domingo, 16 de enero de 2022

LA AMÍGDALA DEL CONSEJERO

Hola Mundo.

¿Sabían que la repetición continua de mentiras insensibiliza nuestra amígdala cerebral? Unos investigadores británicos del University College de Londres, llegaron a la conclusión de que la repetición de las mentiras, a la que nos tienen tan acostumbrados la mayoría de los políticos, anima a engañar más aún en el futuro. 

 

Estos científicos realizaron resonancia funcional al cerebro de 55 personas mientras participaban en tareas en las que podían mentir para obtener beneficios personales, mediante la estimación que hacían de la cantidad de monedas en un tarro transparente. Se confirmó que la amígdala se activaba cuando las personas mentían para lograr un beneficio, pero la respuesta de la amígdala a la mentira disminuía con cada mentira, mientras que la magnitud de las mismas aumentaba. La explicación que dan es que la amígdala produce una sensación negativa que limita el grado en que estamos dispuestos a mentir, pero que a medida que se miente más, esta respuesta se desvanece y cuanto más se reduce esta actividad, más grande será la mentira que nuestro cerebro acepte. Puede que  sea  eso lo que le ocurre a Díez de Revenga, que su amígdala está insensibilizada y por eso miente sin ningún rubor.  

Como dicen los británicos: la deshonestidad es como una pendiente resbaladiza, donde pequeñas transgresiones éticas allanan el camino para futuras transgresiones más grandes.

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, cuyo padrino político es un misterio pero debe tener mucho poder, ha anunciado que no se implicará en la declaración de alta inundabilidad de los municipios. Es decir, que renuncia a la ordenación del territorio y urbanismo que le compete directamente según el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, como compete al Ejecutivo regional controlar los nitratos que contaminan las aguas subterráneas de los acuíferos y el Mar Menor.
 

Claro que el Dominio Público Hidráulico lo gestiona la CHS, pero el organismo de cuenca solo decide qué se construye o se deja de construir  en la denominada "zona de policía", esto es, en los primeros cien metros desde el cauce. Claro que las licencias urbanísticas las conceden los ayuntamientos, pero quien debe poner orden y regular en qué se zonas se puede o no se puede construir a partir de los mapas de inundabilidad de la CHS es la CARM. No puede dejar abandonados a los ayuntamientos a su suerte. Se necesitan reglas claras por mucho que presionen las constructoras. El cambio climático es una realidad respaldada por infinidad de datos. Hay que preparar los territorios para episodios de lluvias cada vez más intensas y torrenciales.

Quien no hace su trabajo y tira balones fuera es el consejero Díez de Revenga. Debiera saber que un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia concluye que la CARM es competente para establecer normas adicionales a las estatales sobre zonas inundables. Pero eso ya lo sabe ¿verdad?. De lo contrario por qué intentó  sacar adelante un Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (POTPRI) que quedó desierto porque la Consejería de Fomento rechazó la única oferta presentada al proyecto. ¿Qué condiciones impuso Fomento para que solo una empresa se presentase? No consta por otra parte que la Consejería de Fomento haya vuelto a sacar a licitación el concurso  para la redacción del plan que permitiría paralizar y restringir de forma cautelar la edificación en suelos que presenten alto riesgo de inundaciones. 

El POTPRI, según información oficial, era una de las 250 acciones que se recogen en el Plan Regional para la prevención de las inundaciones en la Región de Murcia presentado en septiembre de 2020 por el presidente del Ejecutivo para garantizar la seguridad de las personas en los episodios de lluvias torrenciales. "Se trata de dar respuestas a las justas reivindicaciones de la población" dijo el presidente del citado plan dotado supuestamente con 77 millones de euros. "No debe olvidarse que una adecuada ordenación del territorio es una medida preventiva y de control de los riesgos que minimizan, con una gran eficacia, los daños producidos por las inundaciones" dice la introducción del citado plan.

El tema es serio, muy serio porque la Región de Murcia sufre periódicamente lluvias torrenciales por su ubicación y porque 66.712 habitantes de 52 municipios de la cuenca del Segura viven en una zona con riesgo máximo de inundación, solo que la Comunidad Valenciana no se lava las manos y hace años que aprobó un plan de acción territorial contra inundaciones denominado PATRICOVA.  No es la única región española con plan territorial contra inundaciones: Navarra, Andalucía, La Rioja, País Vasco, Cataluña, Baleares....

Si como dice Díez de Revenga no es de su competencia, a qué tanto panel de expertos para prevenir las inundaciones en la Región de Murcia tras la DANA de 2019. Si no le compete, a qué tanto webinario auspiciado  financiado por la CARM para abordar posibles soluciones para evitar futuras inundaciones en la Región de Murcia. Si no le compete por qué podíamos acceder a través de la página web de la CARM a un documento denominado "Plan de Prevención de Inundaciones en la Región de Murcia" que, curiosamente, ya no existe. La página ya no está disponible. 

