El 6% de los lumbrerenses hubiera cabido dentro. En Puerto Lumbreras, con una población de 14.000 habitantes, se proyectó construir una teatro auditorio con 900 butacas, lo que equivale al 6% de su población ¿Era realmente necesaria y estaba justificada una inversión de 6 millones de euros? ¿Tenía el ayuntamiento capacidad para dotar de contenido cultural una infraesctura de esa envergadura? ¿Disponía el consistorio lumbrerense de presupuesto para su mantenimiento?
El caso auditorio ha derivado en una guerra de informes periciales que deberán ser ratificados en sede judicial e inexorablemente provocarán que se dilate el proceso. De hecho, el magistrado Pérez Templado ha citado a tres peritos el 27 de marzo que es el día que expira el ultimátum de C's a Pedro Antonio Sánchez. El juez ya ha dicho que "los asuntos le queman en las manos y en la cabeza", que "los tiempos judiciales no son los tiempos de la política" y que quiere saber lo que ha sucedido "caiga quien caiga, guste o disguste".
El caso auditorio ha derivado en una guerra de informes periciales que deberán ser ratificados en sede judicial e inexorablemente provocarán que se dilate el proceso. De hecho, el magistrado Pérez Templado ha citado a tres peritos el 27 de marzo que es el día que expira el ultimátum de C's a Pedro Antonio Sánchez. El juez ya ha dicho que "los asuntos le queman en las manos y en la cabeza", que "los tiempos judiciales no son los tiempos de la política" y que quiere saber lo que ha sucedido "caiga quien caiga, guste o disguste".
A cada informe exculpatorio que aporte la defensa del presidente Pedro Antonio Sánchez, puede que haya otro inculpatorio de las acusaciones. Son informes de parte encargados ex profeso que dicen lo que tienen que decir y por eso una de las acusaciones está sopesando solicitar al juez que sea él quien encargue un informe pericial independiente que aclare las cosas aunque ya existe un informe independiente que arroja bastante luz al caso auditorio y es el que realizó, a petición de la juez de Lorca, la Intervención General del Estado que certificó que el auditorio no estaba terminado cuando fue recepcionado y, además, desveló una "multiplicidad de incumplimientos legales y de irregularidades administrativas" a lo largo y ancho del proyecto.
Las defensas del resto de imputados en el caso auditorio -una veintena- han solicitado copia del video de la declaración en sede judicial del presidente Pedro Antonio Sánchez que se escudó en los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. "Yo firmaba lo que me ponían en el portafirmas" vino a decir ante el juez. Ningún abogado de las defensas estimó oportuno preguntarle en ese momento, aunque solo fuese para aclarar y fijar, si la última responsabilidad en un ayuntamiento la tiene el alcalde y más en un pueblo pequeño como Puerto Lumbreras. No consta que el juez haya autorizado la entrega de la grabación aunque hay defensas muy interesadas en repasar las palabras del presidente por si pudiesen perjudicar a sus clientes.
Las acusaciones por su parte han aportado al caso un dossier con originales de los anuarios del ayuntamiento de Puerto Lumbreras (fotos, vídeos electorales del PP, notas de prensa...) que, en contra de lo declarado, acreditan que la relación entre Pedro Antonio Sánchez y el arquitecto Martín Lejárraga arranca en 2005, que inicialmente proyectaron construir el teatro auditorio junto a la rambla Nogalte y que en 2006 Pedro Antonio Sánchez daba por hecho que el arquitecto del teatro era Lejárraga. No obstante el magistrado ha requerido al ayuntamiento de Puerto Lumbreras para que a la mayor brevedad remita un ejemplar de los anuarios municipales de 2005 y 2006 para incorporarlos a las diligencias que está instruyendo que, según la acusación que ejerce Podemos, demostrarían que la adjudicación del auditorio a Lejárraga se decidió antes del concurso de ideas que se convocó en diciembre de 2007. La propia Intervención General del Estado concluyó que "no existe ningún documento donde se justifique la necesidad del objeto del concurso de proyectos, dado ya que se habían redactado al menos tres proyectos básicos y se había concedido una subvención en base al proyecto de junio de 2006".
