"Yo creo sinceramente que no os merecéis que las noticias de Murcia que más llegan a toda España sean las noticias de corrupción del PP. No os lo merecéis. Yo quiero enterarme de las noticias de Murcia por el talento de esta tierra, por las empresas de esta tierra, por la cultura, por el turismo, por la agricultura. Por todo eso tiene que ser noticia Murcia y va a empezar a ser así por el cambio que se tiene que producir. Porque 24 años son muchos. 24 años es tener un proyecto agotado ¿Os imagináis ahora 28 años gobernando los mismos y haciendo lo mismo?". Son palabras textuales de Inés Arrimadas delante de la catedral de Murcia ante más de mil personas. Fin de la cita.
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| AUDIO INÉS ARRIMADAS |
En una sociedad de políticos decentes y sinceros, la arenga de Arrimadas en Murcia debería bastar para que Cs hiciera presidente de la región de Murcia al ganador de las elecciones autonómicas, Diego Conesa. No solo por la sana regeneración democrática que supone la alternancia tras 24 años de gobierno popular, sino porque la región de Murcia no juega a los cromos y no soporta más engaños. Como dice el periodista Ignacio Varela, "primero están los fundamentos de la convivencia democrática. A continuación las posiciones ideológicas. En tercer lugar, los intereses partidarios. Y después, las ambiciones personales".
Lo único que debería primar en el vergonzoso cortejo político que acaba de empezar es la defensa del interés general de la región de Murcia sin componendas políticas de ningún tipo. Pero todo apunta que lo que prima son las ambiciones personales y los intereses económicos de importantes grupos empresariales. La magnitud de lo que está en juego en la región de Murcia es directamente proporcional a la presión que el denominado "gobierno en la sombra" está ejerciendo sobre el partido Ciudadanos para que siga gobernando el PP de Pedro Antonio Sánchez ya sea a través de Fernando López Miras, Javier Celdrán, Joaquín Segado o Miguel Ángel Miralles. Todos son hombres de absoluta confianza de PAS. Por eso se habla incluso de posibles tránsfugas dispuestos a venderse por un buen zurrón.
Ciudadanos debe decidir entre un pacto por regeneración o un pacto por la continuidad de un proyecto "agotado" según la propia Arrimadas. Como dice el chileno Daniel Kaufmann, un referente mundial sobre el buen gobierno y la lucha contra la corrupción, "la calidad de una democracia baja cuando un partido está en el poder más de diez años". Cs debe sopesar seriamente si puede permitirse un nuevo jirón a su maltrecha bandera de la renovación convirtiéndose en socio de gobierno del partido al que relacionan con el caso Auditorio, caso Guardería, caso La Sal (desaladora de Escombreras), caso "Caravaca Jubilar", caso Topillo (Mar Menor), caso Zerrichera, caso Novo Carthago, caso Fraude obras AVE a Murcia, caso Umbra, caso Camelot, caso Tótem, caso Valley, caso Biblioteca o caso Mar Menor Golf Resort por citar solamente lo más destacados. Por no hablar de las redes clientelares de las que solo hemos visto la puntita con el ex concejal del PP, Roque Ortiz y con el ex presidente del PP de el Raal, Ramón Andrés Abellán, quien, según la cadena SER, es un EX con mando en plaza. En la región de Murcia, como en Andalucía, pesan los años y las malas artes que derivan de la avaricia y de la prepotencia de creerse invencibles e inmortales políticamente.
