Ante la imposibilidad de convencer, confundir. En eso consiste la estrategia del gobierno de Fernando López Miras con el Mar Menor, un mar que agoniza porque quien tiene las competencias para actuar en el origen del problema no quiere asumir el coste electoral que eso conlleva.
La guinda a este triste vodevil ha sido la decisión de la CARM de personarse como parte perjudicada en la causa judicial por la degradación ambiental del Mar Menor, la misma CARM que ha permitido roturaciones agrícolas ilegales, ha espoleado la expansión incontrolada del regadío intensivo como buque insignia de la economía regional, ha dado subvenciones a propietarios de regadío ilegal y ha cerrado los ojos ante las malas practicas agrícolas en una Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos.
Los nitratos que unidos al fósforo producen la eutrofización del Mar Menor. Y el fósforo, otro fertilizante agrícola, llega a la laguna por arrastre de aguas superficiales dado que es insoluble. No penetra en el acuífero cuaternario que gobierno regional y sector agrícola se empeñan en señalar como principal causante de la contaminación del Mar Menor diluyendo con ello la responsabilidad directa de las 69 empresas agrícolas imputadas por el juez Garrote. Empresas que muy probablemente han recibido ayudas de dinero público por parte de la consejería de Agricultura. Pronto sabremos si quien contamina en esta región además cobra porque la diligencia judicial está solicitada por una de las partes personadas en la causa topillo cuyo instructor, Ángel Garrote, ha escuchando al ex consejero, Antonio Cerdá, alegar que entre los años 2000 y 2015 ni los ayuntamientos ribereños, ni las organizaciones sociales existentes en el Mar Menor advirtieron a la consejería de Agricultura de una adversa situación del Mar Menor. Sencillamente, no es cierto.
La sinvergonzonería en esta región es directamente proporcional al daño ambiental que sufre el Mar Menor. El ex consejero Antonio Cerdá, el mismo que en 2010 dijo que de "ninguna manera iba a reducir regadíos cuando desde la CHS alertaron de que estaban entrando entre entre 2.500 y 3.000 toneladas anuales de nitratos y sulfatos" habla hoy de "presunta contaminación" y en su alegato ante el juez para ser exonerado niega que los nitratos procedentes de los fertilizantes nitrogenados sean los responsables de la degradación del Mar Menor. "La relación entre nitratos y eutrofización del Mar Menor no pasa de ser un teoría no demostrada" dice Cerdá. Bueno, también culpó a las cremas solares de los niños.
Pero es que en 2009, el grupo parlamentario socialista preguntó a Cerdá sobre medidas previstas para potenciar humedales, estepas y saladares alrededor del Mar Menor que frenaran la entrada de nutrientes y qué respondió. Pues según el diario de sesiones de la Asamblea Regional dijo que había una barrera impermeable: "Yo siempre he defendido que la agricultura no tiene la culpa, porque alrededor del Mar Menor hay una barrera litológica, o sea, desde el punto de vista edáfico, que es prácticamente impermeable y por lo tanto no hay ninguna difusión de nutrientes de la actividad agrícola del Campo de Cartagena al Mar Menor". Entonces no señalaban al acuífero cuaternario.
Si se produce un nuevo episodio de anoxia y mortandad de peces como vaticinan los científicos, harán lo de siempre y es culpar al Ministerio de Transición Ecológica que más pronto que tarde acabará privando a la Comunidad Autónoma de las competencias medioambientales. No queda otra. Total, López Miras quiere que todo lo solucione el Estado.
La declaración del acuífero en mal estado químico solo es el primer paso de un largo y tortuoso camino administrativo. Solo así el Mar Menor tendrá una oportunidad. Repitan conmigo: las competencias sobre los nutrientes agrarios y causa real de la enfermedad son de la Comunidad Autónoma. Fin de la cita. Ningún informe científico fabricado ad hoc puede cambiar eso. El Decreto Ley de Protección Integral de diciembre de 2019 no protege, al contrario.
La solución al Mar Menor no pasa por volver a permitir fertilizantes de alta solubilidad, por desviar la contaminación hacia el Mediterráneo o hacer nuevas tuberías para perpetuar un modelo de explotación dañino e insostenible, sino por dejar de echar nitratos y devolver a la naturaleza lo que nunca debimos arrebatarle.
