La Comunidad de Regantes Arco Sur, de la que forman parte 40 regantes y 80 propietarios, ha recibido cantidades ingentes de dinero público para consolidar y ampliar regadíos junto al Mar Menor, algunos de ellos ilegales según la CHS, otros investigados por la Fiscalía por ser la causa de las terribles inundaciones sufridas entre 2011 y 2015 por las urbanizaciones Mar de Cristal y Playa Honda.
Solo la Comunidad Autónoma, entre 2003 y 2018, concedió ayudas y subvenciones que suman 11,4 millones de euros. La mayor parte de ellas firmadas por el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá para una sola comunidad de regantes de la que forman parte nombres tan conocidos en el sector inmobiliario como Tomás Olivo, Mariano Roca, Alfonso Pan de Higo, Peinsa, Inmobiliaria Vano o agrícolas tan importantes como ANS Inversiones Mediterráneo. Juanjor Frutas y Verduras o World Fruit Company.
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| El consejero Cerdá visita planta desalobradora Arco Sur. 2011. |
Entre
2003 y 2009, la Consejería de Agricultura subvencionó con 8,7
millones de euros obras acometidas por la Comunidad de Regantes Arco
Sur destinadas a la mejora, modernización y consolidación de los
regadíos. Y en junio de 2011, la Administración Regional asumió el
coste íntegro de ampliación la planta desalobradora
de
la citada comunidad de regantes construida en suelo protegido de
Calblanque. La Administración Regional desembolsó 2,5 millones de
euros para pasar de una capacidad de desalación de 7.000 m3/día a
28.000 m3/día de agua desalada. La planta carecía de autorización de vertido tierra-mar que debe otorgar la CARM.
La
última concesión directa de dinero público autorizada por el
Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para la Comunidad de
Regantes Arco Sur se produjo en diciembre de 2018 por un importe de
200.000 euros destinada a instalar una planta desnitrificadora para
reducir los impactos negativos derivados de los vertidos de salmueras
procedentes de aguas residuales regeneradas.
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| Eloy Celdrán y el consejero Miguel Ángel del Amor. Diciembre 2018. |
Se
da la circunstancia de que la planta
desalobradora de la Comunidad de Regantes Arco-Sur se encuentra
parada desde el pasado 12 de
febrero después
de que la Dirección General de Medio Ambiente detectara niveles muy
elevados de metales pesados, plaguicidas y nitratos en la masa de
agua situada frente al Parque Natural de Calblanque.
Los
contaminantes procedían del emisario submarino a través del cual la
planta vierte los
rechazos de salmuera al Mediterráneo. La consejería de Agricultura,
tras dos informes, ordenó el cese de actividad “por existir un
riesgo para el medio ambiente”. La organización Ecologistas en
Acción ya había alertado de síntomas de eutrofización en playas
de Calblanque debido a los nitratos que vertía el emisario submarino de Cabo de Palos, también en situación de ilegalidad ya que Costas nunca ha autorizado la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre. Desde Arco Sur aseguran que ellos desalan soloy exclusivamente agua procedente de la EDAR. Lo que lleve el agua no es cosa de ellos.
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| Proliferación algas en playas Calblanque. Foto Ecologistas en Acción. |
La
planta de Arco Sur desala
las aguas residuales procedentes de la EDAR Mar
Menor Sur de Cabo de Palos, propiedad del Ayuntamiento de Cartagena.
De hecho, la planta desalobradora se construyó junto a la planta
depuradora, en terrenos protegidos de Calblanque, después de que la
Comunidad de Regantes Arco
Sur obtuviese la concesión de 4.864 m3/año de aguas residuales
depuradas de la EDAR para el riego de 1.528 hectáreas. Concesión de
agua gratuita que la CHS les otorgó en 2002 cuando la comunidad de regantes Arco Sur ni siquiera estaba legalmente constituida. Se constituye como tal en 2003, hasta entonces eran una asociación de regantes.
Desde 2010, la planta desaladora de Arco Sur carece de autorización de vertido tierra mar que debe otorgar la Comunidad Autónoma por lo que la Comisaría de Aguas de la CHS, que afirma que acaba de enterarse de que carece de autorización de vertido, ha anunciado que procederá a precintar dicha instalación "para evitar tentaciones" dicen.
Desde 2010, la planta desaladora de Arco Sur carece de autorización de vertido tierra mar que debe otorgar la Comunidad Autónoma por lo que la Comisaría de Aguas de la CHS, que afirma que acaba de enterarse de que carece de autorización de vertido, ha anunciado que procederá a precintar dicha instalación "para evitar tentaciones" dicen.
