Desde julio de 2017 llevaba la organización ecologista ANSE pidiendo un dictamen del Consejo Jurídico sobre las Normas Transitorias de Cartagena, que en noviembre de 2018 ha concluido que esas normas requieren de evaluación de impacto
ambiental al tratarse de un instrumento de planeamiento urbanístico. Fin de la cita. Aunque la Ley de
Aceleración Empresarial modificó mediante una enmienda de adición
el artículo 145.4 de la Ley de Ordenación Territorial para que las
Normas Transitorias no sean consideradas instrumento de planeamiento y puedan eludir la evaluación estratégica ambiental, resulta que ésta es
obligatoria en Cartagena o en cualquier otro
municipio de la región de Murcia que opte por ese atajo transitorio a falta de plan general de ordenación. La ley regional de aceleración no puede por tanto vulnerar la ley estatal de evaluación ambiental. No es legal saltarse al órgano ambiental que es lo que pretendían PP y Ciudadanos para acelerar la aprobación de las NNTT de Cartagena.
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| Dictamen Consejo Jurídico sobre NNTT Cartagena |
Claro
que el dictamen facultativo del Consejo Jurídico no examina la Ley
de Aceleración Empresarial en su conjunto. Se negaron a ello PP y
Ciudadanos en Junta de Portavoces pese a las dudas legales
suscitadas no fuesen a darle un varapalo. El dictamen facultativo responde a una petición voluntaria de la Consejería de
Fomento sobre el desbloqueo de las normas transitorias de Cartagena.
Y es en ese punto concreto, las normas transitorias, donde el dictamen se
convierte en un auténtico ZASCA a la Ley de Aceleración sobre la
que ya veremos qué dictamina el Tribunal Constitucional. Un dictamen, por cierto, que coincide con las tesis de los
Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional que, tras examinar la
citada enmienda de adición, concluyeron que “la ley de aceleración
vulneraba el nivel mínimo de protección ambiental” y que “eludir
la evaluación estratégica en normas transitorias urbanísticas
podía ser ilegal”. Pero ya saben que para Ciudadanos y el PP “los informes
jurídicos no son dogmas de Fe”.
En Ciudadanos,
cómplice necesario del PP en la Asamblea Regional, hay asesores y dirigentes que andan pregonando que “el Consejo Jurídico no ha hecho ni un solo
reproche a la Ley de Aceleración”. Nos piden que
aceptemos pulpo como animal de compañía. ¡Qué razón tenía Churchill cuando dijo que "un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema"! ¡Qué pronto han olvidado que tanto ellos como los populares defendieron desde el atril del Parlamento que esa enmienda de adición a la Ley de
Aceleración "desbloquearía el urbanismo en Cartagena" o que el
Consejo Jurídico, curiosamente, paralizó la finalización del citado dictamen facultativo al conocer que el PP iba a introducir una
enmienda relativa a Normas Transitorias que podría afectar al
contenido final del mismo. En realidad, era al revés. De haber
dictaminado el Consejo Jurídico sobre las normas transitorias de
Cartagena antes de la aprobación de la Ley de Aceleración,
probablemente, ni PP ni Ciudadanos se habrían atrevido introducir en el
texto de una ley regional que “las normas transitorias no tendrán la
consideración de instrumento de planeamiento a efectos
urbanísticos".
La
alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, que no quería que las
normas transitorias de Cartagena dependieran de una ley regional, ha
exigido ahora al presidente de CROEM, José María Albarracín que se pronuncie sobre "el engaño transitorio". Castejón es muy consciente de que Albarracín manda mucho en San Esteban y de que las Normas Transitorias para su municipio no se han movido de la
casilla de salida por mucho que el diputado de Ciudadanos, Miguel López Morell asegurara en sede parlamentaria que con la ley de aceleración, Cartagena dejaría de estar anclada en un urbanismo de los años 80. PP y Ciudadanos no han logrado su propósito de acelerar la aprobación de las Normas Transitorias a través de la Ley de Aceleración porque se han dado de bruces con las LEYES y con los informes jurídicos, aunque ambos partidos se los pasen por el arco del
triunfo.
La alcaldesa Castejón se siente engañada por el viaje a ninguna del gobierno regional. En Cartagena sigue rigiendo el plan general de 1987 tras ser anulado por el TSJ de Murcia el PGOU de 2012 made by Pilar Barreiro por numerosas e importantes deficiencias, tantas que, según sentencia del Supremo de 2016, solo su enumeración ocupaba 14 páginas. "Las deficiencias relativas al suelo urbano son tantas y de tal entidad que afectan a prácticamente todo el municipio" concluyó el Supremo.
En realidad, el viaje a ninguna parte comenzó con el duro varapalo judicial del TSJ en 2015 que luego ratificó el Supremo en 2016 anulando el PGOU elaborado por el PP de Barreiro y Valcárcel. Entonces, lo más sensato habría sido iniciar inmediatamente la redacción de un nuevo plan general para Cartagena, pero el inefable José López (entonces alcalde) lo consideró un "capricho", nombró Director General de Urbanismo a Jacinto Moncada pese a ser el máximo responsable del Plan General devuelto a corrales por los tribunales y, con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE, se embarcó en recursos y revisiones fallidas del sentenciado Plan General que les han hecho perder el tiempo MALAMENTE para desgracia de los cartageneros porque no hay nuevo Plan General y las Normas Transitorias han sido taponadas como reconocen los empresarios cartageneros que ahora piden un nuevo Plan Urbano.