No hay pretexto que disculpe la desastrosa gestión ambiental del gobierno regional durante los últimos 25 años. Ni indulgencia posible. Sin Mar Menor no habrá reconstrucción. Cuesta por tanto creer que Fernando López Miras vaya a ser capaz de liderar el gran pacto que reclama la sociedad civil que, en todo caso, no sería de reconstrucción sino de construcción. En la región de Murcia, en realidad, está casi todo por hacer. Una región eminentemente agrícola, de turismo de tercera, con camareros y recepcionistas mal pagados y que ha sido incapaz de fomentar una industria que eleve los salarios y mejore las condiciones de vida de la gente.
Cosechamos políticos mediocres como lechugas. A la vista está. Los índices de pobreza sonrojan, las arcas regionales están temblando, las infraestructuras ruinosas salpican el territorio y el enrarecido clima político regional y nacional no propicia consensos. Da igual a cuántos expertos independientes consulten desde San Esteban para reactivar la economía regional. Las carencias persisten impertérritas desde finales de los años 80 que se aprobó el primer Plan de Desarrollo Regional por imposición europea: baja productividad, escasa cualificación laboral, déficit de infraestructuras, deficiente ordenación del territorio, déficit hídrico y maltrato medioambiental.
Ningún partido político de la región ha conseguido explicar aún qué modelo de región quiere ni cómo piensa lograrlo. No hay plan para colorear la fotografía en blanco y negro de una región salpicada por algún que otro complejo turístico rodeado de naves industriales y hasta de grandes montañas de estiércol para abonar los campos aledaños por cuyos caminos, al ponerse el sol, transita en bicicleta un inmigrante magrebí. Esa es la triste fotografía.
Padecemos un desarrollo sin orden ni concierto que sigue maltratando el medio ambiente e ignorando que el camino de la reconstrucción es verde, sostenible y tecnológico y que la educación es la base de toda sociedad avanzada. No habrá mutualización de la deuda tras la pandemia de coronavirus. El dinero que llegue de Europa será finalista y primarán los proyectos sostenibles que contribuyan a frenar el cambio climático que, como dice, David Quammen (autor del libro Contagio) también mata, pero más lentamente que el coronavirus. ¿A qué esperan nuestros políticos para ponerse a trabajar en serio?
Las autoridades regionales ven la protección del medio ambiente como un contratiempo a esquivar con triquiñuelas y no como la oportunidad que es. Ramón Luis Valcárcel imprimió una impronta que, desgraciadamente, sigue marcando el paso político. Vean sino la reforma de la Ley de Puertos. que con la pandemia como excusa acaban de aprobar mediante Decreto Ley a instancias del consejero José Ramón Díez de Revenga. Una reforma que, según denuncia Ecologistas en Acción, facilitará la explotación comercial de pantalanes y escolleras, ya dentro de la lámina de mar y permitirá otorgar concesiones portuarias a quien al consejero de turno le venga en gana porque elimina el requisito de estar declarada utilidad pública. Y todo con la bendición de Ciudadanos, un partido en caída libre que acabará fagocitado por el PP. En absoluto está justificada la extraordinaria y urgente necesidad que requiere una tramitación mediante decreto ley.
Y todavía se atreve Díez de Revenga a decir que son "informaciones capciosas" de "organizaciones extremistas" en alusión a Ecologistas en Acción que ha alertado de la maniobra "clientelar" de quien todavía no ha explicado a quién vendió las acciones de su empresa de ingeniería Azentia a los pocos días de ser nombrado consejero en agosto de 2019 y fue obligado a explicar en la Asamblea Regional sus negocios portuarios con Azentia siendo director general de Puertos. "Si la reforma la impulsa José Ramón es que algo trama" dicen desde dentro de su propio partido político.
El maltrato ambiental no se circunscribe al Mar Menor. La adquisición por parte de ANSE de 270 hectáreas de Cabo Cope ha puesto el foco mediático sobre un espacio tan protegido como amenazado y no se trata del cabo (que ya está blindado al ser LIC y ZEPA) sino a la marina que pese a ser parte del parque regional, está siendo literalmente triturada por la agricultora intensiva que ha crecido sin control ante la inacción de las administraciones responsables.
