DESPROTEGIDOS

Hola Mundo

"Justicia es el principio moral que obliga a obrar y  juzgar respetando la verdad, dando a cada cual lo que le corresponde”.
 

 

En la primera ola, 106 ancianos del geriátrico de Santo Ángel resultaron contagiados y 34 murieron. Las familias creen que de haber sido trasladados a tiempo a un hospital muchos de ellos podrían haberse salvado. Desde hace meses, un nutrido grupo de familias de CASER "mendiga" la verdad de lo ocurrido durante la primera ola sin obtener respuestas ni de la Justicia ni de la Administración regional. 

 

Sonia Vivo perdió a su madre en la residencia CASER: “Casi todos los ancianos murieron deshidratados. Tras lograr una videoconferencia y ver cómo estaba mi madre (completamente rígida y cadavérica, con ojos hundidos y boca hacia dentro) tuve que rogar a la doctora que había contratado CASER que le dieran agua y le pusieran suero. Y todavía nos dijo que mi madre se encontraba perfectamente. Solo una médico del SMS me dijo la verdad y le estaré eternamente agradecida. Me dijo que mi madre padecía una neumonía bilateral antigua con dolor y sufrimiento y que ya no iba a dejar que sufriera más. ¿Por qué les dejaron morir ahí dentro? ¿Por qué no les dieron una oportunidad? No tapéis más las cosas. Contad las cosas como son. Hubo días que los residentes estuvieron completamente solos. Las chicas que se quedaron para ayudarles salían a llorar a la puerta. Y había camas disponibles en hospitales. Había medios suficientes. Decidnos de una vez la verdad, que alguien me diga si oyó a mi madre llorar o si en algún momento me llamó. No quiero mendigar más la verdad porque esto nos está destrozando. Por favor, un poco de sensibilidad. Necesitamos saber qué pasó ahí de verdad. No eran los últimos días de mi madre. Ella estaba muy bien. Si me hubiesen avisado, yo me habría llevado a mi madre a mi casa, yo me haría infectado, pero mi madre, de haber muerto, habría muerto conmigo. No queremos mendigar más. Solo queremos la verdad”.

  

Las familias no entienden la negativa PP, Cs, VOX y exVOX en la Asamblea Regional a abrir una comisión investigación sobre la gestión de las residencias en las que el virus se coló por las puertas de un sistema falto de medios, que no se preparó a tiempo y que permitió que las residencias se convirtieran en la zona cero del desastre. No solamente en la primera ola que el virus pilló a las autoridades políticas desprevenidas. El descontrol se repitió  en otoño e invierno con más y peores brotes pese a que dispusieron de tiempo para prepararse durante el verano. Quizá por eso no quieran investigar: 1ª ola: 224 infectados en residencias, 2ª ola: 651 infectados, 3ª ola: 583 infectados.

 

Encarna Vera, de Marea de Residencias, se pregunta qué tienen que esconder los responsables políticos para denegar una comisión de investigación. "Si tan bien lo han hecho, si tan convencidos están de su buena gestión qué temen, por qué se niegan a investigar y, sobre todo, por qué se niegan a escucharnos. Habían hecho lo mismo si todo esto hubiese sucedido con niños o adolescentes".

  

El virus se cebó con unos ancianos indefensos y vapuleó a unos trabajadores sin medios de protección ni la formación necesaria para hacer frente a situaciones realmente dramáticas que les sobrepasaron. Las residencias partían de un déficit estructural de recursos y de supervisión sanitaria. No había planes de contingencia. Las autoridades políticas, una vez más, respondieron con poco, tarde y mal concluye un detallado informe de Médicos sin Fronteras.

 

La doctora Belén García Villanueva, hija de una residente, insiste que en las residencias no estaban preparadas y que a los ancianos se les dejó morir. "Cuando no hay oportunidad no puede haber salvación.  Se vulneraron derechos fundamentales al no darles la oportunidad de ser trasladados a un hospital. Se les mató en vida, de una manera o de otra".

 

En la Región de Murcia se detectó el primer caso de coronavirus el 8 de marzo. Una mujer que una semana antes había viajado a Madrid. En ese momento ya era de dominio público que la pandemia se estaba cebando con saña con los individuos más vulnerables de nuestra sociedad, los ancianos.

 

El 19 de marzo, la prensa nacional hablaba de tragedia en las residencias de mayores de Madrid donde  el virus ya había matado a más de 50 ancianos. Los medios de comunicación contaban en ese momento que los ancianos estaban muriendo solos. Se estaba repitiendo en España el desastre que el coronavirus había causado en las residencias de  mayores de Italia.

 

Lo lógico es que los centros residenciales hubiesen extremado las precauciones estableciendo severos protocolos de control y prevención. Elaborando planes de contingencia. Reforzando las plantillas. Dotando de medios de protección a los empleados que asisten a los ancianos. Formándoles en el uso adecuado de los EPIS. Nada más lejos de la realidad.  Las residencias no prohibieron las visitas externas hasta el 12 de marzo, solo dos días antes de la declaración del Estado de Alarma.
 

El 19 de marzo, con decenas de fallecidos en residencias de España, el consejero de Salud, Manuel Villegas, llegó a decir que no era necesario dotar de material de protección a los trabajadores de las residencias de ancianos siendo como han sido importantes vectores de contagio dentro de los geriátricos.

 

Manuel Villegas: “No hay ahora ningún caso posible ni probable ni diagnosticado en nuestras residencias y estamos en coordinación con el IMAS para proteger a este colectivo tan vulnerable. Ahora las medidas más importantes son lavado de manos y  distanciamiento. Y si el día de mañana aparecieran casos en residencias pues tomaremos las medidas del protocolo: aislamiento e incluso traslado. Pero ahora no tiene ningún sentido utilizar EPIS en las residencias porque no van mejorar nada. Lo mejor es el aislamiento y utilizar el material que tenemos para quien lo necesita”.

 

Según la Consejera de Política Social, Isabel Franco, el 11 de marzo ya habían realizado 100 pruebas de coronavirus en residencias de la Región de Murcia y no habían detectado ningún caso. Eso afirmó el 28 de abril en su única comparecencia en la Asamblea Regional para dar cuenta de su gestión en toda la pandemia. 

 

 

Sin embargo, a la consejería de Salud no le consta la realización esas 100 pruebas en residencias. No saben nada del cribado aleatorio al que aludió la consejera Franco. Por más que hemos insistido, la consejería Política Social no informa dónde hicieron esos cribados. Al parecer, no tienen tiempo de contestar a nuestras preguntas porque dicen "ahora están centrados en otras cuestiones". Tampoco informan del número total de trabajadores de residencias contagiados desde que comenzó la pandemia.

