Al
Mar Menor no lo está matando la contaminación por nitratos, lo está
matando algo mucho peor y es la contaminación política. El vídeo
de la sopa verde que realizó y difundió la asociación ecologista
ANSE en mayo de 2016 obligó a las autoridades a tomar cartas en el
asunto. Ya sabían lo que estaba pasando, pero vergonzosamente
miraban para otro lado porque, entre otras cosas, la agricultura es
sagrada en la región de Murcia y los intereses económicos y
electorales son muy fuertes.
Ante
la magnitud del guantazo en imágenes, la Confederación Hidrográfica
del Segura no tuvo más remedio que taponar la red de tuberías de
vertidos de salmueras y nitratos al Mar Menor desde la rambla del
Albujón. Es lo único que se ha hecho en año y medio. Y como el
organismo de cuenca tiene verdadero pánico a lo que pueda deparar la
querella de la Fiscalía por presunto delito ecológico, también
está desmantelando la red salmoreoductos que costó una millonada de
dinero público para evitar pinchazos ilegales y nuevos vertidos a la
laguna salada. El organismo de cuenca sabe que se sigue extrayendo
agua, desalobrando en cobertizos y chozas e inyectando la salmuera en
el acuífero de tal manera que los que disponen de pozos legales
sacan agua con tal índice de conductividad que secan todo lo que
riegan. No descubro nada si afirmo que el acuífero del campo de
Cartagena está contaminado y que alrededor de 70 hm3 de vertidos
subterráneos se filtran cada año al Mar Menor de manera oculta y
silenciosa, según un estudio publicado en la revista científica
Environmental Rewiews que evidencia que hay que actuar en origen sin
demora.
La
consejera
Martínez Cachá,
acuciada por el escándalo ambiental de la sopa verde, se lanzó al
ruedo con un Decreto Ley de Medidas Urgentes para salvar al Mar Menor
con el que demostrar a la opinión pública que el gobierno regional
era expeditivo. De aquel decreto publicado en el BORM en abril de
2017, actualmente en vigor, no se ha cumplido casi nada. Menos mal
que eran medidas urgentes. Contempla, por ejemplo, la plantación de
setos arbóreos en los linderos de las fincas de la zona 1 con un
plazo de nueve meses que expira el próximo mes de enero sin que se
haya plantado un solo matujo autóctono; y no incide en el control de
abonos aunque el Mar Menor y el campo de Cartagena está declarada
por la Unión Europea como “zona sensible a la contaminación por
nitratos”
Si
fuésemos mal pensados, pensaríamos que el PP aprobó un Real
Decreto de Medidas Urgentes sin voluntad de aplicarlo ante la presión
de algunas organizaciones agrarias y ahora vocifera contra la
oposición porque, posiblemente, confiaba en que ese Decreto Ley de
mínimos se aprobase tal cual en el Parlamento. Con lo que no contaba
el PP, porque siempre logra convencer a Ciudadanos, es con que PSOE,
PODEMOS y Ciudadanos, en un arranque de responsabilidad, votasen a
favor de su convalidación para tramitarlo y aprobarlo como proyecto
de ley de tal forma que pudiesen enmendarlo y convertirlo en una
herramienta realmente útil. Y así llegamos al cuento de “La
maligna oposición que soñaba con algarrobos”
y a sus polémicas 43 enmiendas al Decreto Ley de Medidas Urgentes
para salvar el mar Menor con las que, según el diputado popular,
Jesús Cano,
“dan la estocada de muerte el campo de Cartagena” porque asegura
que “con la plantación de setos se cargan 7.000 hectáreas en
producción, fulmina los cultivos actuales y manda al paro a 20.000
personas”. Así lo ha dicho intentado alarmar a la sociedad y
amedrentar a la oposición cuya fortaleza y resistencia el PP va a
poner a prueba hasta el próximo 15 de enero que es la fecha fijada
por la Comisión del Mar Menor para que una ponencia revise
nuevamente las medidas urgentes a adoptar como si el Mar Menor
tuviese espera.
Los
populares, a falta de agua que dar a los agricultores y conscientes
de que pueden perder muchos votos en el campo ante el empuje de
Garre,
se han lanzado a boicotear “unas enmiendas que no quieren que se
aprueben ni ahora ni nunca”, eso dijo el diputado
Cano
tras ser advertido en los mismos pasillos de la Asamblea por los
líderes de FECOAM y COAG-Cartagena: “Si esto se aprueba hay que
arreglarlo. Habrá que derogarlo con alguna medida legislativa” le
espetaron. Si, son los mismos agricultores que, según el consejero
Francisco
Jodar,
“son un modelo en toda Europa de agricultura sostenible”.
La
oposición, que durante meses ha consultado a agrónomos, biólogos,
pescadores, ecologistas, pequeños agricultores y científicos para
redactar sus enmiendas, se mantiene unida y firme en defensa del Mar
Menor porque los expertos les aseguran que sus propuestas “son
perfectamente asumibles” por los agricultores que son parte del
problema, pero también deben ser parte de la solución adoptando
buenas prácticas agrícolas y cambiando la mentalidad de producción
y cultivo. Su verdadero problema no son esas enmiendas, sino la falta
de agua que sí puede mandar al paro a miles de personas.