Los plásticos de los invernaderos de la marina siguen inundando las playas aguileñas como si fuesen un vertedero. Una investigación del programa "Análisis, Investigación y Comunicación de Datos" de la Universidad de Deusto revela que el parque regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope es el área de España con más basuras marinas encontradas por metro líneal debido al número de residuos relacionados con la agricultura intensiva y tuberías PVC.
En
2001, el gobierno regional del PP aprobó la Ley del Suelo con una
disposición adicional, la octava, que de una manera más que
cuestionable jurídica y políticamente redelimitó los espacios naturales
de la región, haciendo coincidir sus límites con los denominados
lugares de interés comunitario (LIC) que proponen las comunidades
autónomas.
Aquella argucia permitió dejar fuera del parque de Puntas de Calnegre-Cabo Cope 2100 hectáreas correspondientes a la llanura litoral conocida como Marina de Cope, una de las pocas zonas vírgenes de la costa mediterránea. La contestación ecologista y social dio lugar a una iniciativa legislativa respaldada por 14.700 firmas para la protección de los espacios naturales de la región que bajo el lema "Murcia no se vende" llegó a la Mesa de la Asamblea Regional donde la mayoría absoluta del PP pasó el rodillo.
La macrourbanización de Marina de Cope ideada por el gobierno murciano del PP la frenaron otros Ecologistas en Acción ante el Tribunal Constitucional que en 2012 anuló la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la región de Murcia volviendo a meter la marina dentro de los límites del parque. También tumbaron ante el TSJ de Murcia los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos de Águilas y Lorca que, pese a la sentencia del Constitucional, declararon urbanizables los valiosos terrenos de la marina. Una llanura litoral de gran valor ambiental que Valcárcel quiso enladrillar con 9000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, 5 campos de golf y una marina interior (dragando una rambla para que entrase el mar Mediterráneo) con 1400 puntos de amarre.
El megalómano sueño de Valcárcel consistía en la llegada de turistas a través del aeropuerto de Corvera (en 2019 perdió el 12% de pasajeros) y su traslado en coche a través de la autopista de peaje Cartagena-Vera (hoy rescatada con dinero de todos) para que se compraran una casa en el terreno protegido del litoral virgen de la región de Murcia, Marina de Cope. Una iniciativa urbano-turística sobre más de 21 millones de metros cuadrados para albergar 60.000 habitantes que beberían agua del trasvase del Ebro y se subirían a las atracciones del parque Paramount.
Declarado parque regional en 1992, Puntas de Calnegre-Cabo Cope sigue careciendo del necesario y obligatorio Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Y la ausencia de PORN es lo que hace que Iberdrola Inmobiliaria, propietaria de 200 hectáreas, no ceje en su empeño de urbanizar. "Si no hay PORN, el parque natural decae" o eso aducen los abogados de la compañía eléctrica.
Desde la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente informan de que están ultimando el borrador del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque Marina de Cope-Puntas de Calnegre que todos los años reclaman los ecologistas con una marcha que en 2018 fue contraprogramada por los agricultores de la zona con otra manifestación que contó con la asistencia de diputados regionales del PP, representantes de VOX y hasta de la alcaldesa de Águilas, la socialista Carmen Moreno. Una alcaldesa que cree que pescará votos en ese caladero agrícola. Qué ingenua Carmen Moreno y qué torpeza la suya manifestarse junto al presidente de Asaja en Águilas, José Martínez en vez de hacer valer que fue Cristina Narbona quien encabezó, junto a los ecologistas, el recurso de inconstitucionalidad que acabó anulando la desprotección de la marina.
Reveladoras del sentir político del Partido Popular que gobierna la región fueron las palabras durante la citada manifestación en contra del PORN de la diputada regional del PP, Isabel María Soler "no podíamos faltar a esta movilización en defensa de la agricultura porque la Marina de Cope está siendo especialmente maltratada por toda la normativa medioambiental".
