domingo, 21 de marzo de 2021

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE ESTA POCILGA?

Hola Mundo.

Todo era susceptible de empeorar y empeoró. El primer consejero autonómico ultraconservador de España será de la Región de Murcia. Y nada menos que de Educación y Cultura. Para supervisar de primera mano que se implanta el veto parental, la censura. Para vigilar que los niños no reciban la educación afectivo sexual que necesitan porque "corrompe la mente de nuestros jóvenes" dijo el diputado del grupo VOX (expulsado de VOX) Francisco Carrera en la Asamblea Regional.


Ya lo ha dicho el diputado Juan José Liarte, ahora promocionado en redes sociales como un diputado más del PP,  "todas las consejerías están en buenas manos, pero queremos estar cerca y poder controlar". Solo falta saber si las siglas LGTBI se caerán del nombre de la consejería de Isabel Franco, la tránsfuga a la que no le importa que la llamen  sinvergüenza y corrupta a la cara.

Se baraja para tal consejería el nombre de María Isabel Campuzano a quien el ex consejero de Salud, Manuel Villegas, llamó negacionista y terraplanista en una comisión por cuestionar la bondad de las vacunas contra el coronavirus. Campuzano, antivacunas confesa, prefiere definirse como  "preguntacionista". El año antes de hacerse con un escaño en la Asamblea Regional declaró cero euros según su Declaración de Bienes. No tenía oficio. No tenía profesión. Ahora es política.

Lo más suave que Campuzano ha dicho sobre la LOMLOE  es "sacaremos sus sucias manos de la educación de nuestros hijos" o "no permitiremos que este gobierno bolivariano secuestre la educación para adoctrinar a nuestros hijos y arruinar su futuro". Si de ella dependiera, privatizaría toda la escuela pública. Daría un cheque escolar a los padres y que se busquen la vida. Y no solo eso.  En sus comparecencias en el Parlamento ha demostrado una ignorancia supina sobre el protocolo Covid que están aplicando los maestros en los colegios para evitar contagios.  "Los niños en el patio sentados en círculo y vigilados por los maestros parecían un grupo de zombies" dijo.

Pues bien, el gobierno de López Miras está dispuesto a entregar la gestión de la escuela pública a quien desprecia la escuela pública, enarbola la bandera del elitismo, la xenofobia, el odio y la confesionalidad. Y lo hace porque puede y porque sabe que no tendrá consecuencias políticas aunque haya movilizaciones de sindicatos y de asociaciones de padres y profesores intentando frenar el fascismo. Al final, se manifiestan cuatro, son muchos más los que votan y mayoritariamente eligen a la derecha en la región, elección tras elección desde hace décadas. 
 
El PP conoce mejor que nadie el sustrato socio-cultural de la región de Murcia. Por algo  presenta mociones conjuntas con VOX pidiendo que la Santísima Virgen de Atocha sea declarada alcaldesa perpetua de Santiago y Zaraiche.

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Es extremadamente grave lo que ha ocurrido en la región de Murcia, muy grave. Aún más al ver que el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha sido el encargado de bendecir en persona semejante cambalache. La mitad de las consejerías del gobierno regional está en manos de diputados sin partido político. Educación, cultura, universidades, industria, empleo, transparencia y política social en manos de tránsfugas o expulsados. Tremendo, pero cierto. "Gobierno de libertad" lo llaman. De libertad con la ultraderecha. El oxímoron perfecto. 

Y aún se permite decir que "Murcia ha dado una lección a toda España", pero una lección de anormalidad democrática. Una lección de transfuguismo porque no hay listas abiertas. Los ciudadanos votan a los partidos. De verdad alguien en su sano juicio habría votado a Franco, Álvarez o Miguelez de haber listas abiertas.

 

Y todo bajo el paraguas argumental de la unificación del centro derecha en España que, dicen, ha comenzado en la región de Murcia. En realidad se trata de un indecente tráfico de carne fresca dirigido por el ex de Cs, Fran Hervías, cuyo secuaz, Emilio Argüeso, fue pillado repartiendo puestos en la consejería de la tránsfuga Valle Miguelez entre los militantes de Cs. Se trata de comprar voluntades, aunque "no está demostrado que esa forma de robar cargos electos sea rentable para el ladrón" escribe Fernando Onega en La Voz de Galicia. 

En realidad, lo que ha comenzado en la región de Murcia es el desmantelamiento de la escuela pública con el cheque escolar que plantea Isabel Campuzano que, por cierto, no ha desmentido que vaya a ser la nueva consejera de Educación y Cultura. 

Casado y García Egea maniobran a la desesperada. Esa es la impresión. Son conscientes de que VOX se los está comiendo por los pies. El hundimiento en Cataluña del PP ha sido descomunal y un serio aviso. Encuestas internas indican que VOX ya ha doblado al PP en la región de Murcia en el caso de elecciones generales. Según esos sondeos, VOX obtendría 4 escaños, 2 el PP, 3 el PSOE y 1 Podemos. El último CIS dice que Abascal está a 2,9 puntos de Casado en España.

