"Si no se consultó a la Agencia Nacional de Protección de Datos, se cometió un error. Mi gobierno sí ha consultado" ha dicho el presidente Pedro Antonio Sánchez que traducido podría significar "si el gobierno de Alberto Garre que impulsó la Ley regional de Transparencia no consultó con quien debía consultar, cometió un error que mi gobierno no ha cometido". Pero no seamos mal pensados ni leamos entre líneas. ¿Qué podría ganar Pedro Antonio convirtiendo a Garre en una especie de Zapatero al que culpar?
Sea como fuere el gobierno regional ha publicado información "sensible" sin consultar tampoco con la Agencia Nacional de Protección de Datos y quizá habría sido lo sensato para curarse en salud. La propia consejera de Presidencia, Dolores Pagán dice que consultó el pasado viernes pero lo ha hecho forzada por el aluvión de críticas y una petición de dimisión por parte del sindicato CSIF.
Por otra parte Dolores Pagán, o alguien de su equipo, habría estado ofreciendo información contradictoria sobre los empleados públicos afectados o no por la Ley de Transparencia. Esto solo denota la ligereza con la que se ha aplicado la norma.
La Ley de Transparencia exige la publicación de la relación de puestos de trabajo y retribuciones de todos los empleados públicos sin excepción pero la información subida al portal de la transparencia discrimina. Mientras se publican nombres, apellidos y salario de todos los funcionarios de la administración general, del personal sanitario no hay nombres. Tan solo categorías profesionales y retribuciones base. Igual es porque hay médicos que ganan demasiado mientras piden que se desbloquee la carrera profesional para poder ganar todavía más. En esta región es conocida la fuerza del Sindicato Médico. Que se lo pregunten al ex consejero de Economía Juan Bernal.
Llegados a este punto resulta especialmente clarificador el artículo titulado "Funcionarios murcianos, al desnudo" que el profesor de Derecho Administrativo de la UMU Julián Valero ha publicado en su blog. Sostiene Valero que aunque la publicación de datos personales de funcionarios tiene amparo legal en la Ley 12/2014 de 16 Diciembre de 2014 de Transparencia y Participación Ciudadana puede que choque con el derecho fundamental a la intimidad que recoge la Constitución Española "porque aun admitiendo que exista amparo legal para proceder a la difusión de los datos del personal al servicio de la Administración regional murciana, lo cierto es que ni siquiera el legislador puede quebrantar los derechos fundamentales". Y se pregunta si la obligación de publicidad que establece la ley autonómica no vulnera las exigencias del principio de proporcionalidad después de que el Tribunal Constitucional haya sentenciado que la limitación a los derechos fundamentales que establezca el legislador habrá de ser proporcionada.
El profesor Valero advierte del uso que entidades de crédito o las empresas aseguradoras -entre otros muchos sectores- harán de los datos publicados en el portal de la transparencia ya que se incluyen las retribuciones de miles de trabajadores y, de paso, aconseja dotar al Consejo de la Transparencia de la región de Murcia de los medios y de las dependencias adecuadas para poder ejercer con independencia las funciones de control que establece esa misma ley que ordena la publicación de los datos objetivo de polémica.
En definitiva. En una región en la que las comisiones de investigación parlamentarias son secretas aunque la ciudadanía pide a gritos que sean abiertas, en la que ningún alto cargo está obligado por ley a publicar su declaración de bienes y patrimonio y en la que el silencio administrativo sigue siendo la respuesta a muchas peticiones de información; publicar nombres y salarios de miles de funcionarios, aunque lo contemple la Ley regional de Transparencia, es un error político de primer nivel a pocas semanas de unas elecciones generales. Si alguien en San Esteban pensó que haciendo ese alarde de transparencia conseguiría el aplauso ciudadano, se ha equivocado porque ha obtenido el efecto contrario. Y no es por desanimar pero el próximo 20 de Diciembre votarán esos funcionarios cabreados y sus familias y digo yo que el PP, con el trasvase de votos que se está produciendo hacia C's, no está para cometer errores de principiante. La torpeza solo es atribuible a la inexperiencia política de la titular de Presidencia, Dolores Pagán que para conmemorar el 28 de Septiembre, día mundial del Derecho a Saber organizó un acto público en el muro de un aparcamiento consistente en llenarlo de pósits con preguntas de los ciudadanos. Simplemente ridículo.