Los espacios naturales de especial valor como el Mar Menor o el parque regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope no están amenazados por la normativa medioambiental sino por la avaricia especulativa, la incultura y la dejación de las administraciones públicas que, incomprensiblemente, se alían con quienes están demostrando nula sensibilidad ambiental por un puñado de votos. Los mismos que en 1994 casi linchan a un concejal de IU en el Ayuntamiento de Águilas, Antonio del Campo, por apoyar la aprobación del PORN del parque natural. Los bulos de la época consistieron en hacer creer a los vecinos de la zona que soltarían lobos dentro parque natural si finalmente se aprobaba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
Durante la novena legislatura, la diputada regional de Podemos, María Giménez Casalduero desempolvó el PORN del que nadie quería hablar. Pese a la presiones agrícolas promovió una moción que se aprobó en mayo de 2017 con los votos a favor de PODEMOS, PSOE y Cs de Miguel Sánchez. La moción, que el PSOE apoyó a regañadientes, instaba al Consejo de Gobierno a que de manera inmediata adoptase y publicase oficialmente la orden de aprobación del PORN Cabo Cope-Puntas de Calnegre, para que a la mayor brevedad posible se aprobase definitivamente teniendo en cuenta a los afectados (propietarios, agricultores, empresarios, municipios y organizaciones sociales) y la realidad de la zona. Nada más se supo. El grupo parlamentario popular voto en contra aún sabiendo de que el PORN es necesario para eliminar la inseguridad jurídica en la que actualmente se encuentra el parque regional.
"La Marina de Cope es una marina sin ley donde imperan los deseos de unos agricultores caníbales e intratables" denuncia el histórico ecologista Pedro Costa Morata que califica de "sinvergüenza" a José Martínez de ASAJA y que en su día negó estar detrás de los actos vandálicos que ha venido sufriendo el parque. "Mi gente no ha sido, hay mucha gente que tiene tractores". El parque ha sufrido varios actos de sabotaje: arranque de bolardos para impedir la entrada de vehículos hasta las playas, el destrozo con tractores de flora protegida. Ningún detenido, ningún sancionado. En la zona parece imperar una auténtica ley del silencio por miedo a represalias.
"Nos sentimos acosados constantemente por determinados personajillos de la ecología y asociaciones de este ámbito que lo único que les mueve es su interés y bienestar personal. La Marina de Cope está sobreprotegida" asegura José Martínez en defensa de una agricultura que venden como sostenible, aunque las condiciones de trabajo y vida de muchos de los inmigrantes que emplean en esos campos son infames. La sostenibilidad no consiste solamente en polinizar con abejorros.
"Estamos ante una muestra fehaciente de que la derecha murciana sigue siendo la derechona indómita e inadaptada que rezuma intereses no confesables". Eso declaró el profesor de ecología de la Universidad de Murcia, Miguel Ángel Esteve en 1994 tras la agresión al concejal, Antonio del Campo por apoyar la aprobación del PORN. Esteve, entonces diputado regional de IU, acusó al PP de abanderar la revuelta. Desgraciadamente, el PP de 2020 sigue manifestándose en contra del PORN y votando en contra del PORN mientras el parque pierde valor a golpe de roturaciones ilegales. Lamentablemente, nada ha cambiado. En blanco y negro, así es la fotografía de una región que lleva más de 20 años pregonando la necesidad de cambiar el modelo productivo y sigue ofreciendo bares, lechugas y ladrillo.
La guinda a este triste vodevil ha sido la decisión de la CARM de personarse como parte perjudicada en la causa judicial por la degradación ambiental del Mar Menor, la misma CARM que ha permitido roturaciones agrícolas ilegales, ha espoleado la expansión incontrolada del regadío intensivo como buque insignia de la economía regional, ha dado subvenciones a propietarios de regadío ilegal y ha cerrado los ojos ante las malas practicas agrícolas en una Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos.
