ESTE PRESTIGE LO FLETÓ EL PP

Hola Mundo.

Felón, incapaz, incompetente, mediocre, mentiroso. Cualquiera de esos epítetos que tan bien conoce el presidente nacional del PP, Pablo Casado podrían aplicarse al piloto de nuestro Prestige con solo consultar el Diario de Sesiones de la Asamblea Regional.  Una  lista a la que habría que añadir displicente, indiferente, desganado y abúlico, por no decir anóxico como le espetó el dirigente socialista, Diego Conesa. Porque esa es la imagen que proyectó el viernes durante el pleno monográfico sobre el Mar Menor repantingao en su escaño como si la historia no fuese con él. Al fin y al cabo ya ha conseguido su objetivo que no era otro que ser presidente gracias a la inestimable ayuda de Ciudadanos.

Mortandad de peces en el Mar Menor por falta de oxígeno. Octubre 2019.

Para qué iba a solicitar López Miras hacer uso de la palabra en el Parlamento tras una catástrofe ambiental de tal magnitud ¡Qué les den a los que se manifiestan y lloran de rabia e impotencia ante la muerte agónica de miles de peces y crustáceos! ¡Qué más da que cada día sigan entrando al Mar Menor 2.300 kilos de nitratos, el equivalente a 5 piscinas olímpicas! Culpamos al Estado con lo del bombeo en el Albujón y ya tenemos relato fast food. Nadie se va a enterar de que esos nitratos también proceden de escorrentías de las aguas de riego porque los agricultores siguen regando o que el acuífero acumula 300.000 toneladas de nitratos procedentes de los abonos del regadío y de la ganadería (medio millón de cabezas de ganado porcino) que lo han contaminando durante 40 años mientras nosotros mirábamos para otro lado. Y quién va a saber que aunque se repare esa estación de bombeo en el Albujón que se llevó por delante la DANA, la desaladora de el Mojón que debe recibir el agua sucia carece del permiso de vertido tierra-mar que debe otorgar la Comunidad Autónoma.

UNA GUÍA PARA INCUMPLIR. La Asamblea Regional ha votado en contra de eliminar los regadíos ilegales y de la reducción drástica de fertilizantes y pesticidas gracias a PP, Cs y VOX y, de paso, ha parido una segunda moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor que, ya les adelanto, se incumplirá. Ocurrió con la primera moratoria urbanística aprobada en febrero de 2017 con el voto en contra del PP tras la primera Sopa Verde. El gobierno regional presidido por López Miras (ya no tocaba la flauta) ignoró el mandato del Parlamento. Y un año más tarde votó en contra de la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor con el argumento de que sería la sentencia de muerte para el campo de Cartagena que da muchos votos. Y como no pudieron impedir su aprobación -y mira que hubo presiones a diputados y a periodistas- elaboraron una Guía de Interpretación de la Ley para que los agricultores pudieran incumplirla. Con dos cojones. Una guía sin respaldo jurídico de ningún tipo que, por ejemplo, dice a los agricultores que tranquilos con el regadío ilegal que ellos no van a hacer nada al respecto, facilita que se siga apilando estiércol, que no se planten setos y se siga cultivando a favor de pendiente para que cuando vuelva a llover de forma torrencial, toneladas de sedimentos y de mierda acaben dentro del Mar Menor. Y encima mienten diciendo que la guía cuenta con el aval de la UPCT. Menudo cabreo tenían en la institución universitaria. “Pero cómo vamos a avalar nosotros una guía que va en contra de la propia ley” decían fuentes oficiales de la universidad a preguntas de Onda Cero. 

Finca situada entre El Algar y Los Urrutias. Gran superficie desprovista de vegetación

.

Dadas las circunstancias y ante el escándalo, el PP no ha tenido más remedio que votar a favor de la retirada del panfleto que iba por su tercera edición y había costado 5.000 euros. Ojo que todavía exigieron al PSOE que de la propuesta de resolución quitaran que la guía elaborada por el propio gobierno regional servía para “suavizar” la ley de medidas urgentes. Como si la gente no supiera ya que servía para INCUMPLIR la Ley de Medidas Urgentes ¿Quién vigila aquí? Nadie. La Fiscalía está tardando en llamar a capítulo a los autores intelectuales de semejante panfleto.