Ninguna
de las 43 enmiendas de la oposición contempla ampliar de 100 a 2.000
metros la franja no cultivable entorno al Mar Menor como contaron
desde el PP. Eso ha sido un bulo que nos hemos tragado los
periodistas. Y no puede calificarse de tropelía querer extender a
todo el campo de Cartagena (no solo en la zona 1) la plantación de
setos arbóreos para frenar las escorrentías, detener la erosión,
controlar las plagas y servir de refugio a la fauna local. Se
trataría de plantar setos a lo largo de los linderos de las parcelas
manteniendo un ancho de seto de 2 a 3 metros como ya recoge el
Decreto Ley en vigor. Un decreto que no se está cumpliendo, aunque
el gobierno regional ande apremiando a los científicos para actuar
ya en el Mar Menor. Pues bastaría con que hicieran cumplir lo que
publican en el BORM.
El
diputado Jesús
Cano (tan
aficionado a
las hipérboles) ha llegado a decir que “solo se podrán cultivar
algarrobos y cereales porque se prohíben fertilizantes orgánicos e
inorgánicos”. Pues no consta en ninguna de las enmiendas de la
oposición. PSOE, PODEMOS y Ciudadanos, tras consultar a ingenieros
agrónomos, solo quieren prohibir el uso de “fertilizantes de
solubilidad rápida y altamente contaminantes”; y que se prime la
progresiva transformación de la actividad agrícola hacia la
producción ecológica especialmente en la zona 1 del Mar Menor con
el fin de evitar los problemas de contaminación ya conocidos.
Puede
que la madre del cordero de las terribles enmiendas de la
maligna oposición que soñaba con algarrobos sea
otra. Realmente cuesta entender que alguien con responsabilidad y
sentido común pueda oponerse a propuestas tan sensatas como que “las
desalobradoras autorizadas incorporen procesos de desnitrificación”,
que no se cultive en pendiente sino siguiendo la orografía del
terreno, que se “prohíba la creación de nuevas superficies de
cultivo o ampliación de las existentes” o que “toda la
superficie situada fuera del perímetro de regadío legal sea
restituida a sus condiciones originales (secano o vegetación
natural) sin perjuicio de la aplicación de la sanciones que pudieran
corresponder” dado que no es admisible que situaciones ilegales
agraven la degradación ambiental del Mar Menor cuando, además, no
hay agua para nadie. El PP quiere salvar el Mar Menor sin tocar la
agricultura y eso es imposible debido a la sobreexplotación.
Y
así llegamos al mapa de regadíos ilegales en el campo de Cartagena
que ultima la asociación ecologista ANSE (premio nacional a la
Conservación de la Biodiversidad 2017 por la Fundación BBVA) y que
promete ser tan escandaloso o más que el vídeo de la sopa verde si
son ciertas las cifras que barajan. No son cientos, sino miles, las
hectáreas de regadío ilegal en el campo de Cartagena. Un mapa que,
a buen seguro, resultará muy útil a la Fiscalía que está foliando
su querella y está decidida a dar con los responsables que, por
acción u omisión, han permitido un atentado ambiental de tal
magnitud en el Mar Menor. En Fiscalía no dan crédito a lo que han
descubierto preparando la denuncia.
Los
agricultores no quieren ser señalados como los únicos responsables
y exigen una Ley Integral del Mar Menor que regule todos los usos:
agrícolas, pesqueros, náuticos y urbanísticos. Tienen razón.
Bastaría con el gobierno regional aprobase de una vez el Plan de
Gestión Integral de Espacios Protegidos del Mar Menor y Franja
Litoral que debería haber aprobado en 2012 por imperativo europeo y
ha sometido a exposición pública en dos ocasiones solo para
retrasar su aprobación.
El
portavoz el comité de asesoramiento científico, Ángel
Pérez Ruzafa
admite que “resulta exasperante” la lentitud con la que se está
respondiendo al grave problema del Mar Menor, mientras el presidente
López
Miras
culpa a los científicos de esa lentitud y su diputado Cano
en
la Asamblea
celebra
que con la ponencia ha conseguido “detener el debate de esta
locura”
en
alusión a 13 enmiendas de la maligna
oposición que soñaba con algarrobos cuando
la verdadera locura es retrasar otros dos meses las medidas urgentes
que requiere el Mar Menor.
El
Mar Menor está sufriendo la peor contaminación posible y es la
contaminación política. El problema es de tal magnitud que esas
enmiendas tan terribles para el PP se siguen quedando cortas. El Mar
Menor se está muriendo y requiere de medidas urgentes, valientes y
comprometidas pero, sobre todo, de un cambio de mentalidad agrícola
y política o llegará a un punto de no retorno. Hay que
descontaminar el acuífero y para eso es necesario, entre otras
cosas, reducir la presión agrícola en origen como dicen los
científicos. Clarear el agua verde del Mar Menor haciendo que entre
más agua del Mediterráneo como quiere el gobierno regional no
soluciona nada porque sigue entrando agua contaminada del acuífero
por el subsuelo. Aún estamos a tiempo, mañana será tarde y solo
podremos decir aquello de “y colorín
colorado y este Mar Menor se ha acabado”.