Las redes clientelares apestaban en Andalucía y apestan en la región de Murcia. La detención e imputación del jefe del Servicio Jurídico-Administrativo de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Luis Pérez Almansa por un presunto delito de cohecho promete sobresaltos políticos si se ve acorralado y decide tirar de la manta. Varios empresarios acusaron al alto funcionario de agilizar o desbloquear la tramitación de expedientes urbanísticos a cambio de dinero. Hay que ser muy ingenuo para creer que Almansa era un lobo solitario descarriado. Tenía jefes políticos que refrendaban sus informes y autorizaciones excepcionales por las que presuntamente cobraba. Es más, Luis Pérez Almansa es el autor material de la orden de 13 de diciembre de 2017 que firmó el entonces consejero de Fomento, Pedro Rivera y que establecía la instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público que luego inspiró un artículo de la polémica Ley de Aceleración Empresarial redactada en las oficinas de CROEM. No se trataba, por tanto, de un funcionario cualquiera como se ha querido trasladar desde San Esteban. Un dato importante: desde 2015 se han disparado en la región de Murcia las solicitudes de autorización excepcional por interés público. Según el BORM, 142 solicitudes. Inexplicablemente, la Ley del Suelo de la región de Murcia se aprobó en 2001 y sigue sin reglamento que la desarrolle.
Y luego está el macroconcurso de las ambulancias cuya adjudicación se coló en campaña. La entrega del transporte sanitario por 304 millones de euros a la UTE de empresas formada por Ambulancias Sánchez, Atlántico y Ambulancias Mar Menor en detrimento de las empresas que hasta ahora han gestionado el servicio en la región de Murcia, también ha levantado sospechas. Se trata de una UTE "sin ningún tipo de experiencia, ni infraestructura ni solvencia técnica" según denuncia la empresa Ambulorca que ha impugnado el concurso porque sospecha que se han pasado con el guiso del pliego de condiciones.
Un rastreo profundo por el Registro Mercantil vincula la adjudicación de este concurso de 304 millones de euros con la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SA y con el grupo La Generala (desde 2018 se llama Betula Servicios Integrales) a través de una persona en común, Miguel Quijada. Tanto Orthem como La Generala son importantes adjudicatarios de contratos públicos de la administración regional y de diferentes administraciones locales como el Ayuntamiento de Murcia. El gerente y administrador único de la Generala, Manuel Martínez Ortuño, es socio en la empresa Palmira Hinojar S, de promoción inmobiliaria, de uno de los principales acusados en el caso Umbra de corrupción, Ramón Salvador Agueda. Sí, el promotor del la foto en el yate con Berberena que decidió tirar de la manta y arrepentido confesó al juez que le pidieron 3 millones para pagar a diferentes personas a cambio de rehabilitar el casino de Murcia.
De momento, el SMS ha decidido suspender el macroconcurso de las ambulancias tras advertir la Intervención Delegada de "defectos" en la redacción del pliego de las cláusulas de licitación" que "posiblemente revisten la consideración de infracción no subsanable de las normas reguladoras de la preparación del contrato". Y eso, tratándose de un concurso de 304 millones de euros, es grave y requiere examinar con lupa el proceso de redacción del pliego, la convocatoria y la adjudicación del millonario contrato.
Ciudadanos se ha metido en un laberinto del que no sabe cómo salir. Ha puesto tantos cordones sanitarios que corre el riesgo de ahogarse con ellos. Si la formación naranja opta por apoyar al PP de López Miras con la absurda excusa del separatismo catalán, el 155 o cualquier otra estupidez, habrá cruzado de manera definitiva al lado oscuro y deberá asumir el coste político de aliarse con la ultraderecha. Y deberá prepararse para ayudar a su socio de gobierno a sobrellevar las causas judiciales de corrupción en curso y las que están por venir.
Pero lo peor de todo es que será otra legislatura perdida para esta tierra tras cuatro años Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras. Serán cuatro años de retroceso porque VOX, que también actúa al dictado de potentes intereses económicos, viene con las tijeras de podar leyes como la Ley de Medidas Urgentes de la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor, la Ley de igualdad social del colectivo LGTBI, las unidades de igualdad en las consejerías que el Parlamento aprobó por unanimidad a propuesta de Podemos, por no hablar del Estatuto de Autonomía que quemarían en la plaza pública si no fuese porque ya está en el buzón del Congreso. Además, se necesitan tres quintos de los votos en la Asamblea Regional para solicitar la paralización parlamentaria en la Cámara Baja. Víctor Martínez, Miguel Sánchez, Oscar Urralburu y Joaquín López dejaron blindado el nuevo Estatuto de Autonomía ante lo que se avecinaba.