Lo que sí se sabe con certeza es que el 14 de marzo, Isabel Franco remitió una carta al Consejero de Salud, Manuel Villegas, pidiendo que diera prioridad a la realización de test de coronavirus a los trabajadores y usuarios de las residencias de mayores y discapacidad ya fuesen públicas o privadas. “Es una medida necesaria e inaplazable para determinar el alcance en este ámbito y adoptar medias de protección consecuentes con los resultados de la mismas”.  

Esa fue la respuesta epistolar de la consejera Franco al consejero Villegas que un día antes, el 13 de marzo, había dicho que dejaría para más adelante la realización de pruebas a trabajadores de residencias pese a que se sabía que eran vectores de contagio en centros de mayores. Lo ocurrido en Italia debiera haber puesto en alerta a los responsables sanitarios.

Sin haber realizado ninguna prueba en residencias, sin haber dotado de medios de protección a los empleados, los responsables políticos llegaron a afirmar esos días que habían levantado "un muro invisible" frente al coronavirus alrededor de las residencias en las que murieron atrapados y solos muchos ancianos. Las residencias, al menos en la primera ola, se convirtieron en ratoneras para muchos ancianos.

 

Salud y Política Social creían que no había casos. Durante las primeras semanas de marzo, numerosos residentes habían empezado a presentar cuadros diarreicos graves acompañados de fiebre en muchos casos y la dirección de la residencia de Santo Ángel no estimó oportuno comunicarlo al SMS. No reportó ninguna incidencia, ni siquiera durante la reunión por videoconferencia que la Consejera Isabel Franco mantuvo el sábado 21 de marzo con los responsables de residencias  de la región. Así consta en el diario de sesiones de la Asamblea Regional.

 

Los responsables de CASER tampoco procedieron al aislamiento de los residentes afectados ni adoptaron medidas preventivas, “tomando incluso la decisión de que los residentes afectados volvieran a las zonas comunes” según consta en una carta de queja de los trabajadores del geriátrico.

La explicación oficial es que los cuadros diarreicos no estaban clasificados como síntomas de Covid-19 en ese momento y, además, suelen ser frecuentes en residencias en las que el control higiénico sanitario no es el de un hospital. 

 

Durante las primeras semanas de marzo, la dirección de CASER tampoco estimó oportuno que los trabajadores llevasen mascarilla “No nos dejaban ponernos las mascarillas porque decían que asustábamos a los residentes" declaró una auxiliar de enfermería al periódico La Opinión el 27 de marzo.

Loles Gallego perdió a su abuela en la residencia CASER:  “El domingo 22 se produce el primer fallecimiento por COVID de la residencia CASER y me comentaron que el jefe de auxiliares estuvo gritando que Julio, el fallecido, tenía neumonías crónicas y que nada de Covid, que eso era mentira. Mi madre llamó a la residencia al conocer la noticia y también le negaron que fuese Covid. Es imposible que un juez no vea la negligencia que se cometió porque el virus llegó a todas las áreas de la residencia, pero es normal si negaban las mascarillas a los trabajadores. Aquella semana fue horrible. Vivimos cerca y solo veíamos pasar ambulancias y coches fúnebres. El 27 de marzo por la noche nos llamó la doctora para decirnos que mi abuela había tenido  el día antes un poco de fiebre, pero que ya estaba bien. Preguntamos si le habían hecho la prueba de Covid y nos dijeron que sí y que era negativa. Que estaba aislada en la 3ª planta con los negativos. Y el sábado 28 de marzo, al día siguiente, nos llamó la doctora para decirnos que había fallecido. Mi tía llamó más tarde y le dijeron que no sabían exactamente a qué hora había fallecido porque no lo habían anotado y que mi abuela estaba en la segunda planta porque tenía Covid. No nos dijeron nada. Todo el rato nos dijeron que estaba muy tranquila. ¿Cómo no iba a estar tranquila si lo único que hicieron fue sedarla?Lo único que esos días mandó el SMS fueron EPIS y morfina”.

 

Las familias de CASER intentan saber cómo fueron los últimos días de sus padres y madres. Si les atendieron y cuidaron o si, como parece, los dejaron abandonados a su suerte, deshidratados, desnutridos y solos. Necesitan saber si sufrieron o por el contrario se fueron apagando poco a poco. Necesitan saber cuántos días estuvieron enfermos antes de que llegaran a un estado de agonía. Necesitan saber por qué se limitaron a inyectarles morfina. Necesitan saber por qué no fueron derivados a hospitales para intentar salvarles la vida puesto que el bajo nivel de ocupación hospitalaria en la Región de Murcia durante la primera ola lo permitía. Necesitan saber qué criterios siguieron para darles por desahuciados.

 
Médico del SUAP tras certificar una muerte en la residencia CASER: “Buenos días compañeros. Acabo de entrar a la residencia a certificar la muerte de la señora que ha fallecido y realmente el panorama es dantesco. Allí solo hay gente menor de 24, 22 años, muy jóvenes, solos, no hay un médico. He entrado a ver la mujer fallecida ya ya estaba con rigidez cadavérica y al lado una señora igual, con Covid positivo, sin mascarilla. Muy agitada. Creo que más tarde también tendremos que venir a por ella. Una lástima. Están abandonados totalmente” comunica un médico a sus compañeros tras certificar una muerte en la residencia CASER a finales de marzo.

 
Las familias llevan meses pidiendo información sin obtener ni una sola respuesta. No tienen nada, solo preguntas que retumban en sus cabezas y la sensación amarga y culpable de no haber podido ayudar a sus padres y madres en los momentos finales de su vida. La sensación de no haber hecho lo suficiente por ellos cuando más les necesitaban. 

 

No tienen ni los informes de seguimiento y actuación por parte del personal médico del SMS que acudió a la residencia CASER el lunes 23 de marzo de 2020 tras el fallecimiento del primer residente por Covid en el hospital Quironsalud del que la dirección del geriátrico no informó a todos los empleados. Muchos de ellos acudieron el lunes a trabajar sin información y sin equipos de protección.

