Creo que no exagero si digo que la fortaleza del Estado de Derecho y de la separación de poderes se está poniendo a prueba en la región y que Murcia, lamentablemente, se ha convertido en un territorio donde ya se puede hacer una tesis sobre la posverdad, que no deja de ser una mentira contada como si fuese verdad y que muchos creen porque es lo que quieren creer.
Se debate mucho sobre si el presidente murciano está o no imputado. Antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el PP, dada la carga negativa del palabro, no cabría ninguna duda. Pero tras la reforma de la ley impulsada por el PP de Rajoy para eliminar la carga negativa y estigmatizadora del término, el imputado se convirtió en investigado y, según el BOE que los populares exhiben en defensa de Pedro Antonio Sánchez, “una persona no está imputada formalmente hasta que no es encausado con la apertura de juicio oral”.
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| BOE 6 octubre 2015 |
¿Pero es eso lo que firmó Pedro Antonio Sánchez con C’s para asegurar la investidura? Creo que cuando Pedro Antonio Sánchez estampaba su rubrica junto a Miguel Sánchez y comprometía públicamente su palabra, sabía perfectamente a qué momento procesal se refería, como sabía que aunque fuese citado a declarar por el caso auditorio, no dimitiría. Que ahora le convenga decir que se refería a la imputación formal como sinónimo de encausamiento es otra cosa. No obstante, y para aclarar dudas, en Onda Cero le preguntaban al nuevo fiscal jefe de Murcia, José Luis Díaz Manzanera y dice que "estará formalmente investigado, antes imputado, cuando el próximo 6 de marzo le lean sus derechos en presencia de su abogado en sede judicial".
El problema es que la credibilidad del PP mengua a cada entrevista que conceden sus dirigentes. Lo de las 16 denuncias archivadas contra el presidente tantas veces repetido y comprado como verdadero por el propio presiente del gobierno de la Nación, ha sido desmentido desde la propia fiscalía. Veremos a ver qué pasar cuando un periodista se atreva a rectificar en público a Rajoy.
Y lo del error administrativo es de chiste porque el propio Consejo General del Poder Judicial ha zanjado el debate al asegurar que “prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad” sí son delitos de corrupción política. Por otra parte, como recientemente le espetaba el periodista Carlos Alsina a la consejera portavoz del gobierno murciano, Noelia Arroyo "nada hay más alejado de un error administrativo que la prevaricación administrativa porque ésta consiste en el incumplimiento de la ley a sabiendas". Minimizar el delito de prevaricación porque se apellide "administrativa" sí que es un error garrafal. Es que, además, la prevaricación siempre es administrativa. No existen datos científicos que acrediten la existencia de prevaricación industrial, ecológica o planetaria. En definitiva, otro ejemplo llamativo de posverdad. Realmente hay declaraciones que restan más que suman, pero doctores y argumentarios tiene la Iglesia.
Pero el auto del magistrado ha generado suspicacias por más cosas ¿Por qué? Pues porque el magistrado, a petición de la defensa de Sánchez, ha admitido como prueba la copia certificada del expediente de liquidación de las obras del auditorio realizado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Una prueba que en su día rechazó la juez de Lorca aduciendo que ya constaba en las diligencias la certificación de que las obras habían sido recepcionadas y que se había procedido a la liquidación del gasto. Para las acusaciones esa prueba que admite Templado no tiene ningún valor y explican que "es como si Hacienda te requiere para una inspección y te pones a rehacer la declaración de la renta". Aunque dicen que no tiene ningún valor probatorio, una de las acusaciones tiene decidido presentar recurso de reforma para que, al menos, el juez justifique su decisión. No se entiende qué valor probatorio puede tener un expediente de liquidación de obras elaborado por otros imputados en el caso auditorio que siguen ejerciendo en el ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
Y lo del error administrativo es de chiste porque el propio Consejo General del Poder Judicial ha zanjado el debate al asegurar que “prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad” sí son delitos de corrupción política. Por otra parte, como recientemente le espetaba el periodista Carlos Alsina a la consejera portavoz del gobierno murciano, Noelia Arroyo "nada hay más alejado de un error administrativo que la prevaricación administrativa porque ésta consiste en el incumplimiento de la ley a sabiendas". Minimizar el delito de prevaricación porque se apellide "administrativa" sí que es un error garrafal. Es que, además, la prevaricación siempre es administrativa. No existen datos científicos que acrediten la existencia de prevaricación industrial, ecológica o planetaria. En definitiva, otro ejemplo llamativo de posverdad. Realmente hay declaraciones que restan más que suman, pero doctores y argumentarios tiene la Iglesia.