VOX quiere pisar moqueta y ya calculan que podrían pedir una consejería dado que solo tienen cuatro diputados. También quieren formar parte de la Mesa de la Asamblea Regional cuya constitución está prevista para el próximo 11 de junio, el primer gran envite de la X legislatura. Santiago Abascal se ha dado cuenta de que le han tomado el pelo en Andalucía y no está dispuesto a regalar los más de 60.000 votos que ha cosechado en la región de Murcia. Es más, dicen en privado que están dispuestos a hacer presidente a Diego Conesa si PP y Cs no les incluyen en el pacto de gobierno. Y aunque vociferan mucho, harán lo que finalmente ordene nuestro huertano club Bilderberg. Si mandatan frenar para no molestar a Cs y así facilitar que continúe el PP, así se hará.
VOX, dentro o fuera de un gobierno de PP y Cs, decidirá qué proyecto de ley, decreto o iniciativa del Ejecuivo se aprueba en la Asamblea Regional. Si les gusta, pueden votar a favor o abstenerse para que salga por mayoría simple. Si les desagrada, solo tendrán que votar en contra junto a PSOE y Podemos. VOX tendrá la última palabra sobre sanidad, educación, igualdad, medio ambiente, violencia de género o dependencia a través de la ley más importante que cada año se aprueba en el Parlamento, la ley de presupuestos. También condicionará la fundamental labor de oposición. Isabel Franco y López Miras viajarán en coche oficial y lucirán palmito en actos oficiales, pero serán rehenes de la ultraderecha si prospera el pacto por la continuidad contra el que han firmado más de 40 personalidades y representantes de plataformas y asociaciones de la región de Murcia. El manifiesto
Ciudadanos, un partido sin un jefe claro en la región de Murcia, no está para tirar cohetes. 16 escaños les llegó a dar el CEMOP en los buenos tiempos y solo ha logrado seis y ha sido gracias a la reforma de la ley electoral, porque ha perdido 2.390 votos respecto a las autonómicas de 2015 y 71.847 votos respecto a las elecciones generales de hace solamente un mes. Muchos de sus votantes han iniciado el camino de regreso a casa gaviota. Una candidata floja y absolutamente desconocida y la política de tierra quemada que ha realizado Francisco Álvarez al frente del partido imponiendo candidaturas municipales con total desprecio a las bases, se ha traducido en una sangría de votos y de concejales. Peor, imposible; pero Álvarez ya tiene escaño y sueldo con el que pagar sus recibos de IBI.
Lo único que debería primar en el vergonzoso cortejo político que acaba de empezar es la defensa del interés general de la región de Murcia sin componendas políticas de ningún tipo. Pero todo apunta que lo que prima son las ambiciones personales y los intereses económicos de importantes grupos empresariales. La magnitud de lo que está en juego en la región de Murcia es directamente proporcional a la presión que el denominado "gobierno en la sombra" está ejerciendo sobre el partido Ciudadanos para que siga gobernando el PP de Pedro Antonio Sánchez ya sea a través de Fernando López Miras, Javier Celdrán, Joaquín Segado o Miguel Ángel Miralles. Todos son hombres de absoluta confianza de PAS. Por eso se habla incluso de posibles tránsfugas dispuestos a venderse por un buen zurrón.
