Hola Mundo.
Hemos pasado del "para que roben los tuyos, que roben los míos" al "para que adoctrinen los tuyos, que adoctrinen los míos" como si fuese normal robar en política o adoctrinar en las aulas. La maldita polarización que no nos deja vivir. Aunque la clave de toda esta polémica entorno a la ley de educación no es tanto ideológica como económica. Se trata de dinero y de cuota de negocio. De ahí la furibunda reacción de los curas y de la escuela concertada, que se sostiene con dinero de todos, pero no matricula a todos porque no todos pueden pagar las cuotas "voluntarias" que ilegalmente imponen muchos concertados a las familias.
La LOMLOE o Ley Celaá establece claramente que los concertados no podrán recibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Las actividades extraescolares de pago no podrán ofertarse en horario escolar. Fin de la cita.
Uno de los aspectos positivos e importantes de la nueva Ley Celaá es que introduce mecanismos de control para evitar la segregación socioeconómica de los alumnos puesto que la concertada, ahí están los datos estadísticos, apenas matricula a alumnos desfavorecidos o inmigrantes. En la actualidad, en los centros concertados solo el 5% de los estudiantes son hijos de familias inmigrantes y la nueva ley incluye medidas para corregir la distribución del alumnado de tal forma que cuando no existan plazas suficientes, el criterio principal para adjudicar una plaza será la cercanía al domicilio, la presencia de hermanos y el nivel de renta.
Criterios de admisión que estableció la LODE y que la LOMCE del ministro Wert no alteró, pero que la Ley Celaá establece aún con más claridad y firmeza. Y eso da al traste con el distrito único escolar en la región de Murcia por el que tanto ha batallado el presidente de UCOERM, Juan Antonio Pedreño, puesto que favorece la captación de clientela por parte de los centros concertados que se construyen principalmente a las afueras de las ciudades.
Por otra parte, se elimina la "demanda social" para abrir nuevos
concertados o aumentar las plazas. La "demanda social" suponía reconocer de facto la existencia de un derecho a concierto y que cualquier colegio privado con demanda fuese subvencionado. Eso se termina con la LOMLOE porque la libre elección de escuela que pregona la derecha no es un derecho de carácter absoluto puesto que el número de plazas es finito y requiere de algún tipo de regulación.
Se da prioridad a la planificación de plazas públicas, no a la planificación de plazas concertadas, de tal forma que los Ayuntamientos ya no podrán ceder suelo gratuito para construir centros educativos que no sean públicos. Quien quiera montar un negocio educativo privado (cooperativa privada o asociación católica) tendrá que comprar el suelo, aunque ayuntamientos del PP ya buscan triquiñuelas para burlar la ley y poder seguir cediendo suelo público para negocios privados.
"Más libres, más plurales, más iguales" es el eslogan elegido por las principales patronales de la escuela concertada (FERE-CECA, CECE y UCOERM) que lleva días adoctrinando sin pudor a alumnos y familias en contra de la Ley Celaá porque ven peligrar cuota de negocio y quieren seguir recibiendo dinero público sin contrapartidas de ningún tipo. De eso se trata. De un negocio bastante lucrativo, el educativo, como puede atestiguar Mendoza de la UCAM; y en el que se han metido incluso dirigentes de organizaciones agrarias como es el caso de Santiago Martínez de FECOAM, uno de los tres socios fundadores del colegio concertado El OPE Pascual Herrera de Archena.
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OPE Trail Archena, enero 2020. |
Y como de eso se trata, las derechas (PP, Cs y VOX) han desplegado la artillería pesada de la desinformación manoseando nuevamente la palabra "libertad" y con "la falta de consenso" como pretexto. Como si alguna vez se hubiese consensuado una ley educativa en España. El ministro socialista, Ángel Gabilondo, fue el que más cerca estuvo de lograrlo hasta que a finales de 2010, Dolores de Cospedal piso el freno para imponer tres años más tarde la Ley Wert. Con todo aceptado en la negociación con el PP, se fijó una reunión entre Gabilondo y Cospedal y esta le dijo textualmente "lo siento Ángel pero no vamos a firmar el pacto, sería daros oxígeno en el gobierno".
