Hola Mundo.
Desde el Partido Popular se han apresurado a decir que "la justicia acorrala nuevamente" al secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, por una querella que aún no ha sido admitida a trámite. Una querella que ha presentado el Partido Popular contra el dirigente socialista por decir que había que "estirar el chicle de la corrupción" como estrategia política.
El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número, fechado el 22 de abril, fija para admitirla a trámite que el procurador presente los poderes correspondientes y, además, da un plazo de 10 días para que el PP deposite una fianza de 10.000 euros y así pueda ejercer la acción popular. Un procedimiento legal del que tuvimos noticia el pasado 27 de abril previa filtración a un periódico regional. Un guiño.
Sorprende por tanto que en los fundamentos de derecho, la juez aluda en su auto a "unas anteriores actuaciones que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa" sin explicar a qué actuaciones se refiere y cuando la querella aún no ha sido admitida a trámite, es decir, que la juez ni se la debe haber leído. O sí, nunca se sabe.
Por tanto, si con carácter previo a decidir sobre la admisión o no a trámite de la querella, el querellante debe subsanar el defecto de apoderamiento especial al procurador actuante y depositar la fianza correspondiente, ¿cómo puede haberse pronunciado ya la juez sobre la viabilidad de la acción penal entablada por el Partido Popular contra el dirigente socialista?
El meollo del asunto para Partido Popular radica en las palabras que el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, profirió durante el Comité Regional del partido celebrado el 13 de marzo en el que instó a los convocados a "estirar el chicle de la corrupción" y pidió a los convocados que tuvieran un guiño con los medios de comunicación que les ayudaban en alusión concretamente a un diario digital nacional y a un periódico regional.
El PP interpreta que esas indicaciones no eran
sino el reflejo de "un plan preconcebido" para copar los medios de
comunicación "con noticias de corrupción sobre el PP", y a cambio, entienden los populares, Conesa
reclamaba a los alcaldes socialistas "que utilizaran los medios de que dispusieran para premiar a los medios de comunicación que están ayudando a dañar la imagen del PP, incluso calumniándolo e injuriándolo".
Para el PP, el dirigente socialista es supuesto
autor de delitos de provocación a la prevaricación administrativa,
malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Por lo que se deduce de la querella, el Partido Popular se acoge al artículo 18 del Código Penal que dice que "la provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas a la perpetración de un delito".
Entienden los populares que Diego Conesa ha provocado con sus palabras a que los alcaldes socialistas perpetren varios y graves delitos. Entienden que "incitó a sus alcaldes a que con dinero público hicieran guiños y alimentaran así sus redes clientelares". Eso ha dicho la portavoz regional del PP, Míriam Guardiola. Entienden por tanto los populares que los medios de comunicación forman parte de las redes clientelares de los partidos políticos.
Los juristas consultados opinan que la querella, muy probablemente, no será admitida a trámite y se archivará de forma automática. "Lo contrario sería un escándalo" dicen, pero con la justicia nunca se sabe. Y si es admitida a trámite, lo más probable es que Diego Conesa sea citado a declarar como investigado para explicar qué quiso decir con lo de "estirar el chicle".
No es la primera vez que Diego Conesa recurre a expresiones populares para ahorrar palabras. No es de verbo fluido. Durante una reunión privada con miembros del PSOE de Cartagena tras pactar Ana Belén Castejón con
el PP y Cs la alcaldía de Cartagena, el dirigente socialista
dijo que debía imponer la autoridad como secretario general para que el
partido no se convirtiese “en el coño de la Bernarda”. El asunto llegó incluso a la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional como si no hubiese asuntos más importantes que solventar. Lo raro es que el PP no le plantase una denuncia por ofender a las Bernardas con semejante expresión.
La estrategia política del Partido Popular consiste en estirar el chicle hasta que sepa a plástico. Se trata de mantener imputado a Diego Conesa hasta 2023. Y si los jueces archivan, presentarán más querellas. Da igual cuál sea el motivo o la consistencia de los hechos denunciados. Para redactar querellas ex profeso ya están los abogados. Denuncia que algo queda. Puede que dentro de poco no quede ningún alcalde socialista de la región sin la correspondiente denuncia interpuesta por el Partido Popular. La acción popular en tribunales como instrumento de acción política para desgastar y desestabilizar. Ese parece ser el plan.