Por otra parte hay que reconocer que el magistrado instructor del caso auditorio, Julián Pérez Templado,
sabiéndose observado con lupa, no ha comenzado con buen pie. Al día
siguiente de dictar auto de citación al presidente Pedro Antonio Sánchez, tuvo que rectificarlo porque había acordado investigarlo solo por
prevaricación administrativa cuando, en realidad,
son cuatro los delitos: prevaricación continuada, malversación,
falsedad documental y fraude; que atribuye al presidente la juez de Lorca, Consuelo Andreo tras año y medio de investigación, toma de declaraciones y diligencias. Pérez Templado
aduce que ha sido un error material. Seguro que sí, pero la Fiscalía,
que lo achacaba a un despiste, solicitó una aclaración para no
causar indefensión al investigado y para que el error no terminase con
la nulidad de las actuaciones.
Pero el auto del magistrado ha generado suspicacias por más cosas ¿Por qué? Pues porque el magistrado, a petición de la defensa de Sánchez, ha admitido como prueba la copia certificada del expediente de liquidación de las obras del auditorio realizado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. Una prueba que en su día rechazó la juez de Lorca aduciendo que ya constaba en las diligencias la certificación de que las obras habían sido recepcionadas y que se había procedido a la liquidación del gasto. Para las acusaciones esa prueba que admite Templado no tiene ningún valor y explican que "es como si Hacienda te requiere para una inspección y te pones a rehacer la declaración de la renta". Aunque dicen que no tiene ningún valor probatorio, una de las acusaciones tiene decidido presentar recurso de reforma para que, al menos, el juez justifique su decisión. No se entiende qué valor probatorio puede tener un expediente de liquidación de obras elaborado por otros imputados en el caso auditorio que siguen ejerciendo en el ayuntamiento de Puerto Lumbreras.
Para la representación legal de Sánchez sí es relevante esa prueba porque consideran que puede contribuir a aclararlo todo. Hasta tal punto la consideran crucial que el pasado 15 de febrero presentaron
un escrito solicitando al instructor de la causa que ordenase de modo
previo a cualquier otra diligencia (de modo previo a citar al presidente) la copia del expediente de
liquidación del teatro auditorio al entender que "saber cómo se ha
liquidado el contrato y que las obras se han ejecutado realmente y el
importe de las mismas...... era condición necesaria para continuar en su caso
o no la investigación". El instructor ha incorporado la prueba pero no ha paralizado el resto de diligencias puesto que ha citado a declarar al presidente el próximo 6 de marzo.
La pieza separada es una incógnita. Quizá por eso la defensa de Sánchez insiste tanto en el expediente de liquidación de las obras y en que hasta el último euro de la subvención está metido en la obra del teatro auditorio. Una instalación que necesitaría, según un informe del pericial solicitado por la fiscalía, de dos millones adicionales para su finalización.
La tormenta política que azota a la región de Murcia desde que el fiscal general ordenó no investigar al presidente por la Púnica, no escampa. La indiscreción del propio presidente en una emisora de radio ha conseguido que lo que pasa en Murcia interese en el resto de España. Las cámaras de La Sexta, Antena 3 y Tele5 viven a las puertas de San Esteban. No hay medio de comunicación nacional que no se haya apuntado al carro. Y en los pasillos del Congreso de los Diputados es el monotema aunque Rajoy intenta eludir siempre que puede las preguntas de los periodistas sobre Murcia. No responde cuando le preguntan si pedirá a Pedro Antonio Sánchez que dimita o si lo va a mantener como candidato a presidir el PP de Murcia en el congreso regional que se celebrará en marzo y para el que se ha presentado con el aval de 5.000 militantes. De momento Sánchez tiene el apoyo de Rajoy pero ya saben cómo es Don Mariano: hoy te dice sé fuerte y mañana olvida tu nombre y te sale con lo de "esa persona de la que usted me habla".