Ciudadanos debe decidir entre un pacto por regeneración o un pacto por la continuidad de un proyecto "agotado" según la propia Arrimadas. Como dice el chileno Daniel Kaufmann, un referente mundial sobre el buen gobierno y la lucha contra la corrupción, "la calidad de una democracia baja cuando un partido está en el poder más de diez años". Cs debe sopesar seriamente si puede permitirse un nuevo jirón a su maltrecha bandera de la renovación convirtiéndose en socio de gobierno del partido al que relacionan con el caso Auditorio, caso Guardería, caso La Sal (desaladora de Escombreras), caso "Caravaca Jubilar", caso Topillo (Mar Menor), caso Zerrichera, caso Novo Carthago, caso Fraude obras AVE a Murcia, caso Umbra, caso Camelot, caso Tótem, caso Valley, caso Biblioteca o caso Mar Menor Golf Resort por citar solamente lo más destacados. Por no hablar de las redes clientelares de las que solo hemos visto la puntita con el ex concejal del PP, Roque Ortiz y con el ex presidente del PP de el Raal, Ramón Andrés Abellán, quien, según la cadena SER, es un EX con mando en plaza. En la región de Murcia, como en Andalucía, pesan los años y las malas artes que derivan de la avaricia y de la prepotencia de creerse invencibles e inmortales políticamente.
Las redes clientelares apestaban en Andalucía y apestan en la región de Murcia. La detención e imputación del jefe del Servicio Jurídico-Administrativo de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Luis Pérez Almansa por un presunto delito de cohecho promete sobresaltos políticos si se ve acorralado y decide tirar de la manta. Varios empresarios acusaron al alto funcionario de agilizar o desbloquear la tramitación de expedientes urbanísticos a cambio de dinero. Hay que ser muy ingenuo para creer que Almansa era un lobo solitario descarriado. Tenía jefes políticos que refrendaban sus informes y autorizaciones excepcionales por las que presuntamente cobraba. Es más, Luis Pérez Almansa es el autor material de la orden de 13 de diciembre de 2017 que firmó el entonces consejero de Fomento, Pedro Rivera y que establecía la instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público que luego inspiró un artículo de la polémica Ley de Aceleración Empresarial redactada en las oficinas de CROEM. No se trataba, por tanto, de un funcionario cualquiera como se ha querido trasladar desde San Esteban. Un dato importante: desde 2015 se han disparado en la región de Murcia las solicitudes de autorización excepcional por interés público. Según el BORM, 142 solicitudes. Inexplicablemente, la Ley del Suelo de la región de Murcia se aprobó en 2001 y sigue sin reglamento que la desarrolle.
Y luego está el macroconcurso de las ambulancias cuya adjudicación se coló en campaña. La entrega del transporte sanitario por 304 millones de euros a la UTE de empresas formada por Ambulancias Sánchez, Atlántico y Ambulancias Mar Menor en detrimento de las empresas que hasta ahora han gestionado el servicio en la región de Murcia, también ha levantado sospechas. Se trata de una UTE "sin ningún tipo de experiencia, ni infraestructura ni solvencia técnica" según denuncia la empresa Ambulorca que ha impugnado el concurso porque sospecha que se han pasado con el guiso del pliego de condiciones.
Un rastreo profundo por el Registro Mercantil vincula la adjudicación de este concurso de 304 millones de euros con la empresa Orthem Servicios y Actuaciones Ambientales SA y con el grupo La Generala (desde 2018 se llama Betula Servicios Integrales) a través de una persona en común, Miguel Quijada. Tanto Orthem como La Generala son importantes adjudicatarios de contratos públicos de la administración regional y de diferentes administraciones locales como el Ayuntamiento de Murcia. El gerente y administrador único de la Generala, Manuel Martínez Ortuño, es socio en la empresa Palmira Hinojar S, de promoción inmobiliaria, de uno de los principales acusados en el caso Umbra de corrupción, Ramón Salvador Agueda. Sí, el promotor del la foto en el yate con Berberena que decidió tirar de la manta y arrepentido confesó al juez que le pidieron 3 millones para pagar a diferentes personas a cambio de rehabilitar el casino de Murcia.
De momento, el SMS ha decidido suspender el macroconcurso de las ambulancias tras advertir la Intervención Delegada de "defectos" en la redacción del pliego de las cláusulas de licitación" que "posiblemente revisten la consideración de infracción no subsanable de las normas reguladoras de la preparación del contrato". Y eso, tratándose de un concurso de 304 millones de euros, es grave y requiere examinar con lupa el proceso de redacción del pliego, la convocatoria y la adjudicación del millonario contrato.