ALICIA (nombre figurado) de una auxiliar de enfermería de CASER): “Yo llegué allí el lunes  23 de marzo sin haber sido avisada de nada. No me dieron ni mascarilla, ni guantes. Nada. Me avisaron unas compañeras de que debía protegerme, que no entrara en los vestuarios y que no tocara nada. Tuve que salir al coche a coger una mascarilla mía. Y cuando acudí al despacho de dirección a pedir explicaciones tampoco me hablaron muy bien. Me dijeron que como yo estaba asignada a la zona de apartamentos no me pasaría nada. Esa misma semana  nos hicieron pruebas  de COVID di positivo y me tuve que ir a casa”.

 

Las familias solo saben lo que han podido ir sonsacando a los trabajadores de la residencia, han publicado los medios de comunicación y lo que el propio Coordinador de Atención Sociosanitaria del Servicio Murciano de Salud -CORECAAS- Abel Novoa, les confesó durante una reunión virtual mantenida el pasado mes de febrero, casi un año después del fallecimiento de sus familiares y tras insistirle a través de redes sociales.

El doctor Novoa confesó a las familias  “el brote en CASER nos pilló en pañales. Esperábamos brotes en residencias, pero no tan pronto. No teníamos  médicos ni enfermeras ni personal para enfrentarnos a una situación totalmente desconocida". Según dijo a las familias, se encontró un centro "con muchos afectados y muy enfermos. Se notaba que el brote no era reciente. Que llevaba días. Al menos dos o tres semanas". Les contó que los pacientes "estaban ya en una situación muy avanzada de la enfermedad". “CASER fue un brote muy grande. Nos pegó una bofetada”  les dijo Novoa. Reconoció que el hecho de que los empleados del centro no llevasen mascarillas pudo hacer que los residentes enfermaran de mayor gravedad al ser mayor la carga viral en el aire. 

 
Durante las primeras semanas de marzo el coronavirus se expandió de forma tan silenciosa como letal por la residencia CASER contagiando a ancianos y a la mayor parte de los trabajadores. Tras la noticia del primer fallecido  cundió el pánico. De hecho, dos médicos y un enfermero que prestaban servicio en la residencia CASER se marcharon. Meses más tarde fueron citados a declarar en calidad de investigados ante el juez por un presunto delito de omisión del deber de socorro. Los dos médicos declararon que habían abandonado su puesto de trabajo para cumplir la cuarentena al haber resultado contagiados. Solo al cabo de unos días, la dirección de la residencia CASER contrató a otro médico, una doctora recién licenciada, que acudía solo por las tardes y los fines de semana por la mañana.

Abel Novoa admite que durante la semana del 23 al 29 de marzo hubo un "colapso" en la residencia con la mayoría de los trabajadores infectados o habiendo sido contacto estrecho. Novoa afirma que fueron solo dos o tres días críticos porque “las contrataciones que se intentaron de urgencia no llegaron”, pero que se solventó "por el sacrificio de los pocos trabajadores que decidieron quedarse con el apoyo del personal del SMS".

 

"Yo mismo estuve allí. Se mantuvieron los cuidados básicos de los pacientes. No hubo desasistencia en lo básico. Ninguno se quedó sin comer ni lavar aunque fuese tarde” aseguró a las familias.

 

Fueron días de angustia en los que las familias llamaban insistentemente  a la residencia sin que nadie les cogiera el teléfono. Saltaba el contestador automático una y otra vez. Algunos, desesperados, acudían a la verja de la residencia y agarrados a los barrotes rogaban algo de información. Muchos pedían a gritos que les dejaran entrar para llevarse a casa a sus familiares.  No hubo manera. Hasta el 28 de marzo que la Consejería de Salud  decidió tomar el control de las residencias con brotes, no permitieron que las familias pudieran llevarse a casa a los residentes y solo aquellos que no tuviesen síntomas compatibles con el coronavirus. 

 

Cuando ese día, 28 de marzo de 2020, preguntaron al consejero Manuel Villegas por qué los ancianos con Covid no eran aislados en hospitales como recogía la orden firmada con la Consejería de Política Social, se limitó a decir eso era "una decisión clínica". En ese momento, 28 de marzo, había 400 camas hospitalarias disponibles y 36 UCIS libres.

 

 

Según Abel Novoa no tenían tiempo de hablar con las familias dada la elevada carga de trabajo en CASER. Además, según  confesó a las familias, sus jefes en la Consejería de Salud le dijeron que no les parecía oportuno que esos días hablase con ellas "para no crear más sufrimiento y dolor".

Las familias saben que durante unos días, al menos una semana, estuvo cerrada la cocina y la lavandería de la residencia. La carga viral dentro de la residencia era tan elevada que el coronavirus había llegado a todos los rincones del centro. Ningún área se salvó. Todos, residentes y empleados, contribuyeron a expandir el virus que estaba en el aire. Tampoco había personal para atender esos servicios básicos de limpieza y manutención. Algunos empleados, no todos, llegaron a fingir síntomas para irse a casa por miedo.

 

Las familias tuvieron que organizarse mediante grupos de whastapp para conseguir información. Este el testimonio de la hija de una residente de CASER durante esos caóticos días de finales de marzo: "En la residencia están las cosas muy mal. Acabo de hablar con una amiga que está en la limpieza y la acaban de mandar a su casa porque al parecer está infectada. La segunda planta está llena y totalmente infectada. Tres furgones han sacado a tres cadáveres esta mañana. Están cayendo como moscas. La lavandería la han cerrado. De las limpiadoras no queda nadie. Las pocas que quedaban las han mandado a su casa. En la cocina falta la mitad de la plantilla. Los auxiliares van cayendo poco a poco. No han mandado a nadie del SMS. Solo quedan unas pocas y están muy agobiadas porque no hay gente suficiente. El virus se está corriendo como la pólvora. Esto me lo ha dicho una auxiliar que está muy asustada. Voy a hacer todo lo imposible por sacar a mi madre de allí aunque sea por la ventana. Me da igual con quién me tenga que pelear".  

 
Las familias sospechan que muchos residentes fueron inmovilizados y encerrados en sus habitaciones. "Con solo dos personas por planta para atender a 230 residentes es imposible". Los trabajadores de la residencia que decidieron quedarse declararon sobre la visita de sanitarios del SMS y de la UME esos días de marzo que “vinieron, limpiaron, dieron algunas instrucciones muy valiosas pero luego se marcharon y nos dejaron solos”. 

 

Dejaron la asistencia sanitaria en manos del escaso personal de la residencia, que no estaba equipada para ello. La población más vulnerable quedó en manos de las buenas intenciones de las personas que los cuidaban. El 1 de abril los trabajadores seguían pidiendo ayuda a través de los medios de comunicación "seguimos abandonados, abrazando solos a los ancianos por las noches".