Por otra parte el presidente de C's, Albert Rivera, que sabe que se está jugando su relevancia política en España, se atrevió la semana pasada a pronunciar las palabras moción de censura si Sánchez no dimite y el PP no presenta un candidato alternativo. Ciertamente no las ha vuelto a repetir. Miguel Sánchez acudirá el jueves a la cita a negociar un plan de estabilidad política para la segunda mitad de legislatura con otro presidente al frente del gobierno regional. Pedro Antonio Sánchez se ha limitado a decir que en esa reunión quiere hablar de todo con C's "porque el pacto va bien y la región de Murcia avanza a buen ritmo". No es necesario ser un lince para saber cómo terminará la cita. El presidente ya ha dicho que "antes de tirar la toalla se la traga".
El dirigente naranja, que cree que la reunión será larga, no baraja otra opción que la dimisión del presidente. En eso se muestra tajante el caravaqueño. Lo que no descarta -son las rebajas- es permitirle seguir al frente del PP si finalmente es elegido presidente en el congreso del 18 de marzo además de permitirle conservar el acta de diputado y, por tanto, el aforamiento aunque el pacto de investidura incluye la dimisión de todos los cargos públicos y orgánicos en caso de imputación como sucedió con Miguel Ángel Cámara y Joaquín Bascuñana.
En C's son conscientes de que mantener el aforamiento es clave para Pedro Antonio Sánchez dadas sus circunstancias. Si lo pierde, el caso auditorio automáticamente sale del TSJ rumbo a Lorca donde le esperaría la juez Andreo para tomarle declaración. Pero es que además, el juez Eloy Velasco podría dictar directamente auto de procesamiento contra él como lo ha hecho contra el resto de imputados en la rama murciana de la Púnica.
Los de C's van de duros pero en su fuero interno saben que son débiles. La única forma de echar al pesidente es mediante una moción de censura de la que, de momento, no quieren ni hablar. Hablan de otras vías sin desvelar qué vías porque posiblemente ni ellos las conocen por muchas vueltas que están dando sus servicios jurídicos. Por otra parte algo de verdad habrá en el run run de que el presidente podría convocar elecciones anticipadas si ve inminente e imparable la moción de censura con la esperanza de que el magistrado archive en ese lapso de tiempo. Ciertamente una campaña electoral se vive y dirige mejor desde San Esteban que desde fuera del palacio.
Si hubiese elecciones anticipadas volvería a ganar el PP aunque no con mayoría absoluta. El PP, pese a la que está cayendo, volvería a ser la fuerza política más votada aunque bajaría en escaños. En primer lugar por la nueva ley electoral de la región de Murcia. Sería el primer ensayo electoral tras la reforma y puede que el PP no haya calibrado bien los efectos de la circunscripción única. Y en segundo lugar por Alberto Garre que, convertido en una marca, podría pescar muchos votos en caladeros del PP y de C's en la región de Murcia si finalmente da el paso, se da de baja del PP y decide encabezar un nuevo partido político. Ya ha dado algún aviso con el artículo titulado "Pedro Antonio y la generosa ejemplaridad" donde dice que "para algunos hay que cerrar filas aunque sea acosta de apartarse de los principios de un partido con el que cada vez cuesta más identificarse". El portavoz del grupo parlamentario popular, Víctor Martínez le ha señalado la puerta de salida diciendo "que nadie está obligado a estar en el PP y que con la misma libertad con la que se puede entrar se puede salir". Puede que más pronto que tarde veamos por dónde respira Garre si deja de deshojar la margarita.