Ciudadanos se ha metido en un laberinto del que no sabe cómo salir. Ha puesto tantos cordones sanitarios que corre el riesgo de ahogarse con ellos. Si la formación naranja opta por apoyar al PP de López Miras con la absurda excusa del separatismo catalán, el 155 o cualquier otra estupidez, habrá cruzado de manera definitiva al lado oscuro y deberá asumir el coste político de aliarse con la ultraderecha. Y deberá prepararse para ayudar a su socio de gobierno a sobrellevar las causas judiciales de corrupción en curso y las que están por venir.
Pero lo peor de todo es que será otra legislatura perdida para esta tierra tras cuatro años Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras. Serán cuatro años de retroceso porque VOX, que también actúa al dictado de potentes intereses económicos, viene con las tijeras de podar leyes como la Ley de Medidas Urgentes de la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor, la Ley de igualdad social del colectivo LGTBI, las unidades de igualdad en las consejerías que el Parlamento aprobó por unanimidad a propuesta de Podemos, por no hablar del Estatuto de Autonomía que quemarían en la plaza pública si no fuese porque ya está en el buzón del Congreso. Además, se necesitan tres quintos de los votos en la Asamblea Regional para solicitar la paralización parlamentaria en la Cámara Baja. Víctor Martínez, Miguel Sánchez, Oscar Urralburu y Joaquín López dejaron blindado el nuevo Estatuto de Autonomía ante lo que se avecinaba.
VOX quiere pisar moqueta y ya calculan que podrían pedir una consejería dado que solo tienen cuatro diputados. También quieren formar parte de la Mesa de la Asamblea Regional cuya constitución está prevista para el próximo 11 de junio, el primer gran envite de la X legislatura. Santiago Abascal se ha dado cuenta de que le han tomado el pelo en Andalucía y no está dispuesto a regalar los más de 60.000 votos que ha cosechado en la región de Murcia. Es más, dicen en privado que están dispuestos a hacer presidente a Diego Conesa si PP y Cs no les incluyen en el pacto de gobierno. Y aunque vociferan mucho, harán lo que finalmente ordene nuestro huertano club Bilderberg. Si mandatan frenar para no molestar a Cs y así facilitar que continúe el PP, así se hará.
VOX, dentro o fuera de un gobierno de PP y Cs, decidirá qué proyecto de ley, decreto o iniciativa del Ejecuivo se aprueba en la Asamblea Regional. Si les gusta, pueden votar a favor o abstenerse para que salga por mayoría simple. Si les desagrada, solo tendrán que votar en contra junto a PSOE y Podemos. VOX tendrá la última palabra sobre sanidad, educación, igualdad, medio ambiente, violencia de género o dependencia a través de la ley más importante que cada año se aprueba en el Parlamento, la ley de presupuestos. También condicionará la fundamental labor de oposición. Isabel Franco y López Miras viajarán en coche oficial y lucirán palmito en actos oficiales, pero serán rehenes de la ultraderecha si prospera el pacto por la continuidad contra el que han firmado más de 40 personalidades y representantes de plataformas y asociaciones de la región de Murcia. El manifiesto
Ciudadanos, un partido sin un jefe claro en la región de Murcia, no está para tirar cohetes. 16 escaños les llegó a dar el CEMOP en los buenos tiempos y solo ha logrado seis y ha sido gracias a la reforma de la ley electoral, porque ha perdido 2.390 votos respecto a las autonómicas de 2015 y 71.847 votos respecto a las elecciones generales de hace solamente un mes. Muchos de sus votantes han iniciado el camino de regreso a casa gaviota. Una candidata floja y absolutamente desconocida y la política de tierra quemada que ha realizado Francisco Álvarez al frente del partido imponiendo candidaturas municipales con total desprecio a las bases, se ha traducido en una sangría de votos y de concejales. Peor, imposible; pero Álvarez ya tiene escaño y sueldo con el que pagar sus recibos de IBI.
