Definitivamente el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Navarro Corchón vive en una realidad paralela. Tanto que Netflix podría rodar una temporada de Stranger Things en la concejalía de urbanismo de Murcia sin necesidad de hacer un casting. Los actores principales ya los tiene y dan tanto miedo como el monstruo de la serie norteamericana que amenaza con devorar a todos. Un cargo público que incumple sentencias judiciales de manera reiterada, se gasta el dinero de todos en defender en tribunales planes urbanísticos imposibles, arremete contra los vecinos que defienden sus derechos y está asesorado en las comisiones de urbanismo por un destacado imputado en el caso umbra de corrupción, causa temor y nos lleva a preguntarnos ¿En manos de quién estamos?
No son grandes multinacionales con importantes bufetes de abogados los que están ganando la partida judicial al
Ayuntamiento de Murcia. Son vecinos los que han conseguido que el
Supremo anule la modificación 50 que permitió Joven Futura. Son vecinos
los que han conseguido que el Supremo anule el plan parcial de Puente
Tocinos y son vecinos los que han conseguido anular la modificación 100
del PGOU para la construcción de una urbanización de lujo junto a un
zona de especial protección ambiental de la Red Natura 2000 por parte de
una empresa promotora del ex concejal del PP, Juan Ramón Avilés. Y digo bien. Un residencial para 150 viviendas de lujo. Tan cierto como certifica el propio Boletín Oficial de la región de Murcia.
Se trata de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia que según Navarro Corchón no supuso ningún aumento de edificabilidad. Eso dice intentando restar importancia a la sentencia. Al menos esta vez ha tenido la precaución de no decir que también es subsanable. En realidad, lo que hizo el Ayuntamiento de Murcia de Cámara y Berberena fue teletransportar la edificabilidad desde otros sectores y convertirlo en urbano directo. Por eso aportaron informes de disponibildiad de agua de otros sectores que el TSJ desestimó.
Lo más preocupante del caso es que los garantes autonómicos de la legalidad urbanística cuando se aprobó la modificación 100 del PGOU sin informes sectoriales obligatorios (hay más) eran Navarro Corchón como director general de Urbanismo y Ballesta como consejero. Hasta cierto punto es lógico que no quieran dar su brazo a torcer y que tras cada varapalo judicial -llegarán muchos más- digan que todos los demás mienten o que todo es subsanable. Al fin y al cabo no pueden culpar a otros de lo que ellos mismos consintieron desde la comunidad autónoma. Los tribunales de justicia están enmendando su labor en la consejería.
El alcalde Ballesta ya debe intuir que llegarán más sentencias judiciales y con ellas aumentará el ridículo municipal por no hablar del desgaste político. Lo sensato sería convocar a sus técnicos y revisar de oficio todas y cada una de las modificaciones y planes parciales que sabe que se han aprobado vulnerando la legalidad vigente y anularlas. Y sería conveniente que no invitara a esa reunión a su concejal de urbanismo cuya credibilidad es prácticamente nula porque para cada cosa que dice hay un informe que lo desmiente. Podría mandarlo a revisar los caminos de huerta en bicicleta a ver si así se le despeja la mente. El aire fresco ayuda. Igual así descubre que fue elegido para defender la legalidad vigente y no para llamar mentirosos a sus vecinos.
Definitivamente en Murcia ocurren cosas extrañas, muy extrañas. Y más que veremos.
Definitivamente en Murcia ocurren cosas extrañas, muy extrañas. Y más que veremos.