El
agua es un toro de muchos kilos que Mariano
Rajoy
y Pedro
Sánchez
(los líderes de los dos grandes partidos) están obligados a lidiar
con valentía, generosidad y sentido de Estado; no solo por el seco
sureste peninsular, sino porque la terrible sequía que este año
está padeciendo gran parte del país ha puesto de manifiesto que el
agua es una cuestión prioritaria que no admite demora. Ya hemos
perdido demasiado tiempo mirando al cielo e intentando sepultar la
palabra TRASVASE que, irremediablemente, sigue siendo parte de la
solución; y es así porque no podemos construir “desaladoras por
un tubo” como he escuchado decir a un dirigente socialista murciano
en un arrebato de “autosuficiencia hídrica”.
El
secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez
reunió el pasado martes en Ferraz a sus consejeros autonómicos y
responsables de agua de toda España (unas cuarenta personas) ante
los que se comprometió a impulsar “un inaplazable pacto social del
agua, adaptado a la realidad climática que estamos viviendo” y que
pasa por “ahorro
y eficiencia, regeneración, depuración y reutilización y
optimización de infraestructuras”. Sinceramente, no se me ocurre
mejor forma de optimizar una infraestructura ya existente como el
acueducto del Tajo -Segura que redotar su cabecera con agua de otra
cuenca de tal manera que siga creando riqueza, empleo y bienestar
social.
En
el documento base del PSOE no aparece la palabra TRASVASE por lo que
los socialistas de Murcia, Almería y Alicante se van a tener que
emplear a fondo para convencer a Narbona
que
es un hueso duro de roer.
En
esa reunión de trabajo (por Murcia acudieron Diego
Conesa, Jesús Navarro y Natividad Muñoz)
ya avanzaron las regiones del sureste español que es necesario
mezclar agua desalada con agua continental y que van a proponer de
manera conjunta un mix que incluye aumentar la producción de agua
desalada, la redotación de la cabecera del Tajo y un nuevo trasvase
desde el Tajo Medio (Valdecañas) y conexión con el pantano de
Alarcón para traer agua a la cuenca del Segura e incluso favorecer
los regadíos de Castilla La Mancha. Eso quieren los socialistas
murcianos que incluya el documento final que el PSOE llevará a una
cumbre del agua, el clima y la energía que preparan para 2018 y para
lo que han creado un grupo federal del agua del que forma parte José
Fuentes Zorita. Los
socialistas murcianos de Diego
Conesa se
juegan las elecciones de 2019 en esa cumbre.
Mariano
Rajoy
debe dejar de pensar que “esto del agua es un fistro” y ordenar a
su ministra, García
Tejerina
que deje de encomendarse a la Virgen para que llueva. De haber
realizado una verdadera planificación hídrica, las regiones del
norte dispondrían de las infraestructuras necesarias para afrontar
con cierta tranquilidad la sequía que ahora padecen. No es de recibo
que todavía haya regiones en España que no depuran más del 9% de
sus aguas residuales (España se expone por ello a sanciones de la
Unión Europea), que vaya a ser necesario reelaborar los planes de
cuenca porque Bruselas está poniendo reparos a la intención de
aumentar en 800.000 las hectáreas de regadío en España o que haya
redes de distribución tan obsoletas que se pierde hasta un 40% del
agua.
El
PP de la región de Murcia no ha conseguido devolver el agua a la
agenda política nacional de donde Rajoy
la sacó de un plumazo. Ese es su mayor fracaso político. De
nada han servido los paseos y los selfies por los jardines de Moncloa
de cuatro presidentes murcianos en cuatro años, o quizá
precisamente por eso.
El
PP murciano se ha quedado sin discurso hídrico a año y medio de las
elecciones autonómicas. No han encontrado aún el eslogan que
sustituya al “agua para todos” que tantos votos les reportó.
Escuchar al diputado, Jesús
Cano
o al coordinador general del PP, Miguel
Ángel Miralles (por
fin hemos escuchado su voz) calificar de “agresión” la visita a
Murcia de Narbona
porque
derogó el trasvase del Ebro, resulta tan caduco como cansino. Máxime
cuando los agricultores ya no les creen porque han comprobado que
Rajoy
prometió recuperarlo y en cuanto llegó al gobierno de la Nación,
se olvidó de ello. Probablemente porque leyó el informe de la
Comisión Europea de marzo de 2004 desaconsejando la financiación
comunitaria para el trasvase del Ebro.
El
presidente López
Miras,
que empieza a darse cuenta de lo que se juega, lo está intentado con
el artículo 155 del agua cuya inclusión pide ante una hipotética
reforma de la Constitución aunque eso implique reconocer que el
consenso hídrico es imposible. López
Miras
ha exigido, en alusión a Rajoy,
“agua para la región sin dilación. Sin palabras. Sin más
promesas. Con hechos”. Se puede decir más alto, pero no más claro
y lo que necesita es un pacto regional del agua firmado por todas o
la mayor parte de las fuerzas políticas y, por supuesto, que sus
diputados en el Congreso, Teodoro
García
y Ascensión
Carreño
recuerden que la política no es un videojuego.