Los nitratos que unidos al fósforo producen la eutrofización del Mar Menor. Y el fósforo, otro fertilizante agrícola, llega a la laguna por arrastre de aguas superficiales dado que es insoluble. No penetra en el acuífero cuaternario que gobierno regional y sector agrícola se empeñan en señalar como principal causante de la contaminación del Mar Menor diluyendo con ello la responsabilidad directa de las 69 empresas agrícolas imputadas por el juez Garrote. Empresas que muy probablemente han recibido ayudas de dinero público por parte de la consejería de Agricultura. Pronto sabremos si quien contamina en esta región además cobra porque la diligencia judicial está solicitada por una de las partes personadas en la causa topillo cuyo instructor, Ángel Garrote, ha escuchando al ex consejero, Antonio Cerdá, alegar que entre los años 2000 y 2015 ni los ayuntamientos ribereños, ni las organizaciones sociales existentes en el Mar Menor advirtieron a la consejería de Agricultura de una adversa situación del Mar Menor. Sencillamente, no es cierto.
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| La Verdad |
La sinvergonzonería en esta región es directamente proporcional al daño ambiental que sufre el Mar Menor. El ex consejero Antonio Cerdá, el mismo que en 2010 dijo que de "ninguna manera iba a reducir regadíos cuando desde la CHS alertaron de que estaban entrando entre entre 2.500 y 3.000 toneladas anuales de nitratos y sulfatos" habla hoy de "presunta contaminación" y en su alegato ante el juez para ser exonerado niega que los nitratos procedentes de los fertilizantes nitrogenados sean los responsables de la degradación del Mar Menor. "La relación entre nitratos y eutrofización del Mar Menor no pasa de ser un teoría no demostrada" dice Cerdá. Bueno, también culpó a las cremas solares de los niños.
Pero es que en 2009, el grupo parlamentario socialista preguntó a Cerdá sobre medidas previstas para potenciar humedales, estepas y saladares alrededor del Mar Menor que frenaran la entrada de nutrientes y qué respondió. Pues según el diario de sesiones de la Asamblea Regional dijo que había una barrera impermeable: "Yo siempre he defendido que la agricultura no tiene la culpa, porque alrededor del Mar Menor hay una barrera litológica, o sea, desde el punto de vista edáfico, que es prácticamente impermeable y por lo tanto no hay ninguna difusión de nutrientes de la actividad agrícola del Campo de Cartagena al Mar Menor". Entonces no señalaban al acuífero cuaternario.
Si se produce un nuevo episodio de anoxia y mortandad de peces como vaticinan los científicos, harán lo de siempre y es culpar al Ministerio de Transición Ecológica que más pronto que tarde acabará privando a la Comunidad Autónoma de las competencias medioambientales. No queda otra. Total, López Miras quiere que todo lo solucione el Estado.
La declaración del acuífero en mal estado químico solo es el primer paso de un largo y tortuoso camino administrativo. Solo así el Mar Menor tendrá una oportunidad. Repitan conmigo: las competencias sobre los nutrientes agrarios y causa real de la enfermedad son de la Comunidad Autónoma. Fin de la cita. Ningún informe científico fabricado ad hoc puede cambiar eso. El Decreto Ley de Protección Integral de diciembre de 2019 no protege, al contrario.
La solución al Mar Menor no pasa por volver a permitir fertilizantes de alta solubilidad, por desviar la contaminación hacia el Mediterráneo o hacer nuevas tuberías para perpetuar un modelo de explotación dañino e insostenible, sino por dejar de echar nitratos y devolver a la naturaleza lo que nunca debimos arrebatarle.
No hay pretexto que disculpe la desastrosa gestión ambiental del gobierno regional durante los últimos 25 años. Ni indulgencia posible. Sin Mar Menor no habrá reconstrucción. Cuesta por tanto creer que Fernando López Miras vaya a ser capaz de liderar el gran pacto que reclama la sociedad civil que, en todo caso, no sería de reconstrucción sino de construcción. En la región de Murcia, en realidad, está casi todo por hacer. Una región eminentemente agrícola, de turismo de tercera, con camareros y recepcionistas mal pagados y que ha sido incapaz de fomentar una industria que eleve los salarios y mejore las condiciones de vida de la gente.