La medida, aunque legal, podría vulnerar el derecho fundamental a la intimidad teniendo en cuenta el alcance de la difusión, la naturaleza de la información difundida y el interés público en conocerla pero eso sólo lo puede dirimir el Tribunal Constitucional si fuera consultado. Aunque también hay expertos que consideran que el salario que cobra tal o cual funcionario público no es información íntima.
Pero al margen de legalidades o ilegalidades, la consejera Pagán, a la que se le presupone visión política por ser la titular de Presidencia, ha conseguido cabrear a miles de personas a las puertas de unas elecciones generales. Quizá por eso el presidente Pedro Antonio Sánchez se ha apresurado a decir "nos hemos limitado a cumplir una ley que había. No es una ley de mi gobierno" y se muestra dispuesto a reformarla y mejorarla junto a los sindicatos ante el debate suscitado. Y tiene razón Sánchez. No es una ley de su gobierno sino del grupo parlamentario del que él formaba parte la pasada legislatura y que la llevó a la Asamblea vía proposición de ley.
La irritación sindical es de tal calado que el gobierno regional ha accedido a eliminar del Portal de la Transparencia los salarios de los funcionarios lo que significa incumplir la Ley de Transparencia que, como dice Pedro Antonio Sánchez, está obligado a cumplir. Un lío de narices porque la tabla de excel está ya decenas de portátiles.
Después de tanta opacidad ansiamos transparencia en la región de Murcia. Pero puede que no estemos preparados para tanta luz. Es lo que tiene haber vivido en una caverna oscura durante años. Que cuando entra la luz, deslumbra y hasta ciega pero es preferible la luz a la oscuridad porque gracias a ello hemos conocido que casi el 20% de los funcionarios de la administración general -1490- son interinos y que 500 han sido nombrados a dedo.
Posdata: creo que debería haber titulado esta entrada en el blog "Transparencia de quita y pon".
En definitiva. En una región en la que las comisiones de investigación parlamentarias son secretas aunque la ciudadanía pide a gritos que sean abiertas, en la que ningún alto cargo está obligado por ley a publicar su declaración de bienes y patrimonio y en la que el silencio administrativo sigue siendo la respuesta a muchas peticiones de información; publicar nombres y salarios de miles de funcionarios, aunque lo contemple la Ley regional de Transparencia, es un error político de primer nivel a pocas semanas de unas elecciones generales. Si alguien en San Esteban pensó que haciendo ese alarde de transparencia conseguiría el aplauso ciudadano, se ha equivocado porque ha obtenido el efecto contrario. Y no es por desanimar pero el próximo 20 de Diciembre votarán esos funcionarios cabreados y sus familias y digo yo que el PP, con el trasvase de votos que se está produciendo hacia C's, no está para cometer errores de principiante. La torpeza solo es atribuible a la inexperiencia política de la titular de Presidencia, Dolores Pagán que para conmemorar el 28 de Septiembre, día mundial del Derecho a Saber organizó un acto público en el muro de un aparcamiento consistente en llenarlo de pósits con preguntas de los ciudadanos. Simplemente ridículo.
Pero al margen de legalidades o ilegalidades, la consejera Pagán, a la que se le presupone visión política por ser la titular de Presidencia, ha conseguido cabrear a miles de personas a las puertas de unas elecciones generales. Quizá por eso el presidente Pedro Antonio Sánchez se ha apresurado a decir "nos hemos limitado a cumplir una ley que había. No es una ley de mi gobierno" y se muestra dispuesto a reformarla y mejorarla junto a los sindicatos ante el debate suscitado. Y tiene razón Sánchez. No es una ley de su gobierno sino del grupo parlamentario del que él formaba parte la pasada legislatura y que la llevó a la Asamblea vía proposición de ley.
La irritación sindical es de tal calado que el gobierno regional ha accedido a eliminar del Portal de la Transparencia los salarios de los funcionarios lo que significa incumplir la Ley de Transparencia que, como dice Pedro Antonio Sánchez, está obligado a cumplir. Un lío de narices porque la tabla de excel está ya decenas de portátiles.
Posdata: creo que debería haber titulado esta entrada en el blog "Transparencia de quita y pon".