Si no le compete, porque la Consejería de Fomento encargó a la UPCT un estudio enmarcado en la "Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible" que, según la nota de prensa oficial, respondía "al objetivo prioritario de prevención de las inundaciones marcado por el Ejecutivo regional tras la dana de 2019" y que, entre otras cosas, apostaba por crear "ciudades esponja" como solución sostenible más efectiva contra las inundaciones del Mar Menor y el dibujante Puebla resumió así:

 

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, ha vuelto a mentir y, lo que es peor, intenta desentenderse de un asunto muy serio y es ordenar el territorio para prevenir inundaciones que, debido al cambio climático, cada vez son más frecuentes y virulentas. Los  ayuntamientos deben saber dónde pueden conceder licencias de obra y los promotores deben saber cómo deben construir para que los compradores de esos inmuebles se sientan seguros, para que no haya que lamentar desgracias. En la Región de Murcia se han construido guarderías en mitad de una rambla. Me temo que es el consejero de Fomento quien está causando un enorme daño a la economía regional al desentenderse porque crea inseguridad jurídica.

Por desgracia, parece que desentenderse de asuntos que le competen parece ser la tónica de este gobierno regional. Recientemente, el presidente López Miras pidió al comisario europeo de Medio Ambiente que Bruselas lidere la recuperación del Mar Menor siendo una cuestión que debe liderar su gobierno, por muy necesaria y exigible que sea la colaboración de todas las administraciones. Tras la primera mortandad de peces en octubre de 2019, López Miras también pidió al Ministerio para la Transición Ecológica que cogiera las riendas mientras dos motos de agua daban vueltas removiendo el agua a ver si así lograban insuflar algo de oxígeno y evitar la muerte agónica de toneladas de peces.

El Mar Menor le compete tanto como le quema en las manos porque la propaganda no termina de funcionar. Muchos murcianos le han tomado la matrícula. No quisieron firmar la ILP para dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, no están cumpliendo la Ley de Protección del Mar Menor y ahora anuncian una inversión de 85 millones de euros en la recuperación de la laguna que incluye el arreglo de carreteras y hasta la construcción de un parking disuasorio en La Manga. Defiende el consejero Antonio Luengo que arreglar baches y construir aparcamientos también influye en la la sostenibilidad ambiental de la laguna.

Solo faltaba el recado tuitero del mandatario europeo: "Es necesario  atajar los nitratos en origen que contaminan el Mar Menor" escribió. Ya debe saber que eso es competencia autonómica y que el gobierno murciano del PP lleva décadas incumpliendo su obligación de inspección y control como ha acreditado la Fiscalía y el juez Garrote que instruye el Caso Topillo a no ser que la Audiencia Provincial se lo arrebate de las manos para trocear la macrocausa (eso daría al traste con ella) como ha hecho con la segunda pieza en la que se investigaba a otras 43 empresas.



Basta repasar el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia para comprobar cuáles son las competencias autonómicas que el inquilino de San Esteban intenta eludir. Basta con asomarse al maltrecho Mar Menor para comprobar las consecuencias de tanta permisividad, desidia, irresponsabilidad, indolencia e incumplimiento.

Un zasca europeo en toda regla que han celebrado los partidos en la oposición. Es la segunda vez que Virginijus Sinkevicius pide a López Miras que vaya al origen del problema. El agua por sí sola no daña la laguna, son los nitratos cuyo control compete al Gobierno Regional, solo que no hay voluntad política, ni prisa por controlar. Pasa como con el necesario plan de ordenación territorial contra las inundaciones.

Verán. La disposición décima de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor contempla la creación de las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria para paliar la falta de inspectores y ayudar a controlar los nitratos en las explotaciones agrarias y ganaderas del entorno del Mar Menor. La ley estableció un año  para que el Consejo de Gobierno aprobase el reglamento mediante decreto que ha de regularlas. En julio de 2021 debería haber estado listo el reglamento. Pues no ha sido hasta el 27 de diciembre de 2021 que, según el BORM, se somete a información pública el Proyecto de Decreto. Los pocos inspectores de que dispone la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente no dan abasto por lo que el control es mínimo, pero López Miras no deja de quejarse el agua con nitratos que entra en el Mar Menor por la rambla del Albujón.  Con la prisa con la que modificó la Ley del Presidente y luego el reglamento de la Asamblea Regional para pedir la devolución del Estatuto. Cuestión de prioridades y para López Miras su principal prioridad es poder volver a presentarse en 2023.

