Hola Mundo
La
vida democrática debería desarrollarse, en expresión de Rousseau, “bajo
los ojos del público”, pero los ojos del público en la Región de Murcia permanecen anestesiados por la propaganda en la que San Esteban está invirtiendo ingentes cantidades de recursos.
No dejo de preguntarme qué diría el que fuera presidente del Consejo de Transparencia, José Molina, de los obstáculos que el Gobierno regional está poniendo al Consejo de la Transparencia para que la ciudadanía no sepa en qué gastan el dinero público, su dinero.
El Ejecutivo de López Miras ha aprovechado el 3º Decreto Ley de Simplificación Administrativa para introducir una disposición derogatoria única mediante la que se carga de un plumazo la sede electrónica del Consejo de Transparencia. Sede que se creó mediante resolución de su entonces presidente Julián Pérez Templado, el 14 de diciembre de 2021. Y lo ha hecho incumpliendo la Ley puesto que el Consejo de Transparencia debe informar preceptivamente de cualquier proyecto normativo que se refiera o tenga que ver con el Consejo. "Las leyes están para cumplirlas todos, incluido el Gobierno Regional" recuerdan desde el Consejo en una nota de prensa. Cualquier jurídico consultado dice que es una "chapuza". Debieron haber impugnado y recurrido la resolución ante el TSJ "y ahora se sacan de la manga esta disposición derogatoria dentro de un Decreto Ley".
El Gobierno está dejando morir al Consejo de Transparencia de inanición. Sin medios, sin personal y con un presidente suplente con escaso margen de maniobra tras la renuncia de Julián Pérez Templado por motivos de salud y, por qué no decirlo, harto de palos en las ruedas. Renuncia comunicada en su día al presidente López Miras de la que aún no hay acuse de recibo en el Consejo. Como si no hubiese renunciado. Y al no darse por enterado, no se activa el sistema de elección del sustituto, de tal manera que así mantiene maniatado al Consejo de Transparencia.
En lo que va de año ya son 170 las reclamaciones de información sin resolver y la vicepresidenta Isabel Franco, que ostenta las competencias en transparencia, presumiendo de Gobierno Abierto y convocando premios con los que seguir aparentando y acudiendo a actos donde, aunque solo sea por compromiso, le aplauden y no le abuchean.
¿Pero qué se puede esperar cuando el propio presidente de la Asamblea Regional, Alberto Castillo, salió embistiendo como un toro en los medios de comunicación porque no reconocía a Santiago Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia al considerarlo una "maniobra" de Pérez Templado de nombrar sucesor sin contar con el Parlamento de quien depende su
puesto? "¡Voy a consultar con los servicios jurídicos de la Cámara!" Eso dijo el pasado mes de junio. ¿Ha consultado ya Castillo
con los Servicios Jurídicos? O es que los jurídicos le han dicho que de
"maniobra" nada de nada, que la presidencia suplente del profesor Álvarez se ajusta a la legalidad y que, una vez más, hizo el ridículo con tal alarde de ignorancia. ¿Por qué la Asamblea Regional no elige ya a un sustituto de Pérez Templado?
EL CTRM PIDE AYUDA AL DEFENSOR DEL PUEBLO. La situación es tan grave que Santiago Álvarez, actual presidente suplente por ser el miembro más antiguo del Pleno del Consejo, no ha tenido más remedio que pedir ayuda al Defensor del Pueblo a quien ha remitido una carta en la que advierte de que las limitaciones que el Gobierno regional está poniendo al Consejo de Transparencia no dejan de agravarse. "El Consejo no está en condiciones de cumplir con su misión de garantizar a la ciudadanía de esta Región, el derecho de acceso a la información pública, en los términos y condiciones que corresponden legalmente" dice la carta. Menuda imagen damos en Madrid.
Al Consejo de la Transparencia le duele la boca de denunciar la situación de bloqueo al que le está sometiendo el Ejecutivo y la ciudadanía murciana como quien oye llover. Puro desinterés.
"Quieren silenciarnos como sea y lo están consiguiendo" claman desde el Consejo. Y todo por hurgar y solicitar datos sobre listas de espera sanitarias, listado de intervenciones quirúrgicas llevadas a cabo en hospitales concertados, obras en centros de menores o por pedir las actas de inspección de las instalaciones radiactivas de Sabic-Cartagena que la Consejería de Empresa no ha dado alegando "razones de Estado" pese a que en La Aljorra hay el triple de casos de cáncer infantil. Aunque lo que más molestó al Ejecutivo es que el Consejo de Transparencia le instara a dar los nombres de los altos cargos vacunados fuera de protocolo contra la COVID.
El 23 de noviembre de 2021, el Partido Popular perdió la votación del pleno del Consejo de Transparencia (no llevan nada bien lo de perder votaciones) y ordenó al Gobierno regional facilitar a Maldita.es el listado de altos cargos, funcionarios y trabajadores no asistenciales que se vacunaron fuera de protocolo (primera y segunda dosis) entre el 30 de diciembre de 2020 y el 26 de febrero de 2021. En aquel momento el Ejecutivo consideró que la resolución del Consejo de Transparencia no les obligaba a facilitar la información y, por tanto, lo que hicieron llegar a Maldita.es en absoluto se correspondía con la información concreta solicitada. La Consejería de Salud se parapetó tras la Ley de Protección de Datos.
Pérez Templado llegó a declarar que el Ejecutivo de López Miras se equivocaba no dando los nombres de los altos cargos que "debieron haber guardado la cola".