Según
ha informado la Consejería de Agricultura a Onda Cero, la Comunidad
de Regantes Arco Sur obtuvo una autorización provisional de vertido
tierra-mar en 2006 que caducó en 2010 y no ha podido renovarse
porque el emisario submarino de Cala Reona asociado a la planta
desaladora carece de permiso de ocupación del Dominio Público
Marítimo Terrestre por parte de la Demarcación de Costas. "Una
vez concluya ese trámite, la CARM podría autorizar el vertido
siempre y cuando cumpla los parámetros ambientales”.
Desde la Consejería de Agricultura explican que la Comunidad de Regantes Arco Sur ha podido seguir desalobrando y vertiendo al Mediterráneo al amparo de la Ley 4/2009 de Protección Integral Integrada que, explican, "permite el mantenimiento de la actividad mientras se tramita la autorización pertinente siempre y cuando no se detecte un riesgo para el medio ambiente y no se incumpla el programa de vigilancia de control ambiental" aunque fuentes jurídicas dudan al respecto. La tramitación de la nueva autorización de vertido tierra-mar se dilata ya más de diez años y no tiene visos de solución a corto plazo.
Y
luego está la tubería del Carmolí. Otra obra costeada por la
Consejería de Agricultura con la intención de derivar agua con
nitratos de la rambla del Albujón hasta la planta desalobradora de
la Comunidad de Regantes Arco Sur donde una vez desnitrificada y
desalobrada sería empleada para regadío. La tubería se ejecutó en
2017 sin la obligatoria evaluación de impacto ambiental por afectar al espacio protegido de la Marina del Carmolí, incluido en
la Red Natura 2000. La CARM invirtió 1,7 millones de euros en una
tubería que nunca se utilizó y que investiga un juzgado de Murcia.
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La
CARM no es la única administración pública que ha aprobado
importantes cantidades de dinero público en ayudas para la poderosa Comunidad
de Regantes Arco Sur. En agosto de 2008, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, en manos de Elena Espinosa, aprobó,
a iniciativa de la citada comunidad de regantes, la construcción de
una red de evacuación de agua salobre y red de drenaje para
captación de aguas subterráneas del acuífero en la zona de
influencia de la Comunidad de Regantes Arco Sur.
La
Sociedad Estatal SEIASA encargó la ejecución de proyecto a la
empresa TRAGSA por importe de 9,3 millones de euros que cofinanció
con dinero europeo procedente del FEOGA-Orientación. Se trata de una
instalación que fue cedida a la Comunidad Regantes Arco Sur para su
explotación durante 25 años. Dinero público que debería retornar
a los presupuestos del Estado. Arco Sur ha pagado hasta la fecha 2,6 millones de euros. El resto, según el acuerdo, lo deben pagar entre los años 25 y 50 de vida de la inversión.
Inexplicablemente,
por decisión de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Peca, el proyecto no se sometió a evaluación de
impacto ambiental aunque afecta a zona protegida, pero la obra sí
fue declarada de interés general con el objetivo de que la Comunidad
de Regantes Arco Sur pudiese captar 1.029.788 m3/año con los que
regar sus campos una vez desalobrada el agua. La CHS nunca autorizó
la concesión de agua. ¿Entones por qué el Ministerio de
Medio Ambiente acometió una obra tan costosa sin concesión previa
del agua? Los actuales dirigentes del organismo de cuenca no lo
saben o no quieren saberlo.
Aun
así, pese a carecer de la obligatoria concesión de agua, la
Comunidad de Regantes Arco Sur ha estado detrayendo agua del acuífero
a través de esa red de drenaje que desalobraba en la planta para regar sus cosechas. Y admiten que lo han hecho hasta 2017 que el organismo de cuenca, tras estallar la sopa verde del Mar
Menor, optó por dejar de hacer la vista gorda y lo prohibió de manera expresa. Eso explica el gerente de la
comunidad de regantes Arco Sur, Eloy Celdrán que defiende la
utilidad ambiental de la obra. "Nosotros lo llamamos zanja
antinitratos y es una tubería perforada que va desde Islas Menores
hasta los Urrutias y que ahora está parada aunque estábamos
impidiendo que agua con nitratos llegase al Mar Menor". Según
Celdrán han solicitado autorización ambiental a la CARM y al
Ministerio "y ambas administraciones se han inhibido diciendo
que no son el órgano sustantivo. “Nadie quiere solucionarlo".
En
2016, en un intento de la Comunidad de Regantes Arco Sur de legalizar
el uso del agua que venían captando del acuífero de manera ilegal, solicitaron
oficialmente a la CHS la concesión de 2,72 hm3 al año de aguas
salobres procedentes de la citada Red de Drenajes Campo de Cartagena con el
objetivo de ampliar la superficie regable neta autorizada en 855
hectáreas (pasar de 1.528 hectáreas netas a 2.383 hectáreas
netas dentro de un perímetro regable de 3000 hectáreas).