No escampa la tormenta, no. Los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Alcantarilla (el PP no tiene mayoría absoluta en ninguno de ellos) han pedido la dimisión del presidente. Por si faltaba algo, el fiscal jefe saliente, Manuel López Bernal ha denunciado intimidaciones, presiones y persecuciones de las que están siendo objeto los fiscales que persiguen la corrupción en toda España, no solo en Murcia, con denuncias y querellas inventadas contra ellos, insultos y hasta asaltos a sus viviendas buscando material sensible sobre sumarios y de donde solo se llevan el ordenador personal dejando joyas y otros objetos de valor. No es la primera vez que lo ha denunciado públicamente pero ahora, debido al relevo, ha saltado a nacional porque todos los medios tiene la lupa puesta en una región que durante años les ha parecido irrelevante informativamente hablando.
Y subrayo: no es la primera vez que López Bernal denuncia las presiones a las que se ven sometidos muchos fiscales que investigan casos de corrupción, sobre todo en poblaciones pequeñas. En un informe de dos folios que se incluyo en la Memoria General de la Fiscalía General del Estado de 2015, López Bernal pedía a sus superiores que se adoptaran medidas para frenar la presión que ejercen algunos cargos políticos cuando se enfrentan a un procedimiento judicial, a través de querellas con fines dilatorios o con descalificaciones directas contra jueces y fiscales en los medios de comunicación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, una vez más, se ha equivocado recordando al ya ex fiscal jefe que existen cauces reglados dentro del ministerio fiscal para denunciar esas presiones. No se me ocurre mejor cauce que un informe remitido de su puño y letra a la Fiscalía General del Estado además de denuncias ante la Delegación del Gobierno.
Como la memoria es caprichosa y selectiva y hay quien está viendo en las declaraciones de López Bernal un rebote por no haber sido renovado en el cargo, la hemeroteca puede ser refrescante y muy didactica. En febrero de 2015, la Junta de Fiscales de Murcia era la encargada de salir en su defensa ante los ataques del entonces diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte pero hay más incidentes que recopilaba Ricardo Fernández del periódico La Verdad.
Toda la oposición en Murcia ha calificado de inoportuno el relevo de López Bernal al frente de la fiscalía aunque el más contundente ha sido el portavoz de C's, Miguel Sánchez quien ha dicho que "el PP lleva mucho tiempo persiguiendo al ya ex fiscal jefe que ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción". El gobierno regional se ha limitado a decir que "ya tocaba" y el PP habla de un proceso normal de renovación de fiscales mientras preguntan porqué el PSOE casi suplicaba que no fuese relevado. Con lo que, al parecer, no contaban en el PP es con que el elegido para sustituirle haya sido José Luis Díaz Manzanera -otro fiscal implacable con la corrupción y admirador de la figura de Jesucristo, que posiblemente asuma personalmente el caso auditorio porque lo conoce en profundidad ya que ha seguido la instrucción en Lorca e incluso participe en el interrogatorio al presidente el próximo 6 de marzo.
La comparecencia del fiscal general, José Manuel Maza la semana que viene en el Congreso por las supuestas presiones que habría recibido del gobierno para no investigar al presidente por la púnica y la tormenta política y mediática que eso desató (filtraciones incluídas) inclinó la balanza en el último minuto a favor de Díaz Manzanera que, a priori, no muestra flancos débiles mediante los que alguien podría socavar su imparcialidad y profesionalidad. Maza debió pensar que la credibilidad y la autonomía de la fiscalía general están en entredicho y no era cuestión de tensar aún más la cuerda.