"Es una tremenda irresponsabilidad aprobar una ley tan importante como la de Educación sin consenso e ignorando a la comunidad educativa" ha escrito en Twitter el presidente Fernando López Miras en una exhibición de cinismo sin precedentes. Él que ignoró a la comunidad educativa murciana, cedió al chantaje de VOX e impuso el "pin parental" que finalmente suspendió de forma cautelar el TSJ para evitar que los alumnos pudiesen verse perjudicados en su proceso de formación y, por tanto, en su rendimiento académico y en su derecho a la educación".
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| Miles de personas se manifiestan contra la Ley Wert |
¿A quién escuchó el gobierno de Rajoy con la Ley Wert que aprobó en solitario y provocó la primera huelga general de la educación en España? A nadie. El PP pasó el rodillo con su mayoría absoluta, pero de eso ya nadie se acuerda, aunque aquel día de noviembre de 2013 al ministro Wert le tocó escuchar desde su escaño en el Congreso todo tipo de improperios a una ley que nacía muerta:
...Su ley es una especie de "collage educativo" que no sirve para resolver los problemas (Isidro Martínez, Foro Asturias); proyecto "monstruoso y abominable que no gusta a
nadie" (Joan Baldoví, Compromís-Equo); "ideología en movimiento" (Pedro
Quevedo, Coalición Canaria); "nacionalcatolicista, reaccionaria y
segregacionista" (Joan Tardà, ERC); "un plato que huele a quemado"
(Maite Ariztegui, Amaiur); un "dislate jurídico" (Isabel Sánchez Robles,
PNV); "una ley de partido" y no de Estado (Carlos Martínez Gorriarán,
UPyD); "antipedagógica, segregadora y economicista" (Caridad García,
IU); norma cuya tramitación ha trasladado al mundo "una imagen de
charanga y pandereta" (Martí Barberá, CiU); "una chapuza" contraria "al
rigor y al sentido común" (Mario Bedera PSOE)...
Con la iglesia hemos topao. El cardenal Cañizares ha llegado a decir que la ley Celaá "nos llevará al abismo, generará incultos y poco alfabetizados". Eso dice el autor de "la vacuna del coronavirus está hecha a base de fetos abortados y es obra del diablo". Cañizares, por cierto, es uno de los principales valedores de la UCAM cuyo presidente, José Luis Mendoza, dice que "la ingesta masiva de vitamina C fulmina el coronavirus" y que "las fuerzas del mal nos quieren controlar con un chis" que Soros y Bill Gates pretenden introducirnos con la vacuna del coronavirus. Mendoza es dueño de la UCAM y de los colegios concertados La Inmaculada de Yecla, San Vicente de Paúl en Cartagena, Sagrado Corazón en Los Dolores y San Vicente de Paúl en El Palmar.
Pues alabado sea "el abismo" que introduce la educación afectivo-sexual en la escuela como parte de la educación para la salud; que hace hincapié en la igualdad entre hombres y mujeres; que promueve la cultura de la sostenibilidad ambiental para frenar el cambio climático; que dice que los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la Democracia en España; que posibilitará que los malos profesores sean apartados y que revierte la decisión del gobierno de Rajoy de situar la asignatura de religión al mismo nivel que troncales como matemáticas o lengua.
Con la LOMLOE, las familias podrán seguir eligiendo la asignatura de religión para sus hijos, pero su nota ya no contará. Y muy probablemente se reduzca el elevado porcentaje de familias murcianas que voluntariamente eligen la asignatura de religión. Una asignatura mediante la qu se adoctrina con descaro, pero se regalan sobresalientes. Y eso, no lo duden, es lo que al fin y al cabo buscan muchos padres: que suba la nota media de sus hijos en ESO y Bachillerato. En absoluto es un ataque al cristianismo como dice el diputado Liarte del grupo VOX ni un ataque a la libertad de los padres como afirma López Miras. La catequesis en casa o en las parroquias, no en la escuela.