 
Es deber de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente controlar los nitratos agrícolas, pero también los nitratos ganaderos ahora que tanto se habla de ganadería y macrogranjas. En la Región de Murcia ya hay más cerdos que habitantes según el censo ganadero oficial. 2,6 millones de cabezas de cerdo según el consejero Luengo. Puede que a muchos les indigne que se conozca el dato del censo ganadero, pero es lo que hay. Y en solo un año la cabaña porcina ha crecido en casi medio millón de cerdos, un 25%. Y eso son muchas balsas de purines a controlar sin apenas medios. La CARM solo dispone de 20 inspectores par el desarrollo de labores de control del sector ganadero y hay 7500 explotaciones ganaderas: 2413 de caprino, 2193 de ovino y 1550 de cerdos. Tocan a 375 explotaciones por inspector. Y los agentes medioambientales de la consejería llegan hasta donde llegan no siendo ademas competencia suya. "Como mucho denunciamos cuando vemos algún chorreo de purines de balsas que rebosan y se escapan hacía las ramblas y las vías pecuarias. Eso bastante habitual" admiten agentes medioambientales.

No podemos olvidar que a finales de 2019 informes internos de la propia Consejería de Agricultura alertaron de  la falta de control de 1055 balsas de purines en el entorno del Mar Menor en lo referente a almacenamiento de estiércol y purines.  "La consejería de Agricultura solo ha dispuesto a dos personas, una de ellas interina, para diseñar los controles de nitratos, establecer propuestas normativas, responder a requerimientos de información por parte del Ministerio y de la Comisión Europea y evaluar los resultados de los controles" decía el informe al que tuvo acceso Onda Cero en exclusiva.

Según denuncia reciente de Ecologistas en Acción "la política de la Consejería de Agricultura consiste en permitir la reactivación de las granjas abandonadas, lo que supone que múltiples explotaciones que deberían de haber perdido la licencia del código REGA, se han vuelto a poner en funcionamiento de forma irregular, sin que adaptarse a las normativas que le resultan de aplicación". "Es tal el descontrol y la saturación que no hay terreno suficiente en todo el municipio de Lorca para repartir todos los purines que generan con el daño al medio ambiente que conlleva" denuncia el abogado de la organización ecologista.
 
 

 
Desde la Consejería de Agricultura defienden que apenas  hay macrogranjas en la Región. Que la mayor parte son explotaciones familiares que frenan la despoblación y cumplen los más elevados estándares de calidad. Diera la impresión de que son explotaciones de 100 ó 200 cerdos, cuyo propietario conoce el nombre de cada uno ellos. Pues según el registro PRTR-España, el  Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes del Ministerio para la Transición Ecológica, que dice que las macrongrajas son instalaciones porcinas con capacidad para 2000 cerdos de cebo de más de 30 kilos o 750 cerdas reproductoras, resulta que sí que hay  macrogranjas en la Región de Murcia. Puede consultar aquí el inventario oficial. No obstante, según Datadista, 20 municipios de la Región tienen al menos una macrogranja.
 
Municipios con más macrogranjas-Datadista
 
¿Quién controla los nitratos de tanta explotación porcina? ¿Hay inspectores suficientes? ¿Dispone la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de personal jurídico suficiente para tramitar y resolver los correspondientes expedientes sancionadores? ¿Están todas la balsas de purines de la Región debidamente impermeabilizadas? Los ecologistas aseguran que no, no y no. "La consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente está políticamente colapsada. No quieren que eso funcione y por eso no ponen los medios necesarios" aseguran fuentes ecologistas. 

Con el plan de acción territorial contra las inundaciones como con el control de los nitratos, se trata de voluntad política. Asuntos importantes que competen al Gobierno Regional. Que los electores murcianos consientan las mentiras de sus dirigentes políticos para eludir responsabilidades, no significa que esté permitido mentir. Y no, no se trata de suprimir la agricultura y la ganadería, sino de hacerla sostenible y respetuosa con el medio ambiente. No se trata de frenar licencias urbanísticas, sino de construir con cabeza y no a lo loco. Por eso es absolutamente necesario un plan de acción territorial contra las inundaciones.

Desgraciadamente, la mentira es una práctica que tradicionalmente la opinión pública relaciona con la profesión política. Es un hecho que determinados dirigentes políticos cada vez mienten más y con más descaro aupados por las encuestas electorales. El consejero José Ramón Díez de Revenga es un buen ejemplo de ello. No es el único, pero puede que sí el más representativo en la Región, aunque Isabel Franco es una dura competidora. Y lo hace porque el juicio sobre si lo que un político dijo es verdad o es mentira queda en manos de los electores y los electores murcianos han decidido consentir y disculpar las mentiras de sus dirigentes políticos. Los murcianos, muchos murcianos, han decidido aceptar la veracidad de la mentira del poder. Para que mientan los otros, que mientan los míos. Así de polarizados estamos. La verdad cotiza a la baja y la honestidad también.