El PP ha incumplido el Pacto Nacional Antitransfuguismo y ha incumplido los estatutos de su partido y aún así sus militantes les jalean. "La moción de censura era una puñalada por la espalda y les ha salido mal" comentan victoriosos aún sabiendo que se han transgredido normas básicas del partido al que pertenecen. Que han manchado las instituciones porque el trueque se negoció en el mismo palacio de San Esteban, sede del gobierno regional, según ha admitido la misma Isabel Franco en su periplo de entrevistas radiofónicas.

Si los partidos políticos son el eje del sistema democrático, es absolutamente urgente  y necesario que se convoque el Pacto Antitransfuguismo para expulsar de manera inmediata a quien da alas el transfuguismo en España.  Y no solo eso. Lo que procede es una queja formal ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión Europea por la falta de calidad democrática a la que estamos asistiendo en vivo y en directo. El  transfuguismo es la más grave corrupción política que existe. 

Pablo Casado no puede quejarse en Europa de ausencia de calidad democrática en España porque el Gobierno quiera modificar la ley para elegir a los miembros del CGPJ ante su bloqueo, y luego comprar a tres tránsfugas a cambio de cargos en el Consejo de Gobierno de la región de Murcia. Eso es de todo menos calidad y normalidad democrática. Su nombre es otro, es sinvergonzonería.

Ningún partido político puede consentir que se aliente el transfuguismo o esto será la selva. Se acabará normalizando el tráfico de actas. La compra y venta de escaños estará servida. Es inadmisible  que quien tenga más poder político o económico acabe imponiendo su voluntad en los Parlamentos. Pervierte la democracia. Degrada las instituciones. Alienta el populismo. Genera desconfianza entre los ciudadanos que dejarán de votar porque no sabrán a quién votan en realidad. El escenario político que se vislumbra es muy peligroso para la democracia española.

Los populares no pueden tildar de "traición" el incumplimiento del pacto de gobierno PP+Cs de 2019 quebrantando el pacto nacional antitransfuguismo. Eso es puro cinismo. La moción de censura es un instrumento legítimo de control al gobierno a través del Parlamento. Puede que no fuese oportuna, pero es legítima. Puede que no estuviese debidamente justificada, pero es legítima.  Puede que fuese una moción de censura chapucera de PSOE y Cs, pero es legítima.  Lo ilegítimo es "comprar" voluntades políticas a cambio de puestos políticos y elevados sueldos que es lo que ha hecho el Partido Popular con los tránsfugas de Cs y los expulsados de VOX. 

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Y aún así el Partido Popular siempre logra imponer su relato. Porque en política se trata de eso. De hacer que tu relato triunfe frente al del adversario y eso es muy fácil para los populares en la región de Murcia, una tierra que se incorporó tarde a la alfabetización en España. 

Los tres tránsfugas: Franco, Miguelez y Álavarez, acabarán siendo presentados como los salvadores de la región y de España de las zarpas del social comunismo bolivariano y su inmoral conducta será aplaudida por muchos murcianos. Al tiempo. Da igual lo hediondo que sea el lodazal. Esto es lo que los murcianos quieren y así lo expresan en las urnas cada vez que acuden a votar.

En la región de Murcia casi todos se ponen de perfil. Hasta los rectores de las universidades restan importancia a que "un vendedor de chorizos" sin estudios superiores sea quien les gobierne al frente de la Consejería de Universidades. "Lo importante es que sepa gestionar" han dicho para salir del paso. El traje nuevo del emperador versión siglo XXI para salvar el presupuesto universitario. En privado su versión es otra. Ya pueden imaginar.

"¿Quién es el dueño de esta pocilga?" preguntó Clean Eastwood en la película Sin Perdón. Los dueños de la pocilga son los "grandes de Murcia, los que dirigen San Esteban entre bambalinas" dijo la diputada de Podemos, María Marín, con suma clarividencia y sin necesidad de gritar como buena parlamentaria que es. Demasiado dinero en juego para permitir que entren otros y se pongan a rebuscar en los cajones.

 
Y da igual que el relato esté salpicado de falsedades. Se distribuye oportunamente conforme sale del horno propaganda sin el más mínimo control de calidad. Posverdad para manipular a la sociedad. 
 
Según los hechos, el viceportavoz del PSOE, Francisco Lucas, no negoció con la diputada expulsada de VOX, Isabel Campuzano, el pin parental para que apoyase la moción de censura, pero es lo que el PP se ha empeñado en contar hasta hacer que muchos lo crean. 
 
No hubo reunión entre ellos en casa de nadie. Pantallazos de conversaciones de whastapp entre Campuzano y Lucas atestiguan de manera fehaciente que no negociaron nada, pero una vez lanzado el bulo es incontrolable. No deja de engordar. Tampoco interesa contrastar. 
 
