domingo, 17 de mayo de 2020

El SHOW

Hola Mundo.

España está en Europa, esto no es África” responden ofendidos los representantes de las principales y subvencionadas organizaciones agrarias españolas que piden la dimisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por hacer su trabajo y dar respuesta a las advertencias de ONGS, sindicatos, o incluso de la Administración sobre el posible incremento de casos de explotación laboral y de trata de seres humanos en el sector agrícola dada la excepcional situación de estado de alarma que se está viviendo actualmente. 

Caen bolas espaciales en Mula y Calasparra. 2016
 
El Defensor del Pueblo había instado a las autoridades a mejorar la cooperación y colaboración entre los distintos organismos con competencias en la materia. Y no solo el Defensor del Pueblo. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes y la Relatora Especial sobre la Trata de Personas lanzaron el pasado 6 de abril un comunicado conjunto pidiendo a todos los Estados del mundo que adopten con urgencia medidas inclusivas para asegurar la protección de las personas migrantes y de las víctimas de trata en su respuesta nacional al Covid-19 por estar más expuestas al contagio debido al contexto en el que viven y trabajan. 


La nota ministerial que tanto ha soliviantado al sector agrícola recomienda a los inspectores de trabajo que ejerzan las funciones de investigación en materia socio-laboral señaladas en la Ley 23/215 de 21 de julio con especial control de las condiciones de mujeres y menores. 

La nota recuerda que las actuaciones se llevarán a cabo de forma conjunta y coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esto es, grupos operativos mixtos formados por un inspector y un subinspector y los mandos y efectivos que se determinen por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el marco del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social publicado en el BOE el 8 de noviembre de 2013 con el gobierno de Mariano Rajoy. 

La finalidad del citado convenio no es otra que la de establecer el marco general de la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en supuestos relacionados con el empleo de extranjeros sin autorización de residencia y trabajo, tráfico de personas y trata de ser humanos para su explotación laboral o explotación laboral sin trata, entre otros. Es decir, desde 2013 los inspectores de trabajo visitan empresas junto a agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para obtener pruebas tanto de infracciones administrativas como de ilícitos penales.  No es un invento de la ministra de Podemos para estigmatizar al sector agrícola.

Y para facilitar la actuación inspectora, el Ministerio de Trabajo ha incluido un cuestionario a utilizar durante el desarrollo de las entrevistas con los trabajadores para la detección de supuestos que van más allá de las infracciones administrativas y constituyen ilícitos penales, como la trata de seres humanos para la imposición de trabajo o de servicios forzados.
El Ministerio de Trabajo deja claro que en cada supuesto, el actuante será quien valore la conveniencia de que la entrevista con los trabajadores sea más o menos exhaustiva y recuerda que esas cuestiones suelen ser abordadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante la visita conjunta, no por los inspectores de trabajo que, según el mismo cuestionario, deben preguntar por contrato de trabajo, salario y su forma de pago, jornada de trabajo, representación legal de los trabajadores, desplazamientos, Seguridad Social, ETTs o prevención de riesgos laborales. Pero eso NO ES NOTICIA.

Son, por tanto,  los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional los que saben que deben estar atentos a la existencia de magulladuras, si el trabajador está encerrado en el lugar de trabajo, si muestra un comportamiento ansioso, si reporta amenazas dirigidas contra él, sus compañeros o miembros de su familia, si los supervisores muestran un comportamiento violento, si el trabajador tiene la posibilidad de comunicarse con su familia, si le multan por abandonar libremente el lugar de trabajo por motivos de salud o enfermedad o si hay signos visibles que indiquen que el trabajador no puede abandonar el lugar de trabajo  como alambradas o la presencia de guardianes. 

Preguntas que indican a los agentes cómo detectar la trata de seres humanos y que cualquiera puede consultar en  la página web del Cuerpo Nacional de Policía. Nuevamente no es una ocurrencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz para estigmatizar al sector agrícola. Es la respuesta del ministerio a situaciones de explotación laboral y trata de seres en el campo detectadas por la Policía  que nos deberían hacer sonrojar a todos, empezando por las organizaciones agrarias que ahora piden la dimisión de la ministra. 

El pasado mes de octubre la operación Urofort contra la trata movilizó en Huelva a más de 300 guardias civiles, 20 traductores y efectivos de Cruz Roja.  La Benémerita liberó a 145 víctimas que estaban siendo explotadas en la recogida de frutos rojos en condiciones de semiesclavitud. Hubo 16 detenidos. 