"Libertad de las familias para elegir" defiende López Miras, pero no hay libertad cuando esa libertad depende de la cuenta corriente. ¿Quién defiende la libertad de las familias sin recursos de la región de Murcia que no pueden pagar una escuela infantil privada? Si hay un aspecto de la Ley Celaá de especial trascendencia para la región de Murcia es el referido a la educación infantil de 0 a 3 años que tendrá carácter educativo y no meramente asistencial, y promueve la entrada de niños menores de 3 años en colegios públicos.
En una región en la que la Consejería de Educación no ha abierto ni una sola escuela infantil pública en más de 25 años (las 14 existentes las inauguró el gobierno socialista de Carlos Collado), pero ha promovido la apertura de escuelas infantiles privadas, que la LOMLOE ordene "ampliar de forma suficiente y asequible las plazas públicas de 0 a 3 años para compensar desigualdades", es de vital importancia, máxime con la bomba social y económica que trae aparejada la pandemia. Y, lógicamente, las escuelas infantiles privadas se rebelan porque temen la perdida de alumnado y de cuota de negocio.
"¡Se van a cerrar los colegios de educación especial! " denuncian interesadamente desde el Partido Popular porque la Ley Celaá sienta las bases para que en un plazo de diez años los centros ordinarios dispongan de los recursos necesarios para atender en las mejores condiciones posibles al alumnado con discapacidad. Según la normativa, los centros de educación especial -hay 12 en la región- seguirán atendiendo a los alumnos que requieran de una atención muy especializada (hay grados y grados de discapacidad) y actuarán como centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Nada nuevo. Desde 2010 existen en la región de Murcia las denominadas "aulas abiertas". Aulas de 4 a 7 alumnos en centros educativos ordinarios para niños con discapacidad que comparten el recreo y alguna asignatura más (en función del centro) con su aula de referencia.
Las aulas abiertas se dotan específicamente de varios profesionales: un maestro de pedagogía terapéutica, un maestro de audición y lenguaje, un auxiliar técnico educativo y, en ocasiones, un fisioterapeuta. Son 126 las aulas abiertas en centros educativos ordinarios de toda la región de Murcia a las que acuden niños con distintos tipos de discapacidad y cuyos padres por nada quieren renunciar a la inclusión que eso representa, al contrario. Lo que hacen falta son más recursos para que haya más aulas abiertas especializadas. Según el informe bienal del Consejo Escolar de la Región de Murcia, en
la Comunidad autónoma hay más de 22.000 alumnos con necesidades
educativas específicas. Desde el 1 de enero de 2019, las aulas abiertas están subvencionadas por el Fondo Social Europeo a través del Ministerio de Educación.
La orden de la consejería de Educación de la región de Murcia publicada en el BORM el 3 de junio de 2010 que regula las "aulas abiertas" cita la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Y el artículo 74 de la citada ley orgánica resulta de lo más interesante dada la polémica porque dice "la educación del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas ordinarias de atención a la diversidad de los centros educativos".
Y nadie ha acusado a los gobiernos de Valcárcel, Pedro Antonio Sánchez o López Miras de querer cerrar los centros de educación especial. VOX, que se manifiesta junto al PP contra la LOMLOE, propone en su programa electoral "acabar con la educación especial y disponer de apoyos para una educación verdaderamente inclusiva".
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| Legislación que regula las aulas abiertas especializadas en la región de Murcia. Rosa María Maldonado (UMU) |
El gobierno regional de López Miras, el mismo que ha encargado a los Servicios Jurídicos de la Consejería de Educación que estudien la forma de incumplir la Ley Celaá en la región de Murcia, aún no ha explicado cómo es posible que haya prescrito una multa de 300.000 euros a un colegio concertado de la región de Murcia por imponer cuotas ilegales a una familia a cuya hija de 6 años llegaron a apartar durante una función escolar. Tampoco consta que López Miras haya ordenado investigar el daño causado al erario público. Supuestamente, la Intervención General de la CARM está para evitar que prescriban multas como esa. Se limitan a no comentar con burdas excusas mientras llaman a la insumisión frente a una ley orgánica democráticamente aprobada en el Congreso.