La defensa de Pedro Antonio Sánchez ha aportado dos informes periciales a la causa. Uno lo firma el catedrático de derecho adminstrativo, Ramón Entera que, pese a ser administrativo, concluye que "no observa dolo en la actuación del presidente" y hay otro de carácter técnico del que es autor el ex decano del Colegio de Arquitectos, Antonio García Herrero que sostiene que "todos los fondos certificados se han empleado en la construcción de las obras exisentes" y que "de acuerdo con los documentos y mediciones aportados, las partidas que integran el proyecto modificado del Auditorio se ejecutaron". El ex decano del colegio de arquitectos recuerda con insistencia en su informe que existe una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Murcia sobre el concurso de la redacción del proyecto, que respalda la legalidad de la adjudicación de obras.
En relación al concurso de ideas, el letrado del presidente Martínez Escribano insiste también en que la sentencia del juzgado de lo Contencioso no observó delito en la adjudicación y recuerda que la doctrina del Constitucional señala que "no puede admitirse en derecho pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales".
En relación al concurso de ideas, el letrado del presidente Martínez Escribano insiste también en que la sentencia del juzgado de lo Contencioso no observó delito en la adjudicación y recuerda que la doctrina del Constitucional señala que "no puede admitirse en derecho pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales".
Ciertamente la juez titular de lo Contencioso número 2 de Murcia, Pilar Rubio Berná, que es esposa del consejero de Educación, Constantino Sotoca, desestimó la demanda formulada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia al estimar que "el recurrente no acreditó la desviación de poder, ni la carencia de justificación, arbitrariedad o error patente de la Administración en la convocatoria y resolución del concurso, sino que esas irregularidades, de existir serían, en todo caso, previas al mismo".
La juez Pilar Rubio falló que el procedimiento administrativo seguido en el concurso de ideas que ganó Lejárraga fue correcto sin entrar a valorar las irregularidades que hubieran podido existir previamente.
Una sentencia que, curiosamente, el colegio oficial de arquitectos no recurrió aunque era bastante discutible ya que el ayuntamiento de Puerto Lumbreras convocó en diciembre de 2007 con solo 15 días de plazo -Navidad de por medio- para presentar propuestas. Un tiempo materialmente inasumible para cualquier arquitecto a no ser que ya se tuviera redactado el proyecto de antemano. Además, ese concurso de ideas que ganó Lejárraga, no se publicitó en el Diario Oficial de la Unión Europea -DOCE- ni en el BOE aunque dado su importe total -6 millones de euros- era preceptivo. Motivos que, según varios juristas, deberían haber bastado para decretar su nulidad.
El colegio oficial de arquitectos no recurrió la sentenica pero es que tampoco, según expone la juez en su auto, aportó finalmente una prueba pericial propuesta por el demandante y cuyo objetivo era demostrar que el concurso era fraudulento. Y no se recurrió la sentencia ni se aportó esa prueba pericial porque en ese lapso de tiempo cambió la cúpula directiva del colegio oficial de arquitectos y la nueva, por lo que se ve, no lo estimó conveniente. Francisco Camino que fue quién firmó la demanda contra el ayuntamiento de Puerto Lumbreras, cesó como decano y salió elegido Antonio García Herrero que es precisamente quien ahora ha firmado uno de los informes periciales que ha aportado a la causa la defensa del presidente. Cuando García Herrero se hizo con el decanato del colegio de arquitectos, lo primero que hizo fue cambiar al abogado Andrés Cano que llevaba la causa contra el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por el concurso de ideas del auditorio y sustituirlo por Francisco Martínez Escribano que ahora es el abogado defensor de Pedro Antonio Sánchez.
Antonio García, que fue vecino y cooperativista junto a Ramón Luis Valcárcel en la cooperativa de Gran Vía donde sigue viviendo el eurodiputado, deberá explicar la razón de su dictamen el próximo 27 de marzo y someterse a las preguntas de las partes. El ex decano Francisco Camino, que ya compareció ante la comisión de investigación de la Asamblea Regional, insiste en que fue un concurso fraudulento y no un simple error administrativo, con un plazo inasumible y que mientras que había arquitectos que trabajaban en el diseño de sus propuestas, el consistorio lumbrerense ya había colgado en su web imágenes del auditorio que pretendía construir con el proyecto que al final acabó adjudicándose. De todo lo expuesto están al tanto los diputados que componen la comisión de investigación del auditorio en la Asamblea Regional porque así se lo explicó Francisco Camino, pero no se puede acceder a su declaración porque fue declarada secreta (la comparecencia de Camino no está accesible en los archivos audivisuales de la Asamblea Regional aunque él, a diferencia de Lejárraga, dijo que no le importaa que fuese pública).