Políticamente, tanto a VOX como a Ciudadanos les interesa mandar al PP de la región de Murcia a la oposición para ocupar su espacio político mientras se matan entre ellos ahora que en Albacete se han agotado las navajas. El PP, que necesita de su travesía por el desierto, se juega mucho, pero Ciudadanos arriesga su propia existencia en la región Murcia. Un pacto de gobierno con el PP podría ser su tumba como le ocurrió al CDS o a IU. Los pactos con semejantes siempre favorecen al más grande.
Dentro del PP hay personas de muy alto nivel que, en privado, admiten que la región de Murcia no puede permitirse otros cuatro años con un presidente dedicado las 24 horas del día a hacer oposición al gobierno de España. También hay destacados empresarios que creen que lo que más conviene es el cambio político en la región. En los ministerios, donde López Miras se ha ganado la fama de desleal, le han apodado el "sin fuste" porque apenas habla y al terminar las reuniones se dedica a despotricar del gobierno. Es que no espera ni a cruzar La Roda para desatar su lengua y siempre con el mismo tole tole. "Pido el voto para defender a la región de Murcia". Así arrancó López Miras una pésima campaña electoral a las puertas del denostado aeropuerto de Corvera. Pero ¿defenderla de quién? ¿acaso estamos en guerra? ¿nos atacan? que diría Gila.
En cualquier mesa de negociación, los interlocutores deberían preguntarse qué coalición de gobierno garantiza mayor estabilidad política a la región de Murcia. Qué gobierno permitiría, de verdad, ventilar despachos, revisar facturas y la adjudicación de millonarios contratos públicos. Y, sobre todo, con qué presidente puede la maltratada región de Murcia arrancar más de Madrid: con Fernando López Miras y su rancio y caduco victimismo o con Diego Conesa que tiene hilo directo con el presidente del gobierno de España y sus ministros que, además, están dispuestos a mimarle vía BOE para que en 2023 la victoria electoral del PSOE sea más holgada en la región de Murcia. El paso de Conesa por la Delegación del Gobierno ha demostrando a muchos que tiene mano en Moncloa y eso, seamos pragmáticos, es lo que realmente importa en este momento.
Los números son los que son. El programa "gratis total" de los populares es inviable. Ellos mismos reconocen en privado que muchas de sus promesas electorales no se pueden cumplir porque no hay dinero. El déficit se ha situado en el 0,38% del PIB en el primer trimestre del año hasta alcanzar los 124 millones de euros cuando el límite está fijado en el 0,1%. Y no cuela culpar al sistema de financiación autonómica porque las magnitudes económicas del déficit están muy por encima de la infrafinanciación que sufrimos. En 2018, el déficit ascendió en la región de Murcia a 421 millones de euros según datos de contabilidad nacional del Ministerio de Hacienda y la infrafinanciación no llega a 250 millones de euros al año. La deuda regional a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 9.200 millones de euros. Cada año dedicamos 1.070 millones de euros del presupuesto regional solo a pagar intereses y a amortizar deuda. No se trata solamente de infrafinanciación, es que el gobierno regional ha gastado como si no hubiese un mañana.
En una región financieramente en la UCI y necesitada de aliados en Madrid que palíen su secular retraso, en una región donde Twitter ha marcado la agenda política del gobierno regional durante los últimos cuatro años, en una región tan necesitada de calidad democrática, Ciudadanos no debería dudar. La respuesta la dio Inés Arrimadas delante de la barroca catedral de Murcia ante más de mil personas: "Porque 24 años son muchos. 24 años es tener un proyecto agotado ¿Os imagináis ahora 28 años gobernando los mismos y haciendo lo mismo?" Pues eso. Si en Andalucía tenían que acabar con el régimen socialista, en Murcia les toca remover al régimen popular. Cuestión de coherencia, pero también de higiene y de salud democrática.
El déficit de la Región se sitúa en el 0,38% hasta abril y alcanza los 124 millones de euros
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