domingo, 8 de noviembre de 2020

TODOS LOS GOBIERNOS MIENTEN

"Decir la verdad importa. Ser una buena persona importa"  Van Jones, periodista de la CNN tras ganar Joe Biden la presidencia de EEUU.

 

Hola Mundo.

El gobierno de Sánchez e Iglesias no está legitimado para hablar de información veraz. No lo está cuando inventaron la existencia de informes favorables de organismos internacionales alabando su gestión de la pandemia; hablaron de un comité de expertos que jamás existió y pusieron en riesgo la salud de millones de personas asegurando que el uso de la mascarilla no era necesario.



Si el gobierno decide qué es verdad y qué no. ¿Quién, entonces, destapará las mentiras del propio gobierno? Para combatir las falsedades, injurias o calumnias ya está el Código Penal y los Tribunales de Justicia. El gran problema de este país es que las mentiras de sus dirigentes políticos locales, autonómicos y nacionales, muchas veces desenmascaradas por los medios de comunicación, no pasan factura en las urnas y entiendo que eso resulta desesperante para mucha gente. Mentir en política "es legal" aunque atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos. Y eso solo lo arregla la educación y la TRANSPARENCIA con mayúsculas y no la transparencia basura que tenemos en España. 

 

 

Claro que la desinformación es un problema para la Democracia que hay que erradicar, pero no desde el gobierno de turno que suele ser parte del problema. La batalla debe darse con periodismo de calidad, educación y leyes de transparencia rigurosas y muy exigentes que permitan a cualquier ciudadano conocer la VERDAD de los hechos, los informes, las cuentas en un corto plazo de tiempo. Baste recordar el constante desprecio del gobierno regional  de Murcia hacia el Consejo Regional de la Transparencia reducido ahora a "organismo meramente testimonial" con el nombramiento de Julián Pérez Templado como presidente.

El portal maldita.es dedicado a desenmascarar bulos y falsedades ya ha advertido de que estará radicalmente en contra de la monitorización de ciudadanos y medios de comunicación por parte del gobierno o de un comité nombrado por él para ver qué dicen y abrir la posibilidad de censurarles si consideran que lo que dicen es desinformación o es otra cosa.

La justificada lucha contra la desinformación no puede restringir aún más los derechos y libertades de la ciudadanía española. En ningún caso un gobierno puede decidir qué es o no es información veraz porque todos los gobiernos MIENTEN espoleados por su afán de perpetuarse en el poder.  Si tanto defiende la verdad el gobierno de Sánchez e Iglesias por qué no impulsa de una vez la auditoría independiente sobre la gestión de la pandemia de coronavirus que piden expertos y sociedades científicas desde hace meses.
 
Destacados socialistas murcianos, incapaces de hacer autocrítica, justifican con la excusa de perseguir bulos rusos el gobierno se arrogue la potestad de decidir qué es o no desinformación. Resaltan el hecho de que canales de televisión norteamericanos cortaran la emisión de Donald Trump porque estaba mintiendo sobre fraude en el recuento de votos. "En España esas mismas mentiras corren por los medios sin ser cuestionadas" se lamentan. Luego lo más sensato habría sido que las televisiones  españolas hubiesen cortado la emisión de Fernando Simón  cuando dijo en abril que no era necesario que la población usara mascarilla para protegerse del coronavirus. O haber interrumpido la emisión cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamó en junio que la pandemia estaba vencida y a principios de julio pidió a los españoles que no tuvieran miedo a los rebrotes y salieran a la calle a reactivar la economía. En ese momento España registraba 300 casos  de contagio diarios. Las simulaciones matemáticas encargadas por el Instituto de Salud Carlos III ya estaban advirtiendo de que podría pasarse a unos 1000-1500 nuevos contagios diarios a final del mes de julio si no se frenaba la circulación del virus. No se frenó y se produjo el rebrote.
 


 
Que el gobierno haya publicado una orden ministerial tan controvertida en pleno estado de alarma, sin pisar el Congreso, sin contar con los principales partidos en la oposición, sin consultar con las asociaciones de prensa y sin hablar con verificadores independientes justifica la alarma generada. Huele mal, muy mal.
 
Huele tan mal como la pregunta del CIS de Tezanos en abril a modo de globo sonda: "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por la redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?". Pero lo más inquietante no fue la controvertida e inoportuna pregunta sino la respuesta. Un 67% de los encuestados contestó afirmativamente y planteó que "habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información" según el barómetro. En gran parte debido a que los partidos políticos, todos, han normalizado  la mentira, el bulo y el ataque sin escrúpulos como forma de hacer política y tratar de influir en la ciudadanía; una ciudadanía agotada, mareada e incapaz de digerir bocanadas de informaciones, muchas de ellas, contradictorias sobre la pandemia.

Un "ministerio de la verdad" creado por PSOE y Podemos será dentro de un tiempo el "ministerio de la verdad" del PP o de VOX porque, por definición, todos los partidos políticos mienten y todos desean controlar la información porque todos detestan la crítica.  Ahí sigue la ley mordaza del PP. Nadie la ha derogado aún aunque atenta contra la libertad de expresión.
 