Sobre la anunciada medicalización de las residencias por parte del SMS, las familias afirman indignadas que “la medicalización consistió en guantes, mascarillas y morfina. Nada más. Se trata de un peligroso eufemismo para ocultar que se dejó a  los mayores morir en residencias y que no se garantizó que todos los usuarios tuviesen una cama y un puesto UCI en un hospital”.

El doctor Novoa asegura que la medicalización de las residencias de mayores fue distinta en cada ola. “En la primera ola teníamos equipos de médico-enfermera que trabajaban por las mañanas en las residencias con apoyo de los equipos sanitarios de las residencias que se reforzaban cuando había un brote. Y por las tardes contábamos con el apoyo de un equipo del 061 por si había alguna urgencia. Además, dispusimos un teléfono de guardia 24 horas para que pudieran comunicar cualquier otra incidencia por si debíamos activar otros recursos o traslado a hospital. A partir de la segunda ola la medicalización fue más intensa debido a una mayor demanda y lo que empezamos a hacer fue contratar auxiliares, personal de enfermería y personal médico para ir a las residencias y ofrecer una atención propia del SMS las 24 horas”.

¿Pero desplazaron aparatos médicos? ¿Qué aparatos? Según Novoa, la medicalización de las residencias incluyó material tratar a los enfermos como en un hospital. “Desplazamos sistemas de oxigenoterapia y todo lo necesario para dispensar medicación intravenosa y sueroterapia. Hicimos todo lo que pudimos” ¿También a la residencia CASER desplazaron esos equipos? preguntamos. "También a la residencia CASER" responde.

 

Médicos consultados para la redacción de este artículo, aseguran que "poner suero, un pulsiometro u oxígeno no es nada extraordinario. Que se trata de un servicio básico y común. No pueden decir que los ancianos recibieron los mismos servicios y la misma atención que en un hospital porque no es verdad".

 

Las familias aseguran que los días 23 y 24 de marzo, acudieron a CASER sanitarios del SMS para realizar pruebas COVID, pero solo a aquellos residentes que habían presentado algún síntoma y no a todos los residentes ni a todos los trabajadores como habría sido lo aconsejable.

Los técnicos solo tomaron 90 muestras de un total de 231 residentes y unos 50 empleados. Según informó en rueda de prensa el consejero de Salud, Manuel Villegas, 20  trabajadores y 19 residentes habían resultado contagiados. En realidad, eran más según consta en un informe de la Dirección General de Salud Pública remitido al Juzgado de Instrucción número 2. Según ese informe, eran 28 los residentes y 21 los empleados contagiados el  miércoles 24 de marzo. 

 

Ese informe de la Dirección General de Salud dice que los casos positivos detectados eran todos residentes del espacio de semiasistidos, es decir, de la 2º planta de CASER. Sobre los otros usuarios del espacio residencial (apartamentos y psicogeriátricos (3ª planta) dice textualmente el informe  que "fueron negativos y no presentaron síntomas por lo que se consideró espacio limpio, procediéndose al confinamiento de los residentes positivos en un área determinada y diferenciada". En realidad, según la querella presentada por las familias, "no es que fueran negativos, es que no se les hicieron las pruebas" y el virus siguió extendiéndose.

 

 
Encarna Vera perdió a su madre en la residencia CASER: “La última vez que vi a mi madre fue el 8 de marzo de 2020, me despedí de ella dándole un beso en sus sonrosadas mejillas. Ella gozaba de buena salud pese a su Alzheimer de corta evolución. El 5 de abril me llamaron de la residencia diciendo que mi madre tenía un poco de fiebre, pero su su situación basal era buena. Y a las 48 horas, el 7 de abril, me llamaron para decirme que mi madre había fallecido estando ya intervenida la residencia por el SMS. Mi madre murió completamente deshidratada como muchos otros residentes. Su certificado de defunción dice presunto COVID pero no lo sé. Nadie me dice cuántos días estuvo enferma antes de agonizar. Solo sé que le inyectaron morfina para que no sufriera. La única explicación es que mi madre, contagiada, aislada, sin tratamiento ni seguimiento médico, no tuvo otra que morirse.  Se encontraba completamente deshidratada y desnutrida. No parecía ella. Y me pregunto por qué no fue derivada a un hospital ¿Quién decidió que mi madre no era susceptible de atención hospitalaria? ¿Qué criterios se aplicaron?¿ ¿Dónde está esa evaluación?. Lo único que sé con certeza es que esos días corrieron ríos de morfina”.

 

En la historia clínica de la madre de Encarna Vera no consta ninguna actuación médica sobre su persona desde la última revisión en la Unidad de Demencias, en octubre de 2019. Vera ha solicitado a la Consejería de Salud los informes de seguimiento y actuación  en relación a su madre por parte del personal médico del SMS destinado a la residencia CASER desde el 23 de marzo, pero no se los facilitan. Los informes no aparecen por ninguna parte.

No había historiales clínicos. Los médicos del SMS que acudieron a la residencia CASER se encontraron con que no había historial clínico actualizado de los residentes como, lamentablemente, parece ocurre en todas las residencias de la Región de Murcia. Ahora se sabe. No sabían de qué forma se había intervenido con ellos en los días previos ni qué patologías padecían los residentes.

 Abel Novoa les ha contado que cuando llegaron a la residencia CASER empezaron a tomar las constantes a todos los residentes tres veces al día y que lo iban anotando en “unos papelitos” a los que luego hacían un foto con el móvil ya que no podían sacarlos de la zona sucia. Así se lo pasaban entre ellos mediante whastapp “para luego copiarlo en otro papelito”. 

 

Según Novoa, el personal sanitario del SMS que intervino  las residencias con brotes tuvo que trabajar a mano hasta bien avanzada la segunda ola lo que le ha llevado a más de una discusión con el responsable de informática de la Consejería de Salud.

 

El escaso personal del SMS que acudió a la residencia CASER iba a ciegas porque tampoco estaban los facultativos del centro para explicarles desde cuándo un residente llevaba una sonda, padecía una úlcera o qué medicación debía tomar. No había registros médicos actualizados y completos siendo fundamental para una correcta atención médica.