La cuestión es que en marzo de este año, después de que Maldita.es rechazara la respuesta por no ajustarse a la resolución del Consejo de Transparencia, Salud facilitó un listado de más de 700 vacunados donde solo explicita la fecha de la vacunación, número de dosis puestas y puesto de trabajo: administrativo, farmacéutico, jefe de servicio, ayudante técnico sanitario, inspector veterinario, especialista de apoyo, interino de Programas, ordenanza, auxiliar administrativo, técnico laboratorio, jefe de negociado... Y llama poderosamente la atención que hay 26 vacunaciones que, según el listado, se corresponden con "otro personal". ¿Quiénes son? Pues no lo dicen, ni lo dirán.
Según la Consejería de Salud los casos marcados con asterisco *otro personal "corresponden a puestos de trabajo singulares, que de ser nombrados por su denominación comprometerían el anonimato de los titulares". ¿Quiénes son esos singulares? Pues imaginen y acertarán.
Dadas las circunstancias me van a permitir que rescate unas palabras del ex presidente del Consejo de Transparencia, José Molina. Lo escribió desde una habitación del Hospital Morales Meseguer donde ingresó por Covid, el virus que finalmente le causó la muerte. "Son siempre los mismos: los que ahora nos están ocultando la distribución de las vacunas. Vacunarse por privilegios políticos y buscar luego una excusa tiene un nombre: 'corrupción'....Estamos hablando de la diferencia entre la vida o la muerte, y de eso los señores feudales sabían, como éstos, mucho. Pero que el derecho a la vida o la muerte pueda estar en las manos de políticos sin vergüenza nos hace llegar a lo más bajo y deleznable de la especie humana. Los calificativos se quedan cortos".
Aprovechar un Decreto Ley de impulso económico para suprimir la sede electrónica del Consejo de Transparencia da muestra de que no tienen límites. Creen que pueden hacer cualquier cosa porque los sondeos les son favorables. Y les son favorables porque, seamos sinceros, a la inmensa mayoría de la ciudadanía murciana la democracia y el prestigio de sus instituciones les importa poco y menos. Lo que sucede en la Región es digno de estudio sociológico. Puede que Murcia sea una región socialmente fracasada.
Salgan a la calle y pregunten por la Ley de Autonomía Financiera que han tirado para atrás los Servicios Jurídicos de la Cámara al tildarla de "deficiente, peligrosa y potencialmente inconstitucional" y comprobarán el desinterés ciudadano, a no ser que pegunten por Bildu, ETA, Venezuela o los independentistas catalanes y ahí sobresaliente cum laude para los murcianos. Lo cual no resta gravedad a la irresponsabilidad política con la que se maneja este Ejecutivo y su populismo fiscal. ¿De verdad no sonroja al Consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín, semejante disparate de asalto a las competencias del Estado al más puro estilo independentista o filoetarra? ¿De verdad no sabe que las
atribuciones fiscales de las autonomías no son propias, sino delegadas
por el Estado?
Y lo peor de todo es que amenazan con volver a presentar una Ley de Autonomía Financiera con la que seguir distrayendo a la ciudadanía y preconizando irresponsables e inútiles bajadas de impuestos en una Región endeudada hasta las cejas y donde no deja de aumentar la pobreza.
Más de 500.000 murcianos en situación de pobreza según el índice AROPE y 150.000 en situación de pobreza severa. Y las becas de comedor apenas llegan al 2% de los niños pobres. Según Save The Children Murcia es la Región donde menos becas de comedor se reciben, junto a Melilla. ¡¡Bienvenidos a la mejor tierra POBRE del mundo!! Y la vicepresidenta y consejera de Política Social, Isabel Franco, convocando premios y de comilonas con Marcos de Quinto. Año y medio ha tardado su consejería en empezar a pagar el Bono Social Térmico contra la pobreza energética. Un retraso injustificable. El Gobierno de España ingresó 6,5 millones de euros a la Región de Murcia para aliviar la factura de la calefacción de los colectivos más vulnerables, que deberían haber recibido en 2021.
Y con esos mimbres otro cesto denominado tercer Decreto Ley de Simplificación Administrativa que ha aprobado el Gobierno al dictado de la patronal murciana CROEM. La misma patronal que, según el asesor jurídico de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, José Antonio Martínez Díez de Revenga, pone y quita funcionarios en Medio Ambiente. "Hay personas que han sido tachadas con nombres y apellidos por la patronal" denunció en Onda Cero.
El Decreto Ley modifica más de una docena de leyes regionales. Además, invade competencias municipales en materia urbanística y reduce a la mínima expresión la normativa medioambiental que tanto molesta a los depredadores del territorio. ¿Acaso no culpó López Miras de la lenta recuperación del Mar Menor a las normativas medioambientales que "por desgracia" debían seguir ante la amenaza de algunos grupos sociales o políticos de llevarles ante la Fiscalía? Pues decretazo y a tomar puñetas la normativa medioambiental.
¿Por qué no apuestan por incrementar los medios humanos y técnicos de los departamentos de Medio Ambiente para así agilizar la tramitación de informes? Y si lo que quieren es impulsar la economía y el empleo, ¿por qué no agilizan la gestión y pago de los fondos europeos Next Generation como sí están haciendo otras regiones de España? Según informa el periódico La Verdad más de la mitad de los Fondos Europeos que han llegado a la Región aún no se han repartido y la patronal CROEM callada. Ni mu en defensa de los intereses de las empresas que han de recibir esos fondos.
José Molina estaba convencido de que los ciudadanos demandan cada día con mayor insistencia el control, la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que no es el caso de los ciudadanos de la Región de Murcia porque para ello se precisa de una ciudadanía formada, participativa y responsable. Solo así se entiende que el Gobierno regional esté estrangulando al Consejo de Transparencia que ha de poner luz donde otros, los singulares, solo quieren oscuridad y que prácticamente a nadie le importe.