¿A QUÉ ESPERA EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA PERSONARSE COMO ACUSACIÓN POPULAR?

Hola Mundo.

El presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, como representante legal de la Fundación San Antonio y de la empresa Centro de Estudios San Antonio S.L. ha acudido al juzgado que le había citado  en calidad de imputado (ahora investigado) pero se ha negado a declarar.  Aduce que ha recurrido la citación ante la Audiencia Provincial por considerar que no está justificada y que no existen indicios de delito. "Lo mejor que puedo hacer es guardar silencio. Tengo la conciencia tranquila. Estoy en paz" ha dicho Mendoza a su salida de la ciudad de la justicia. Creía que era la confesión con la que los católicos encontraban la paz.

José Luis Mendoza, este viernes, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Murcia. / GUILLEMO CARRIÓN / AGMenda

Su abogado defensor, José María Cabaellero, que confía en que la Audiencia Provincial finalmente concluya que no es delito la construcción sin licencia y una zona especialmente protegida de un aulario, un laboratorio, un almacén, una cafetería, un porche y una caseta auxiliar,  ha espetado a los periodistas que esperaban a Mendoza a su salida del juzgado "¡Querían el paseillo ante las cámaras. Pues ya lo tienen"y ha añadido "esperamos que la Audiencia diga que no es delito, igual que no lo hay en el delito de la Universidad pública que ocupa una rambla. Pero, cuando se trata de la UCAM, no hay esa buena fe. Si aquí no hay delito, no hay que declarar de nada".

Hagamos repaso del tema que nos ocupa.  Los informes realizados por el Servicios de Disciplina Urbanística tras la denuncia del grupo AHORA MURCIA, permitieron constatar que en la zona sur del campus se habían levantado en los últimos años varios edificios que en apareciencia incumplían la normativa urbanística, pues no respetaban las condiciones de  de una licencia que se obtuvo en origen y, en otros casos, s ehabían construido directaemente sin permiso y en una zona calificada como "Suelo no urbanizable NR: Huerta, rincones y cabecera del Segura y otros espacios de alto interés". Y que los edificios, que ocupan una superficie global de 3479m2 vulnerarían en todos los casos la legislación urbanística.

Ante tales informes, el 29 de julio de 2015, el concejal de urbanismo, Navarro Corchón emitó un edicto por el que se declaraba la imposibilidad de legalización de los actos de edificación o usos del suelo realizados, lo que llevaba a iniciar un procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística que pasaba por la demolición  de los inmuebles mencionados. El coste del derribo fue estimado  por los técnicos municipales en 39.000 euros. 

Dos meses después, y ante la gravedad de las infracciones cometidas y la existencia de indicios de un delito contra la ordenación del territorio, el propio Navarró Corchón dictó un nuevo decreto, el 22 de septiembre, con el que ordenaba remitir el expediente a la Fiscalía para la depuracion de las posibles responsabilidades penales en que se hubiera podido incurrir. 

No desesperen que la historia continúa. En febrero de 2016 la UCAM trata de legalizar las obras sin licencia pidiendo una autorización exepcional a lo que, como no, el concejal de Urbanismo, Navarro Corchón accede asegurando que existe "una autorización excepcional" que pasaría por que la Comunidad Autónoma considere, atendiendo a la petición de la UCAM, que esos edificios tienen "un interés social" y autorice a posteriori, sobre unos hechos ya consumados, esas construcciones en suelo no urbanizable. Con un par.

Pero llega la Fiscalía de Medio Ambiente, hace suya una denuncia del grupo Ahora Murcia, y presenta una querella contra la UCAM por un presunto delito contra la ordenación del territorio que es el motivo por el que Mendoza es imputado y hoy ha acudido a no declarar porque -dice- "lo mejor que puedo hacer es guardar silencio" ¡Con lo liberadora que resulta la confesión!

Por si faltaba algo. La titular del juzgado de instrucción número 5 que instruye el caso ha pedido una fianza de 3000 euros al grupo municipal Ahora Murcia-Podemos para ejercer la acusación popular en defensa del interés general de los murcianos; acusación popular que  DEBERÍA ESTAR PIDIENDO Y EJERCIENDO EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA ¿A qué está esperando? ¿Qué intereses  desea defender? Ahora Murcia ha recurrido la imposición de la fianza.

No descarten que el Ayuntamiento de Murcia esté maniobrando para legalizar, COMO SEA, esos edificios antes de que el proceso judicial vaya a más. Empiezo a pensar que en esta región todo es posible.  Veremos a ver qué son capaces de sacarse de la chistera porque si esos edificios ilegales reciben una autorización excepcional atendiendo al interés social, lo lógico es que la UCAM devuelva los 135.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Murcia le cedió gratuitamente al norte del campus para construir, precisamente, lo que ha construido al sur y en suelo de especial protección ¿Pero quién se conforma con menos, pudiendo tenerlo todo?  ¿Será verdad, como dicen, que Mendoza es el sheriff de esta región?