Hola Mundo.
"La acequia de Schrödinger" por la cual ésta puede existir en dos estados a la vez, publica o privada, hasta que es observada.
Si las acequias son propiedad del Ayuntamiento de Murcia, entonces el Consistorio está paralizando el avance de del soterramiento hasta Nonduermas. Y si, en realidad, las acequias y cauces son propiedad privada de los heredamientos que conforman la Junta de Hacendados, entonces el Ayuntamiento podría estar incurriendo en un presunto delito de malversación al destinar ingentes cantidades de dinero público a obras en acequias, cauces y molinos privados. En los últimos cuatro años el alcalde Ballesta ha autorizado subvenciones nominativas de 500.000 euros a la Junta de Hacendados.
Susto o muerte teniendo en cuenta que el soterramiento es una obra de interés general que no admite dilaciones de ningún tipo y que en el inventario de bienes municipales no hay inscrita ni una sola acequia o cauce. Y no solo eso. La Junta de Hacendados ha ingresado en sus cuentas importantes cantidades de dinero por el desarrollo de más de una veintena de planes parciales a cuenta de la edificabilidad imputable a los metros de terreno de acequia afectados por desarrollos urbanísticos. Por la construcción de la urbanización Joven Futura, por ejemplo, la Junta de Hacendados ingresó 150.000 euros al afectar el desarrollo urbanístico a la acequia Alfatego.
Si como dice ahora el Ayuntamiento de Murcia, las acequias son de titularidad pública, por qué han de pagar las Juntas de Compensación urbanísticas a la Junta de Hacendados cuando el desarrollo afecta a un trozo de cauce o acequia. Los contratos firmados hasta la fecha por la Junta de Hacendados con diferentes juntas de compensación urbanística superan el millón de euros. ¿Por qué consiente el consistorio murciano esos pagos que algunos constructores han llegado a calificar de "impuesto revolucionario" por parte de la Junta de Hacendados?
En 2011, con motivo de la aprobación definitiva del Proyecto de Plan Especial del ámbito PC-Mc10 del barrio del Carmen, la Junta de Hacendados reclamó su parte del pastel y recurrió alegando que en la zona había varias acequias (La Herrera, Escorredor-Desagüe de Barriomar, Junco y Rumía) de su propiedad y, por tanto, nadie podía adjudicarse esos metros de terreno "salvo autorización expresa y bajo las condiciones y precio que determine la Junta de Hacendados. En su recurso citaron el Código Civil, la Ley de Aguas y hasta una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1989 que dice que "el cauce, los quijeros y los márgenes son terrenos propiedad de los Heredamientos que conforman la Junta de Hacendados.
El
Ayuntamiento de Murcia, año 2011, desestimó el recurso de la Junta de Hacendado diciendo, según
consta en el acta del Pleno: "se plantea un asunto de propiedad del
suelo que habrá de resolver en la posterior fase de Gestión Urbanística.
La intervención sobre los cauces de riego se someterá a autorización de
la Junta de Hacendados". Fin de la cita.
HUERMUR ha arrinconado al Ayuntamiento de Murcia impugnando los Presupuestos de Murcia por "contener gastos para entubamientos de acequias" de propiedad privada. Ha conseguido que el asunto llegue a Pleno y ha forzado un pronunciamiento público del equipo de gobierno, previo a la querella que van a presentar en el juzgado por presunta malversación de dinero público. El Pleno ha rechazado la impugnación de las cuentas municipales alegando que "las acequias son propiedad municipal, sin perjuicio de la gestión del cauce que corresponda a la Junta de Hacendados. Hacen constar que existen sucesivos informes jurídicos municipales desde 1975 que concluyen taxativamente la titularidad pública municipal de los cauces de riego y quijeros, aunque desde 2016, con carácter previo a cualquier obra en acequias, solicitan informe expreso a la Junta de Hacendados.
En realidad, lo que solicitan es autorización a la Junta de Hacendados para cualquier intervención en un bien que supuestamente es de titularidad pública. En marzo de 2019, la concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios, Rebeca Pérez, tuvo que solicitar autorización a la Junta de Hacendados con motivo de la pavimentación de unas calles en la pedanía de Los Dolores de Beniaján puesto que afectaban a cauces "de su titularidad y competencia" de la Junta de Hacendados.
Pero el equipo de gobierno de Ballesta sabe que se trata de cauces privados. En 2015, HUERMUR advirtió de una posible prevaricación omisiva por no exigir licencia de obras a la Junta de Hacendados y permitirles entubar acequias y cauces sin licencia ni proyecto. Aquello derivó en una denuncia de HUERMUR ante Fiscalía que abrió diligencias. El Ayuntamiento de Murcia informó entonces a Fiscalía de que iba a sancionar todas las obras de entubamiento realizadas sin licencia por la Junta de Hacendados tras certificar la Confederación Hidrográfica del Segura que se trataba de "conducciones privadas". Es más, el entonces concejal de urbanismo, Juan Antonio Bernabé, viendo el percal, remitió a Fiscalía el decreto sancionador abierto a la Junta de Hacendados por entubar 1500 metros de la acequia Pitarque (El Esparragal) sin autorización administrativa.
