Hola Mundo.
No descarten que fuese la propia Isabel Franco la que el martes por la noche informara a López Miras de la moción de censura en ciernes. Que ella fuese la chivata. Como vicepresidenta tiene hilo directo con López Miras y odia a Ana Martínez Vidal. Y si no fue ella, Álvarez. Solo así se entiende que el presidente no convocase elecciones anticipadas y que esa misma noche el secretario general del PP, Teodoro García Egea llamase al vicesecretario general del Cs, Carlos Cuadrado.
Carlos Cuadrado viajó el martes a Murcia tras una reunión el lunes en Madrid con los cuatro concejales naranjas en el Ayuntamiento de Murcia: Mario Gómez, Juan Fernando Hernández, Parqui Pérez y Pedro José García Rex. Los ediles habían acudido a la sede de la dirección nacional de su partido a exponer la insostenible situación en el Consistorio murciano y a pedir amparo tras la querella del PP contra el vicealcalde por supuesta filtración de documentos y el supuesto espionaje a concejales de la formación naranja. Expusieron con todo lujo de detalles la denuncia interpuesta ante la Policía por presunta corrupción con los contratos e informaron de la investigación en marcha ordenada por la Fiscalía.
El partido de Arrimadas, que tras el vacunagate había intensificado las conversaciones con Ferraz, consideró oportuno no limitar la moción de censura al Ayuntamiento de Murcia y decidieron que tampoco podían seguir siendo socios del PP en la Comunidad Autónoma con la UDEF rebuscando por los cajones de cuatro concejalías. "El PP no quiere socios, quiere cómplices para tapar la corrupción" ha dicho Inés Arrimadas en Onda Cero. Sabían por otra parte que los socialistas no pondrían reparos a las mociones de censura porque lo venían planteando desde hace tiempo. Solo faltaba que Diego Conesa cediese la presidencia a Ana Martínez Vidal como así hizo.
Probablemente, López Miras sabía desde el mismo día que se registró la moción de censura en la Asamblea Regional que no tendría éxito. Que no cesara a Franco como miembro del Consejo de Gobierno ya indicaba que algo estaban urdiendo. No cesar al consejero Miguel Motas solo fue para despistar. La vicepresidenta debió comunicarle que podía contar con el clan de Alcantarilla (Franco y Álvarez). Que todo era negociable. Solo tenían que convencer a Valle Miguelez que, al parecer, se sentía humillada y menospreciada tras ser defenestrada como secretaria de organización en la región de Murcia después del batacazo electoral en noviembre de 2019. Ella que tenía hilo directo con Albert Rivera través del guardaespaldas, a la postre su pareja sentimental. Con las buenas migas hizo con Fran Hervías.
La de Ávila, que metió Mario Gómez en el partido tras el escándalo de las facturas, no debe haber encontrado suficiente cariño en la Ejecutiva nacional de Cs de la que formaba parte. Está claro que Ana Martínez Vidal tampoco ha sabido leer el herido fondo de Miguelez que hasta el jueves por la noche decía falsamente que, por supuesto, que apoyaría la moción de censura. Tan segura estaba Martínez Vidal de su lealtad que la había incluido en el comité negociador del programa político del nuevo gobierno. También la pusieron al frente de la comisión de investigación de las vacunas.
Dice ahora Isabel Franco que firmó la moción de censura por disciplina al partido Cs. Está claro que ahora incumple el acuerdo por disciplina a sí misma y al sueldo que se asegura como vicepresidenta del gobierno regional hasta 2023 como mínimo. No descarten que haya pactado con el PP ir en sus listas para seguir viviendo de la política o que Miguelez acabe presidiendo la Autoridad Portuaria algún día. La futura consejera de Empresa y portavocía está cursando un máster en gestión portuaria. De testaferro de importantes empresarios constructores (algunos condenados en firme) a lobista del marcropuerto de El Gorguel y, ahora, doctorada en transfuguismo. Un curriculum de lo más completo para la nueva consejera.
Isabel Franco, Valle Miguelez y Francisco Álvarez han protagonizado un episodio de transfuguismo político bochornoso a cambio de cargos institucionales de alto rango. Se trata de corrupción moral. Resulta pueril que utilicen la crisis sanitaria y el sufrimiento ajeno para justificarlo. Sillones para ellos y, de paso, para los muchos, muchísimos del Partido Popular que con la moción de censura vieron peligrar su modus vivendi. Los populares, que para ésto son unos profesionales, han nombrado consejero de Transparencia a Antonio Sánchez Lorente que ocupa el puesto número 7 en la candidatura autonómica del partido Ciudadanos por si a alguno de los tres diputados tránsfugas les da un infarto y debe correr la lista.
Como ha escrito el periodista Iñigo S. Ugarte "no
lleves una navaja en Murcia a una pelea con pistolas. Un partido como
el PP que lleva 26 años gobernando una comunidad ya sabe qué teclas hay
que apretar, a quién y por cuánto en el momento que recibe una moción de
censura".
