégica de las Nomas Transitorias. Y sin que,
supuestamente, el Consejo Jurídico haya terminado su dictamen e
informado al respecto al consejero, el PP introdujo en la Ley de Aceleración
una enmienda de adición que dice que las Normas Transitorias no son
instrumentos de planeamiento urbanístico y, por tanto, no requieren
de evaluación de impacto ambiental.
Los
populares quieren que Noelia Arroyo gane la alcaldía de
Cartagena en 2019 y no han dudado en utilizar la ley de aceleración
con fines electorales. "O votas a favor de la ley
o estarás frenando el desarrollo urbanístico y económico de
Cartagena" ha venido a decir el portavoz del grupo popular,
Víctor Martínez al PSOE que lo interpreta como "un
chantaje en toda regla que no vamos a aceptar". Y no lo aceptan
los socialistas porque dicen "esa enmienda es ilegal y la
tumbará el Tribunal Constitucional" y "porque no solo
afecta a Cartagena sino a cualquier municipio que opte por Normas Transitorias mientras elabora su Plan General". La alcaldesa Castejón ha exigido al
gobierno regional que desbloquee inmediatamente la situación del
planeamiento urbanístico de Cartagena. Al fin y al cabo, el
municipio costero está bloqueado y no dispone de Plan General de
Ordenación Urbana por la chapuza que realizó el equipo de gobierno
de Pilar Barreiro y refrendó el gobierno de Valcárcel.
Tan mal lo hicieron que el TSJ no tuvo más remedio que anular el
plan general tras un pleito del promotor Tomás Olivo.
Desde
Podemos aseguran que las presiones empresariales "están siendo
brutales" con la Ley de Aceleración. Durante el pleno que
debatió las enmiendas a la totalidad, Urralburu mencionó en
su intervención a la UCAM, Portmán Golf y a la empresa Arimesa del
ex presidente de la Cámara de Comercio, Pedro García Balibrea
"pero hay muchas más" añade el diputado de Podemos
que no entiende qué gana Miguel Sánchez de Ciudadanos con
ese apoyo incondicional al PP en una ley tan compleja y que tantas
dudas jurídicas plantea.
El
portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez repite sin cesar que
“hay que sacar a 20.000 empresas del limbo legal en el que se
encuentran y dar seguridad a 50.000 trabajadores”. De ese bucle no
sale, aunque es consciente de que dentro de Ciudadanos se han
producido destacadas deserciones y tiene compañeros que ni comparten, ni
entienden ese apoyo desmedido a una ley tan cuestionada por los Servicios
Jurídicos de la Cámara y a solo siete meses para las elecciones
autonómicas, donde Ciudadanos no tiene nada que ganar y sí mucho
que perder. Si se aprueba la ley, los empresarios que acudirán
mañana jueves a llenar el patio de butacas del Parlamento (hay
llamadas a tal efecto) lo celebrarán con el PP y no con la formación
naranja. Miguel Sánchez se sentirá tan solo como se siente
ahora aunque le hayan prometido la vicepresidencia del gobierno
regional, aunque dicen que él ha llegado a soñar con la
presidencia con algunas encuestas electorales.
Los diputados de PSOE y PODEMOS han agotado los calificativos
(aberrante, disparate, tropelía...) para describir la Ley de
Aceleración Empresarial que mañana jueves aprobarán PP y Cs y
que modifica que 16 leyes e inventa una figura jurídica
no prevista en la normativa bajo la denominación de "licencia
de actividad para usos provisionales" que solo persigue
regularizar actividades ilegales. Por eso han pedido ambas
formaciones que el voto sea nominal. Quieren que se retraten con
nombres y apellidos los responsables de que salga adelante una ley
que van a recurrir ante el Tribunal Constitucional, para que cuando fallen los jueces todos sepan
señalar a los responsables.