Los ciudadanos buscan las informaciones que confirman sus pensamientos. La verdad no importa. Se está llegando al punto de que en esta región han pedido a articulistas que no utilicen palabra "fascista" para referirse a VOX. El blanqueamiento ha comenzado. 
 
Por otra parte, fue el maestro del enredo, Juan José Liarte,  quien propuso hablar a Juan José Molina de Cs. Liarte, que no se ha visto en otra, quería dos consejerías: "una de gestión (turismo) y otra de ideología (educación)". Dijeron desde la formación naranja que ni hablar. Que ellos nunca podrían formar parte del gobierno regional. En todo caso, se comprometían a que educación no fuese del PSOE sino de Cs en ese nuevo gobierno para no asustar a la escuela concertada. Juan José Liarte ya estaba negociado con el PP que la consejería de Educación fuese para la diputada Isabel Campuzano. Todo lo demás es cuento. Los de Liarte propusieron para la consejería de Turismo el nombre de un conocido abogado de Cartagena.
 
Igualmente falsa es la información difundida por una agencia de noticias en la que informaba de que el delegado del gobierno, José Vélez, estaría a las puertas del juicio oral por supuesto cobro ilegal de sueldo en el consistorio calasparreño, si la Audiencia Provincial admitía la impugnación del fiscal al recurso de apelación presentado por Vélez.  Otra noticia falsa que oportunamente utilizó el portavoz del grupo popular, Joaquín Segado, durante la segunda sesión del debate de la moción de censura.
 
En realidad y según fuentes de la fiscalía, si la Audiencia Provincial admite el recurso de apelación se producirá la caducidad de la instrucción y, en consecuencia, se tendrá que archivar el procedimiento una vez agotado el plazo de instrucción.
 
El recurso en cuestión nada tiene que ver con la apertura de juicio oral pues el procedimiento sigue en fase de instrucción. Nadie va a contar tampoco que la Fiscalía ha tardado más de seis meses en evacuar un trámite para el que tenía un plazo de 5 días hábiles vulnerando el derecho de toda persona a un procedimiento sin dilaciones indebidas.
 
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Una justicia lenta no es justicia, genera inseguridad jurídica y espacios  temporales de impunidad que los partidos políticos, todos, usan en su propio beneficio. Las intervenciones parlamentarias durante el debate de la moción de cesura dan cuenta de ello.
 
Son muchos y muy graves los casos de corrupción pendientes de resolver en los tribunales de justicia de la región de Murcia: Auditorio, Umbra, Barraca, Novo Carthago, Casino, La Sal, Pedanías, Caravaca Jubilar, Nueva Condomina, etc. Son solo algunos de los casos, graves casos de corrupción, que llevan años instruyéndose con decenas imputados. Siguen abiertos. Otros se han cerrado sin hacer justicia al prescribir los plazos de instrucción por despistes intolerables del juez o del fiscal de turno, como sucedió con el caso pasarelas de Puerto Lumbreras.

La memoria del Consejo General del Poder Judicial constata que la corrupción anida en la región de Murcia desde hace años y lo que es peor, que se está enquistando por falta de medios para extirparla, y aún así nos quieren hacer creer que eso es cosa del pasado. Que si pelillos a la mar. El caso auditorio en el que está procesado el ex presidente Pedro Antonio Sánchez sigue pendiente de señalamiento de fecha para juicio oral desde hace meses.
 
Somos una de las regiones de España con mayor número de procesados por corrupción según datos del CGPJ. Los jueces españoles concluyeron en 2019 un total de 42 procedimientos por corrupción en los que se dictaron autos de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 254 personas, de las que 84 (33%) fueron acusadas por delitos relacionados con corrupción en la Región de Murcia.
 
En esta región se ha amenazado y perseguido abiertamente a fiscales para que no investiguen la corrupción. Han asaltado en dos ocasiones la casa del fiscal anticorrupción para robarle el ordenador con todos sus casos.
 
Más País, de Iñigo Errejón, acaba de presentar una PNL en el Congreso en la que insta al Gobierno de España a dotar a la Fiscalía de la región de Murcia de los medios técnicos y humanos suficientes para llevar a cabo una eficiente lucha contra la corrupción en las administraciones públicas, equiparando como mínimo sus recursos a los del resto de comunidades autónomas de España. Harían falta, como mínimo, 15 fiscales más en la región de Murcia para equipararnos a la media de otras regiones con bastantes menos sinvergüenzas.
 
Dotar de medios a la Fiscalía es absolutamente necesario y urgente en la región de Murcia, pero depende de la decisión política de aquellos a quienes la Fiscalía persigue y esos no quieren que la justicia tenga medios. Esa es la triste realidad. La Sicilia Ibérica nos llaman ya y con razón. Menudo espectáculo.