Por otra parte me pregunto porqué muchos incondicionales y hasta el propio Pedro Antonio Sánchez están seguros de que el caso será archivado y en poco tiempo. Cuestión de fe, postureo mediático o saben algo que el resto de mortales desconocemos. Ciertamente el magistrado Pérez Templado no era el preferido de las acusaciones y no es menos cierto que cuando el fiscal presentó la querella contra Pedro Antonio Sánchez en el TSJ dada su condición de aforado, en el PP estaban casi seguros de que sería remitido a un juzgado de Lorca como así sucedió. Aquella polémica decisión del TSJ (con voto particular del juez Abadía) permitió que Sánchez fuese designado candidato a la presidencia regional pero puso la causa en manos de una magistrada que se ha tomado muy en serio su papel de instructora y ha investigado con ahínco. Ahí está su auto. Hay medios de comunicación como el periódico El Mundo que ha recordado ese pasaje reciente de la historia política regional.
Se sigue discutiendo mucho sobre la línea roja en la que un cargo político debe dimitir porque los partidos han sido negligentes e incapaces de ponerse de acuerdo demostrando que las preocupaciones de los ciudadanos enumeradas por el CIS les importan un pimiento. En mi opinión, la apertura de juicio oral es el momento clave, pero esa no es la cuestión que nos ocupa en Murcia porque lo firmado y comprometido públicamente es otra y los vídeos pesan como losas. Por otra parte siempre habrá quien diga que hay esperar a la condena por si es declarado inocente y otros dirán que es inocente mientras un tribunal superior no confirme la setencia condenatoria. Podríamos entrar en una espiral interminable porque el debate está impregnado de sentimientos y emociones que es, precisamente, de lo que se nutre la posverdad.
Desde la oposición sacan a relucir que el presidente está incumpliendo la ley de transparencia. El artículo 54 de la ley no obliga a dimitir. De haber obligado, habría sido recurrido. Por eso dice "entenderá" que debe dimitir y no "deberá" dimitir. Traslada esa decisión al afectado del que se presume compromiso ético. Es un artículo que apela a la responsabilidad política de cada uno que siempre se asume antes que la responsabilidad penal pero ¡Oh! España es un país sin responsabilidad política desde hace muchos años. ¿Está incumpliendo el presidente la ley de transparencia? Creo que no. Porque él ENTIENDE que no ha cometido ningún delito de corrupción y no está imputado.
Dadas las circunstancias, como dice un amigo mío, no solo hemos entrado en la época de la posverdad, también en la época de la posreponsabilidad. No escampa. La tormenta arrecia. Esto acaba de empezar y es susceptible de empeorar.
Pero lo que más ha extrañado a las partes es que el magistrado
ha requerido a la juez de Lorca para que "a la mayor urgencia le
remita copia de todas las actuaciones realizadas y las que tenga previstas en
relación a la pieza separada" que instruye para conocer el destino final
de la subvención de 6 millones de euros que concedió la comunidad
autónoma para la construcción del auditorio. No asume la competencia, pero quiere saber qué se cuece en el juzgado de Lorca. Una petición que, a priori, choca con
la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ que hace pocos días
se limitó a pedir a la juez Andreo que informe si en el curso de su
investigación aprecia indicios o datos relevantes en relación a la pieza
principal y al aforado para una mejor coordinación de ambos procedimientos.
¿Por qué el instructor quiere saber qué investiga la juez Andreo en relación al destino final del dinero? Los jueces son muy celosos de su independencia y no descarten una negativa en toda regla de la juez. La fiscalía sopesa recurrir y una de las acusaciones tiene decidido presentar recurso de reforma porque no termina de entender las motivaciones del magistrado que, por otra parte, quedaría en evidencia si archiva precipitadamente la pieza principal del caso auditorio en Murcia y luego resulta que la juez de Lorca descubre que hay tomate. Igual por eso quiere estar el magistrado en misa y repicando.
Conviene subrayar que la Intervención General del Estado concluyó que no consta que la Intervención General de la CARM hiciera algún control financiero de la subvención y que el el 29 de noviembre de 2016 la juez Consuelo Andreo decidió abrir la mencionada pieza separada para conocer las razones por las que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se gastó tres millones de la subvención en 2007, antes de llegar incluso a iniciarse las obras del auditorio. Algo que obligó a Sánchez a pedir a la Consejería de Cultura un adelanto del segundo pago de la ayuda pública, por importe de otros tres millones. En octubre de 2008, cuando el Consistorio ya había realizado los primeros pagos vinculados a la construcción del Teatro-Auditorio, de los seis millones solo quedaban 337.141 euros en la cuenta del banco. La juez investiga cuál fue el destino que se le dieron a esos casi seis millones de euros, durante los 18 meses en que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tuvo el dinero a su disposición sin haberse iniciado las obras.