 

Según el Coordinador de Atención Sociosanitaria del Servicio Murciano de Salud -CORECAAS- Abel Novoa, la impresión que tuvieron al entrar en la residencia CASER es que para muchos de los residentes no había tratamiento médico que pudiera haber cambiado el curso de la enfermedad. Que se trataba de “pacientes frágiles en la etapa final de su vida”. Quiere creer que se habló con todas las familias para explicarles que en muchos casos no merecía la pena el traslado al hospital “porque estaban en sus últimos días”, pero no puede asegurarlo. Y no puede porque ellos, admite, no se encargaron de todas las llamadas a las familias, delegaron en el personal de la residencia de Santo Ángel.

 

Según Novoa, “en ningún caso fueron decisiones unilaterales y si una familia se empeñaba lo trasladábamos al hospital. Estoy convencido de que no falleció nadie cuyo fallecimiento se pudiera haber evitado”.

Sin embargo, según la informaciones que CASER dirigía a los familiares, los médicos enviados por el SMS, por orden de la Dirección General de Salud Pública, "impidieron que los residentes afectados por el virus fueran trasladados a hospitales, a pesar del desbordamiento del personal de CASER y privándoles del derecho a ser tratados en un hospital cuando los hospitales murcianos en ese momento no estaban colapsados" reza la querella presentada por las familias contra los responsables de la residencia y contra los responsables de salud en la consejería.

Carmen Belber perdió a su padre en la residencia CASER. En solo 12 horas pasó de estar bien a fallecer. Cuando su marido logró entrar en la residencia apenas pudo reconocerlo porque estaba consumido. Asegura que no parecía el cadáver de alguien que lleva muerto solo dos horas:  “El día 24 de marzo me llamaron a las 8.00 de la mañana de la residencia para decirme que habían llamado al 112 porque mi padre había pasado la noche un poco inquieto. Que tenía falta de oxígeno.  Al parecer, tenía un pequeño edema pulmonar. Yo pedí que le llevaran a un hospital, pero me dijeron que no hacía falta. Que le habían inyectado no sé qué medicamento y que estaba mejor. Me pidieron que estuviese tranquila porque ya estaba atendido. Durante todo ese día fue imposible contactar con la residencia. Nadie cogía el teléfono. Y a las 20.00 horas, habían transcurrido solo 12 horas, me llamaron para decirme que ya le habían puesto el antibiótico a mi padre, pero que lamentaban decirme que había fallecido. Y que llamase lo antes posible a la funeraria para recoger el cuerpo. A mí nunca me informaron de que mi padre estaba grave. De hecho, aseguran que el médico del 112 que había acudido les dijo que no presentaba síntomas compatibles con el Covid. Que solo estaba un poco fatigado. Mi padre no estaba en las últimas semanas o meses de vida. Tenía una salud perfecta. Iba a la residencia como si fuese a un centro de día. Tenía un poco de Alzheimer, pero ni mucho menos estaba terminal. Se habría podido salvar perfectamente, pero si llevaba 10 ó 15 días enfermo de coronavirus ahí encerrado, cuando nos dimos cuenta ya era imposible salvarlo. La dirección de la residencia CASER cometió una negligencia grave por no avisar. Mi marido y mi hermano acudieron a la residencia esa misma noche. Tras aporrear la puerta y exigir que les abrieran o llamarían a la policía, lograron entrar y dieron con mi padre. Apenas podían reconocerle. Estaba consumido. Absolutamente cadavérico, encogido y totalmente reconocible. Y no tenía aspecto de haber fallecido hacía solo dos horas. Tenía el aspecto de llevar sufriendo días”.

Las familias de CASER aseguran que en ningún momento fueron informadas del estado de salud de sus familiares por parte del personal del SMS destinado a la residencia. Que no fueron consultadas sobre la conveniencia o no de trasladar a sus padres y madres a un hospital. Que no les permitieron tomar esa decisión. Que sus peticiones de traslado urgente fueron ignoradas.

Noemí Galiana perdió a su padre en la residencia CASER y está convencida de que se cometieron negligencias muy graves. En su día habló de "asesinato colectivo": ¿Por qué habiendo un brote con diarreas no comunicaron  nada desde la residencia al SMS? Dieron lugar a que se contagiaran un montón de residentes y empleados. Tenían una bomba nuclear dentro desde 15 días antes y no hicieron nada. A mí nadie me llamó del equipo del SMS desplazado a la residencia. Nadie me llamó nunca. Solo me llamaba la doctora que había contratado la residencia CASER y todos los días me decía que mi padre estaba bien, que estaba cada día mejor. Hasta que un día me llamó para pedirme permiso para sedarle porque había empeorado. Mi padre falleció el 5 de abril. Nunca me dijeron la realidad de mi padre. Yo pedí que trasladaran a mi padre a un hospital y me dijeron que no porque era dependiente y no podían cuidarle. Nadie nos consultó absolutamente nada. Aunque fuera ya una persona desahuciada, que no lo era, yo habría preferido que lo trasladaran a un hospital  donde lo cuidaran como un ser humano y no allí como a un perro abandonado porque no había personal suficiente para atenderle”.

Durante la primera ola, solo 37 ancianos de los 106 que resultaron contagiados en la residencia CASER fueron trasladados a hospitales al entender los facultativos del SMS que podían ser rescatados con tratamiento hospitalario. La tasa de mortalidad se situó en el 32%.

Abel Novoa intentó convencer a las familias de que el traslado al hospital no habría garantizado la supervivencia de sus padres y madres y puso como ejemplo  la residencia Orpea de Cartagena que tomó la decisión de trasladar al 87% de los residentes contagiados de coronavirus y pese a ello, según el responsable del CORECAAS, tuvo una tasa más alta de mortalidad que CASER. “Si hubo mayor número de fallecidos en la residencia de Santo Ángel fue porque hubo mayor número de infectados”. 

 

En Orpea de Cartagena hubo 39 residentes infectados de los que 34 fueron derivados a hospitales y fallecieron 13, el 87,17% subraya Novoa.

 

Para Novoa  "más tecnología médica no es mejor". Considera que el mejor fallecimiento es el que se produce en casa o en la residencia por ser un entorno conocido y que el traslado a un hospital “es agresivo y no genera ningún beneficio”. "Fallecer en un hospital no es mejor” les dijo a las familias intentando justificar la decisión del SMS de obligar a las residencias a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave. 

 

Una decisión que, según un informe de Médicos Sin Fronteras, facilitó que el virus se propagara con rapidez, afectando a otros residentes y al personal. "Esto impactó directamente en la calidad y los cuidados de los residentes y, en muchos casos, probablemente contribuyó o fue causa de fallecimiento".