El
organismo de cuenca volvió a denegarlo. No lo autorizó ya que
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la CARM
había dictaminado que la ampliación de la superficie regable
requería de evaluación de impacto ambiental dada la especial
sensibilidad ambiental de la zona de actuación y la presencia de
diferentes áreas protegidas como el Mar Menor. "Es importante
que antes de que se pueda otorgar la petición realizada por la
Comunidad de Regantes Arco Sur se lleve a cabo una adecuada
evaluación ambiental del proyecto en su conjunto incluyendo las
actuaciones de transformación agrícola y los vertidos derivados del
tratamiento de aguas en la desalobradora" que en ese momento,
2016, seguía vertiendo al Mediterráneo sin autorización de vertido.
Sin
embargo, Eloy
Celdrán niega
la existencia de regadío ilegal en esa zona. "Se
trataba de redotar unos regadíos
consolidados antes de 1998. Jamás se han creado nuevos regadíos. La
oficina de planificación hidrológica de la CHS, cuyo informe es
preceptivo, dijo incluso que esas 800 hectáreas eran compatibles con
el Plan Hidrológico de Cuenca, pero llegó la crisis del Mar Menor y
se retrotrajo todo".
¿Pero
cómo
es posible que hayan seguido regando y plantando esas 800 hectáreas
si no disponen de concesión de agua por parte de CHS? Eloy
Celdrán titubea
y responde
que en todo Arco Sur hay concesiones de pozos subterráneos de casi 5
hm3 y una concesión de 4 hm3/año de la EDAR de La Manga-Cabo de
Palos. "Nosotros velamos muy celosamente de que el agua vaya
solo a las tierras que tienen riego autorizado" dice.
El
organismo
de cuenca ha
detectado ahora 635 hectáreas de la Comunidad de Regantes Arco Sur
sin derechos de agua y
por tanto en situación de ilegalidad según el informe del
Ministerio de Transición Ecológica fechado el 14 de abril de 2020.
"Ellos tienen concesión para regar 1.500 hectáreas y el
satélite detectó que estaban regando 2100 hectáreas" informan
desde la CHS que ha abierto expediente, aunque quedará paralizado porque los afectados han recurrido al Contencioso-Administrativo que tardará años en pronunciarse. Y durante todos esos años que los jueces tardarán en dictaminar, las 635 hectáreas de regadío supuestamente ilegal se seguirán regando y arando a favor de pendiente y al fondo, el Mar Menor.
La CHS cuyo ensayo sobre la ceguera parece haber llegado a su fin, acaba de detectar algo que vienen denunciando vecinos y ecologistas desde hace años. La
Subdirección
General de Evaluación Ambiental (CARM) realizó
un informe en 2016
a
petición de la Fiscalía (en el marco de la investigación de la
inundaciones sufridas por urbanizaciones del Mar Menor entre 2011 y
2015) y concluyó que las obras de infraestructuras y
cultivos de regadíos existentes en las fincas agrícolas (polígonos
32 y 33) próximas a las urbanizaciones Mar
de Cristal y Playa Honda, en
la zona denominada Arco Sur-Mar Menor, carecían
de Evaluación de Impacto Ambiental y de Evaluación de Repercusiones
sobre los Espacios Protegidos de la Red Natura 2000.
Informes ambientales constatan que la denominada zona Arco Sur es un territorio muy transformado, especialmente a partir de 2011 en el que se eliminaron las estructuras de terrazas de secano para generar estructuras de cultivo más grandes y homogéneas asociadas a la extensión del regadío intensivo. "La eliminación del sistema de terrazas supone ya una merma de la capacidad de retención y control de agua" concluyen informes de la misma consejería de Agricultura que ha concedido grandes sumas de dinero en ayudas para promover regadíos en la zona. Sin embargo, no consta que haya abierto ni un solo expediente sancionador por roturaciones de secano en regadío sin Evaluación de Impacto Ambiental. Uno o dos a lo sumo admite el director general de Medio Ambiente, Francisco Marín puesto que deben superarse las 10 hectáreas. ¿Qué sucede? Que han ido roturando poco a poco superficies inferiores a las 10 hectáreas para eludir la obligatoria evaluación ambiental.