Y fueron avisados. También los del partido Ciudadanos de Manuel Padín que ahora intenta echar el muerto a populares y socialistas como si el baile no fuese con ellos y son tan responsables o más de ese viaje a ninguna parte con el que han demostrado que no son inmunes a la incompetencia. Nada más comenzar la presente legislatura, la organización ecologista ANSE remitió un escrito a todos los grupos municipales de Cartagena, también a Ciudadanos, advirtiendo de la necesidad urgente de aprobar un nuevo Plan General con una nueva exposición pública que apostase por la sostenibilidad ambiental, económica y social. ANSE también alegó en contra del proyecto de Normas Transitorias que, en su opinión, vulneraban las leyes actuales y no tenían garantía alguna de prosperar en la vía jurídica, máxime intentando eludir los controles ambientales como han acreditado sendos informes jurídicos.
Un monumento a la incompetencia política. En eso se ha convertido la planificación urbanística de Cartagena por parte de unos dirigentes locales y regionales empecinados en ordenar el urbanismo del municipio sin revisar el Plan General como exigen las sentencias judiciales. Han perdido el tiempo MALAMENTE buscando atajos transitorios con un único fin: eludir la evaluación estratégica ambiental que, por otra parte, es lo que parece perseguirse en la región de Murcia donde el medio ambiente es considerado un engorro, una desgracia, un impedimento para CRECER, que es el único verbo que algunos saben conjugar como si el día de mañana pudiésemos comer billetes.
La aprobación con calzador de la cuestionada Ley de Aceleración Empresarial por parte de PP y Cs y la resistencia numantina del PP a aprobar la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor demuestran qué lugar ocupa el medio ambiente en la lista de prioridades de los actuales responsables políticos. Y viene de camino el ARCA o Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente de la que ya han advertido los servicios jurídicos de la Asamblea Regional "no encaja en la legislación actual como organismo público". El ARCA, que el gobierno también ha llevado al Parlamento como proposición de ley y no como proyecto de ley para eludir nuevamente los controles del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social, pretende externalizar el control ambiental con la excusa de agilizar proyectos empresariales y reducir burocracia. Los funcionarios de la dirección general de Medio Ambiente y Medio Natural están que trinan y el próximo 4 de diciembre, un día antes de que acabe el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley, protestarán a las puertas de sus centros de trabajo y por la tarde han organizado en el Moneo un debate abierto sobre el ARCA al que han invitado a los cuatro grupos parlamentarios y a la patronal CROEM a la señalan como los ideóloga. Los funcionarios aseguran que no necesitan ARCAS sino medios humanos y técnicos suficientes para realizar su trabajo con total independencia y rigor. Denuncian que "esta iniciativa legal va a tener importantes perjuicios para nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra seguridad..."
LAS 20.000 EMPRESAS. Y luego están las 20.000 empresas en un limbo legal a las que, supuestamente, va a salvar la Ley de Aceleración. Ahora resulta que el Consejero de Empresa, Javier Celdrán. no sabe concretar cuáles son porque "no dispone de esa información". Esa es la respuesta que ha dado al grupo Ahora Murcia a través del portal de transparencia pese a ser el principal argumento esgrimido por PP y por sus socios naranjas para sacar adelante la citada ley. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez llegó a cifrar en 55.000 los empleos en juego si no se aprobaba la ley, aunque tampoco sabe qué empresas son. ¡Menudo papelón! Han asumido como cierta la estimación realizada por la patronal murciana CROEM que sí debe saber qué grandes empresas necesitan un flotador legal acelerado no vaya a cambiar el gobierno regional en 2019. Pero ya saben que las cifras en política siempre son engañosas. Adelgazan o engordan en función del objetivo político. Es irrelevante que sean ciertas o falsas. "Dos millones de peregrinos" dijo Pedro Antonio Sánchez que iban a visitar Caravaca Jubilar en 2017 y no superamos los 550.000 y eso obligando a todos los alumnos de primaria y secundaria de la región de Murcia a ir de excursión a la Iglesia. Los políticos en España tienen licencia para mentir, los de Ciudadanos no iban a ser una excepción.
La alcaldesa Castejón se siente engañada por el viaje a ninguna del gobierno regional. En Cartagena sigue rigiendo el plan general de 1987 tras ser anulado por el TSJ de Murcia el PGOU de 2012 made by Pilar Barreiro por numerosas e importantes deficiencias, tantas que, según sentencia del Supremo de 2016, solo su enumeración ocupaba 14 páginas. "Las deficiencias relativas al suelo urbano son tantas y de tal entidad que afectan a prácticamente todo el municipio" concluyó el Supremo.