Así las cosas, el Ayuntamiento de Murcia empezó a abrir expedientes sancionadores a la Junta de Hacendados por entubar sin licencia hasta que en 2016 firmaron un convenio para la puesta en valor de la huerta made in Navarro Corchón. Un convenio con el que han intentado dar apariencia de legalidad al hecho de que el Ayuntamiento de Murcia esté financiando con dinero público obras en bienes de titularidad privada. "Han pasado de un presunto delito de prevaricación omisiva a un presunto delito de malversación de caudales públicos" afirman desde HUERMUR porque no hay cesión de terrenos por parte de la Junta de Hacendados al Ayuntamiento de Murcia.
La CHS ha certificado en varias ocasiones que la red de acequias y cauces son de titularidad privada. En 2010, HUERMUR solictó que toda la red de acequias fuesen declaradas Bien de Interés Etnográfico como han hecho en otras comunidades como Valencia. La dirección general de Bellas Artes y Bienes Culturales abrió expediente y pidió los correspondientes informes a CHS y al Ayuntamiento de Murcia y ambos certificaron que las acequias son de titularidad privada, no pública. Extremo éste que corroboraron ante el TSJ ya que la Junta de Hacendados presentó recurso de alzada contra la declaración de la red de acequias de la huerta como bien de interés cultural.
Pero es que un año antes, en 2009, trece asociaciones propusieron restaurar cinco molinos y 35 kilómetros de acequias de la huerta con un coste estimado de 2 millones de euros y el Ayuntamiento de Murcia respondió que no era competente. Que eso era cosa de la Junta de Hacendados. ¿En qué quedamos entonces? ¿Públicas o privadas?
Hay más preguntas que requieren respuesta. Si como dice el concejal de Urbanismo, Navarro Corchón, las acequias y cauces son de titularidad pública desde los tiempos de Abderramán, por qué la consejería de Hacienda firmó con la Junta de Hacendados un convenio para embargar las cuentas de los comuneros que no abonen la cuota anual. Si las acequias son públicas, Hacienda debería haber firmado el convenio con el Consistorio. Si las acequias son públicas y no privadas, por qué Emuasa paga anualmente un canon a la Junta de Hacendados -entre 80.000 y 90.000 euros- por verter el agua de lluvia de los imbornales a las acequias.
"El Ayuntamiento de Murcia sospecha que ADIF paralizará el soterramiento de las vías entre El Carmen y Nonduermas" asegura la portavoz del equipo de gobierno municipal, Rebeca Pérez intentado confundir a los vecinos. Incluso ha acusado a ADIF de "opacidad e inacción" por no haber respondido a las peticiones de la Junta de Hacendados.
Pero qué tendría que responder ADIF a la Junta de Hacendados si, como asegura el Ayuntamiento de Murcia, las acequias y cauces afectados por el soterramiento de las vías son de titularidad municipal. A cuento de qué el concejal Navarro Corchón asegura que Ayuntamiento de Murcia "continuará con su
labor de intermediación entre Adif y la Junta de Hacendados para que la
empresa estatal redacte el proyecto de reposición de la red de riego de
la huerta de Murcia".
La Junta de Hacendados, a priori, no tiene vela en este entierro. Puede cantar misa en arameo o pedir la luna como está haciendo al exigir a ADIF la construcción de dos colectores y la reordenación de una veintena de acequias por un importe que ronda los 15 millones de euros. A no ser que el Consistorio haya mentido al rechazar la impugnación de las cuentas municipales por parte de HUERMUR con el argumento de que las acequias son de titularidad pública y así poder seguir destinado cantidades ingentes de dinero público a la Junta de Hacendados que nunca rinde cuentas públicas, no justifica gastos y puede que sea uno de los organismos más opacos de la región de Murcia y con más poder en pedanías de la huerta. El censo de comuneros de la Junta de Hacendados no es público. Tampoco sus cuentas. Nadie sabe con exactitud cuánto dinero mueven, pero es mucho y mandan mucho en los pueblos de Murcia al amparo de la CHS y del Ayuntamiento de Murcia. "En las pedanías mandan cuatro y mueven muchos votos: el pedáneo, el cura, el cabo de la Policía y el procurador de la acequia" cuentan los lugareños.
En 2014, la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia acordó vender sus supuestos excedentes de agua a regantes de otras zonas de Águilas y Mazarrón. La operación habría desviado entre 10 y 12 millones de metros cúbicos a estas zonas recaudando entre uno y dos millones de euros. Todo ello con el beneplácito de los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) que les ampara. Una denuncia ante Fiscalía frenó la operación de venta de agua.