 

Sonia Vivo perdió a su madre en la residencia CASER. Pidió que la llevasen urgentemente a un hospital y se negaron. A los 18 días de su muerte, con las cenizas de su madre ya en casa, el director de la residencia CASER la llamó para informarle de que su madre estaba ingresada en un hospital:  “Nos llamaban diciéndonos que estaban estables para que no acudiésemos al centro, para que no presionáramos pidiendo que fueran trasladados a hospital. Nos engañaron de manera deliberada. Nunca sabremos cómo fueron los últimos días de nuestros padres y eso es algo que nunca lo podremos asimilar ni olvidar. A mi me llamaron el 18 de marzo para decirme que mi madre tenía fiebre y que iban a aislarla en su habitación por seguridad. No supieron decirnos a qué se debía la fiebre. Tampoco informaron de que en ese momento ya había varios ancianos con diarrea. Y ya cuando saltó la alarma del primer residente fallecido por Covid, fue imposible contactar con la residencia. No cogían el teléfono. Los ancianos se quedaron solos y abandonados. Solo había dos empleados para 231 residentes y muchos  eran dependientes. Llamamos al IMAS y nos trataron fatal. Nos enteramos del fallecimiento de mi madre porque estuvimos rogando por una video-llamada y pudimos ver que estaba completamente deshidratada y cadavérica y todavía nos decía la empleada de CASER que estaba muy bien. Pedimos que la llevasen a un hospital urgentemente y nos dijeron que no, que mi madre estaba muy bien. El 1 de abril, una doctora del SMS me quitó la venda de lo ojos. Me dijo que mi madre presentaba una neumonía prolongada de larga duración con dolor y sufrimiento y que ya no se podía hacer nada por ella. La tuvieron sin beber y sin comer. No sabemos qué le administraron durante el tiempo que estuvo agonizando. Los auxiliares salían a la puerta de la residencia llorando porque no podían con todo. A mi madre la tuvieron sufriendo. El director de CASER no nos ha dado ni el pésame. Es más, a los 18 días del fallecimiento me llamó para decirme que tenía buena noticias. Que estaba a la espera de la PCR de mi madre y que estaba ingresada en el hospital de Molina de Segura cuando yo ya tenía las cenizas de ella en casa. Imagínate el caos y el descontrol que había en CASER aún a mediados de abril". 

 

Nada les consuela, ni siquiera que el doctor Novoa les dijera que cuando la enfermedad de COVID está muy avanzada “no produce sufrimiento”. Que “se van apagando poco a poco” que incluso “necesitan poco tratamiento paliativo porque los fallecimientos son bastante tranquilos”.

 

Sin embargo, la doctora Belén García, asegura que "una persona que está con fatiga no se está apagando. Está sufriendo y mucho porque se está ahogando. El relato de Novoa de que se van apagando no es acorde a la realidad. No se puede banalizar algo tan serio. El sufrimiento puede ser una tortura en muy pocas horas. Creo que hemos perdido totalmente la visión humana".

 

Belén García, médico del SMS,  logró sacar a su madre de la residencia en la que estaba en noviembre de 2020  "tras ocho meses de incomunicación absoluta. Para ella y para nosotros fue una auténtica tortura psicológica. El aislamiento al que fueron sometidos los ancianos fue inhumano, peor que en un régimen carcelario. Ningún otro sector ha sufrido tanto. Podía entenderse en la primera ola, pero no en la segunda ni en la tercera".

 

 MODELO MURCIANO

En la Región de Murcia no hubo orden expresa de no derivar ancianos de residencias a hospitales como sucedió en la Comunidad de Madrid, tampoco hubo orden expresa a los hospitales de no ingresar a mayores de 80 años en UCIS como en Cataluña, pero sí que consideraron necesario mantener al mayor número de ancianos enfermos en sus domicilios o en residencias por razones de salud pública, para reducir el número de ingresos hospitalarios y evitar los contagios comunitarios. Lo bautizaron con el nombre de "modelo murciano".

 

En la primera ola, Murcia fue la región de España con menos ingresos hospitalarios con un 36% frente a un 56% de media nacional. Casi 6 de cada 10 personas con Covid en España fueron a hospitales, frente a 3,6 en la región. "Al hospital solo fueron las personas que tenía que ir" declaró el doctor Novoa tras la primera ola "y eso hizo que el contagio comunitario fuera menor en la región de Murcia".

"El Plan Covid-Residencias ha tratado a la mayoría de los residentes en residencias porque la mayor parte eran casos leves. Desplazamos equipos de atención médica dado que las residencias no estaban preparadas. Convertimos las residencias en pequeños hospitales. Y con los residentes que estaban muy graves, cerca del final de la vida, priorizamos que había que tratarlos con medidas paliativas porque eran enfermos que no tenían criterio de tratamiento en UCI y ningún tratamiento médico iba a hacer cambiar el curso de la enfermedad. Tomamos la decisión de tratarlos con cuidados  paliativos de confort. Consideramos  que lo conveniente era tratar a las personas en el mejor sitio terapéutico, como si las residencias fuesen su domicilio. Al hospital fueron solo las personas que tenían que ir".

¿Y cómo decidieron qué personas tenían que ir al hospital? En la región  habilitaron una herramienta de clasificación denominada índice Profund que calcula la probabilidad de fallecimiento en doce meses considerando variables biográficas, funcionales, médicas y sociales. Por encima de 11 puntos en ese índice, la valoración para el traslado a hospital es negativa y, tal como está diseñado, es muy fácil obtener los 11 puntos.

Las familias de CASER denuncian que se trata de un sistema “discriminatorio” que siguió el SMS para valorar el traslado o no de enfermos de Covid a los hospitales durante los meses de marzo y abril y del que se enteraron varios meses después por un artículo que el doctor Novoa publicó el 18 de abril en su blog.

 

El índice Profund otorga por ejemplo tres puntos si el paciente tiene más de 85 años o si ha tenido cuatro o más ingresos hospitalarios en el último año; cuatro puntos si no puede comer solo o subir las escaleras, y siempre dos puntos si vive en residencia. La mayor parte de los ancianos residentes sumaban rápidamente 11 puntos y, por tanto, eran dados por desahuciados. No eran derivados a un centro hospitalario al que tenía derecho como cualquier otra persona.