¿Por qué el instructor quiere saber qué investiga la juez Andreo en relación al destino final del dinero? Los jueces son muy celosos de su independencia y no descarten una negativa en toda regla de la juez. La fiscalía sopesa recurrir y una de las acusaciones tiene decidido presentar recurso de reforma porque no termina de entender las motivaciones del magistrado que, por otra parte, quedaría en evidencia si archiva precipitadamente la pieza principal del caso auditorio en Murcia y luego resulta que la juez de Lorca descubre que hay tomate. Igual por eso quiere estar el magistrado en misa y repicando.
Conviene subrayar que la Intervención General del Estado concluyó que no consta que la Intervención General de la CARM hiciera algún control financiero de la subvención y que el el 29 de noviembre de 2016 la juez Consuelo Andreo decidió abrir la mencionada pieza separada para conocer las razones por las que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se gastó tres millones de la subvención en 2007, antes de llegar incluso a iniciarse las obras del auditorio. Algo que obligó a Sánchez a pedir a la Consejería de Cultura un adelanto del segundo pago de la ayuda pública, por importe de otros tres millones. En octubre de 2008, cuando el Consistorio ya había realizado los primeros pagos vinculados a la construcción del Teatro-Auditorio, de los seis millones solo quedaban 337.141 euros en la cuenta del banco. La juez investiga cuál fue el destino que se le dieron a esos casi seis millones de euros, durante los 18 meses en que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras tuvo el dinero a su disposición sin haberse iniciado las obras.
La pieza separada es una incógnita. Quizá por eso la defensa de Sánchez insiste tanto en el expediente de liquidación de las obras y en que hasta el último euro de la subvención está metido en la obra del teatro auditorio. Una instalación que necesitaría, según un informe del pericial solicitado por la fiscalía, de dos millones adicionales para su finalización.
La tormenta política que azota a la región de Murcia desde que el fiscal general ordenó no investigar al presidente por la Púnica, no escampa. La indiscreción del propio presidente en una emisora de radio ha conseguido que lo que pasa en Murcia interese en el resto de España. Las cámaras de La Sexta, Antena 3 y Tele5 viven a las puertas de San Esteban. No hay medio de comunicación nacional que no se haya apuntado al carro. Y en los pasillos del Congreso de los Diputados es el monotema aunque Rajoy intenta eludir siempre que puede las preguntas de los periodistas sobre Murcia. No responde cuando le preguntan si pedirá a Pedro Antonio Sánchez que dimita o si lo va a mantener como candidato a presidir el PP de Murcia en el congreso regional que se celebrará en marzo y para el que se ha presentado con el aval de 5.000 militantes. De momento Sánchez tiene el apoyo de Rajoy pero ya saben cómo es Don Mariano: hoy te dice sé fuerte y mañana olvida tu nombre y te sale con lo de "esa persona de la que usted me habla".
Por otra parte el presidente de C's, Albert Rivera, que sabe que se está jugando su relevancia política en España, se atrevió la semana pasada a pronunciar las palabras moción de censura si Sánchez no dimite y el PP no presenta un candidato alternativo. Ciertamente no las ha vuelto a repetir. Miguel Sánchez acudirá el jueves a la cita a negociar un plan de estabilidad política para la segunda mitad de legislatura con otro presidente al frente del gobierno regional. Pedro Antonio Sánchez se ha limitado a decir que en esa reunión quiere hablar de todo con C's "porque el pacto va bien y la región de Murcia avanza a buen ritmo". No es necesario ser un lince para saber cómo terminará la cita. El presidente ya ha dicho que "antes de tirar la toalla se la traga".