Ambos
han dejado que Ciudadanos les meta un gol por toda la escuadra. Han
perdido una oportunidad única de reforzar al presidente López
Miras
que defiende que los regantes no paguen por la amortización del
acueducto si no están recibiendo agua y, además, les pidió que no
votasen en contra de la enmienda naranja. Debieron votar a favor por
muy oportunista que la considerasen. Con su defensa a ultranza de las
tesis del ministerio, los diputados populares lo único que han
conseguido
es
dar alas a Ciudadanos y reforzar la idea de aquellos que piensan que
es absolutamente necesario en Madrid un partido regionalista que no
se deba a ninguna disciplina de voto. Que al día siguiente López
Miras
ordenara a sus diputados en la Asamblea Regional registrar una moción
instando al gobierno de la Nación a que adopte medidas para que no
paguen el coste fijo del trasvase hasta no recibir agua, es tan
inútil como ridículo.
Los
diputados populares,
para justificar que la tasa de amortización no es eximible
legalmente, exhiben una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 que
acabó estimando un recurso del Sindicato Central de Regantes; y
será la que éstos esgriman para recurrir ante el citado tribunal
todas y cada una de las liquidaciones que reciban del organismo de
cuenca en todas y cada una de las comunidades de regantes
dependientes del acueducto Tajo-Segura. “El trabajo legal será
ímprobo” advierte el presidente del SCR, Lucas
Jiménez
que ha calificado de “vergonzosa” la actitud de los dos diputados
populares a los que achaca “desconocimiento” y a quienes aconseja
que lean la sentencia a la que aluden porque dice literalmente “la
tarifa del acueducto se descompone en tres conceptos, que después se
suman para obtener la tarifa total...” Lucas
Jiménez
se lo ha advertido en privado: “Esto va a ser una sangría de votos
para el PP”.
“No
íbamos a votar a favor de una enmienda que es una mentira y que
insta a hacer algo que en este momento es ilegal” alegan sus
señorías en el Congreso que, sin embargo, no han explicado aún
porque han tardado tantos años en aplicar ese nuevo cálculo de
tarifa del trasvase siendo la sentencia de 2014 ¿Será que Castilla
La Mancha lleva varios meses sin recibir dinero de los regantes
murcianos debido a los trasvases cero y quiere seguir haciendo caja?
Desconocemos
si
Narbona
estuvo
implicada en la muerte de Manolete, lo que sí sabemos es que de
no ser por las desaladoras que promovió y que el gobierno murciano
propuso desmontar para vender a los países árabes al considerarlas
un fracaso, muchos agricultores no habrían podido seguir regando
durante meses y, por supuesto, ahora no habría agua para beber
porque desde hace meses no llega ni una gota del trasvase del Tajo. Y
no llega por la sequía en cabecera, pero antes de eso, por un
memorándum que hábilmente negoció
Cospedal
imponiendo una reserva de 400 hm3. Cospedal,
cuya sombra es muy alargada, quiere recuperar para el Partido Popular
la comunidad de Castilla La Mancha. Solo así se entiende que el
gobierno de la Nación, precisamente ahora, quiera obligar a los
regantes del trasvase a pagar por no recibir agua cuando la Ley 52/80
dice que “la tarifa del trasvase está sujeta a la disposición y
aprovechamiento del agua”.
El
año y medio que resta hasta elecciones es un campo minado para los
populares murcianos. Lo último que necesitaban era el tiro en el pie
de Teodoro
García y
Ascensión
Carreño. Veamos:
a lo que puedan deparar los casos púnica y auditorio hay que sumar
la manifestaciones de los regantes en defensa de la huerta de Europa;
el toro de las probables restricciones para abastecimiento; la
denuncia de Fiscalía por la contaminación del Mar Menor que llegará
hasta Bruselas porque van a descubrir que han estado dando fondos
europeos a grandes empresas que sistemáticamente han incumplido la
directiva de contaminación por nitratos y el levantamiento del
secreto del sumario del caso desaladora de Escombreras; un caso que
apunta directamente al eurodiputado Valcárcel
que
en 2019 quiere repetir en la candidatura al Parlamento Europe para
seguir saboreando la mieles de la élite política europea.
Una
desaladora promovida por el gobierno murciano que no ha llegado a
producir más de 10 hm3 al año y por la que pagamos anualmente unos
20 millones de euros a la empresa ACS de Florentino
Pérez
de tal forma que cada metro cúbico de agua desalada sale a 2,5
euros. Una ruina para las arcas públicas regionales y una bomba
judicial para el PP. No obstante, habrá que seguir investigando si
Narbona
estuvo implicada en la muerte de Manolete aquella tarde de toros en
Linares.