El gobierno de Sánchez e Iglesias no ha sido el primero en enseñar la patita bolivariana o trumpista. Da igual. En diciembre de 2017, el PP presentó una proposición de ley en el Congreso para "garantizar la veracidad de las informaciones" en Internet. Y lo hizo con el mismo argumento del actual gobierno de España. "Se trata de mitigar acciones extranjeras destinadas a cuestionar la confianza en las instituciones  públicas y los valores democráticos" dijeron. El PP de Rajoy y Cospedal diseñó una estrategia contra las "fake news". Sí, los mismos dirigentes que airearon teorías conspiranoicas en el 11-M y financiaron a los medios que las amplificaron, los cuadros que culparon a policías, jueces y fiscales de orquestar campañas contra el PP en el caso Gürtel, el Gobierno que fabricó informes desde las cloacas del Estado contra sus rivales políticos, decidieron que había llegado el momento de  combatir las noticias falsas. Una estrategia contra las noticias falsas muy contestada en su día en redes sociales y por los partidos de izquierda.
 
Antes, en 2015, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena puso en marcha una web para desmentir a la prensa. Un portal, denominado "Versión original" desde el que el Ayuntamiento de Madrid rectificaba noticias consideradas como falsas o no corroboradas por los medios de comunicación con el que intentaron usurpar el papel de los medios de comunicación.
  
El soterramiento y la llegada del AVE a Murcia en superficie o la degradación ambiental del Mar Menor han sido objeto de desinformación institucional por parte del gobierno regional de López Miras que no ha dudado en fabricar informaciones que no responden  a la realidad de los hechos. Aún  hay personas que creen que el AVE podría haber llegado a Murcia en superficie a el 30 de agosto de 2018. Hay quien cree que la agricultura que se practica junto al Mar Menor es sostenible y de precisión. Propaganda, en muchos casos pagada con dinero de todos, que han desmontando  los medios de comunicación  sin "ministerios de la verdad" gubernamentales de por medio porque no son necesarios. Imaginen por un momento un "comité de la verdad" con sede en San Esteban.
 
Se han desmontado mentiras institucionales sobre el Mar Menor y aún así  los murcianos votan masivamente a los verdugos de la laguna. Recuerden que a los cuatro días de una multitudinaria manifestación en defensa del Mar Menor, VOX ganó las elecciones generales de noviembre de 2019 y sigue subiendo en las encuestas proponiendo bloqueos navales en el Mediterráneo "que impidan la invasión de inmigrantes ilegales magrebíes". Da igual que los medios de comunicación combatamos su desinformación y sus bulos con datos, hechos o jurisprudencia. Sus mentiras confirman pensamientos preconcebidos, por eso son tan nocivas. Pero es lo que tiene la Democracia, que deposita en el pueblo la capacidad de discernir y, por ejemplo, permite que un presidente pueda decir que la lejía cura el coronavirus y que desde los medios de comunicación puedan responder que es rotundamente falso y que el presidente miente, como miente Abascal cada vez que sube a la Tribuna del Congreso sin consecuencias legales de ningún tipo. Libertad de expresión y libertad de prensa. En todo caso, corresponde a los tribunales de justicia tomar cartas en el asunto si creen que se está cometiendo un delito.

En 2016 un estudio de la Universidad de Oxford concluyó que los medios de comunicación españoles eran los menos creíbles de los once países consultados de toda Europa. La confianza en las noticias de los medios españoles era la más baja de los ocho países europeos analizados en el estudio. Ese es el gran problema al que hay dar una solución urgente. La falta de credibilidad de la prensa siendo como es uno de los pilares básicos de toda Democracia. Y la receta nunca puede ser un "ministerio de la verdad" dirigido por el gobierno de turno.
 
Es cierto que en España hay medios de comunicación que cultivan la mentira y la manipulación. Periodistas apesebrados que denigran la profesión por espurios intereses. Que se saltan el código deontológico que habla de rigor, confirmación, veracidad y ética. "Periodismo desde la trinchera política" lo llaman. Pero no es el único problema al que nos enfrentamos. El periodismo en España está muy mal pagado. La precariedad laboral es galopante. Y las redacciones están llenas de jóvenes graduados de copia y pega a los que  no les permiten hacer otra cosa que difundir notas de prensa oficiales. Muchos medios de comunicación han tenido que cerrar o reconvertirse ahogados por las deudas bancarias.
 
Los medios de comunicación acumulan una crisis económica, profesional, de identidad y de confianza. La gente ya no cree en el periodismo y eso limita la lucha contra la desinformación que, por otra parte, no es nueva porque los bulos han existido siempre. Y no dejarán de existir con o sin "comités de la verdad" gubernamentales.
 
Lo que hacen falta son medios de comunicación comprometidos únicamente con los hechos,  leyes de publicidad institucional que repartan equitativamente las campañas y eviten mordazas políticas a los medios de comunicación. Trabajos periodísticos honestos que hagan recuperar la credibilidad perdida. Medios de comunicación que impidan la participación en sus tertulias de periodistas condenados por mentir como Eduardo Inda de OK Diario. 
 
Y hace falta fomentar la educación mediática y facilitar el acceso de los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos y estatus social, a información seria y contrastada. Que los ciudadanos encuentren cada vez más barreras de pago para acceder a noticias de medios de comunicación serios también contribuye a la desinformación y a que los bulos se reproduzcan como virus a través de redes sociales. Al fin y al cabo, los bulos también necesitan del ser humano para reproducirse y la única  vacuna eficaz es la EDUCACIÓN y la formación de buenas personas que crean que decir la verdad importa y voten en consecuencia.