 
La operación policial más reciente, mayo de 2020,  ha tenido lugar en Valladolid donde la policía ha detenido a once personas y desarticulado una red de explotación laboral.  Nueve personas fueron liberadas en Medina del Campo. Los trabajadores eran repartidos por los campos de distintas localidades, donde faenaban en largas jornadas sin descanso y sin derecho a días libres ni vacaciones, cobrando un salario de 5,50 euros la hora que, en la mayoría de las ocasiones, no llegaban a percibir. Además, añade la noticia policial, vivían hacinados  y en condiciones insalubres  en varios pisos de la localidad pucelana, donde eran obligados a dormir en el suelo y a compartir habitación con seis personas.  Los detenidos, de nacionalidad rumana, captaban a sus compatriotas en los estratos socioeconómicos más bajos de su país de origen con la promesa de un trabajo digno en España.




Como no podía ser de otra manera, al consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo le ha faltado tiempo para meterse en ese charco y ha arremetido contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien ha acusado de "atacar gravemente" al campo murciano al dejar entrever que "el trato a los trabajadores roza la esclavitud".  A Luengo se ha unido el hiperbólico Jesús Cano, diputado del PP, quien ha pedido la destitución inmediata de la ministra  "por las infamias vertidas". ¿Y saben qué es lo más curioso?  Pues que en las instrucciones  dadas a los funcionarios actuantes en la campaña agrícola de la región de Murcia, no se incluye la realización o toma en consideración de las preguntas del citado cuestionario al no tener la Policía conocimiento hasta el momento de la existencia de posibles situaciones de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en la región de Murcia. 

Y esto es así porque en los últimos años vienen realizándose unas campañas organizadas por EUROPOL que se realizan de forma simultánea en todos los países de la Unión Europea bajo la denominación "Join action days" que en la región de Murcia realizan funcionarios de la Inspección de Trabajo en compañía de Policía Nacional y Guardia Civil, sin que hayan sido detectados casos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.  


España está en Europa, esto no es África” responden ofendidos los representantes de las principales y subvencionadas organizaciones agrarias españolas que piden la dimisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero los datos aportados por la Policía y por la Inspección de Trabajo muestran que  África es más extensa de lo que parece. 

Sacando de contexto la guía del Ministerio de Trabajo de cara a la campaña agrícola de mayo y junio han querido hacernos creer que la ministra Yolanda Díaz nos retrotrae  a los tiempos de Kunta Kinte y nada más lejos de la realidad pero es una ministra de Podemos y el campo abomina de la formación morada.  El campo, que está mayoritariamente con la derecha y con la extrema derecha, no olvida ni perdona que Podemos se empeñó en subir el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros en 2019 y a 950 euros en 2020. Los empresarios agrícolas, que perciben anualmente  a través de la Política Agraria Común (PAC) 4.347 millones de euros en subvenciones públicas, bramaron contra esa subida que se resisten a aplicar.

En la región de Murcia 40.000 trabajadores agrarios no tiene recogido en su convenio el salario mínimo interprofesional fijado en 950 euros al mes. Las patronales COAG y Asaja tienen bloqueada la negociación del convenio desde noviembre de 2019. No quieren ni sentarse a hablar. Pelean hasta una subida de 3 céntimos la hora pero “el campo estalla contra la ministra de Trabajo al insinuar que existe esclavitud”. 

En realidad, las empresas agrícolas estallan porque no quieren a inspectores de trabajo fisgoneando en sus cosas. Y es ahora, con el coronavirus, cuando más necesarias son las inspecciones de trabajo en el campo. Quince temporeros agrícolas permanecen aislados en el Centro de Alto Rendimiento de Lorca tras haber estado en contacto con cuatro miembros de una misma familia, también temporeros agrícolas de Totana, a los que se les ha diagnosticado coronavirus. Razón de más para mandar al campo a los inspectores de trabajo acompañados de la policía en la región de Murcia y en toda España.