Para la fiscalía existen dos documentos importantes que acreditan que la redacción del proyecto auditorio estaba adjudicada de antemano a Lejárraga. En junio de 2007, el propio arquitecto remite un escrito al ayuntamiento de Puerto Lumbreras donde se presenta como redactor del proyecto teatro-auditorio y pide un plazo adicional de 18 meses para la correcta y completa definición del proyecto básico dado que no se había terminado en su totalidad.
Una sentencia que, curiosamente, el colegio oficial de arquitectos no recurrió aunque era bastante discutible ya que el ayuntamiento de Puerto Lumbreras convocó en diciembre de 2007 con solo 15 días de plazo -Navidad de por medio- para presentar propuestas. Un tiempo materialmente inasumible para cualquier arquitecto a no ser que ya se tuviera redactado el proyecto de antemano. Además, ese concurso de ideas que ganó Lejárraga, no se publicitó en el Diario Oficial de la Unión Europea -DOCE- ni en el BOE aunque dado su importe total -6 millones de euros- era preceptivo. Motivos que, según varios juristas, deberían haber bastado para decretar su nulidad.
El colegio oficial de arquitectos no recurrió la sentenica pero es que tampoco, según expone la juez en su auto, aportó finalmente una prueba pericial propuesta por el demandante y cuyo objetivo era demostrar que el concurso era fraudulento. Y no se recurrió la sentencia ni se aportó esa prueba pericial porque en ese lapso de tiempo cambió la cúpula directiva del colegio oficial de arquitectos y la nueva, por lo que se ve, no lo estimó conveniente. Francisco Camino que fue quién firmó la demanda contra el ayuntamiento de Puerto Lumbreras, cesó como decano y salió elegido Antonio García Herrero que es precisamente quien ahora ha firmado uno de los informes periciales que ha aportado a la causa la defensa del presidente. Cuando García Herrero se hizo con el decanato del colegio de arquitectos, lo primero que hizo fue cambiar al abogado Andrés Cano que llevaba la causa contra el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras por el concurso de ideas del auditorio y sustituirlo por Francisco Martínez Escribano que ahora es el abogado defensor de Pedro Antonio Sánchez.
Antonio García, que fue vecino y cooperativista junto a Ramón Luis Valcárcel en la cooperativa de Gran Vía donde sigue viviendo el eurodiputado, deberá explicar la razón de su dictamen el próximo 27 de marzo y someterse a las preguntas de las partes. El ex decano Francisco Camino, que ya compareció ante la comisión de investigación de la Asamblea Regional, insiste en que fue un concurso fraudulento y no un simple error administrativo, con un plazo inasumible y que mientras que había arquitectos que trabajaban en el diseño de sus propuestas, el consistorio lumbrerense ya había colgado en su web imágenes del auditorio que pretendía construir con el proyecto que al final acabó adjudicándose. De todo lo expuesto están al tanto los diputados que componen la comisión de investigación del auditorio en la Asamblea Regional porque así se lo explicó Francisco Camino, pero no se puede acceder a su declaración porque fue declarada secreta (la comparecencia de Camino no está accesible en los archivos audivisuales de la Asamblea Regional aunque él, a diferencia de Lejárraga, dijo que no le importaa que fuese pública).
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| Reunión junta directiva COAMU 2015 presidida por decano Antonio García |
En julio de 2007, el propio alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez remite un escrito a la consejería de Cultura pidiendo ampliación del plazo de justificación de la subvención concedida en diciembre de 2006 donde se refiere a Martín Lejárraga como director facultativo de la obra del teatro-auditorio sin que se hubiese producido concurso de ideas, ni proceso de licitación ni expediente de contratación en esa fecha como concluye la juez de Lorca y por eso añade en su auto que el concurso de ideas que se convocó en diciembre de 2007 se hizo para justificar el proyecto a posteriori.