Cosechamos políticos mediocres como lechugas. A la vista está. Los índices de pobreza sonrojan, las arcas regionales están temblando, las infraestructuras ruinosas salpican el territorio y el enrarecido clima político regional y nacional no propicia consensos. Da igual a cuántos expertos independientes consulten desde San Esteban para reactivar la economía regional. Las carencias persisten impertérritas desde finales de los años 80 que se aprobó el primer Plan de Desarrollo Regional por imposición europea: baja productividad, escasa cualificación laboral, déficit de infraestructuras, deficiente ordenación del territorio, déficit hídrico y maltrato medioambiental.
Ningún partido político de la región ha conseguido explicar aún qué modelo de región quiere ni cómo piensa lograrlo. No hay plan para colorear la fotografía en blanco y negro de una región salpicada por algún que otro complejo turístico rodeado de naves industriales y hasta de grandes montañas de estiércol para abonar los campos aledaños por cuyos caminos, al ponerse el sol, transita en bicicleta un inmigrante magrebí. Esa es la triste fotografía.
Padecemos un desarrollo sin orden ni concierto que sigue maltratando el medio ambiente e ignorando que el camino de la reconstrucción es verde, sostenible y tecnológico y que la educación es la base de toda sociedad avanzada. No habrá mutualización de la deuda tras la pandemia de coronavirus. El dinero que llegue de Europa será finalista y primarán los proyectos sostenibles que contribuyan a frenar el cambio climático que, como dice, David Quammen (autor del libro Contagio) también mata, pero más lentamente que el coronavirus. ¿A qué esperan nuestros políticos para ponerse a trabajar en serio?
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| El deterioro ambiental influye en la salud humana |
Y todavía se atreve Díez de Revenga a decir que son "informaciones capciosas" de "organizaciones extremistas" en alusión a Ecologistas en Acción que ha alertado de la maniobra "clientelar" de quien todavía no ha explicado a quién vendió las acciones de su empresa de ingeniería Azentia a los pocos días de ser nombrado consejero en agosto de 2019 y fue obligado a explicar en la Asamblea Regional sus negocios portuarios con Azentia siendo director general de Puertos. "Si la reforma la impulsa José Ramón es que algo trama" dicen desde dentro de su propio partido político.
El maltrato ambiental no se circunscribe al Mar Menor. La adquisición por parte de ANSE de 270 hectáreas de Cabo Cope ha puesto el foco mediático sobre un espacio tan protegido como amenazado y no se trata del cabo (que ya está blindado al ser LIC y ZEPA) sino a la marina que pese a ser parte del parque regional, está siendo literalmente triturada por la agricultora intensiva que ha crecido sin control ante la inacción de las administraciones responsables.
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| Roturaciones dentro parque natural. Cabo Cope al fondo |
Los plásticos de los invernaderos de la marina siguen inundando las playas aguileñas como si fuesen un vertedero. Una investigación del programa "Análisis, Investigación y Comunicación de Datos" de la Universidad de Deusto revela que el parque regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope es el área de España con más basuras marinas encontradas por metro líneal debido al número de residuos relacionados con la agricultura intensiva y tuberías PVC.
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| VÍDEO |
Aquella argucia permitió dejar fuera del parque de Puntas de Calnegre-Cabo Cope 2100 hectáreas correspondientes a la llanura litoral conocida como Marina de Cope, una de las pocas zonas vírgenes de la costa mediterránea. La contestación ecologista y social dio lugar a una iniciativa legislativa respaldada por 14.700 firmas para la protección de los espacios naturales de la región que bajo el lema "Murcia no se vende" llegó a la Mesa de la Asamblea Regional donde la mayoría absoluta del PP pasó el rodillo.
La macrourbanización de Marina de Cope ideada por el gobierno murciano del PP la frenaron otros Ecologistas en Acción ante el Tribunal Constitucional que en 2012 anuló la disposición adicional octava de la Ley del Suelo de la región de Murcia volviendo a meter la marina dentro de los límites del parque. También tumbaron ante el TSJ de Murcia los planes generales de ordenación urbana de los ayuntamientos de Águilas y Lorca que, pese a la sentencia del Constitucional, declararon urbanizables los valiosos terrenos de la marina. Una llanura litoral de gran valor ambiental que Valcárcel quiso enladrillar con 9000 viviendas, 22.000 plazas hoteleras, 5 campos de golf y una marina interior (dragando una rambla para que entrase el mar Mediterráneo) con 1400 puntos de amarre.