Sin embargo, Novoa asegura que no era tan fácil sumar 11 puntos porque no fueron estrictos y siempre evaluaban a favor del residente. “No es tan fácil alcanzar los 11 puntos. Cuando no teníamos análisis recientes como la hemoglobina del paciente lo puntuábamos a favor del residente. No queríamos ser muy estrictos. Cuando no teníamos el dato, dábamos menos puntos para no pasarnos. Preferíamos que la puntuación fuese a favor y no en contra del residente, de forma que facilitara la decisión a su favor. Pero insisto en que no era una herramienta única de decisión. Era un elemento más”.

¿Y aunque el residente obtuviese más de 11 puntos en el índice Profund se consultaba con la familia sobre si querían que fuese trasladado a hospital? "Sí, sí. Normalmente sí. Ya le digo. Intentábamos que fuese en el cien por cien de los casos. Hablar con las familias, establecer un pronóstico y hacer una recomendación. Siempre hacíamos una recomendación sobre el pronóstico. Casi el 70% de los fallecimientos se han producido en residencias, pero es lo normal con el tipo de población que existe. Es lo más humano. Personas que están al final de la vida y que lo que hay que hacer es activar cuidados paliativos. En las residencias el 40% de los residentes son terminales con Covid o sin Covid, con lo que siempre que hay una complicación se les explica a las familias qué es lo más recomendable”.

Según Novoa el Índice Profund se utilizó durante toda la pandemia “como una herramienta más, no la única”. Los índices pronóstico en medicina "son muy importantes para evitar el encarnizamiento terapéutico, pero nunca como un elemento único” dice.

 

El médico del SMS responsable de la atención sociosanitaria a las residencias, Abel Novoa, ha explicado que el índice Profund, que fue validado por el Comité Asistencial de Ética del Área VI del SMS el 22 de marzo, “se utilizó para el triaje inicial pero siempre con evaluación presencial clínica posterior, ayudando a disminuir la variabilidad y aportar objetividad a las situaciones clínicas para después tomar una decisión siempre individualizada, compartida y compleja”.

Es decir, según Novoa, “las decisiones siempre se tomaban tras la evaluación presencial clínica, la deliberación del equipo y una conversación telefónica con la familia”, pero las familias de CASER aseguran que no fueron informadas ni consultadas. "Ni siquiera sabíamos de la existencia de ese método de evaluación y clasificación. Nos enteramos mucho más tarde".

Según Novoa, recurrieron al Índice Profund  que describe como un “método adaptativo” para “poder equilibrar necesidades de atención médica individual con la salvaguarda de salud pública y las condiciones del sistema de salud”.  En otras palabras: para evitar el colapso de las UCI.
 

Para poder garantizar el proceso de toma de decisiones coherente en todo el sistema, el SMS estableció un vía única de decisiones: un teléfono medicalizado activo 24 horas, 7 días a la semana. Dicho teléfono, según Novoa, estaba atendido por un grupo de facultativos expertos en urgencias hospitalarias y evaluación rápida de sintomatología aguda, así como familiarizados con herramientas de clasificación de enfermos con pluripatología.

 

“El triaje  inicial, en caso de tratamiento en residencia, siempre era evaluado de manera presencial, lo antes posible, por un médico” escribió Novoa en su blog y “cualquier decisión de traslado indicada por un médico in situ (061, atención primaria, médico de residencia) ha tenido que ser evaluada y aceptada por el médico del teléfono COVID-Residencias en orden a establecer un criterio lo más homogéneo posible”.  

 

Es decir, que cualquier traslado debía ser autorizado en última instancia  por un médico que estaba al otro lado del teléfono independientemente de la recomendación del médico in situ.

El “modelo murciano” contribuyó a que la tasa de hospitalizados COVID en la Región fuese menor que la media nacional. De eso presumen los responsables sanitarios y, por qué no decirlo, también los dirigentes políticos de la Región de Murcia.

 

Según Novoa, gracias al modelo murciano los residentes con situación basal muy deteriorada, debido a padecer enfermedades crónicas muy avanzadas y con criterios de terminalidad según el índice Profund, y sin indicaciones de ingreso en UCI “fueron manejados igual que los hospitalizados”.

Sin embargo, para la doctora Belén García opina que el índice Profund empleado para decidir que ancianos eran o no trasladados a hospitales  "ha sido un genocidio burocrático. Ni más ni menos. Casi nadie tenía posibilidades de traslado con esa escala. Y lo siento mucho por las familias, por el vacío emocional que les ha quedado. Esos ancianos merecían todo nuestro respeto. Si uno de verdad es coherente y analiza el índice Profund punto por punto se dará cuenta de que es un barbaridad en pleno siglo XXI. Ya se lo comenté personalmente a Novoa y le dije que me parecía denigrante y una clara vulneración de los derechos humanos". 

 

La doctora Belén García afirma que en la región se han dado prácticas edadistas que deberían hacernos reflexionar a todos "hay límites que no se pueden sobrepasar como negar la información  a las familias. Dejar que los pacientes mueran solos. No atender a los enfermos como es debido por cumplir un protocolo. Han muerto muchas personas solas, completamente solas y abandonadas, porque había que cumplir un protocolo. Se ha pasado por encima de todo".

 

 

Encarna Vera perdió a su madre en la residencia CASER. Su suegra, sin embargo, fue atendida en un hospital y logró sobrevivir: "Mi suegra, Ana Jiménez, la abuela de las vías, estuvo 44 días en el hospital Reina Sofía contagiada de covid. 11 de ellos en la UCI. No la intubaron por su edad a pesar de su grave neumonía, pero sí que le pusieron oxígeno y un montón de fármacos junto con hidratación. Estuvieron muy pendientes de ella, hasta que la salvaron. Si hubiese fallecido, tendríamos todos la tranquilidad de que lucharon por ella hasta el final. En las residencias, no hubo oxígeno, ni aparatos de rayos X para evaluar la evolución de las neumonías ni fármacos distintos a los sedantes".   

 

 

El modelo murciano, supuestamente, también contemplaba un soporte de apoyo emocional a los trabajadores de la residencias absolutamente desbordados por una situación dramática.

Sobre el papel, el equipo de intervención debía establecer una comunicación con las familias de forma continuada, transmitiendo en todo momento información correspondiente a la situación clínica y resultados de pruebas realizadas, consensuado la toma de decisiones, realizando soporte emocional ante el agravamiento del estado de salud del residente, estableciendo un protocolo de visita de familiares en las situación de últimos días y reforzando la comunicación entre residentes y familias mediante vídeo-llamadas. “Nada más lejos de la realidad” aseguran las familias de CASER.

 

Las familias de CASER afirman que la decisión de no trasladar a sus familiares al hospital les fue impuesta.
 