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| Noviembre 2006, Pedro Antonio Sánchez y Martín Lejárraga presentando el proyecto del teatro a Valcárcel |
En relación al proyecto "Ciudad de Actividades" que ganó el concurso de ideas convocado por el ayuntamiento de Puerto Lumbreras y cuyo jurado presidía Pedro Antonio Sánchez, es intersante repasar lo que el perito tasador Andrés Checa dice en su informe pericial a petición de la Fiscalía y es que era "inviable su realización por 6 millones de euros" lo que obligó a aprobar a posteriori, en octubre de 2010, un proyecto modificado que eliminó la construcción de la cafetería y el aparcamiento, dejando el interior del teatro sin concluir, pero manteniendo el presupuesto inicial. Según la juez, esta modificación sirivió para justificar ad hoc el desajuste de 1,8 millones de euros cobrados indebidamente por duplicado. A la interventora municipal que también está imputada en el caso auditorio, se le preguntó en el juzgado de Lorca cómo era posible que hubiese un buen número de certificaciones de obra conforme a un proyecto modificado mucho antes de que éste se hubiese aprobado en Junta de Gobierno. La interventora no supo qué decir y también se escudó en los técnicos.
El magistrado Pérez Templado ya ha recibido el expediente de liquidación de las obras del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras con el proyecto básico sobre el auditorio que sirvió para solicitar la subvención de seis millones de euros a la consejería de Cultura. Una diligencia que en su día fue rechazada por la juez de Lorca al considerar que la liquidación de la obra realizada en su día ya constaba en el sumario. El expediente incluye, como si se tratase de auditorías oficiales, dos informes encargados en realidad por dos imputados en el caso y realizados con el proceso judicial en fase de instrucción en el juzgado de Lorca. El arquitecto investigado envió al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ambos informes el 24 de febrero de 2017, cuatro días después de que el TSJ los reclamase al consistorio. Uno de esos informes es una auditoría exculpatoria firmada por la empresa Ace Edificación de Murcia que concluye que no existen desajustes en la obra del auditorio.
Por su parte la fiscalía no descarta pedir nuevas diligencias, entre otras cosas, porque han aparecido facturas pagadas a la empresa ECISA en agosto y octubre de 2011 -no directamente por el ayuntamiento de Puerto Lumbreras sino por otra entidad pública - por trabajos relacionados con el entorno y los accesos del teatro auditorio. Facturas que han llamado la atención del ministerio público y de las que quiere saber más.
Por otra parte la juez de Lorca, Consuelo Andreo ya ha respondido al magistrado Pérez Templado admitiendo que no ha avanzado nada en la pieza separada que abrió para investigar dónde se destinó la subvención de seis millones que la Comunidad Autónoma concedió al ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la construcción del teatro. La juez ha reiterado que informará si descubre algo relevante en relación al aforado. Pérez Templado quería conocer el detalle de las diligencias realizadas y previstas en relación a esa pieza separada que no se sabe qué sorpresas puede deparar y en cuya apertura influyó, entre otras cosas, un informe de la Guardia Civil de septiembre de 2015 que certifica la inexistencia de un buen número de acopios y materiales facturados como el telón cortafuegos, la moqueta del teatro, la alfombra o los extintores.
Qué puede pasar, nadie lo sabe. La mayoría de los consultados creen que Pérez Templado acabará archivando, que Pedro Antonio Sánchez se presentará como la víctima inocente de una terrible y ruín persecución, que el archivo será recurrido por fiscalía y las acusaciones y posiblemente reabierto por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ que preside Pascual del Riquelme y a quien el Tribunal Supremo, en mi opinión, ya dio un toque de atención por remitir la querella del fiscal al juzgado de Lorca facilitando que Pedro Antonio Sánchez fuese designado candidato. Podemos denunció tanto a Pascual del Riquelme como a Enrique Quiñonero por presunta prevaricación y el Supremo resolvió que no habían cometido prevaricación, aunque también dijo que no había sido la decisión más ortodoxa e idónea.
NOTA: Para muchos no ha pasado desapercibido el nombramiento del ex concejal Cosme Ruiz, suegro del ex presidente del TSJ de Murcia y miembro del CGPJ, Juan Martínez Moya, como vocal de la nueva junta directiva del PP de la región de Murcia que, por lo visto, es buen amgio y compañero de aperitivo matutino del magistrado Pérez Templado que instruye el caso auditorio. Como tampoco ha pasado desapercibido el nombramiento de David Conesa como secretario del comité electoral del PP de la región de Murcia contra quien el juez Eloy Velasco que instruye el caso Púnica dictó auto de procesamiento por fraude y revelación de información reservada. Conesa fue presentado como un simple asesor de prensa del entonces consejero Pedro Antonio Sánchez y mileurista sin apenas capacidad de decisión.