Informes ambientales constatan que la denominada zona Arco Sur es un territorio muy transformado, especialmente a partir de 2011 en el que se eliminaron las estructuras de terrazas de secano para generar estructuras de cultivo más grandes y homogéneas asociadas a la extensión del regadío intensivo. "La eliminación del sistema de terrazas supone ya una merma de la capacidad de retención y control de agua" concluyen informes de la misma consejería de Agricultura que ha concedido grandes sumas de dinero en ayudas para promover regadíos en la zona. Sin embargo, no consta que haya abierto ni un solo expediente sancionador por roturaciones de secano en regadío sin Evaluación de Impacto Ambiental. Uno o dos a lo sumo admite el director general de Medio Ambiente, Francisco Marín puesto que deben superarse las 10 hectáreas. ¿Qué sucede? Que han ido roturando poco a poco superficies inferiores a las 10 hectáreas para eludir la obligatoria evaluación ambiental.
El
gerente de la Comunidad de Regantes Arco Sur, Eloy Celdrán, reconoce que han recibido mucho dinero público en ayudas de la
Comunidad Autónoma y advierte de que "se malogrará todo ese
caudal de dinero público si no levantan la orden de paralización de
la planta desalobradora que aporta el 60% del agua que necesitamos
para nuestro regadíos". "Sería catastrófico porque están
en juego 7000 empleos directos y 30.000 jornales". Dicen que el daño ambiental en el Mediterráneo será aún mayor si la CARM no vuelve a autorizar el vertido.
Sobre el Mar Menor, Eloy Celdrán reconoce que el regadío intensivo del campo de Cartagena está perjudicando la laguna salada y preguntado sobre la propuesta crear una franja de protección de 1500 metros alrededor del Mar Menor como recomienda el Ministerio de Transición Ecológica, Celdrán responde que "eso no se puede hacer de gratis".
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| Plantaciones de regadío que rodean las poblaciones de Mar de Cristal y Villas Caravaning / JLD |
En 2016, el fiscal José Luis Díaz Manzanera denunció a 15 propietarios por las inundaciones en la zona sur del Mar Menor: delito contra la ordenación del territorio, delito contra el medio ambiente, delito contra el Patrimonio Histórico y delito de usurpación de aguas. El fiscal acusó a los propietarios de construir tres canalizaciones, entre las parcelas cercanas a Mar de Cristal y Villas Caravaning, que en días de lluvia arrastran abonos, pesticidas, fertilizantes y estiércol contra las localidades y por lo tanto al Mar Menor. Además, les acusó de construir sin licencia dos embalses de agua para riego y de un tercero que hace de tanque de tormentas y que “tiene una salida de agua para posibles desbordamientos, que se dirige a través de una canalización del terreno hacia la zona de viviendas de Mar de Cristal”. No, no constan expedientes sancionadores en la CARM.
El fiscal pidió medidas cautelares para evitar perjuicios irreparables y la juez titular del número 2 de Cartagena, María Pascual Hernández las denegó al no considerarlas proporcionadas y por la magnitud de las consecuencias.
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| Medidas cautelares solicitadas |
Inexplicablemente, o sí, la causa judicial apenas avanza ni por parte de la juez ni por parte de la fiscalía de Cartagena. Los vecinos que preparan una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, son conscientes de que luchan contra titanes muy poderosos en una región donde "la gente se vende muy barato" lamenta Ángel Monedero convencido de que lleva razón y de que al final encontrará justicia.
El Campo de Cartagena se ha convertido en un pozo sin fondo de dinero público. Solo Arco Sur suma casi 20 millones de euros en ayudas o subvenciones de dinero público en los últimos años. Y nunca es suficiente, nunca es bastante. Siempre piden más para perpetuar un modelo de desarrollo agrícola insostenible con la protección del medio ambiente y el Mar Menor que no preocupa tanto como parece, por eso ganó VOX las elecciones generales. En el último barómetro del CEMOP el Mar Menor ha caído diez puntos en el nivel de preocupación de los murcianos. El coronavirus, el paro y la situación económica copan las preocupaciones de los murcianos que siguen sin entender que sin la laguna salada, sin Mar Menor, no habrá recuperación económica, ni empleo.
Lo que ha contado, cuenta y contará porque da muchos votos es apuntalar la agricultura intensiva extrayendo agua del acuífero que una vez deslobrada y desnitrificada será puesta en manos de los agricultores para que vuelva al acuífero cargada de nitratos. Y vuelta a empezar en una región que no cumple con el Código de Buenas Prácticas. En eso consisten las medidas del Plan Vertido Cero que con tanto ímpetu exige el gobierno regional de López Miras aunque eso suponga invertir otro puñado de millones de dinero público en obras que ya se han demostrado fracasadas. Las obras acometidas en 1997 costaron 5200 millones de pesetas y se abandonaron porque los regantes del Campo de Cartagena estimaron que el agua les salía demasiado cara, que era mejor y mas barata la del trasvase del Tajo.
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| La Verdad. Año 1997. |