El gobierno regional depende ahora de los cuatro diputados del grupo VOX (tres de ellos expulsados del partido VOX), de los tres diputados exiliados del grupo naranja y de los tres que quedan en Ciudadanos. Estabilidad política lo llaman López Miras e Isabel Franco con un grupo mixto en la Asamblea Regional de lo más concurrido.
"A mi no me eligieron para entregar el gobierno de la región de Murcia a Pedro Sánchez" ha dicho Franco para justificar lo injustificable tras 26 años ininterrumpidos de gobierno del PP. Y es cierto. A ella nadie la eligió. Fue designada por Fran Hervías para ser candidata de Cs a la presidencia de la Comunidad Autónoma en mayo de 2019 protagonizando un escandaloso pucherazo en las primarias que está investigando la justicia.
Del pucherazo al tamayazo y tiro porque me toca acompañada de Paco Álvarez, alias "el autoridades". El mismo que durante su etapa como concejal del CDS en el Ayuntamiento de Alcantarilla estuvo más de cinco años sin pagar el IBI y pagó ya en vía ejecutiva. Álvarez no tiene estudios superiores, pero va a ser el nuevo consejero de Empleo y Universidades. Que no digan que Murcia no es tierra de oportunidades.
"La moción es más necesaria que nunca. La moción se va a votar. Los 45 diputados tendrán que elegir entre corrupción y dignidad que para algunos sí tiene un precio: 76.000 euros al año y un chófer en la puerta de casa" ha dicho Martínez Vidal en alusión a Franco, Miguelez y Álvarez. Eso como mínimo. Puede que nunca sepamos qué más les ha ofrecido el Partido Popular que, indudablemente, ha sacado la artillería pesada para que nada cambie en la región de Murcia. No descarten incluso que en la operación haya intervenido Albert Rivera junto a Teodoro García Egea. Neutralizar la moción de censura en Murcia deja muy tocada a Arrimadas. Rivera se cargó a UPyD y puede que termine dinamitando a su propia criatura.
Si solo en el Ayuntamiento de Murcia, la Intervención Municipal ha constatado que en 2019 se firmaron de manera inadecuada 18.600 contratos menores por importe de casi 40 millones de euros, imaginen la envergadura de lo que el PP quiere mantener atado y bien atado. Qué no pasará con los grandes contratos de esta región.
El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha comparecido indignado. "¡No tienen vergüenza. El PP condenado por corrupción y perdedor de las elecciones ha sobornado y comprado a Franco, Miguelez y Álvarez. Los tres se han arrodillado ante su verdadero amo. Es una compra de votos y voluntades en toda regla!". El PSRM-PSOE, una vez más, tan cerca y tan lejos.
El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Murcia, José Antonio Serrano, ha dicho que se trata de una "actitud asquerosa". La moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia, de momento, sigue adelante con visos de prosperar y Serrano podría ser el nuevo alcalde. Los cuatro concejales de Cs se mantienen firmes, pero el PP solo necesita "convencer" a uno.
El partido Cs está tardando en llevarles a un piso franco, sin teléfonos móviles y seguridad privada en la puerta hasta el 25 de marzo que se votará la moción de censura en el Consistorio murciano. Franco, Miguelez y Álvarez ya han demostrado que es muy fácil comprar voluntades y que el PP no se detiene ante nada para mantener el cortijo. Tampoco le ha costado mucho con un partido naranja convertido desde hace tiempo en "una banda".
El PP ha mandado a tomar puñetas el pacto antitransfuguismo que firmó con el resto de partidos políticos a nivel nacional metiendo a tres tránsfugas en el gobierno regional. Los firmantes del pacto están tardando en convocarlo para echar a los populares. El pacto firmado en noviembre de 2020 extendiéndolo al ámbito de las autonomías y el Estado. "A efectos del presente acuerdo se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que, traicionando al sujeto político (partidos, coaliciones o agrupaciones electorales) que los y las presentó a las correspondientes elecciones, hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes". Fin de la cita.
Si en una región española estaba justificado el cambio político, esa era Murcia. Como estuvo justificado en Andalucía tras más de 30 años de gobierno socialista. Los murcianos mostraron el camino del cambio en 2019 dando la victoria electoral al PSOE con 17 escaños tras 24 años de victorias populares. Isabel Franco lo frustró votando a favor de investir presidente a López Miras. "Yo habría apoyado al PSOE, es lo que la región necesita, pero cumplo órdenes de Madrid que ya sabes que han decidido que el PP sea el socio preferente" admitía en privado.
Es lógico que cunda la desesperanza en una región tan empobrecida, atrasada y sumisa. Diera la impresión de que el PP gobernará la región de Murcia por los siglos de los siglos, pero nada es eterno y menos en política, ni siquiera en la siciliana región de Murcia donde ha quedado más patente que nunca que la política es un juego de intereses personales movidos por el dinero y la ambición de poder y, también ahora, la sed de venganza. "Es el mercado amigo" que diría Rato y los tres tránsfugas de Cs estaban en venta. El PP solo tuvo que preguntar ¿cuánto? La moción de censura se debatirá la semana que viene en la Asamblea Regional.