Cultivo en pendiente que prohibe expresamente la Ley de Medidas Urgentes

Y con las fechorías que alumbra la consejería de Agricultura, todavía se permite el consejero Antonio Luengo decir en Pleno “no admitimos que se hable de inacción de este gobierno” porque han construido 7 tanques de tormentas que colapsan a las primeras de cambio y han invertido 167 millones a lo largo de 20 años en mejorar la red de depuradoras. Mucho menos que en el aeropuerto de Corvera que se ha tragado 300 millones de euros para nada. Y todo eso mientras desechaban los filtros verdes porque iban a ocupar parte de terreno agrícola en la zona del Albujón y las organizaciones agrarias se negaron rotundamente. De 40 hectáreas que iba a ocupar el filtro verde del Albujón con la consejera Martínez Cachá en 2016  se pasó a 9 hectáreas con el consejero Javier Celdrán  en 2018 hasta hacerlo desaparecer. No está en el Plan de Vertido Cero del ministerio por recomendación de la CARM. Caput a los filtros verdes. Y claro, los investigadores dimitiendo del Comité Científico del Mar Menor. Investigadores que alertan de que nunca han visto tal cantidad de fosfatos en el agua del Mar Menor procedentes de las tierras de cultivo y cuentan que "los peces murieron envenenados. No solo por falta de oxígeno porque el cangrejo azul respira fuera del agua y también murió". 

Pero si es que hasta el propio portavoz del Comité Científico, Ángel Pérez Ruzafa lamenta que no se haya hecho “nada concreto” por revertir la situación del Mar Menor. Un científico, por cierto, que se ha desacreditado a sí mismo participando el pasado mes de mayo en la campaña electoral de José Miguel Luengo. El mismo Pérez Ruzafa que ahora señala a los que optaron por sacar la pancarta de la sopa verde y no por trabajar en su reanimación mientras él sacaba la pancarta del PP y ayudaba a que en San Javier y en San Pedro del Pinatar los populares ganasen con mayoría absoluta. “En primavera todo florece” dijo Pérez Ruzafa subido a un barco junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y el entonces director general del Mar Menor, Antonio Luengo para justificar el color verdoso que volvían a tener las aguas del Mar Menor a pocos días de las elecciones autonómicas y municipales. ¿La DANA dicen ahora? "La DANA solo ha sido el desencadenante de una causa primaria y es la contaminación agraria en un 85% y la contaminación urbana en un 15%" como afirma el profesor de ecología de la UMU, Miguel Ángel Esteve. Fin de la cita. 

SILENCIARON A LOS CIENTÍFICOS. El equidistante Pérez Ruzafa sabe mejor que nadie desde cuándo lleva avisando el Mar Menor y qué hizo el gobierno regional del PP al respecto. En su declaración ante el juez Garrote que instruye el caso Topillo el pasado 12 de julio, el actual portavoz del comité científico reconoció que tuvo que escribir una carta al presidente Ramón Luis Valcárcel después de que a finales de 1999 le retiraran el seguimiento del estado del Mar Menor tras haber detectado y advertido de alta concentración de nitratos en el acuífero del campo de Cartagena y en la rambla del Albujón. Según su declaración jurada ante el juez, el consejero le llamó y le dijo que no iba a continuar con los seguimientos al Mar Menor porque iban en contra de la agricultura. Pérez Ruzafa había detectado que los niveles de las aguas subterráneas estaban muy altos  y con elevadas concentraciones de nitratos en los acuíferos. Recomendó incluso que no se pescaran las medusas sino que paralizaran las entradas de nutrientes. Ante el juez reconoció que estuvieron sin hacer seguimientos hasta 2005 que hubo una nueva proliferación de medusas y comenzaron a hacer análisis por su propia cuenta, hasta que en 2013 obtuvieron financiación. En 2010 hicieron por su cuenta un modelado de las ramblas que vierten al Mar Menor y vieron que en esas zonas se concentraban los nitratos responsables del proceso de eutrofización. Incluso advirtieron al gobierno regional de que en un año colapsaría el sistema. EL GOBIERNO REGIONAL HIZO CASO OMISO.