Si los ponen a trabajar cerca de la autovía les dan EPIS porque se les ve. Si están más lejos, no les dan nada y amontonaos” denuncia José Ibarra de CCOO en la región de Murcia.  "Los trabajadores del campo murciano son los peor pagados de España. El trabajo en el campo no lo quieren ya ni los inmigrantes que en cuanto pueden se marcha a Francia o Bélgica". 
El País. 25 abril 2020. "El camo murciano no se pone mascarilla".
Son explotados como si fuesen animales porque a muchos les obligan a trabajar a destajo puro aunque está prohibido en España desde 1980 que se publicó el Estatuto de los Trabajadores” denuncian los sindicatos. El sueldo depende del número de cajas que seas capaz de llenar, no del número de horas trabajadas. Pueden ser 8 o 12 horas por solo 20 ó 30 euros. No importa cuánto duela la espalda tras horas doblado. Ya lo camuflarán en la nómina. “Quizá por eso hemos detectado que las Empresas de Trabajo Temporal, que campan a sus anchas en el campo murciano tras la Reforma Laboral de Rajoy, ya no quieren inmigrantes mayores. Los quieren jóvenes para que puedan aguantar el ritmo. Las condiciones son tan duras y extremas que a los 40 años ya son ancianos. Los han eslomado vivos” denunció hace solo año y medio  Ángel Torregrosa, delegado de CCOO en el Guadalentín.  He vuelto a preguntarle por la situación en el campo murciano a raíz de la polémica surgida con la ministra Yolanda Díaz y responde: "nada ha cambiado. Creíamos que el registro de jornada laboral iba a ser un avance y no se ha llegado ni a implantar.  "El campo sigue siendo una máquina de picar carne" denuncian desde los sindicatos. Además, existe una correlación entre agricultura y pobreza. La actividad agrícola es mayoritaria en la comarca de Cartagena-Mar Menor y es una de las zonas con mayor tasa de pobreza de la región. La agricultrua no genera riqueza para sus trabajadores, solo para sus empresarios.


"Aceptamos la realidad del mundo que nos presentan". Como en el Show de Truman. De eso se valen las autoridades políticas. Y nos quieren presentar a un sector agrícola comprometido con el medio ambiente, sensible a las necesidades de sus empleados, respetuoso con la legislación vigente y que apuesta por  la equidad social y económica como marca la ONU. "Sostenible y de precisión". Así lo define el consejero Luengo, pero ¿preciso para qué? ¿Para movilizar votos cada vez que hay elecciones? ¿Para recibir subvenciones de dinero público? Hay sectores económicos para los que nunca falta en esta región, probablemente porque mueven muchos votos. La Comunidad Autónoma acaba de conceder 9 millones de euros en ayudas para el mantenimiento de la agricultura ecológica que se repartirán 1600 beneficiarios, pero no hay dinero para conceder ayudas directas a los más de 100.000 autónomos de la región de Murcia o a las pymes. Ningún otro sector económico regional recibe tantas prebendas.

Y como aceptamos la realidad del mundo que nos presentan, mucha gente cree que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, como la ministra Yolanda Díaz, también debe dimitir por decir que turismo español es "precario, estacional y con bajo valor añadido". Hostetur cree que las palabras del ministro son "inaceptables".

Realmente está feo que eso lo diga un ministro. Debiera dimitir por idiota e ingenuo sabiendo que forma parte de la cuota morada en el Consejo de Ministros, pero desgraciadamente el ministro Garzón tiene razón. Gran parte del turismo que viene a España es estacional; también en gran medida es precario; y es de  "bajo valor añadido"  atendiendo al gaso medio por turista y día que ha variado muy pocoen los últimos 20 años.  No lo digo yo. Lo afirma el catedrático de economía Santiago Niño Becerra

Y si hablamos del turismo en la región de Murcia, la situación empeora. Más de 40.000 trabajadores del sector hostelero sin convenio desde hace más de diez años. Trabajos precarios y temporales. Salarios que no llegan ni a los 1000 euros. Hoteles cerrados en invierno, pero la patronal murciana de hostelería, HOSTEMUR, tacha a Garzón de "niñato" y el grupo parlamentario popular pide directamente su reprobación en la Asamblea Regional por sus ataques al turismo.  ¿Acaso no hay mayor ataque al turismo regional que consentir la degradación ambiental del Mar Menor? No consta que desde Hostemur hayan tachado a López Miras de niñato por atacar de esa manera al turismo, motor de la economía regional.  Sin Mar Menor no habrá reconstrucción económica. ¿En qué otra región turística la patronal hostelera se habría dejado arrinconar por e sector agrícola?  "Los hosteleros murcianos solo se ponen duros con sus empleados para no subirles el sueldo" denuncian desde los sindicatos.


A veces pienso que la región de Murcia no es real. Que como en el Show de Truman es un gran decorado en el que se está llevando a cabo un gran experimento sociológico.  Miden nuestro nivel de tolerancia a la sinvergonzonería política. Miden lo manipulables que somos, lo inocuas que resultan las mentiras de nuestros gobernantes. Lo ignorantes, sumisos y cortoplacistas que somos los murcianos. Lo tupida que puede llegar a ser la red clientelar que se ha tejido durante los años de socialismo acomodado en la oposición regional.  Debimos empezar a sospechar cuando empezaron a caer del cielo grandes esferas metálicas, pero una vez más creímos la realidad que nos presentaron. Creímos que las esferas formaban parte de un cohete espacial. Y creeremos, ya lo verán, que el Partido Popular hace lo correcto cambiando la ley para que López Miras pueda volver a presentarse a unas elecciones y gobernar junto a VOX por los siglos de los siglos, AMÉN.