Ya ha avisado el senador del PP, Francisco Bernabé en twitter: "Se acabó la impunidad de los mentirosos! ¡Se terminaron las falsas denuncias que le salían gratis a la izquierda! A partir de ahora, el que calumnie al Partido Popular lo va a pagar. Y el primero va a ser el jefe de los socialistas murcianos. Y atentos, porque irán más detrás..."
Si lo de "estirar el chicle" y "tener guiños" con los medios de comunicación es para el Partido Popular la evidencia palpable y fehaciente de un grave caso de corrupción socialista, ¿qué destapó entonces el ex concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Roque Ortiz, cuando en una reunión interna del partido, con el ex alcalde de Murcia, José Ballesta sentado a su lado, recordó que "mucha gente está donde está gracias al PP"? Y arengó a los presentes a
advertir a los enchufados en las concesionarias de que podían perder el
puesto de trabajo si no volvían a ganar los populares las próximas
elecciones. Cuentan que Ballesta no hizo ni el más mínimo gesto de desaprobación al escuchar a Ortiz. ¿Qué presuntos delitos estaban revelando esos audios que en su día calificaron de mero "error verbal"?
Siendo grave lo que Roque Ortiz desveló con sus palabras, la Fiscalía archivó la denuncia que el PSOE presentó por esos audios intentando estirar el chicle. El Ministerio Fiscal concluyó que los hechos denunciados como un posible delito de prevaricación no eran constitutivos de delito.
El Juzgado de Instrucción número 3 tampoco apreció delito en los audios del pedáneo del PP en El Raal, Ramón Andrés Abellán, pese a que abrió diligencias por la supuesta comisión de delitos de falsedad, delito electoral, amenazas y coacciones. Ahí fue la Fiscalía la que abrió de oficio diligencias para investigar la presunta compra de votos. En la grabación se escuchaba al expresidente del PP de El Raal
hablando con el padre de un joven al que colocó en una empresa municipal
de limpieza de interiores a cambio de que se empadronase en la pedanía y
votara al PP. En otro fragmento advertía de que ya hubo quien no cumplió con el
trato y acabó pagándolo: "Se fue de nosotros y aunque había firmado la
renovación, me lo cargué".
El juez archivó y tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el joven amenazado recurrieron. La Audiencia Provincial resolverá el próximo 4 de mayo. El juzgado de instrucción archivó al no apreciar indicio sólido alguno de influencia por parte del investigado Ramón Andrés Abellán en el ámbito de toma de decisiones de la empresa Actúa Servicios y Medio Ambiente sobre contrataciones de personal.
El PSOE quiere estirar el chicle de la corrupción de los populares que haberla hayla, como el PP estira el chicle de la imputación de Diego Conesa, o el del agua o el de la okupación. O VOX estira el chicle de los menas o el del "consenso progre" que dicen "quiere cargarse la agricultura murciana". Insisto. Las sedes
de los partidos políticos están llenas de chicles que ni con espátulas salen de lo pegajosos que son.
Pero es que puestos hablar de investigados. Dos consejeros del gobierno regional, Javier Celdrán y Antonio Luengo, están siendo investigados por un presunto delito contra el medio ambiente. El Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha abierto diligencias
previas por un presunto delito contra los recursos naturales y medio
ambiente tras la publicación de dos órdenes de veda de caza, en concreto la de
2019 y 2020, sin contar con el debido informe de impacto ambiental. La
investigación parte tras la denuncia de Ecologistas en Acción y ANSE,
que señalaron que la Consejería de Medio Ambiente aprobó las órdenes de
vedas para las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 sin someterlas a
evaluación ambiental.
Otro chicle en sustancia en Calasparra del que apenas se habla. La concejal del PP, María Marín, está imputada por presunta malversación de fondos públicos. Un informe realizado por el Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de capitales de la Policía Nacional, por orden del juzgado número 2 de Caravaca, corroboró y acreditó las graves irregularidades presuntamente cometidas por Marín, durante su etapa como jefa de contabilidad de la sociedad Caravaca Jubilar junto al entonces gerente, Juan Rigabert, ambos investigados, por presunta malversación de caudales públicos y falsedad documental tras una dura querella de la Fiscalía que cuantificó el menoscabo a las arcas públicas en casi 250.000 euros.
Por no hablar del caso auditorio. El ex presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, mentor de Fernando López Miras, está pendiente de que el juzgado fije la fecha del juicio oral por el caso auditorio. Se sentará en el banquillo acusado de los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude de fondos públicos y fraude de subvenciones. Fue la Fiscalía la que en su día presentó una querella contra PAS muy dura y extensa.