En C's son conscientes de que mantener el aforamiento es clave para Pedro Antonio Sánchez dadas sus circunstancias. Si lo pierde, el caso auditorio automáticamente sale del TSJ rumbo a Lorca donde le esperaría la juez Andreo para tomarle declaración. Pero es que además, el juez Eloy Velasco podría dictar directamente auto de procesamiento contra él como lo ha hecho contra el resto de imputados en la rama murciana de la Púnica.
Los de C's van de duros pero en su fuero interno saben que son débiles. La única forma de echar al pesidente es mediante una moción de censura de la que, de momento, no quieren ni hablar. Hablan de otras vías sin desvelar qué vías porque posiblemente ni ellos las conocen por muchas vueltas que están dando sus servicios jurídicos. Por otra parte algo de verdad habrá en el run run de que el presidente podría convocar elecciones anticipadas si ve inminente e imparable la moción de censura con la esperanza de que el magistrado archive en ese lapso de tiempo. Ciertamente una campaña electoral se vive y dirige mejor desde San Esteban que desde fuera del palacio.
Si hubiese elecciones anticipadas volvería a ganar el PP aunque no con mayoría absoluta. El PP, pese a la que está cayendo, volvería a ser la fuerza política más votada aunque bajaría en escaños. En primer lugar por la nueva ley electoral de la región de Murcia. Sería el primer ensayo electoral tras la reforma y puede que el PP no haya calibrado bien los efectos de la circunscripción única. Y en segundo lugar por Alberto Garre que, convertido en una marca, podría pescar muchos votos en caladeros del PP y de C's en la región de Murcia si finalmente da el paso, se da de baja del PP y decide encabezar un nuevo partido político. Ya ha dado algún aviso con el artículo titulado "Pedro Antonio y la generosa ejemplaridad" donde dice que "para algunos hay que cerrar filas aunque sea acosta de apartarse de los principios de un partido con el que cada vez cuesta más identificarse". El portavoz del grupo parlamentario popular, Víctor Martínez le ha señalado la puerta de salida diciendo "que nadie está obligado a estar en el PP y que con la misma libertad con la que se puede entrar se puede salir". Puede que más pronto que tarde veamos por dónde respira Garre si deja de deshojar la margarita.
No escampa la tormenta, no. Los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Alcantarilla (el PP no tiene mayoría absoluta en ninguno de ellos) han pedido la dimisión del presidente. Por si faltaba algo, el fiscal jefe saliente, Manuel López Bernal ha denunciado intimidaciones, presiones y persecuciones de las que están siendo objeto los fiscales que persiguen la corrupción en toda España, no solo en Murcia, con denuncias y querellas inventadas contra ellos, insultos y hasta asaltos a sus viviendas buscando material sensible sobre sumarios y de donde solo se llevan el ordenador personal dejando joyas y otros objetos de valor. No es la primera vez que lo ha denunciado públicamente pero ahora, debido al relevo, ha saltado a nacional porque todos los medios tiene la lupa puesta en una región que durante años les ha parecido irrelevante informativamente hablando.
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| VÍDEO |
Y subrayo: no es la primera vez que López Bernal denuncia las presiones a las que se ven sometidos muchos fiscales que investigan casos de corrupción, sobre todo en poblaciones pequeñas. En un informe de dos folios que se incluyo en la Memoria General de la Fiscalía General del Estado de 2015, López Bernal pedía a sus superiores que se adoptaran medidas para frenar la presión que ejercen algunos cargos políticos cuando se enfrentan a un procedimiento judicial, a través de querellas con fines dilatorios o con descalificaciones directas contra jueces y fiscales en los medios de comunicación. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, una vez más, se ha equivocado recordando al ya ex fiscal jefe que existen cauces reglados dentro del ministerio fiscal para denunciar esas presiones. No se me ocurre mejor cauce que un informe remitido de su puño y letra a la Fiscalía General del Estado además de denuncias ante la Delegación del Gobierno.