Un triaje adecuado, según Médicos Sin Fronteras, debe seguir las siguientes pautas: “Cada caso debe ser valorado individualmente, con criterio exclusivamente clínico, psicológico y social. Los criterios de priorización deben ser objetivos, éticos y transparentes, aplicarse equitativamente y hacerse públicos si fuera necesario”. Las familias de CASER consideran que ninguno de esos criterios se cumplió con sus familiares.  No han conseguido ver el informe de evaluación con la puntuación en el índice Profund que dieron a sus familiares para dejarles morir en la residencia. 

 

En un primer momento, preocupaba tanto no colapsar el sistema sanitario, los servicios de urgencia y las UCIS de los hospitales, que no derivar ancianos de residencias a los hospitales formó parte de la estrategia de la Consejería de Salud. Por tanto, las residencias tuvieron que asumir de facto una responsabilidad para la que no estaban preparadas, ni dotadas, ni protegidas, con unas consecuencias desastrosas para residentes, personal y equipos de gestión, y un impacto directo en la alta mortalidad” afirma un informe de Médicos Sin Fronteras titulado “Poco tarde y mal” publicado en agosto de 2020 sobre la gestión de las residencias de mayores en España.

 

Desde que comenzó la pandemia, 1458 ancianos de residencias fueron contagiados de coronavirus. Según datos de la Consejería de Salud, en la primera ola, de 224 infectados en residencias, 93 fueron trasladados a hospitales. En la segunda ola, de 651 infectados en residencias de mayores, fueron trasladados 234 y en la tercera ola, de 583 infectados, fueron trasladados 207.  La tasa ancianos fallecidos en residencias en las tres olas se situó en el 71,9%. La tasa de ancianos fallecidos tras ser trasladados a hospitales se situó en el 14,98%. 

 

Se estima que 380 residentes han fallecido debido al coronavirus en Región de Murcia, aunque no es un dato definitivo. Salud está depurando las cifras puesto que han detectado que algunos fallecidos han sido contabilizados dos veces y  la cifra final podría ser sensiblemente inferior.

 

El presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontología, Carmelo Gómez, publicó unas reflexiones éticas sobre las medidas tomadas en las residencias de mayores durante la pandemia en la revista especializada “Cuadernos de Bioética” donde señaló “se ha evidenciado que los índices utilizados en los diversos protocolos y planes de actuación, tanto en el cribado para el acceso de los ancianos a determinados servicios hospitalarios como la UCI y en la atención sanitaria en las residencias de ancianos por parte de organismos sanitarios externos a las residencias, pueden estar vulnerando numerosos y fundamentales principios éticos”. 

 

Carmelo Gómez, que también coordina tres residencias de Mensajeos de la Paz, habló en noviembre de 2020 de "gerontocidio promovido por  dirigentes políticos". "Estamos a las puertas de una tercera oleada y siguen sin tener a nadie en el IMAS que responsablemente responda y encabece una gestión adecuada de la pandemia en las residencias y en los centros de día que son  los grandes olvidados y manipulados. Probablemente será porque todavía lo encabeza la misma persona que en la primera oleada, es decir, NADIE".

 

Otros expertos, así lo recoge un informe del Consejo Económico y Social -CES- coinciden en señalar que ha habido situaciones de gerontofobia y de estigmatización generalizadas en España. Los mayores (“los viejos”) no eran la prioridad en caso de disyuntiva terapéutica ante la escasez de medios. Ser mayor de 80 años y padecer alguna patología, se convirtió en una sentencia de muerte en el caso de contagio de coronavirus. Pareciera que por ser viejos les tocaba morir.

 

En la primera ola, entre el 14 de marzo que se declaró el estado de alarma y el 8 de junio que la Región de Murcia entró en la Fase III, se habían detectado en la región un total de 1599 casos de coronavirus confirmados con PCR, de los que 677 personas fueron hospitalizadas (42.3%) y hubo 112 ingresos en UCI (7%).  Por tanto, había capacidad hospitalaria para haber atendido a todos los ancianos residentes enfermos de gravedad cuyas familias habían solicitado el traslado de manera expresa.

 

El 20% del total de casos correspondió a trabajadores sanitarios y un 16,7% de los casos totales tuvo lugar en centros residenciales de mayores. Desde la Consejería de Salud siempre se aseguró que el SMS contaba 120 camas de cuidados intensivos que podían ampliarse a unas 350 contando las de los hospitales privados, las camas de reanimación y los quirófanos que no estuviesen en uso.

 

Nadie puede afirmar con seguridad que los residentes fallecidos no se habrían salvado de haber sido trasladados a un hospital. Lo que sí pueden afirmar las familias de CASER es que a sus padres y madres se les privó del derecho a recibir la atención médica hospitalaria que necesitaron. No hubo colapso ni en los hospitales públicos ni en los privados. "Nuestros padres y madres murieron solos, aislados y desasistidos durante días. Exigimos la verdad, exigimos justicia". 

 

 

La querella que las familias presentaron contra los responsables de la Consejería de Salud y contra los responsables de la residencia CASER sigue dando tumbos por los juzgados. La Audiencia Provincial deberá resolver a qué juzgado compete la querella con la que las familias pretenden hacer justicia dado que la vía política de investigación en la Asamblea Regional está cerrada. Lamentablemente, la gran mayoría de las denuncias presentadas en España contra los responsables de residencias y contra la administración por no velar por el buen funcionamiento de los servicios han terminado en la papelera.

 

Las familias de CASER no pierden la esperanza de hallar amparo en la Justicia, aunque eso ya no les vaya a devolver a sus seres queridos. Intentan que nadie pase por su sufrimiento. Intentan en definitiva que las residencias de mayores sean lugares para vivir, no para morir.

 

NOTA 1: La dirección de la residencia CASER en Santo Ángel ha declinado hacer declaraciones sobre su gestión durante la primera ola.  

 

NOTA 2:  La consejería de Política Social que dirige Isabel Franco no ha querido informar sobre cuántos trabajadores de residencias han resultado contagiados desde que comenzó la pandemia. Tampoco ha informado sobre el protocolo de inspección en residencias si es que existe. Y no ha informado sobre las residencias de mayores de la región donde supuestamente realizaron un cribado aleatorio y llevó a la vicepresidenta Isabel Franco a afirmar que el 11 de marzo de 2020 no había ningún caso positivo de coronavirus en residencias de mayores de la Región de Murcia.

 

NOTA 3: Potcast  de Onda Cero.