En realidad, el viaje a ninguna parte comenzó con el duro varapalo judicial del TSJ en 2015 que luego ratificó el Supremo en 2016 anulando el PGOU elaborado por el PP de Barreiro y Valcárcel. Entonces, lo más sensato habría sido iniciar inmediatamente la redacción de un nuevo plan general para Cartagena, pero el inefable José López (entonces alcalde) lo consideró un "capricho", nombró Director General de Urbanismo a Jacinto Moncada pese a ser el máximo responsable del Plan General devuelto a corrales por los tribunales y, con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE, se embarcó en recursos y revisiones fallidas del sentenciado Plan General que les han hecho perder el tiempo MALAMENTE para desgracia de los cartageneros porque no hay nuevo Plan General y las Normas Transitorias han sido taponadas como reconocen los empresarios cartageneros que ahora piden un nuevo Plan Urbano.
Y fueron avisados. También los del partido Ciudadanos de Manuel Padín que ahora intenta echar el muerto a populares y socialistas como si el baile no fuese con ellos y son tan responsables o más de ese viaje a ninguna parte con el que han demostrado que no son inmunes a la incompetencia. Nada más comenzar la presente legislatura, la organización ecologista ANSE remitió un escrito a todos los grupos municipales de Cartagena, también a Ciudadanos, advirtiendo de la necesidad urgente de aprobar un nuevo Plan General con una nueva exposición pública que apostase por la sostenibilidad ambiental, económica y social. ANSE también alegó en contra del proyecto de Normas Transitorias que, en su opinión, vulneraban las leyes actuales y no tenían garantía alguna de prosperar en la vía jurídica, máxime intentando eludir los controles ambientales como han acreditado sendos informes jurídicos.
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| Escrito dirigido a la Dirección General de Ordenación del Territorio por ANSE el 26 marzo 2018 |
Un monumento a la incompetencia política. En eso se ha convertido la planificación urbanística de Cartagena por parte de unos dirigentes locales y regionales empecinados en ordenar el urbanismo del municipio sin revisar el Plan General como exigen las sentencias judiciales. Han perdido el tiempo MALAMENTE buscando atajos transitorios con un único fin: eludir la evaluación estratégica ambiental que, por otra parte, es lo que parece perseguirse en la región de Murcia donde el medio ambiente es considerado un engorro, una desgracia, un impedimento para CRECER, que es el único verbo que algunos saben conjugar como si el día de mañana pudiésemos comer billetes.
La aprobación con calzador de la cuestionada Ley de Aceleración Empresarial por parte de PP y Cs y la resistencia numantina del PP a aprobar la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor demuestran qué lugar ocupa el medio ambiente en la lista de prioridades de los actuales responsables políticos. Y viene de camino el ARCA o Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente de la que ya han advertido los servicios jurídicos de la Asamblea Regional "no encaja en la legislación actual como organismo público". El ARCA, que el gobierno también ha llevado al Parlamento como proposición de ley y no como proyecto de ley para eludir nuevamente los controles del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social, pretende externalizar el control ambiental con la excusa de agilizar proyectos empresariales y reducir burocracia. Los funcionarios de la dirección general de Medio Ambiente y Medio Natural están que trinan y el próximo 4 de diciembre, un día antes de que acabe el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de ley, protestarán a las puertas de sus centros de trabajo y por la tarde han organizado en el Moneo un debate abierto sobre el ARCA al que han invitado a los cuatro grupos parlamentarios y a la patronal CROEM a la señalan como los ideóloga. Los funcionarios aseguran que no necesitan ARCAS sino medios humanos y técnicos suficientes para realizar su trabajo con total independencia y rigor. Denuncian que "esta iniciativa legal va a tener importantes perjuicios para nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra seguridad..."
LAS 20.000 EMPRESAS. Y luego están las 20.000 empresas en un limbo legal a las que, supuestamente, va a salvar la Ley de Aceleración. Ahora resulta que el Consejero de Empresa, Javier Celdrán. no sabe concretar cuáles son porque "no dispone de esa información". Esa es la respuesta que ha dado al grupo Ahora Murcia a través del portal de transparencia pese a ser el principal argumento esgrimido por PP y por sus socios naranjas para sacar adelante la citada ley. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez llegó a cifrar en 55.000 los empleos en juego si no se aprobaba la ley, aunque tampoco sabe qué empresas son. ¡Menudo papelón! Han asumido como cierta la estimación realizada por la patronal murciana CROEM que sí debe saber qué grandes empresas necesitan un flotador legal acelerado no vaya a cambiar el gobierno regional en 2019. Pero ya saben que las cifras en política siempre son engañosas. Adelgazan o engordan en función del objetivo político. Es irrelevante que sean ciertas o falsas. "Dos millones de peregrinos" dijo Pedro Antonio Sánchez que iban a visitar Caravaca Jubilar en 2017 y no superamos los 550.000 y eso obligando a todos los alumnos de primaria y secundaria de la región de Murcia a ir de excursión a la Iglesia. Los políticos en España tienen licencia para mentir, los de Ciudadanos no iban a ser una excepción.