Como la memoria es caprichosa y selectiva y hay quien está viendo en las declaraciones de López Bernal un rebote por no haber sido renovado en el cargo, la hemeroteca puede ser refrescante y muy didactica. En febrero de 2015, la Junta de Fiscales de Murcia era la encargada de salir en su defensa ante los ataques del entonces diputado del PP, Vicente Martínez Pujalte pero hay más incidentes que recopilaba Ricardo Fernández del periódico La Verdad.
Toda la oposición en Murcia ha calificado de inoportuno el relevo de López Bernal al frente de la fiscalía aunque el más contundente ha sido el portavoz de C's, Miguel Sánchez quien ha dicho que "el PP lleva mucho tiempo persiguiendo al ya ex fiscal jefe que ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción". El gobierno regional se ha limitado a decir que "ya tocaba" y el PP habla de un proceso normal de renovación de fiscales mientras preguntan porqué el PSOE casi suplicaba que no fuese relevado. Con lo que, al parecer, no contaban en el PP es con que el elegido para sustituirle haya sido José Luis Díaz Manzanera -otro fiscal implacable con la corrupción y admirador de la figura de Jesucristo, que posiblemente asuma personalmente el caso auditorio porque lo conoce en profundidad ya que ha seguido la instrucción en Lorca e incluso participe en el interrogatorio al presidente el próximo 6 de marzo.
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| AUDIO ONDA CERO |
Por otra parte me pregunto porqué muchos incondicionales y hasta el propio Pedro Antonio Sánchez están seguros de que el caso será archivado y en poco tiempo. Cuestión de fe, postureo mediático o saben algo que el resto de mortales desconocemos. Ciertamente el magistrado Pérez Templado no era el preferido de las acusaciones y no es menos cierto que cuando el fiscal presentó la querella contra Pedro Antonio Sánchez en el TSJ dada su condición de aforado, en el PP estaban casi seguros de que sería remitido a un juzgado de Lorca como así sucedió. Aquella polémica decisión del TSJ (con voto particular del juez Abadía) permitió que Sánchez fuese designado candidato a la presidencia regional pero puso la causa en manos de una magistrada que se ha tomado muy en serio su papel de instructora y ha investigado con ahínco. Ahí está su auto. Hay medios de comunicación como el periódico El Mundo que ha recordado ese pasaje reciente de la historia política regional.
Se sigue discutiendo mucho sobre la línea roja en la que un cargo político debe dimitir porque los partidos han sido negligentes e incapaces de ponerse de acuerdo demostrando que las preocupaciones de los ciudadanos enumeradas por el CIS les importan un pimiento. En mi opinión, la apertura de juicio oral es el momento clave, pero esa no es la cuestión que nos ocupa en Murcia porque lo firmado y comprometido públicamente es otra y los vídeos pesan como losas. Por otra parte siempre habrá quien diga que hay esperar a la condena por si es declarado inocente y otros dirán que es inocente mientras un tribunal superior no confirme la setencia condenatoria. Podríamos entrar en una espiral interminable porque el debate está impregnado de sentimientos y emociones que es, precisamente, de lo que se nutre la posverdad.
Desde la oposición sacan a relucir que el presidente está incumpliendo la ley de transparencia. El artículo 54 de la ley no obliga a dimitir. De haber obligado, habría sido recurrido. Por eso dice "entenderá" que debe dimitir y no "deberá" dimitir. Traslada esa decisión al afectado del que se presume compromiso ético. Es un artículo que apela a la responsabilidad política de cada uno que siempre se asume antes que la responsabilidad penal pero ¡Oh! España es un país sin responsabilidad política desde hace muchos años. ¿Está incumpliendo el presidente la ley de transparencia? Creo que no. Porque él ENTIENDE que no ha cometido ningún delito de corrupción y no está imputado.
Dadas las circunstancias, como dice un amigo mío, no solo hemos entrado en la época de la posverdad, también en la época de la posreponsabilidad. No escampa. La tormenta arrecia. Esto acaba de empezar y es susceptible de empeorar.