Declaración Pérez Ruzafa ante el juez caso Topillo en calidad testigo

Y todavía describe el consejero Luengo como “relato fast food” que estos días se hable de la permisividad y de la falta de vigilancia con las prácticas agrarias como el gran culpable el estado actual del Mar Menor con el silencio cómplice de las administraciones. En fin. Habrá que disculparle porque todavía sabe si es bueno o malo que se estén plantando lechugas a pie de playa. Lo que sí sabe es que su consejería solo ha abierto 66 expedientes sancionadores en los últimos diez años por roturaciones ilegales de terreno en el campo de Cartagena y Mar Menor y ninguna ha sido restituida a su estado original. Son 60.000 las hectáreas que consumen recursos ilegales en el entorno del Mar Menor según recoge el Plan Vertido Cero elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica y se siguen haciendo roturaciones ilegales. La última detectada afecta a 50 hectáreas en Fuente Álamo y, como muchas, carece de Evaluación de Impacto Ambiental.

Roturación ilegal en Fuente Álamo. Octubre 2019.

LO DE ARCO SUR. La ex consejera Adela Martínez Cachá está imputada por presunta prevaricación y delito contra el medio ambiente por la tubería de El Carmolí. Con la excusa de evitar vertidos con salmuera al Mar Menor desde la rambla del Albujón, gastó 1,7 millones de euros de dinero público en construir una tubería a través del espacio protegido de Marina del Carmolí, sin los informes ambientales preceptivos, que conectaba con la red de la Comunidad de Regantes Arcos Sur desde donde el agua con salmuera sería llevada a la desalobradora de Cabo de Palos de la citada comunidad de regantes. La carga contaminante sería liberada en el Mediterráneo y el agua limpia serviría para regar 800 hectáreas de terreno roturado sin la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental. Son, por tanto, presuntamente ilegales denuncian vecinos y Ecologistas en Acción.  Y no solo eso. Es que la Demarcación de Costas no ha terminado de autorizar la ocupación del dominio público marítimo para el emisario de la planta desalobradora de Cabo de Palos. Y sabiendo todo eso nuestro gobierno regional, en diciembre de 2018, concedió a Arco Sur  una subvención de 200.000 euros del dinero de todos  para la instalación de un sistema de desnitrificación de salmueras procedentes de la desalobración de aguas residuales regeneradas en la zona sur del Campo de Cartagena. Y todo  "para favorecer el buen estado ecológico del Mar Menor" declaró el entonces consejero, Miguel Ángel del Amor. ¿Realmente alguien cree que este gobierno regional tiene la más remota intención  de ordenar los usos agrícolas en el entorno del Mar Menor?

Terrenos Arco Sur-Campo Cartagena

NO CONTROLAN LOS NITRATOS. El control de los nitratos es otra historia de desidia. La respuesta de la consejería de Agricultura a la Carta de Emplazamiento de Infracción 2018/2250 realizada por la Comisión Europea a España, con referencia a la Región de Murcia, sobre la aplicación de la Directiva de Nitratos, es de juzgado de guardia. La dirección general de Agricultura, Ganadería y Pesca admitió el pasado mes de mayo que “en el periodo de reporte 2012-2015 no se aportaron datos sobre el control de los nitratos ya que por problemas presupuestarios no pudo adjudicarse esta toma de datos”. Es decir, por falta de dinero para contratar personal no se controló el vertido de nitratos en la región de Murcia. Un desastre en una consejería que maneja un presupuesto de 170 millones de euros al año más 140 millones procedentes de Europa. Pero lo más interesante es que esa respuesta a la Comisión Europea la firma Francisco José González Zapater en calidad Director General de Agrcultura, Ganaderia y Pesca.  El mismo que en diciembre de 2018 declaró ante el juez Garrote que instruye el caso topillo que no le constaba que ningún organismo de la consejería estuviera encargado del control de fertilizantes  y contaminación por nitratos hasta 2017 que se le asignó a su dirección general. ¿Entonces cómo sabía que entre 2012 y 2015 no se aportaron datos sobre nitratos por falta de personal? ¿Quién decidió no asignar personal?  Lo más hilarante es cómo termina esa carta fechada el 20 de mayo de 2019: "El personal de esta Comunidad Autónoma quiere transmitir a los técnicos de la Comisión Europea el actual e inequívoco compromiso con el cumplimiento estricto de la Directiva de Nitratos..." ¿Saben de qué año es esa Directiva Comunitaria? De 1996. 