El fiscal López Bernal dirigió la investigación personalmente. Con un edificio sin paredes, habían pagado ya hasta el telón del teatro auditorio que nunca apareció. Lo que en su día se esforzó el Partido Popular en hacernos creer que en realidad la obra estaba completamente terminada y que la recepción había sido adecuada cuando solo estaba el esqueleto y el dinero se había esfumado.
Por cierto, nada se sabe de la pieza separada que la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lorca, Consuelo
Andreo, abrió en 2016 para
investigar el destino que se dio a la subvención de seis millones de
euros que la Comunidad concedió al ayuntamiento de Puerto Lumbreras para
la construcción del Teatro-Auditorio. La abrió para investigar si se destinaron los fondos de la subvención a otros fines "públicos o privados", declaró secreta la investigación y desde entonces nada más se supo.
Sobre el delegado del gobierno, José Vélez y el secretario de organización del PSRM-PSOE, Jordi Arce. Ciertamente, ambos siguen investigados/imputados y así estarán hasta el fin de sus días al ritmo que funciona la justicia, especialmente los Juzgados y la Fiscalía de Caravaca.
El caso está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva si se ha sobrepasado o no el plazo legal de instrucción, es decir, si la causa está caducada. Para la defensa de Vélez, la causa caducó a principios de junio de 2020 y la Fiscalía no se pronuncia al respecto pese a que la juez emplazó al Ministerio Fiscal a pronunciarse al respecto en septiembre de 2020. Ni un papel.
Antes, en enero de 2020, el juzgado de instrucción número 3 de Caravaca había instado a la Fiscalía a que se pronunciase sobre si la causa contra José Vélez se debía archivar o convertirse en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral. Le dio de plazo hasta el 14 de marzo que se declaró el Estado de Alarma en España debido a la pandemia y los plazos legales quedaron suspendidos, aunque se reanudaron en junio con la "nueva normalidad". La Fiscalía disponía de un plazo legal de cinco días para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Pues han pasado meses y no se la pronunciando ni en un sentido ni en otro. Silencio absoluto de la Fiscalía sobre si Vélez y Arce cometieron o no delito al cobrar unas dietas como miembros de la corporación municipal calasparreña entre 2016 y 2017 cuya legalidad avalan hasta cuatro sentencias, dos del TSJ, en la vía contencioso-administrativa.
La vía penal a la que recurrieron los denunciantes tras perder en la vía contencioso-administrativa está empantanada en los despachos de los juzgados, pero políticamente sigue viva de tal forma que el Partido Popular puede estirar el chicle de que toda la cúpula del PSRM-PSOE está imputada y debe dimitir. Y estrictamente es así. Es un chicle muy suculento que estirarán hasta que la justicia resuelva y puede que pasen meses o años. Con los juzgados de Caravaca todo es posible.
Y
con
respecto a los guiños. Todos los partidos
políticos, todos sin excepción, tienen guiños con los medios de
comunicación, ya sea en forma de exclusivas informativas o de campañas
publicitarias. Depende del dinero de cada cual. El Partido Popular, que gobierna la región desde hace 25
años, sabe más que nadie de guiños puesto que maneja informaciones del
Ejecutivo que filtra a modo de guiño al medio o medios de comunicación
que más le interesan y, además, dispone de grandes cantidades de dinero para gastar en campañas de publicidad institucional con lo que tiene
mayor capacidad de hacer guiños. Fin de la cita.
La judicialización de la política afecta a todos los partidos. Gobernar y hacer oposición a golpe de pleitos sin fundamento es dañino para la vida democrática. Acudir a la justicia, famélica de medios técnicos y humanos, con denuncias y querellas con la sola intención de desgastar al adversario político y buscar titulares, detrae medios que son necesarios para resolver causas realmente importantes y necesarias. Pero eso ya lo saben y les da igual. Ya no hay adversarios políticos, solo hay enemigos a los que aplastar. El espectáculo es realmente lamentable.
Es penoso que el partido político que sustenta al gobierno de la región pierda el tiempo fabricando denuncias y querellas en vez de ocuparse hacer política con mayúsculas que resuelva la larga lista de problemas que arrastra nuestra comunidad. Fracaso escolar, una economía sumergida disparada, precariedad laboral que obliga a los titulados murcianos a emigrar, un sistema productivo incapaz de reducir la desigualdad y la pobreza. Seguimos siendo la región con más trabajadores pobres. Ausencia absoluta de políticas de conciliación. Un medio ambiente maltratado. Es que está casi todo por hacer y llevan 25 años gobernando o quizá por eso.