El megalómano sueño de Valcárcel consistía en la llegada de turistas a través del aeropuerto de Corvera (en 2019 perdió el 12% de pasajeros) y su traslado en coche a través de la autopista de peaje Cartagena-Vera (hoy rescatada con dinero de todos) para que se compraran una casa en el terreno protegido del litoral virgen de la región de Murcia, Marina de Cope. Una iniciativa urbano-turística sobre más de 21 millones de metros cuadrados para albergar 60.000 habitantes que beberían agua del trasvase del Ebro y se subirían a las atracciones del parque Paramount.
Declarado parque regional en 1992, Puntas de Calnegre-Cabo Cope sigue careciendo del necesario y obligatorio Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Y la ausencia de PORN es lo que hace que Iberdrola Inmobiliaria, propietaria de 200 hectáreas, no ceje en su empeño de urbanizar. "Si no hay PORN, el parque natural decae" o eso aducen los abogados de la compañía eléctrica.
Desde la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente informan de que están ultimando el borrador del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque Marina de Cope-Puntas de Calnegre que todos los años reclaman los ecologistas con una marcha que en 2018 fue contraprogramada por los agricultores de la zona con otra manifestación que contó con la asistencia de diputados regionales del PP, representantes de VOX y hasta de la alcaldesa de Águilas, la socialista Carmen Moreno. Una alcaldesa que cree que pescará votos en ese caladero agrícola. Qué ingenua Carmen Moreno y qué torpeza la suya manifestarse junto al presidente de Asaja en Águilas, José Martínez en vez de hacer valer que fue Cristina Narbona quien encabezó, junto a los ecologistas, el recurso de inconstitucionalidad que acabó anulando la desprotección de la marina.
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| José Martínez, presidente ASAJA-Águilas. |
Reveladoras del sentir político del Partido Popular que gobierna la región fueron las palabras durante la citada manifestación en contra del PORN de la diputada regional del PP, Isabel María Soler "no podíamos faltar a esta movilización en defensa de la agricultura porque la Marina de Cope está siendo especialmente maltratada por toda la normativa medioambiental".
Los espacios naturales de especial valor como el Mar Menor o el parque regional Puntas de Calnegre-Cabo Cope no están amenazados por la normativa medioambiental sino por la avaricia especulativa, la incultura y la dejación de las administraciones públicas que, incomprensiblemente, se alían con quienes están demostrando nula sensibilidad ambiental por un puñado de votos. Los mismos que en 1994 casi linchan a un concejal de IU en el Ayuntamiento de Águilas, Antonio del Campo, por apoyar la aprobación del PORN del parque natural. Los bulos de la época consistieron en hacer creer a los vecinos de la zona que soltarían lobos dentro parque natural si finalmente se aprobaba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
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| La Verdad, mayo 1994 |
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| Manifestación en defensa del PORN Marina de Cope. |
"La Marina de Cope es una marina sin ley donde imperan los deseos de unos agricultores caníbales e intratables" denuncia el histórico ecologista Pedro Costa Morata que califica de "sinvergüenza" a José Martínez de ASAJA y que en su día negó estar detrás de los actos vandálicos que ha venido sufriendo el parque. "Mi gente no ha sido, hay mucha gente que tiene tractores". El parque ha sufrido varios actos de sabotaje: arranque de bolardos para impedir la entrada de vehículos hasta las playas, el destrozo con tractores de flora protegida. Ningún detenido, ningún sancionado. En la zona parece imperar una auténtica ley del silencio por miedo a represalias.
"Nos sentimos acosados constantemente por determinados personajillos de la ecología y asociaciones de este ámbito que lo único que les mueve es su interés y bienestar personal. La Marina de Cope está sobreprotegida" asegura José Martínez en defensa de una agricultura que venden como sostenible, aunque las condiciones de trabajo y vida de muchos de los inmigrantes que emplean en esos campos son infames. La sostenibilidad no consiste solamente en polinizar con abejorros.
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| Infravivienda habitada por inmigrantes en Ramonete (Lorca) |