El Mar Menor se muere por la inacción institucional (Estatal, Regional y Local) y su complicidad con un sector empresarial (agroindustrial, constructor, turístico y minero ) que ha favorecido un desarrollo insostenible y depredador. Desidia, avaricia e incompetencia a partes iguales. Como dijo la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera “se ha pervertido el orden de prioridades y durante años se miró para otro lado”. Baste recordar que el plan de cuenca del Segura 2009-2015 presupuestaba 425 millones de euros en medidas para evitar la eutrofización del Mar Menor como reducir la entrada de nutrientes, sellar pozos ilegales, sustituir regadíos, recoger vertidos de desalinizadoras que acababan en el Rambla del Albujón y del que no se ejecutó absolutamente nada. A los de siempre (PP, regantes, agricultores, empresas) no les interesó y lo bloquearon dentro de la Junta de Gobierno del organismo de cuenca de tal forma que no se aprobó hasta julio 2014. Les importó lo justo y menos que el documento advirtiese ya en 2009 de que entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y sulfatos estaban entrando anualmente al Mar Menor. El entonces consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, era vicepresidente primero de la Junta de Gobierno de la CHS entonces presidida por el socialista Fuentes Zorita y llegó a cuestionar el poco rigor científico de los datos aportados por el organismo de cuenca. Es más, en septiembre de 2010 declaró “El Mar Menor está mejor que nunca” y barra libre a los nitratos.

RELATOS FAST FOOD. Y como de políticos fast food solo pueden salir relatos fast food. Ahora sale López Miras con que la mayor parte de las competencias para evitar la degradación ambiental del Mar Menor son del Estado. Falso. La protección de la laguna compete mayormente a la Comunidad Autónoma. De lo contrario, el Tribunal Constitucional no habría avalado la Ley de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor de 1987 que aprobó el gobierno socialista de Carlos Collado. El TC sentenció que no invadía competencias locales ni estatales. Una ley que derogó el PP  de Valcárcel en 2001 porque limitaba la construcción y metía mano a los regadíos ilegales y a los vertidos.  Pero es que esa es la estrategia del PP. Culpar al de enfrente. Tú la llevas. Recuerden que tras la primera sopa verde, la entonces consejera de Agricultura, Adela Martínez Cachá mandó rápidamente "un requerimiento frente a la inactividad  de la CHS en materia de control de calidad de las aguas en la rambla del Albujón y el Mar Menor" con un único objetivo: escurrir el bulto.

 

Faltan cárceles para meter dentro a tanto sinvergüenza pero no entrará ninguno. Un ecosistema tan frágil como el Mar Menor necesita limitaciones de todo tipo. De nada servirá descontaminar el acuífero si persisten las sulfatadas malas prácticas agrícolas. Si no se auditan y arreglan las obsoletas redes de saneamiento y alcantarillado. Si no se frenan los residuos mineros de metales pesados. Si no se detiene el urbanismo a la carta que ha llegado a desviar ramblas al antojo de intereses particulares. En definitiva, si no limpiamos la cuenca de nutrientes (nitratos y fosfatos) y no devolvemos a la naturaleza las escrituras de propiedad que con tanta virulencia reclama y seguirá reclamando. Y, sinceramente, no veo al gobierno regional capacitado para una empresa de esa magnitud.

Lo decía José Luis Gallego en el programa de Julia en la Onda: “estamos ante la mayor catástrofe ecológica desde el Prestige. Con una diferencia: la indiferencia”. Con otra salvedad: el piloto de este Prestige está en San Esteban y lo fletó el PP.